Acerca de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afecta a los presos militares, de las fuerzas de seguridad y civiles, en el editorial del 11 del actual se da cuenta de que en las cárceles y en domicilios particulares de nuestro país hay presos militares de edad avanzada por haber luchado contra la guerrilla comunista, sin condena firme.
Esto ocurre después que todos los gobiernos de la democracia recibieron denuncias al respecto de particulares y de la Comisión de Justicia y Concordia, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Estado Vaticano, las Naciones Unidas y gobiernos de países amigos.
LA NACION recibió numerosas cartas de lectores de particulares sobre el gravísimo problema. Por eso, la noticia no hace más que exponer una hipocresía nunca vista. Mientras los miembros de la guerrilla comunista que cometió numerosos excesos en esta guerra fueron premiados con cuantiosas fortunas, quienes salvaron al país del trapo rojo sufrieron la muerte de 431 personas.
Ahora la ciudadanía le exige a este gobierno temeroso la libertad inmediata de todos los presos, estén en cárceles o en sus domicilios. Este acto de valor y de justicia contribuirá a cerrar la famosa “grieta” que divide al pueblo argentino. Si no lo hiciere, merecerá ser llamado infame traidor a la patria y ser susceptible de las correspondientes acciones judiciales.
Muchos son los escritos que muestran la otra parte de nuestra historia de los 70. La que aún hoy, perversamente tergiversada, continúa agitándose, en una carrera desenfrenada de persecución teñida de venganza ideologizada. A la fecha, 446 uniformados de todas las fuerzas y civiles, hombres y mujeres, han fallecido en prisión. Muchos no tuvieron un juicio previo y la mayoría de los que fueron juzgados ni siquiera tuvieron una condena firme. Perdieron su vida sencillamente siendo inocentes. El promedio de edad de quienes hoy son presos políticos supera los 75 años. Las prisiones preventivas exceden largamente los cinco años en promedio, transformándose en condenas encubiertas. La autoridad penitenciaria expresó que las cárceles no están preparadas para albergar una población geronte. Apenas pueden sostener médicamente un promedio de edad que no supere los 30 años. En este contexto, tener ancianos privados de su libertad significa torturarlos y, consecuentemente, aplicarles condenas a muerte encubiertas. Los juicios instrumentados a partir de 2003 son un modelo de todo tipo de violaciones en perjuicio de todos los detenidos (civiles y militares), básicamente condensados en el documento que especialistas del derecho titularon como “Los 14 derechos humanos que el Estado viola en los militares enjuiciados, en su condición de presos políticos”.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos, incluidos los presos políticos de la Argentina. Lamentablemente, el gran negocio de los DD.HH. sigue vigente, permitiendo la politizada deformación en el supuesto ejercicio y/o defensa de ese proclamado principio del derecho internacional. A propósito del socorro financiero solicitado al FMI, ¿alguien recordó los millones de dólares que este “negocio” ha insumido e insume actualmente?
Luego de haber actuado el periódico argentino LA NACIÓN en forma artera y hasta fuera de la ley, al no darle al profesor Mario Sandoval, su derecho a réplica, el medio publicó una muy breve nota con respecto a sus declaraciones.
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Esto, en su actuación de no brindar el mismo espacio que había otorgado en cuanto a acusaciones contra Sandoval.
La letra chica nunca impresiona como los grandes titulares. Se dice que el periodismo debe ser objetivo, para luego si dar una opinión fundamentada e inteligente. Es por ello que llama la atención -por ser este matutino un medio de comunicación de 148 años ya- que La Nación, fundada por nada menos que Bartolomé Mitre, ex presidente de la República, tenga este tipo de comportamientos.
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Me aventuro a inferir que el periodista o la periodista que redactó la nota, no escribió el artículo por azar. Pese a la creencia paranormal, las noticias no las redacta una pluma por sí misma, sino cronistas que influyen en el pensamiento de los lectores. En una modalidad supuestamente supervisada por jefes de sección, que para moldear mentes humanas, saben que tecla tocar.
Felicito efusivamente a los doctores Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton por haberse atrevido a fallar conforme a derecho en el caso Muiña, al aplicar el “dos por uno” dejando de lado razones de odio o cobardía que pudieron impulsarlos a votar en sentido contrario.
