Nota periodística de análisis político y económico | ArgentinaJavier Milei llegó a la presidencia argentina con una promesa contundente: terminar con décadas de inflación, reducir el peso del Estado, eliminar los privilegios de la política y devolverle al país la posibilidad de crecer. Su discurso conquistó a millones de ciudadanos cansados de las crisis económicas, la pérdida del poder adquisitivo y la desconfianza hacia los partidos tradicionales.
Pero gobernar es mucho más difícil que denunciar los errores de los gobiernos anteriores. La pregunta central es si Milei está logrando transformar la economía argentina o si el costo social de su programa está poniendo en duda las promesas con las que llegó al poder.
Para evaluar su gestión, hay que examinar tanto sus resultados como sus contradicciones: la inflación, los salarios, el empleo, la pobreza, las cuentas públicas y la capacidad del país para construir un crecimiento duradero.
La inflación bajó, pero la batalla no terminó
Uno de los principales argumentos de Milei es que recibió una economía al borde del colapso y consiguió reducir drásticamente la inflación. En ese punto, los resultados no pueden ignorarse: la inflación interanual, que había superado el 200 % hacia fines de 2023, descendió considerablemente durante su gestión.
Sin embargo, controlar la velocidad con la que aumentan los precios no significa que estos vuelvan a sus niveles anteriores. Para millones de argentinos, el problema cotidiano sigue siendo cómo pagar el alquiler, comprar alimentos, afrontar las tarifas de electricidad y gas y llegar a fin de mes.
En septiembre de 2026, la inflación mensual fue del 1,9 %, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4 %. El dato mostró una desaceleración considerable respecto de los niveles de 2023, pero también evidenció que el objetivo de una inflación prácticamente nula todavía estaba lejos.
El Gobierno puede presentar esta reducción como un logro. Sus críticos, en cambio, señalan que el alivio monetario no alcanza si los ingresos familiares no crecen al mismo ritmo que los gastos.
La pobreza: el punto más delicado
La pobreza constituye uno de los indicadores más difíciles para evaluar el éxito del programa económico.
Según los datos del INDEC difundidos en septiembre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3 % de la población durante el primer semestre de 2026, frente al 28,2 % del período anterior. La indigencia también aumentó, del 6,3 % al 7,5 %.
Estas cifras deben analizarse en perspectiva. La pobreza había aumentado considerablemente durante la primera etapa del ajuste y después había descendido, por lo que el resultado reciente no elimina las mejoras anteriores. Pero su nuevo incremento representa una señal de alarma.
El problema es que una recuperación macroeconómica puede tardar en llegar a los hogares. Si los salarios pierden capacidad de compra, las jubilaciones resultan insuficientes y las familias se endeudan para pagar gastos básicos, la estabilidad fiscal pierde parte de su atractivo social.
Un gobierno no puede medir su éxito exclusivamente por las cuentas del Tesoro. También debe observar si las personas pueden vivir con dignidad.
El ajuste fiscal y su costo social
Milei convirtió el equilibrio fiscal en el centro de su programa. Su administración redujo gastos, recortó subsidios y modificó distintas políticas estatales. El Fondo Monetario Internacional destacó los avances fiscales y la fuerte reducción de la inflación, así como el descenso inicial de la pobreza después de los niveles críticos de 2024.
Pero el ajuste no afecta a todos de la misma manera.
Cuando disminuyen los subsidios, aumentan las tarifas que pagan los usuarios. Cuando se reducen determinadas partidas públicas, pueden resentirse obras, servicios y transferencias. Y cuando la actividad económica pierde fuerza, los comercios y las pequeñas empresas pueden sufrir una caída de sus ventas.
La discusión no consiste en afirmar que todo gasto estatal debe mantenerse ni que cualquier recorte es perjudicial. La cuestión es qué se recorta, qué se protege y qué capacidad tiene la economía para generar nuevos empleos e ingresos.
Si el equilibrio fiscal se consigue a costa de debilitar la infraestructura, la educación, la salud o la producción, el beneficio inmediato podría verse limitado por consecuencias de largo plazo. Si, por el contrario, se combina con inversiones y crecimiento sostenido, puede contribuir a una estabilidad más duradera.
El empleo y la economía real
Otro desafío es convertir la estabilidad financiera en actividad productiva.
La economía argentina tiene sectores con perspectivas favorables, como la energía, la minería y determinadas exportaciones agropecuarias. Pero esas actividades no generan automáticamente suficientes empleos para compensar las dificultades de la industria, la construcción y numerosos comercios.
En su revisión de mayo de 2026, el FMI advirtió que la actividad y el empleo habían perdido dinamismo desde mediados de 2025. También señaló que el desempleo había llegado aproximadamente al 7,5 % al cierre de ese año.
