El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, impulsa una política de drogas que incluye operativos militares en América Latina, a pesar de que la historia solo demuestran una sucesión de fracasos y logros exiguos en este tipo de estrategias. Desde que asumió por segunda vez como presidente, el pasado 20 de enero, Trump y sus funcionarios reforzaron una retórica belicista contra el narcotráfico.”Vamos a borrar a los cárteles de la faz de la Tierra”, advirtió en julio el llamado ‘zar de la frontera’, Tom Homan. Es lo mismo que prometió el fallecido expresidente de EE.UU., Richard Nixon, a principios de los años 70, cuando declaró una ‘guerra contra las drogas’ basada en la criminalización de los usuarios, el prohibicionismo de las sustancias y la militarización del combate a las organizaciones criminales.
Cinco décadas después, EE.UU. no terminó con las drogas, mucho menos con los cárteles. Los informes anuales de Naciones Unidas demuestran que hoy hay más sustancias, más baratas, más accesibles y con mayor potencia. El consumo interno aumentó tanto que el territorio estadounidense ha enfrentado epidemias consecutivas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Sus armas terminan en manos de los cárteles mexicanos. Sus bancos lavan millones de dólares del narco. Pese a las evidencias, Trump insiste en repetir y extremar la “guerra contra las drogas”. Para ello, designó como organizaciones terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.
En agosto, además, la prensa reveló que Trump había firmado en secreto una orden ejecutiva para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a los cárteles de América Latina. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que solo trata de operativos en territorio estadounidense, pero el Gobierno de ese país no ha confirmado detalles. El republicano, sin embargo, ha insistido en enviar militares a México para enfrentar a los narcotraficantes. Lo que sí hizo Trump fue desplegar fuerzas aéreas y navales en la zona sur del mar Caribe, cerca de Venezuela, con el supuesto objetivo de frenar la “amenaza” que representan los cárteles latinoamericanos. Las alarmas se encendieron en la región, ya que la experiencia demuestra que, en los países en donde EE.UU. intervino política y militarmente, el negocio y la violencia narco se expandieron.
A fines de los años 90, Colombia y EE.UU. lanzaron el ambicioso Plan Colombia. El operativo priorizó la asistencia militar, pero solo fortaleció la dependencia del país sudamericano, que se convirtió en un firme aliado de Washington hasta la llegada del presidente Gustavo Petro. Hoy, Colombia sigue siendo país líder en el cultivo de hoja de coca, sus cárteles están esparcidos en toda la región y los sicarios se profesionalizaron hasta convertirse en mercenarios, que ofrecen sus servicios al mejor postor en todo el mundo. Pero, sobre todo, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos, ya que militares y paramilitares secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de víctimas. Decenas de miles de personas fueron desplazadas de manera forzosa de sus comunidades y los campesinos vieron sus cultivos arrasados por las fumigaciones que exigía EE.UU.
Entre 2009 y 2011, EE.UU. violó la soberanía de México a través del operativo ‘Rápido y furioso’. El plan consistió en que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. facilitara armas a los cárteles, que supuestamente tenían un chip de geolocalización. El objetivo, afirmaron, era detectar la ubicación de los narcos para rastrear las rutas de tráfico de armas y detener a los responsables. El plan fue un estrepitoso fracaso porque se “perdieron” más de 2.000 armas que terminaron en manos de organizaciones criminales y que fueron usadas en asesinatos contra la población civil. EE.UU. nunca ha rendido cuentas de este operativo, ni de su responsabilidad como un país que consume sustancias ilícitas de manera masiva, que trafica armas y donde operan organizaciones criminales. Del mismo modo, los capos estadounidenses casi nunca son mencionados en los procesos judiciales, ya que la culpa se achaca exclusivamente a los cárteles latinoamericanos.
La mayoría de los peruanos recuerda qué estaba haciendo el 14 de septiembre del 2000, ya que la fecha marcó un parteaguas en la historia de la narcopolítica con intervención de EE.UU. Ese día se transmitió el primer “vladivideo”, como se denominó el escándalo de las grabaciones que durante años acumuló Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor del entonces presidente Alberto Fujimori, para poder extorsionar a todos los personajes públicos a los que sobornaba. Había congresistas, alcaldes, líderes de partidos, periodistas y empresarios en el entramado.