El debate de la ley del “dos por uno” oculta la cuestión de fondo: que los juicios llamados de lesa humanidad son ilegales, inconstitucionales e insanablemente nulos; en consecuencia, los fallos derivados, “cosa juzgada írrita”. Inconstitucionales, porque vulneran el artículo 18 de la Constitución, e ilegales, porque desconocen el principio jurídico universal de legalidad. Por otra parte, los más de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de genocidio (artículo 6 del Estatuto de Roma, actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional -fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos- étnico, racial o religioso) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma: actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil). Además, el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por ley 25.390 del 9 de enero de 2007, prohibiendo expresamente el artículo 25 su aplicación retroactiva. La incorporación a la legislación argentina de la convención internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad fue por el decreto 579 de 2003. España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma se encuentran prescriptos.
Genocidio, lesa humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivó en el arbitrario enjuiciamiento de más de 2400 imputados y hasta ahora en la muerte de 404 personas en injusto cautiverio. ¿Un genocidio al revés?
Juan Miguel Giuliano
General
Presunción
Pablo García Aliverti atropelló hace cuatro años alcoholizado a un vigilador que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo. Luego del accidente, sin frenar, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Durante estos cuatro años esperó su sentencia en libertad y fue sentenciado a cuatro años, por lo cual quedó libre. Y me pregunto, ¿por qué los presos de los juicios mal llamados de “lesa humanidad”, con edad promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios ni condenas, siguen siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia? En la Argentina, el “principio de presunción de inocencia” sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las Fuerzas Armadas, de seguridad y los policías del 70 son juzgados y condenados de antemano por la justicia tuerta.
Lucas José Alfaro Jones
Plaza de la Shoá
Los días soleados nos invitan a pasear y a apreciar la naturaleza y los monumentos que nos ofrecen los parques de Palermo. Sin embargo, produce tristeza y desolación ver cómo niños y adultos utilizan de frontón de fútbol y se entretienen -trepando peligrosamente- el digno Monumento Nacional a la Memoria de las Víctimas del Holocausto, de la Plaza de la Shoá, en el parque Tres de Febrero, en la intersección de Libertador y Bullrich. El monumento, compuesto por 114 cubos de hormigón, representa la cantidad de víctimas en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. ¿Podrían las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires colocar alguna cinta de resguardo y alguna identificación bien visible al pie del monumento, para ejercer así un adecuado control y el cuidado que merece este lugar?
Ciudadanos cada vez más preocupados por la situación judicial del país.
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Proyecto de Garré
La diputada por el Frente para la Victoria Nilda Garré ha presentado un proyecto de ley para transformar en delito, con pena de prisión, la minimización de cualquier forma de delito de lesa humanidad. O sea de acciones represivas llevadas a cabo en la lucha contra la subversión de los años 70, entre las cuales se cuenta negar que hayan sido 30.000 los desaparecidos, cifra que, así, quedaría erigida en dogma fuera de discusión. Sobre el particular, cabe recordar que Nilda Garré se desempeñó activamente en Montoneros, con el apodo de “Comandante Teresa”.
Juan Luis Gallardo
DNI 4.150.383
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Lesa humanidad
Coincido con la carta del señor Ayerra en el sentido de que una organización armada no estatal puede cometer delitos de lesa humanidad. Pero no es el caso de Montoneros, ERP, FAR, FAP y otras que operaron en los 70 simplemente porque ese delito no estaba sancionado en la Argentina, que hizo entrar en vigor el Estatuto de Roma para su territorio mediante ley 26.200, del 5-1-2007, y su artículo 13. El propio estatuto, en el artículo 24, y nuestra Constitución, en el 18, impiden su aplicación retroactiva. Para que se entienda bien: lo que mantiene en juzgamiento y presos a agentes penitenciarios, policías, baqueanos, mujeres, ex magistrados, ancianos que eran entonces jóvenes oficiales y hasta a héroes y defensores tanto de Malvinas como de la democracia instaurada en 1983 no existe como ley. Es un criterio jurisprudencial creado por la mayoría de la Corte kirchnerista en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” -con la disidencia nada menos que de Fayt, Belluscio y Vázquez- seguido obedientemente por los magistrados de instancias inferiores. Si Gil Lavedra y sus colegas no lo conocían cuando condenaron a las juntas, ¿cómo exigir que lo conocieran los suboficiales de nuestras fuerzas armadas y de seguridad? Se renunció a la legalidad para derrotar rápidamente a la subversión, y se vuelve a renunciar a ella para castigar ese acto.