El interrogante es si el modelo económico conseguirá extender los beneficios más allá de los sectores exportadores y atraer inversiones que generen puestos de trabajo estables.
Una economía puede mostrar superávit fiscal y, al mismo tiempo, tener empresas que cierran, trabajadores que pierden ingresos y jóvenes que no encuentran oportunidades. Para que la recuperación sea socialmente sólida, ambas dimensiones deben mejorar.
¿Fracasó Milei?
La respuesta depende de qué promesa se evalúe y del período considerado.
Si el criterio es reducir la inflación y eliminar el déficit fiscal, su gestión presenta avances importantes reconocidos incluso por el FMI. Si el criterio es garantizar una mejora continua del nivel de vida, los datos recientes de pobreza y empleo muestran resultados insuficientes y retrocesos que el Gobierno debe explicar.
También hay que considerar que Milei heredó problemas estructurales acumulados durante décadas. Pero esa herencia no puede convertirse en una justificación permanente: después de asumir el poder, un presidente debe responder por los resultados de sus propias decisiones.
El Gobierno sostiene que el sacrificio actual permitirá una economía más estable y competitiva. Sus críticos cuestionan la distribución de los costos y advierten que el crecimiento todavía no alcanza para resolver las dificultades de amplios sectores sociales.
Ambas afirmaciones deben contrastarse con datos concretos, no solamente con discursos políticos.
Conclusión: la promesa pendiente
Javier Milei llegó a la Casa Rosada prometiendo una transformación profunda. Logró modificar numerosas reglas económicas y reducir drásticamente la inflación respecto de los niveles heredados. Pero la estabilidad no constituye, por sí sola, una solución completa para la Argentina.
El aumento reciente de la pobreza, las dificultades del empleo y la pérdida de capacidad adquisitiva de numerosos hogares plantean una pregunta fundamental: ¿cuándo comenzarán los beneficios de la transformación a sentirse de manera sostenida en la vida cotidiana?
Llamar «fracaso» a toda su gestión sería ignorar avances verificables. Presentarla como un éxito definitivo también sería prematuro mientras millones de personas continúen enfrentando dificultades económicas.
El verdadero veredicto sobre Milei dependerá de si consigue transformar el ajuste en prosperidad, la estabilidad en inversión y el crecimiento en empleos y mejores salarios. Los resultados fiscales pueden comprar tiempo; solo una mejora sostenible de las condiciones de vida podrá justificar, ante la sociedad, el costo de ese tiempo.
En 2001, mientras el país se hundía en la recesión, el gobierno de Fernando de la Rúa impulsó una gigantesca operación para postergar vencimientos de la deuda pública. El mecanismo terminó bajo investigación judicial por presuntas irregularidades, elevadas comisiones y posibles beneficios para entidades financieras. Fue uno de los episodios más controvertidos de la historia económica argentina.
Una economía al borde del abismo
A comienzos de 2001, la Argentina atravesaba una crisis que amenazaba con desbordar al gobierno de Fernando de la Rúa. La recesión se prolongaba desde 1998, el desempleo era elevado, la recaudación fiscal caía y el Estado enfrentaba dificultades crecientes para conseguir financiamiento.
El régimen de convertibilidad, establecido en 1991, mantenía una paridad fija de un peso por dólar. Durante años había contribuido a frenar la inflación, pero también limitaba las herramientas disponibles para responder a una economía cada vez más debilitada.
La deuda pública se había convertido en una carga difícil de sostener. El Gobierno necesitaba dinero para cumplir los vencimientos y mantener la confianza de los mercados. En ese contexto, las autoridades presentaron distintas iniciativas financieras como instrumentos para evitar el colapso.
Una de ellas fue el llamado Blindaje, anunciado en 2000. La otra, implementada en 2001, pasó a la historia como el Megacanje.
¿En qué consistió el Megacanje?
La operación consistió en intercambiar títulos de deuda que vencían en el corto plazo por nuevos bonos con vencimientos más lejanos. La intención oficial era aliviar las obligaciones inmediatas del Tesoro y ganar tiempo para estabilizar la economía.
En términos sencillos, el Estado buscaba dejar de pagar determinadas deudas en el presente a cambio de comprometerse a pagar otras más adelante. Pero los nuevos instrumentos incluían condiciones financieras que podían resultar más costosas.
El canje se realizó durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía, bajo la presidencia de De la Rúa. Participaron bancos nacionales e internacionales que intervinieron en la estructuración y colocación de los nuevos títulos.
La operación alcanzó un volumen cercano a los 30.000 millones de dólares en títulos involucrados, según distintas reconstrucciones económicas. Aunque logró postergar vencimientos, no resolvió los problemas estructurales que afectaban a la economía argentina.
El interrogante central era si el alivio inmediato justificaba los costos futuros y las comisiones abonadas a las entidades financieras.