Montesinos, que recibía dinero del narcotráfico desde los años 90 a cambio de protección, se había entrenado en la Escuela de las Américas de Panamá, el centro de formación de represores financiado por EE.UU. También trabajó como espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que desde los años 70 rivaliza con la DEA. De hecho, esta crisis provocó un enfrentamiento entre los dos influyentes organismos, ya que Montesinos reconoció que la CIA había financiado la creación del Servicio de Inteligencia Nacional fujimorista, en una operación que fue impugnada por la DEA porque ya tenía detectado al asesor como cómplice del narco.
Pero no era la primera vez que EE.UU. fue acusado de proteger a narcotraficantes. Años después, se documentó cómo las agencias de EE.UU. hacían la vista gorda y apoyaban a los grupos involucrados en tráfico de drogas con el objetivo ayudarles desestabilizar gobiernos de izquierda en Centroamérica. El fiscal que investigó el caso en EE.UU., Lawrence Walsh, publicó a mediados de los 90 un informe en el que acusó a Reagan, su vice y sucesor, George Bush, así como sus ministros de Defensa y Seguridad, de estar al tanto de esta maniobra delictiva. Al final, todo sirvió para fortalecer a las organizaciones criminales que hoy, otra vez, ese país dice combatir.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anuncia una recompensa, bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP), de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena, en cualquier país, del narcotraficante guatemalteco Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”. Esta recompensa se ofrece en coordinación con el Gobierno de Guatemala en un esfuerzo conjunto por llevar a Lorenzana Terraza ante la justicia y se suma a la oferta guatemalteca de 50,000 quetzales por su captura.
Lorenzana Terraza es miembro de la familia narcotraficante Lorenzana, que opera desde La Reforma, Guatemala, y tiene vínculos establecidos con diversas organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa (recientemente designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado). Desde 1996, la Organización de Narcotráfico Lorenzana presuntamente ha coordinado el transporte, almacenamiento y distribución de toneladas de cocaína desde Colombia a Centroamérica y México para su posterior distribución en Estados Unidos.
La investigación de la DEA sobre Lorenzana Terraza ha dado lugar a dos acusaciones formales en el Distrito de Columbia por violaciones internacionales de narcóticos. En la acusación formal sustitutiva, Lorenzana Terraza fue acusado de operar una Empresa Criminal Continua (ECC) y cuatro coacusados más también fueron imputados.
Lorenzana Terraza es una figura prominente en el mundo del narcotráfico internacional. Nacido en Guatemala, es miembro de la infame familia Lorenzana, vinculada desde hace tiempo al transporte y distribución de narcóticos. La organización Lorenzana, con sede en La Reforma, Guatemala, ha establecido fuertes vínculos con importantes cárteles de la droga mexicanos, incluido el Cártel de Sinaloa.
Desde mediados de la década de 1990, la familia Lorenzana ha estado implicada en la coordinación de cargamentos de varias toneladas de cocaína procedentes de Colombia. Estos cargamentos se transportan a través de Centroamérica y México, con destino final a Estados Unidos. Se cree que Haroldo Lorenzana Terraza desempeñó un papel importante en estas operaciones, supervisando la logística y garantizando el flujo fluido de narcóticos a través de las fronteras.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha estado investigando activamente a Lorenzana Terraza durante años. Ha sido acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos relacionados con violaciones internacionales de narcóticos. Además, enfrenta acusaciones de operar una Empresa Criminal Continuada (ECC), un cargo reservado para los capos de la droga de alto nivel. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena, lo que pone de relieve la gravedad de sus presuntos delitos.
A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, Lorenzana Terraza sigue prófugo. Su caso pone de relieve los desafíos que supone combatir las organizaciones transnacionales del narcotráfico, que operan con redes sofisticadas y cuantiosos recursos. La búsqueda de justicia en casos como el suyo demuestra el compromiso constante de las autoridades internacionales para desmantelar estas organizaciones criminales y proteger a las comunidades del devastador impacto de los narcóticos.
La batahola de las mujeres embarazadas originarias de Rusia que arriban a ser madres en la República Argentina adhiera más efectos secundarios de lo esperado. La DEA (Administración de Control de Drogas) de Estados Unidos es la que quiere informarse qué sucede con las 10.500 mujeres que llegaron en solo un año desde Rusia a la Argentina. El interés de la DEA se enfoca en los hombres que acompañan a las mujeres. Ellos también, al ser padres de los niños que son argentinos desde el momento en que nacen, tienen derecho a tramitar la ciudadanía argentina y obtener un pasaporte de este país sudamericano.
La DEA le envió una notificación a la jueza argentina María Romilda Servini, quién preside el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires, mostrando su interés por la investigación. Los agencia estadounidense se preocupa ante una posibilidad diferente en este tema y es el posible uso irregular que puedan darle los rusos a los pasaportes argentinos.