El ministro de Justicia comparó la prisión preventiva de la dirigente con la de Báez y López
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, insistió en que Milagro Sala “no es una presa política”. “Hay un sistema judicial en Jujuy que fue designado mayoritariamente por el gobierno anterior, con un código procesal penal, también dictado por el gobierno anterior, y se están investigando numerosos hechos delictivos de los cuales podrá ser inocente o no y tendrá que demostrarlo en juicio”, afirmó en declaraciones a C5N.
El funcionario repasó también las otras causas que tiene pendiente la líder de la Tupac Amaru. “Hay un proceso de la justicia federal penal donde acaba de ser condenada y una pena en suspenso.”
“Es lo mismo que plantear que Lázaro Báez o Julio López son presos políticos en algún punto. Tienen el mismo plazo de prisión preventiva que tiene Milagro Sala, y peor aún, uno podría decir que muchos militares detenidos por delitos de lesa humanidad tienen hoy plazos de prisión preventiva muchísimos más extensos que Milagro Sala”, indicó.
Sobre los pedidos de organismos internacionales que exigen la liberación de la dirigente social, el funcionario señaló que se refieren a su detención inicial y que ya han “corrido traslado a la provincia de Jujuy y al Poder Judicial”. Respecto de la detención en Venezuela del dirigente Leopoldo López y las comparaciones con Sala, Garavano dijo que entiende que “no” existen similitudes.
Diario La Nación
Enero 7, 2017
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Algunos problemas con el artículo del diario La Nación
Es evidente que cada cronista puede tener su opinión, pero la presentación de los hechos debe ser justa. Es decir, si dos autos colisionan frente a frente, eso es lo que se debe redactar. Luego vendrán las sospechas y suposiciones. Aquí se transcribe lo que supuestamente el Ministro de Justicia y Derechos Humanos doctor Germán Garavano declaró. Y el Ministro habló de la señora Milagro Sala, de Lázaro Báez, de Julio López (Quien es un desaparecido… ¿Tal vez será el funcionario corrupto José “El Maletero” López?) y de los militares detenidos por delitos de lesa humanidad y sus prisiones preventivas más extensas que Milagro Sala. Traducción al idioma básico de la conveniencia en su sub título: El ministro de Justicia comparó la prisión preventiva de la dirigente con la de Báez y López, confirmando la condición de sub humanos de los presos políticos o prisioneros ilegales ex uniformados en la Argentina de hoy.
Existe en nuestro periodismo ese costado tendencioso ya que no tengo un margen de piedad para categorizarlo como olvidadizo que convierte todo los que sea violaciones a los derechos humanos de ex militares, ex policías o civiles encuadrados en los mal llamados casos de lesa humanidad en un tema tabú. El ministro Garavano admite estas violaciones, son graves delitos, pero los medios masivos en vez de saltar sobre la primicia, masticarla y exponerla, prefieren esquivar la arremetida cuan torero que utiliza la espada cobardemente escondida siempre para ensartar a su víctima inocente.
Oriana Fallaci -en vez de enfrentar al toro- enfrentaba al torero cara a cara, mano a mano. Tal vez algún periodista argentino admire y reproduzca el ejemplo.
Libertad inmediata
Acerca de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afecta a los presos militares, de las fuerzas de seguridad
y civiles, en el editorial del 11 del actual se da cuenta de que en las cárceles y en domicilios particulares de nuestro país hay presos militares de edad avanzada por haber luchado contra la guerrilla comunista, sin condena firme.
Esto ocurre después que todos los gobiernos de la democracia recibieron denuncias al respecto de particulares y de la Comisión de Justicia y Concordia, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Estado Vaticano, las Naciones Unidas y gobiernos de países amigos.