Las sospechas y la investigación judicial
Con el tiempo, el Megacanje se convirtió en objeto de una investigación penal. Las sospechas se concentraron en la forma en que se organizó la operación, la selección de los bancos participantes, las comisiones y las condiciones financieras acordadas.
En junio de 2014, la Procuración General de la Nación informó que el fiscal Germán Moldes había solicitado revisar los sobreseimientos dictados a favor de varios imputados. El fiscal cuestionó el procedimiento y sostuvo que determinados funcionarios podrían haber favorecido intereses privados en perjuicio del Estado.
Entre los nombres vinculados a la causa figuraban Domingo Cavallo, el exsecretario de Finanzas Daniel Marx y otros funcionarios que participaron en distintas etapas de la operación. También fue investigado el banquero estadounidense David Mulford, relacionado con el armado financiero.
Es importante establecer una distinción: las acusaciones fiscales y los procesamientos no equivalen por sí solos a una condena definitiva. El caso atravesó distintas instancias judiciales, por lo que cualquier afirmación sobre responsabilidades penales debe ajustarse a las resoluciones correspondientes.
Lo que sí quedó documentado es que la operación generó cuestionamientos institucionales sobre la transparencia de las negociaciones y el papel de los bancos en una decisión que comprometía recursos públicos durante muchos años.
¿Quiénes ganaron y quiénes pagaron?
El debate sobre el Megacanje no se limita a sus aspectos jurídicos. También se relaciona con la distribución de los beneficios y los costos de las políticas económicas.
Los bancos participantes cobraron comisiones por su intervención. El Estado, por su parte, consiguió postergar vencimientos, pero aceptó nuevas obligaciones financieras. Para los críticos de la operación, el alivio temporal no compensó el costo de refinanciar la deuda en condiciones desfavorables.
La ciudadanía terminó enfrentando las consecuencias de una crisis que se profundizó durante 2001. El desempleo, la caída de los ingresos y la incertidumbre financiera golpearon a millones de familias.
No puede atribuirse toda la crisis al Megacanje: el deterioro económico tenía raíces anteriores y múltiples causas. Sin embargo, la operación se convirtió en un símbolo de las decisiones tomadas cuando el margen de maniobra del Gobierno era cada vez menor.
El corralito y el estallido de diciembre
A fines de 2001, la crisis financiera desembocó en el llamado corralito, que restringió la disponibilidad de dinero depositado en los bancos. La medida provocó indignación entre ahorristas que no podían disponer libremente de sus fondos.
Las protestas crecieron, la situación social se deterioró y el 19 y 20 de diciembre se produjeron jornadas de violencia y represión. De la Rúa renunció el 20 de diciembre, en medio de una crisis política extraordinaria.
Poco después, la Argentina declaró la suspensión de pagos de una parte sustancial de su deuda pública. El default de 2001 quedó registrado como uno de los mayores incumplimientos soberanos de la época.
El Megacanje no fue el único responsable de ese desenlace, pero formó parte de una secuencia de decisiones que no consiguió restablecer la confianza ni devolver al país una senda sostenible de crecimiento.
Una lección sobre el poder financiero
Más de dos décadas después, el Megacanje continúa siendo un caso relevante para discutir la responsabilidad de los funcionarios, la supervisión de las operaciones financieras y la relación entre el Estado y las entidades privadas.
Una reestructuración de deuda no constituye, por sí misma, un delito. Puede ser una herramienta legítima para evitar un incumplimiento desordenado. La cuestión aparece cuando se investigan posibles irregularidades, conflictos de intereses o condiciones que perjudican injustificadamente al erario público.
El caso también demuestra la importancia de contar con controles independientes, información transparente y evaluaciones rigurosas antes de comprometer recursos públicos.
La Argentina ha atravesado numerosos ciclos de endeudamiento, crisis y renegociaciones. La lección del Megacanje no consiste en afirmar que toda deuda es una estafa, sino en exigir que las decisiones financieras se expliquen, se controlen y se sometan a la ley.
Cuando una operación se realiza en nombre de millones de ciudadanos, sus costos no pueden quedar ocultos detrás de tecnicismos financieros. La responsabilidad pública exige que los beneficios, los riesgos y las consecuencias sean examinados con el mismo rigor.
El Megacanje quedó asociado a una época de derrumbe económico y desconfianza institucional. Su historia recuerda que las grandes cifras pueden esconder decisiones con efectos concretos sobre el empleo, los ahorros y el futuro de un país.
El pago de $5,000 casi con seguridad requeriría la autorización y financiación del Congreso. La cuestión legal más interesante es si prometerlo condicionado a una victoria republicana viola la ley electoral federal.