En un año llegaron 10.500 mujeres rusas para dar a luz en Argentina. Para poder darle a sus hijos la nacionalidad argentina. La DEA puso el ojo en la situación de los hombres que llegan con ellos. Tienen una sospecha de que además de su situación familiar, detrás haya otro objetivo: tener un pasaporte que sirve para abrir las migraciones en 175 países. Para cualquier propósito con que este podría el espionaje y el narcotráfico.
La directora de Migraciones, Florencia Carignano le dio la real dimensión al problema del turismo de nacimiento y el pasaporte argentino: “Si no empezamos a controlar a quien le damos el pasaporte, vamos a perder la confianza que tenemos con otros países”.
¿Se pierde la guerra contra el narcotráfico?
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Cinco décadas después, EE.UU. no terminó con las drogas, mucho menos con los cárteles. Los informes anuales de Naciones Unidas demuestran que hoy hay más sustancias, más baratas, más accesibles y con mayor potencia. El consumo interno aumentó tanto que el territorio estadounidense ha enfrentado epidemias consecutivas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Sus armas terminan en manos de los cárteles mexicanos. Sus bancos lavan millones de dólares del narco. Pese a las evidencias, Trump insiste en repetir y
extremar la “guerra contra las drogas”. Para ello, designó como organizaciones terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.
En agosto, además, la prensa reveló que Trump había firmado en secreto una orden ejecutiva para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a los cárteles de América Latina. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que solo trata de operativos en territorio estadounidense, pero el Gobierno de ese país no ha confirmado detalles. El republicano, sin embargo, ha insistido en enviar militares a México para enfrentar a los narcotraficantes. Lo que sí hizo Trump fue desplegar fuerzas aéreas y navales en la zona sur del mar Caribe, cerca de Venezuela, con el supuesto objetivo de frenar la “amenaza” que representan los cárteles latinoamericanos. Las alarmas se encendieron en la región, ya que la experiencia demuestra que, en los países en donde EE.UU. intervino política y militarmente, el negocio y la violencia narco se expandieron.
A fines de los años 90, Colombia y EE.UU. lanzaron el ambicioso Plan Colombia. El operativo priorizó la asistencia militar, pero solo fortaleció la dependencia del país sudamericano, que se convirtió en un firme aliado de Washington hasta la llegada del presidente Gustavo Petro. Hoy, Colombia sigue siendo país líder en el cultivo de hoja de coca, sus cárteles están esparcidos en toda la región y los sicarios se profesionalizaron hasta convertirse en mercenarios, que ofrecen sus servicios al mejor postor en todo el mundo. Pero, sobre todo, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos, ya que militares y paramilitares secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de víctimas. Decenas de miles de personas fueron desplazadas de manera forzosa de sus comunidades y los campesinos vieron sus cultivos arrasados por las fumigaciones que exigía EE.UU.
Entre 2009 y 2011, EE.UU. violó la soberanía de México a través del operativo ‘Rápido y furioso’. El plan consistió en que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. facilitara armas a los cárteles, que supuestamente tenían un chip de geolocalización. El objetivo, afirmaron, era detectar la ubicación de los narcos para rastrear las rutas de tráfico de armas y detener a los responsables. El plan fue un estrepitoso fracaso porque se “perdieron” más de 2.000 armas que terminaron en manos de organizaciones criminales y que fueron usadas en asesinatos contra la población civil. EE.UU. nunca ha rendido cuentas de este operativo, ni de su responsabilidad como un país que consume sustancias ilícitas de manera masiva, que trafica armas y donde operan organizaciones criminales. Del mismo modo, los capos estadounidenses casi nunca son mencionados en los procesos judiciales, ya que la culpa se achaca exclusivamente a los cárteles latinoamericanos.
La mayoría de los peruanos recuerda qué estaba haciendo el 14 de septiembre del 2000, ya que la fecha marcó un parteaguas en la historia de la narcopolítica con intervención de EE.UU. Ese día se transmitió el primer “vladivideo”, como se denominó el escándalo de las grabaciones que durante años acumuló Vladimiro
Montesinos, el poderoso asesor del entonces presidente Alberto Fujimori, para poder extorsionar a todos los personajes públicos a los que sobornaba. Había congresistas, alcaldes, líderes de partidos, periodistas y empresarios en el entramado.