LA NACION recibió numerosas cartas de lectores de particulares sobre el gravísimo problema. Por eso, la noticia no hace más que exponer una hipocresía nunca vista. Mientras los miembros de la guerrilla comunista que cometió numerosos excesos en esta guerra fueron premiados con cuantiosas fortunas, quienes salvaron al país del trapo rojo sufrieron la muerte de 431 personas.
Ahora la ciudadanía le exige a este gobierno temeroso la libertad inmediata de todos los presos, estén en cárceles o en sus domicilios. Este acto de valor y de justicia contribuirá a cerrar la famosa “grieta” que divide al pueblo argentino. Si no lo hiciere, merecerá ser llamado infame traidor a la patria y ser susceptible de las correspondientes acciones judiciales.
Envío y colaboración: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
El Coronel Viola y su carta al diario La Nación
Los DD.HH.
Muchos son los escritos que muestran la otra parte de nuestra historia de los 70. La que aún hoy, perversamente tergiversada, continúa agitándose, en una carrera desenfrenada de persecución teñida de venganza ideologizada. A la fecha, 446 uniformados de todas las fuerzas y civiles, hombres y mujeres, han fallecido en prisión. Muchos no tuvieron un juicio previo y la mayoría de los que fueron juzgados ni siquiera tuvieron una condena firme. Perdieron su vida sencillamente siendo inocentes. El promedio de edad de quienes hoy son presos políticos supera
los 75 años. Las prisiones preventivas exceden largamente los cinco años en promedio, transformándose en condenas encubiertas. La autoridad penitenciaria expresó que las cárceles no están preparadas para albergar una población geronte. Apenas pueden sostener médicamente un promedio de edad que no supere los 30 años. En este contexto, tener ancianos privados de su libertad significa torturarlos y, consecuentemente, aplicarles condenas a muerte encubiertas. Los juicios instrumentados a partir de 2003 son un modelo de todo tipo de violaciones en perjuicio de todos los detenidos (civiles y militares), básicamente condensados en el documento que especialistas del derecho titularon como “Los 14 derechos humanos que el Estado viola en los militares enjuiciados, en su condición de presos políticos”.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos, incluidos los presos políticos de la Argentina. Lamentablemente, el gran negocio de los DD.HH. sigue vigente, permitiendo la politizada deformación en el supuesto ejercicio y/o defensa de ese proclamado principio del derecho internacional. A propósito del socorro financiero solicitado al FMI, ¿alguien recordó los millones de dólares que este “negocio” ha insumido e insume actualmente?
Coronel (R.) Guillermo César Viola
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 21, 2018
La prensa argentina también viola los Derechos Humanos: el cuarto poder no respeta los ciudadanos ni los principios deontológicos y convencionales.
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PrisioneroEnArgentina.com
Junio 12, 2018
El diaro LA NACIÓN le responde a MARIO SANDOVAL, pero…
Luego de haber actuado el periódico argentino LA NACIÓN en forma artera y hasta fuera de la ley, al no darle al profesor Mario Sandoval, su derecho a réplica, el medio publicó una muy breve nota con respecto a sus declaraciones.
[ezcol_2fifth]
Esto, en su actuación de no brindar el mismo espacio que había otorgado en cuanto a acusaciones contra Sandoval.
La letra chica nunca impresiona como los grandes titulares. Se dice que el periodismo debe ser objetivo, para luego si dar una opinión fundamentada e inteligente. Es por ello que llama la atención -por ser este matutino un medio de comunicación de 148 años ya- que La Nación, fundada por nada menos que Bartolomé Mitre, ex presidente de la República, tenga este tipo de comportamientos.
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Me aventuro a inferir que el periodista o la periodista que redactó la nota, no escribió el artículo por azar. Pese a la creencia paranormal, las noticias no las redacta una pluma por sí misma, sino cronistas que influyen en el pensamiento de los lectores. En una modalidad supuestamente supervisada por jefes de sección, que para moldear mentes humanas, saben que tecla tocar.