El 9 de septiembre, Trump anunció que cada ciudadano estadounidense adulto recibiría un “Dividendo Trump” de $5,000 si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término del 3 de noviembre. No explicó con exactitud cómo se financiaría ni se administraría. Se estima que el costo sería de entre $1.2 y $1.35 billones.
¿Es un esquema ilegal de compra de votos?
Probablemente no, según la ley federal vigente, de acuerdo con la forma en que Trump lo describió.
La distinción crucial es que Trump no dijo:
“Vote republicano y recibirá $5,000”.
En cambio, la propuesta consiste en que todos los adultos elegibles reciban el dinero si ganan los republicanos, aparentemente independientemente de si votaron, votaron por los republicanos, votaron por los demócratas o no votaron.
Esta distinción es importante. Expertos legales citados por Associated Press afirmaron que la propuesta no constituiría soborno porque el pago no está condicionado al voto de la persona.
Si la promesa fuera, en cambio, “Vote por mí/el candidato republicano y le daré personalmente 5000 dólares”, eso plantearía un problema mucho más grave en materia de derecho electoral.
Pero Trump no puede simplemente ordenar al Tesoro que envíe los cheques.
Este es el mayor obstáculo.
El gobierno federal normalmente no puede gastar más de lo que el Congreso ha asignado. Por lo tanto, un programa que cueste más de un billón de dólares requeriría legislación del Congreso u otra fuente legal de autoridad y financiación. AP informa que se requeriría la aprobación del Congreso.
Y existe un enorme problema de financiación. Incluso si los aranceles generaran ingresos sustanciales, las estimaciones actuales indican que la recaudación arancelaria no se acercaría ni de lejos a proporcionar más de un billón de dólares en un solo programa de pagos.
El vicepresidente JD Vance también ha sugerido que los estadounidenses adinerados podrían quedar excluidos, lo que significa que la descripción inicial de Trump —todo ciudadano adulto— podría cambiar sustancialmente.
La distinción entre derecho constitucional y electoral
En realidad, hay tres preguntas distintas:
Pregunta Evaluación actual ¿Puede Trump prometer un programa así? Sí, como propuesta política. ¿Es automáticamente ilegal por haberlo vinculado a una victoria republicana? Probablemente no. ¿Puede Trump enviar unilateralmente cheques de 5000 dólares? No, no sin la autorización y financiación legal del Congreso.
Por lo tanto, la propuesta no se caracteriza mejor como un soborno obviamente ilegal. El problema inmediato es si el Congreso lo autorizaría, de dónde provendría el dinero y si el programa podría implementarse legalmente en los términos descritos por Trump. Reuters también informa que la legalidad y la logística siguen sin estar claras.
Existe además una importante cuestión político-económica: distribuir más de un billón de dólares podría aumentar el endeudamiento federal y potencialmente generar presión inflacionaria, dependiendo de cómo se financie y cómo responda la economía.
En resumen: la promesa de Trump, por el simple hecho de estar condicionada a una victoria electoral republicana, no constituye claramente un plan ilegal de compra de votos. Sin embargo, la promesa no implica que los cheques puedan emitirse realmente. El Congreso tendría que establecer el programa y proporcionar un mecanismo de financiación legal, y los detalles podrían enfrentar nuevos desafíos legales.
Casi todo el planeta está endeudado ¿Qué deuda? Publica…
Esa vieja conocida nuestra. Nuestro mal, pero a su vez el impulso de muchos otros (aunque cabe aclarar, no solo es nuestro mal)
Un resorte apretado y forzado, listo para empujar y ser vuelto a apretar. El constante acreedor, el menos pensado, el propio futuro de cada uno de esos países, esquilmado o requerido (según sea el caso) a través de sus bancos centrales, reservas federales o directamente sus propios ciudadanos. A algunos el futuro les redituará una amplia devolución, a otros simplemente el esfumado de ese propio futuro.
Ni siquiera hemos hablado de deuda entre naciones solo de naciones que se deben a sí mismas. Se deben la obligación de crecer ante el compromiso crediticio logrado o se deben el sincericidio de reconocer la expoliación del futuro de sus ciudadanos solo para enmendar el presente. Dos conjuntos con resultados distintos a consecuencia de lo que pareciera una idéntica situación. Países con sus deudas públicas tomadas para forzar su crecimiento y al mismo tiempo convertido en columna del sistema financiero logrando fluidez. Y países de desequilibrio subsanado con el financiamiento de su propia destrucción monetaria. La diferencia sutil, surge del orden de los tiempos y percepción o no de confianza. Más precisamente en la exacta confianza de que el crecimiento no defraudara el cumplimiento de la misma. Gastar un dinero que no se tiene para cumplir con otro que supuestamente se tendrá. Crecimiento construido con esfuerzo futuro (tomado de antemano) de sus habitantes. Valores tomados de un esfuerzo valuado pero no emitido sino solo en promesas de las que nadie descree.