Montesinos, que recibía dinero del narcotráfico desde los años 90 a cambio de protección, se había entrenado en la Escuela de las Américas de Panamá, el centro de formación de represores financiado por EE.UU. También trabajó como espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que desde los años 70 rivaliza con la DEA. De hecho, esta crisis provocó un enfrentamiento entre los dos influyentes organismos, ya que Montesinos reconoció que la CIA había financiado la creación del Servicio de Inteligencia Nacional fujimorista, en una operación que fue impugnada por la DEA porque ya tenía detectado al asesor como cómplice del narco.
Pero no era la primera vez que EE.UU. fue acusado de proteger a narcotraficantes. Años después, se documentó cómo las agencias de EE.UU. hacían la vista gorda y apoyaban a los grupos involucrados en tráfico de drogas con el objetivo ayudarles desestabilizar gobiernos de izquierda en Centroamérica. El fiscal que investigó el caso en EE.UU., Lawrence Walsh, publicó a mediados de los 90 un informe en el que acusó a Reagan, su vice y sucesor, George Bush, así como sus ministros de Defensa y Seguridad, de estar al tanto de esta maniobra delictiva. Al final, todo sirvió para fortalecer a las organizaciones criminales que hoy, otra vez, ese país dice combatir.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 23, 2025
Recompensa por la cabeza de un narco
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Lorenzana Terraza es miembro de la familia narcotraficante Lorenzana, que opera desde La Reforma, Guatemala, y tiene vínculos establecidos con diversas organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa (recientemente designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado). Desde
1996, la Organización de Narcotráfico Lorenzana presuntamente ha coordinado el transporte, almacenamiento y distribución de toneladas de cocaína desde Colombia a Centroamérica y México para su posterior distribución en Estados Unidos.
La investigación de la DEA sobre Lorenzana Terraza ha dado lugar a dos acusaciones formales en el Distrito de Columbia por violaciones internacionales de narcóticos. En la acusación formal sustitutiva, Lorenzana Terraza fue acusado de operar una Empresa Criminal Continua (ECC) y cuatro coacusados más también fueron imputados.
Lorenzana Terraza es una figura prominente en el mundo del narcotráfico internacional. Nacido en Guatemala, es miembro de la infame familia Lorenzana, vinculada desde hace tiempo al transporte y distribución de narcóticos. La organización Lorenzana, con sede en La Reforma, Guatemala, ha establecido fuertes vínculos con importantes cárteles de la droga mexicanos, incluido el Cártel de Sinaloa.
Desde mediados de la década de 1990, la familia Lorenzana ha estado implicada en la coordinación de cargamentos de varias toneladas de cocaína procedentes de Colombia. Estos cargamentos se transportan a través de Centroamérica y México, con destino final a Estados Unidos. Se cree que Haroldo Lorenzana Terraza desempeñó un papel importante en estas operaciones, supervisando la logística y garantizando el flujo fluido de narcóticos a través de las fronteras.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha estado investigando activamente a Lorenzana Terraza durante años. Ha sido acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos relacionados con violaciones internacionales de narcóticos. Además, enfrenta acusaciones de operar una Empresa Criminal Continuada (ECC), un cargo reservado para los capos de la droga de alto nivel. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena, lo que pone de relieve la gravedad de sus presuntos delitos.
A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, Lorenzana Terraza sigue prófugo. Su caso pone de relieve los desafíos que supone combatir las organizaciones transnacionales del narcotráfico, que operan con redes sofisticadas y cuantiosos recursos. La búsqueda de justicia en casos como el suyo demuestra el compromiso constante de las autoridades internacionales para desmantelar estas organizaciones criminales y proteger a las comunidades del devastador impacto de los narcóticos.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 27, 2025
Ezeiza Rusa
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La DEA le envió una notificación a la jueza argentina María Romilda Servini, quién preside el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires, mostrando su interés por la investigación. Los agencia estadounidense se preocupa ante una posibilidad diferente en este tema y es el posible uso irregular que puedan darle los rusos a los pasaportes argentinos.
En un año llegaron 10.500 mujeres rusas para dar a luz en Argentina. Para poder darle a sus hijos la nacionalidad argentina. La DEA puso el ojo en la situación de los hombres que llegan con ellos. Tienen una sospecha de que además de su situación familiar, detrás haya otro objetivo: tener un pasaporte que sirve para abrir las migraciones en 175 países. Para cualquier propósito con que este podría el espionaje y el narcotráfico.
La directora de Migraciones, Florencia Carignano le dio la real dimensión al problema del turismo de nacimiento y el pasaporte argentino: “Si no empezamos a controlar a quien le damos el pasaporte, vamos a perder la confianza que tenemos con otros países”.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 16, 2023