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Fabian Kussman
email@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
Junio 5, 2018
Derecho a réplica SIN RESPUESTA NI PUBLICADO POR La Nación, Clarín o Infobae . Francia cambio de jurisprudencia: Sus orígenes, proceso e impacto.
Escribe
MARIO SANDOVAL.
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PRISIONEROenARGENTINA.com
Junio 4, 2018
Cartas de lectores del diario La Nación
Felicitaciones
Felicito efusivamente a los doctores Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton por haberse atrevido a fallar conforme a derecho en el caso Muiña, al aplicar el “dos por uno” dejando de lado razones de odio o cobardía que pudieron impulsarlos a votar en sentido contrario.
Juan Luis Gallardo
jlgallardo34@gmail.com
Ilegales y nulos
El debate de la ley del “dos por uno” oculta la cuestión de fondo: que los juicios llamados de lesa humanidad son ilegales, inconstitucionales e insanablemente nulos; en consecuencia, los fallos derivados, “cosa juzgada írrita”. Inconstitucionales, porque vulneran el artículo 18 de la Constitución, e ilegales, porque desconocen el principio jurídico universal de legalidad. Por otra parte, los más de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de genocidio (artículo 6 del Estatuto de Roma, actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional -fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos- étnico, racial o religioso) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma: actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil). Además, el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por ley 25.390 del 9 de enero de 2007, prohibiendo expresamente el artículo 25 su aplicación retroactiva. La incorporación a la legislación argentina de la convención internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad fue por el decreto 579 de 2003. España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma se encuentran prescriptos.
Genocidio, lesa humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivó en el arbitrario enjuiciamiento de más de 2400 imputados y hasta ahora en la muerte de 404 personas en injusto cautiverio. ¿Un genocidio al revés?
Juan Miguel Giuliano
General
Presunción
Pablo García Aliverti atropelló hace cuatro años alcoholizado a un vigilador que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo. Luego del accidente, sin frenar, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Durante estos cuatro años esperó su sentencia en libertad y fue sentenciado a cuatro años, por lo cual quedó libre. Y me pregunto, ¿por qué los presos de los juicios mal llamados de “lesa humanidad”, con edad promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios ni condenas, siguen siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia? En la Argentina, el “principio de presunción de inocencia” sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las Fuerzas Armadas, de seguridad y los policías del 70 son juzgados y condenados de antemano por la justicia tuerta.
Lucas José Alfaro Jones
Plaza de la Shoá
Los días soleados nos invitan a pasear y a apreciar la naturaleza y los monumentos que nos ofrecen los parques de Palermo. Sin embargo, produce tristeza y desolación ver cómo niños y adultos utilizan de frontón de fútbol y se entretienen -trepando peligrosamente- el digno Monumento Nacional a la Memoria de las Víctimas del Holocausto, de la Plaza de la Shoá, en el parque Tres de Febrero, en la intersección de Libertador y Bullrich. El monumento, compuesto por 114 cubos de hormigón, representa la cantidad de víctimas en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. ¿Podrían las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires colocar alguna cinta de resguardo y alguna identificación bien visible al pie del monumento, para ejercer así un adecuado control y el cuidado que merece este lugar?
J. Fernando Arana Cosulich
jfac@live.com.ar
PrisioneroEnArgentina.com
Cartas de lectores de LA NACIÓN: Proyecto de Garré y Lesa Humanidad
Ciudadanos cada vez más preocupados por la situación judicial del país.
[one_half padding=”0 30px 0 0″]Proyecto de Garré
La diputada por el Frente para la Victoria Nilda Garré ha presentado un proyecto de ley para transformar en delito, con pena de prisión, la minimización de cualquier forma de delito de lesa humanidad. O sea de acciones represivas llevadas a cabo en la lucha contra la subversión de los años 70, entre las cuales se cuenta negar que hayan sido 30.000 los desaparecidos, cifra que, así, quedaría erigida en dogma fuera de discusión. Sobre el particular, cabe recordar que Nilda Garré se desempeñó activamente en Montoneros, con el apodo de “Comandante Teresa”.