La deuda pública mundial está en valores récord justo en el momento donde los acontecimientos deberían dar como resultado una proclive baja de confianza (más precisamente un aumento de preocupación). No se trata de guerras, más bien del acomodamiento incierto del tablero con cuestiones emergentes rompiendo la inercia que hasta hace poco (2 años) parecía mantenerlo todo estanco. El triunfo de un gobierno demócrata en EEUU quizás así lo hubiera hecho como también hubiera propiciado la continuidad de la cómoda cadencia a ser rebasados como potencia en la que estaban inmersos. La mayor deuda pública mundial (la de EEUU), hoy se condice con las mayores apuestas de crecimiento y las mismas posiblemente estén impulsadas por ese cambio de tablero que rompió con la postura anodina dejada por la administración demócrata. Trump ha hecho todo mal para que finalmente todo sea distinto a lo mal que marchaba la cosa y lo ha logrado. El desarrollo tecnológico se encuentra en una situación análoga a cuando los Rockefeller arremetían desde el petróleo, hoy una nueva monstruosidad de lunáticos (iluminados) está llevando la tecnología a un salto casi a otra dimensión. La deuda pública podrá seguir siendo ampliada. La taiwanisacion emprendida por Elon Musk marcará las distancias tanto temporales como geográficas con el pasado. El imposible acaba de ser descendido de escala y el futuro traído al presente.
Resulta sumamente curioso que justo en este preciso instante donde el futuro promete pagar todas las cuentas Argentina se haya convertido en uno de los únicos 5 países con equilibrio fiscal intentando deshipotecar su futuro. Aunque la razón es sencilla y absolutamente correcta. Los destiempos en Argentina son una suma de adoraciones a un pasado del pasado y la confianza era en ese ecosistema de cinismo una insignia de ingenuidad.
Presentaron este fin de semana el ranking de las monedas nacionales más caras respecto al dólar estadounidense.
El primer lugar obtuvo el dinar kuwaití (3,25 dólares) gracias a la orientación de Kuwait hacia las exportaciones de petróleo. Además, desde 2007 la moneda de este pequeño país ubicado en el golfo Pérsico está vinculada a una cesta multidivisa y no al dólar.
Así, de acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas kuwaití, en el año fiscal 2022-2023 el porcentaje de los ingresos por el rubro del petróleo alcanzó el 92,7 % de los beneficios totales del Estado, obteniendo más de 26.700 millones de dinares (unos 87.000 millones de dólares).
El podio lo completan el dinar de Bahréin (2,65 dólares) y el rial de Omán (2,60 dólares) que tienen el tipo de cambio fijo frente a la divisa estadounidense. Esos dos países se centran en la extracción y el refinado de crudo. En el cuarto puesto se sitúa el dinar jordano (1,41 dólares), que también tiene el tipo de cambio fijo, pero la principal fuente de ingresos de Jordania es la exportación de fertilizantes.
La lista sigue con la libra esterlina (1,27 dólares) y el dólar de las Islas Caimán (1,2 dólares). Cabe destacar que esta última moneda ha sido fijada a la divisa estadounidense y las propias islas representan una importante zona extraterritorial con incentivos fiscales, donde las empresas están exentas de contabilidad y presentación de informes.
Completan la clasificación el franco suizo (1,13 dólares), el euro (1,09 dólares), el propio dólar estadounidense y el dólar canadiense (0,74 dólares).
En verdad hace décadas que nuestra dirigencia política ante un proceso inflacionario que se come literalmente nuestros ingresos y que en consecuencia nos empobrece cada vez más; como no saben, no pueden, o no quieren tomar las medidas económicas correctas, cobardemente manipulan los fondos aportados que se supone deben ser para los jubilados, y lo hacen de manera absolutamente irresponsable. Pareciera el Estado ignorar que los aportes, son importes PRIVADOS de los aportantes, que se les descuentan por lo menos durante 30 años de actividad, o más, de sus haberes, tal como aún sigue ocurriendo con los trabajadores en actividad: los futuros jubilados.
Pero la verdad es, y aunque nos pese, que los jubilados dependemos de la “buena voluntad” del Gobierno de turno, que es en definitiva quién decide nuestro reajuste salarial. Pero, como es de público conocimiento, dicho reajuste además de tardío, es claramente insuficiente. Y así fue siempre, con todos los gobiernos, agravado seguramente durante los 4 años del último gobierno, y multiplicado en los últimos meses de diciembre de 2023, con la devaluación y liberación de precios, disparando la inflación a un 25%, y en enero 2024 a un 20% promedio, por lo cual el salario jubilatorio ya tuvo en estos dos meses una pérdida del 45% de su poder adquisitivo. Política de achatamiento salarial que particularmente afecta a los “jubilados aportantes”, que ganan unos pocos pesos más que los “jubilados de la mínima”, ¡como si cobraran jubilaciones de privilegio!
De nuevo, en particular los jubilados hemos aportado durante 30 años, o más, desde nuestros bolsillos, fruto de nuestro trabajo, mes a mes, al sistema jubilatorio, y sin pedirle nada al Estado, corresponde en consecuencia que se termine con esta actitud expoliadora hacia quienes trabajan o producen, y decida presentar un plan reparador que suplemente los haberes hasta que estos recobren el valor que deberían tener acorde al promedio de aportes DEBIDAMENTE actualizados.
Finalmente, y reiterando lo que un jubilado subió al Facebook ayer 12/02/24, y que por supuesto he compartido, ahora lo reenvío por este otro medio:
“El jubilado no debe pedir tarjeta alimentar o bono, debe EXIGIR que se le pague lo que le corresponde, (según el promedio real de sus aportes), NO somos mendigos“…
Se quiere creer que la principal motivación inicial de la mayoría de las personas que se involucran en la política ya sea a nivel local o nacional, es el deseo genuino de mejorar la vida de los habitantes de la nación.
Los problemas comienzan cuando los candidatos elegidos, descubren que la tarea es mucho más difícil de lo que parecía al principio. Entonces como funcionarios prontamente aprenden a usar el sistema para hacer sus vidas y la de sus familias más fáciles. Si se pueden cambiar las cosas, y ayudar a otros en el camino sin interrumpir sus objetivos personales, bien, pero -y llámennos cínicos si quieren- para la gran mayoría de los políticos, el seguimiento servil de la ideología de ‘su’ partido y el deseo de abultar sus propias cuentas bancarias, es más fuerte que pensar en ahorrar el dinero de los contribuyentes. En el Congreso de la Nación tenemos un ejemplo palpable y permanente.
Milei y su fracaso: las promesas, la crisis y el costo del ajuste
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Nota periodística de análisis político y económico | ArgentinaJavier Milei llegó a la presidencia argentina con una promesa contundente: terminar con décadas de inflación, reducir el peso del Estado, eliminar los privilegios de la política y devolverle al país la posibilidad de crecer. Su discurso conquistó a millones de ciudadanos cansados de las crisis económicas, la pérdida del poder adquisitivo y la desconfianza hacia los partidos tradicionales.
Pero gobernar es mucho más difícil que denunciar los errores de los gobiernos anteriores. La pregunta central es si Milei está logrando transformar la economía argentina o si el costo social de su programa está poniendo en duda las promesas con las que llegó al poder.
Para evaluar su gestión, hay que examinar tanto sus resultados como sus contradicciones: la inflación, los salarios, el empleo, la pobreza, las cuentas públicas y la capacidad del país para construir un crecimiento duradero.
La inflación bajó, pero la batalla no terminó
Uno de los principales argumentos de Milei es que recibió una economía al borde del colapso y consiguió reducir drásticamente la inflación. En ese punto, los resultados no pueden ignorarse: la inflación interanual, que había superado el 200 % hacia fines de 2023, descendió considerablemente durante su gestión.
Sin embargo, controlar la velocidad con la que aumentan los precios no significa que estos vuelvan a sus niveles anteriores. Para millones de argentinos, el problema cotidiano sigue siendo cómo pagar el alquiler, comprar alimentos, afrontar las tarifas de electricidad y gas y llegar a fin de mes.
En septiembre de 2026, la inflación mensual fue del 1,9 %, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4 %. El dato mostró una desaceleración considerable respecto de los niveles de 2023, pero también evidenció que el objetivo de una inflación prácticamente nula todavía estaba lejos.
El Gobierno puede presentar esta reducción como un logro. Sus críticos, en cambio, señalan que el alivio monetario no alcanza si los ingresos familiares no crecen al mismo ritmo que los gastos.
La pobreza: el punto más delicado
La pobreza constituye uno de los indicadores más difíciles para evaluar el éxito del programa económico.
Según los datos del INDEC difundidos en septiembre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3 % de la población durante el primer semestre de 2026, frente al 28,2 % del período anterior. La indigencia también aumentó, del 6,3 % al 7,5 %.
Estas cifras deben analizarse en perspectiva. La pobreza había aumentado considerablemente durante la primera etapa del ajuste y después había descendido, por lo que el resultado reciente no elimina las mejoras anteriores. Pero su nuevo incremento representa una señal de alarma.
El problema es que una recuperación macroeconómica puede tardar en llegar a los hogares. Si los salarios pierden capacidad de compra, las jubilaciones resultan insuficientes y las familias se endeudan para pagar gastos básicos, la estabilidad fiscal pierde parte de su atractivo social.
Un gobierno no puede medir su éxito exclusivamente por las cuentas del Tesoro. También debe observar si las personas pueden vivir con dignidad.