Juan Luis Gallardo
DNI 4.150.383
[/one_half] [one_half_last padding=”0 0 0 30px”]Lesa humanidad
Coincido con la carta del señor Ayerra en el sentido de que una organización armada no estatal puede cometer delitos de lesa humanidad. Pero no es el caso de Montoneros, ERP, FAR, FAP y otras que operaron en los 70 simplemente porque ese delito no estaba sancionado en la Argentina, que hizo entrar en vigor el Estatuto de Roma para su territorio mediante ley 26.200, del 5-1-2007, y su artículo 13. El propio estatuto, en el artículo 24, y nuestra Constitución, en el 18, impiden su aplicación retroactiva. Para que se entienda bien: lo que mantiene en juzgamiento y presos a agentes penitenciarios, policías, baqueanos, mujeres, ex magistrados, ancianos que eran entonces jóvenes oficiales y hasta a héroes y defensores tanto de Malvinas como de la democracia instaurada en 1983 no existe como ley. Es un criterio jurisprudencial creado por la mayoría de la Corte kirchnerista en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” -con la disidencia nada menos que de Fayt, Belluscio y Vázquez- seguido obedientemente por los magistrados de instancias inferiores. Si Gil Lavedra y sus colegas no lo conocían cuando condenaron a las juntas, ¿cómo exigir que lo conocieran los suboficiales de nuestras fuerzas armadas y de seguridad? Se renunció a la legalidad para derrotar rápidamente a la subversión, y se vuelve a renunciar a ella para castigar ese acto.
Ricardo Saint Jean
DNI 10.924.885
[/one_half_last]Mientras Garavano habla de los ex uniformados encarcelados, La Nación se “olvida”
Humanos y Sub Humanos
[one_half padding=”0 20px 0 0″]Garavano: “Milagro Sala no es una presa política”
El ministro de Justicia comparó la prisión preventiva de la dirigente con la de Báez y López
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, insistió en que Milagro Sala “no es una presa política”. “Hay un sistema judicial en Jujuy que fue designado mayoritariamente por el gobierno anterior, con un código procesal penal, también dictado por el gobierno anterior, y se están investigando numerosos hechos delictivos de los cuales podrá ser inocente o no y tendrá que demostrarlo en juicio”, afirmó en declaraciones a C5N.
El funcionario repasó también las otras causas que tiene pendiente la líder de la Tupac Amaru. “Hay un proceso de la justicia federal penal donde acaba de ser condenada y una pena en suspenso.”
“Es lo mismo que plantear que Lázaro Báez o Julio López son presos políticos en algún punto. Tienen el mismo plazo de prisión preventiva que tiene Milagro Sala, y peor aún, uno podría decir que muchos militares detenidos por delitos de lesa humanidad tienen hoy plazos de prisión preventiva muchísimos más extensos que Milagro Sala”, indicó.
Sobre los pedidos de organismos internacionales que exigen la liberación de la dirigente social, el funcionario señaló que se refieren a su detención inicial y que ya han “corrido traslado a la provincia de Jujuy y al Poder Judicial”. Respecto de la detención en Venezuela del dirigente Leopoldo López y las comparaciones con Sala, Garavano dijo que entiende que “no” existen similitudes.
Diario La Nación
Enero 7, 2017
[/one_half] [one_half_last padding=”0 0 0 20px”]
Algunos problemas con el artículo del diario La Nación
Existe en nuestro periodismo ese costado tendencioso ya que no tengo un margen de piedad para categorizarlo como olvidadizo que convierte todo los que sea violaciones a los derechos humanos de ex militares, ex policías o civiles encuadrados en los mal llamados casos de lesa humanidad en un tema tabú. El ministro Garavano admite estas violaciones, son graves delitos, pero los medios masivos en vez de saltar sobre la primicia, masticarla y exponerla, prefieren esquivar la arremetida cuan torero que utiliza la espada cobardemente escondida siempre para ensartar a su víctima inocente.
Oriana Fallaci -en vez de enfrentar al toro- enfrentaba al torero cara a cara, mano a mano. Tal vez algún periodista argentino admire y reproduzca el ejemplo.
[/one_half_last]PrisioneroEnArgentina.com
Enero 10, 2017