El ajuste fiscal y su costo social
Milei convirtió el equilibrio fiscal en el centro de su programa. Su administración redujo gastos, recortó subsidios y modificó distintas políticas estatales. El Fondo Monetario Internacional destacó los avances fiscales y la fuerte reducción de la inflación, así como el descenso inicial de la pobreza después de los niveles críticos de 2024.
Pero el ajuste no afecta a todos de la misma manera.
Cuando disminuyen los subsidios, aumentan las tarifas que pagan los usuarios. Cuando se reducen determinadas partidas públicas, pueden resentirse obras, servicios y transferencias. Y cuando la actividad económica pierde fuerza, los comercios y las pequeñas empresas pueden sufrir una caída de sus ventas.
La discusión no consiste en afirmar que todo gasto estatal debe mantenerse ni que cualquier recorte es perjudicial. La cuestión es qué se recorta, qué se protege y qué capacidad tiene la economía para generar nuevos empleos e ingresos.
Si el equilibrio fiscal se consigue a costa de debilitar la infraestructura, la educación, la salud o la producción, el beneficio inmediato podría verse limitado por consecuencias de largo plazo. Si, por el contrario, se combina con inversiones y crecimiento sostenido, puede contribuir a una estabilidad más duradera.
El empleo y la economía real
Otro desafío es convertir la estabilidad financiera en actividad productiva.
La economía argentina tiene sectores con perspectivas favorables, como la energía, la minería y determinadas exportaciones agropecuarias. Pero esas actividades no generan automáticamente suficientes empleos para compensar las dificultades de la industria, la construcción y numerosos comercios.
En su revisión de mayo de 2026, el FMI advirtió que la actividad y el empleo habían perdido dinamismo desde mediados de 2025. También señaló que el desempleo había llegado aproximadamente al 7,5 % al cierre de ese año.
El interrogante es si el modelo económico conseguirá extender los beneficios más allá de los sectores exportadores y atraer inversiones que generen puestos de trabajo estables.
Una economía puede mostrar superávit fiscal y, al mismo tiempo, tener empresas que cierran, trabajadores que pierden ingresos y jóvenes que no encuentran oportunidades. Para que la recuperación sea socialmente sólida, ambas dimensiones deben mejorar.
¿Fracasó Milei?
La respuesta depende de qué promesa se evalúe y del período considerado.
Si el criterio es reducir la inflación y eliminar el déficit fiscal, su gestión presenta avances importantes reconocidos incluso por el FMI. Si el criterio es garantizar una mejora continua del nivel de vida, los datos recientes de pobreza y empleo muestran resultados insuficientes y retrocesos que el Gobierno debe explicar.
También hay que considerar que Milei heredó problemas estructurales acumulados durante décadas. Pero esa herencia no puede convertirse en una justificación permanente: después de asumir el poder, un presidente debe responder por los resultados de sus propias decisiones.
El Gobierno sostiene que el sacrificio actual permitirá una economía más estable y competitiva. Sus críticos cuestionan la distribución de los costos y advierten que el crecimiento todavía no alcanza para resolver las dificultades de amplios sectores sociales.
Ambas afirmaciones deben contrastarse con datos concretos, no solamente con discursos políticos.
Conclusión: la promesa pendiente
El aumento reciente de la pobreza, las dificultades del empleo y la pérdida de capacidad adquisitiva de numerosos hogares plantean una pregunta fundamental: ¿cuándo comenzarán los beneficios de la transformación a sentirse de manera sostenida en la vida cotidiana?
Llamar «fracaso» a toda su gestión sería ignorar avances verificables. Presentarla como un éxito definitivo también sería prematuro mientras millones de personas continúen enfrentando dificultades económicas.
El verdadero veredicto sobre Milei dependerá de si consigue transformar el ajuste en prosperidad, la estabilidad en inversión y el crecimiento en empleos y mejores salarios. Los resultados fiscales pueden comprar tiempo; solo una mejora sostenible de las condiciones de vida podrá justificar, ante la sociedad, el costo de ese tiempo.
El Megacanje: el escándalo financiero que dejó una pesada herencia en la Argentina
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En 2001, mientras el país se hundía en la recesión, el gobierno de Fernando de la Rúa impulsó una gigantesca operación para postergar vencimientos de la deuda pública. El mecanismo terminó bajo investigación judicial por presuntas irregularidades, elevadas comisiones y posibles beneficios para entidades financieras. Fue uno de los episodios más controvertidos de la historia económica argentina.
Una economía al borde del abismo
El régimen de convertibilidad, establecido en 1991, mantenía una paridad fija de un peso por dólar. Durante años había contribuido a frenar la inflación, pero también limitaba las herramientas disponibles para responder a una economía cada vez más debilitada.
La deuda pública se había convertido en una carga difícil de sostener. El Gobierno necesitaba dinero para cumplir los vencimientos y mantener la confianza de los mercados. En ese contexto, las autoridades presentaron distintas iniciativas financieras como instrumentos para evitar el colapso.
Una de ellas fue el llamado Blindaje, anunciado en 2000. La otra, implementada en 2001, pasó a la historia como el Megacanje.
¿En qué consistió el Megacanje?
La operación consistió en intercambiar títulos de deuda que vencían en el corto plazo por nuevos bonos con vencimientos más lejanos. La intención oficial era aliviar las obligaciones inmediatas del Tesoro y ganar tiempo para estabilizar la economía.
En términos sencillos, el Estado buscaba dejar de pagar determinadas deudas en el presente a cambio de comprometerse a pagar otras más adelante. Pero los nuevos instrumentos incluían condiciones financieras que podían resultar más costosas.
El canje se realizó durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía, bajo la presidencia de De la Rúa. Participaron bancos nacionales e internacionales que intervinieron en la estructuración y colocación de los nuevos títulos.
La operación alcanzó un volumen cercano a los 30.000 millones de dólares en títulos involucrados, según distintas reconstrucciones económicas. Aunque logró postergar vencimientos, no resolvió los problemas estructurales que afectaban a la economía argentina.
El interrogante central era si el alivio inmediato justificaba los costos futuros y las comisiones abonadas a las entidades financieras.
Las sospechas y la investigación judicial
Con el tiempo, el Megacanje se convirtió en objeto de una investigación penal. Las sospechas se concentraron en la forma en que se organizó la operación, la selección de los bancos participantes, las comisiones y las condiciones financieras acordadas.
En junio de 2014, la Procuración General de la Nación informó que el fiscal Germán Moldes había solicitado revisar los sobreseimientos dictados a favor de varios imputados. El fiscal cuestionó el procedimiento y sostuvo que determinados funcionarios podrían haber favorecido intereses privados en perjuicio del Estado.
Entre los nombres vinculados a la causa figuraban Domingo Cavallo, el exsecretario de Finanzas Daniel Marx y otros funcionarios que participaron en distintas etapas de la operación. También fue investigado el banquero estadounidense David Mulford, relacionado con el armado financiero.
Es importante establecer una distinción: las acusaciones fiscales y los procesamientos no equivalen por sí solos a una condena definitiva. El caso atravesó distintas instancias judiciales, por lo que cualquier afirmación sobre responsabilidades penales debe ajustarse a las resoluciones correspondientes.
Lo que sí quedó documentado es que la operación generó cuestionamientos institucionales sobre la transparencia de las negociaciones y el papel de los bancos en una decisión que comprometía recursos públicos durante muchos años.
¿Quiénes ganaron y quiénes pagaron?
El debate sobre el Megacanje no se limita a sus aspectos jurídicos. También se relaciona con la distribución de los beneficios y los costos de las políticas económicas.
Los bancos participantes cobraron comisiones por su intervención. El Estado, por su parte, consiguió postergar vencimientos, pero aceptó nuevas obligaciones financieras. Para los críticos de la operación, el alivio temporal no compensó el costo de refinanciar la deuda en condiciones desfavorables.
La ciudadanía terminó enfrentando las consecuencias de una crisis que se profundizó durante 2001. El desempleo, la caída de los ingresos y la incertidumbre financiera golpearon a millones de familias.
No puede atribuirse toda la crisis al Megacanje: el deterioro económico tenía raíces anteriores y múltiples causas. Sin embargo, la operación se convirtió en un símbolo de las decisiones tomadas cuando el margen de maniobra del Gobierno era cada vez menor.
El corralito y el estallido de diciembre
A fines de 2001, la crisis financiera desembocó en el llamado corralito, que restringió la disponibilidad de dinero depositado en los bancos. La medida provocó indignación entre ahorristas que no podían disponer libremente de sus fondos.
Las protestas crecieron, la situación social se deterioró y el 19 y 20 de diciembre se produjeron jornadas de violencia y represión. De la Rúa renunció el 20 de diciembre, en medio de una crisis política extraordinaria.
Poco después, la Argentina declaró la suspensión de pagos de una parte sustancial de su deuda pública. El default de 2001 quedó registrado como uno de los mayores incumplimientos soberanos de la época.
El Megacanje no fue el único responsable de ese desenlace, pero formó parte de una secuencia de decisiones que no consiguió restablecer la confianza ni devolver al país una senda sostenible de crecimiento.
Más de dos décadas después, el Megacanje continúa siendo un caso relevante para discutir la responsabilidad de los funcionarios, la supervisión de las operaciones financieras y la relación entre el Estado y las entidades privadas.
Una reestructuración de deuda no constituye, por sí misma, un delito. Puede ser una herramienta legítima para evitar un incumplimiento desordenado. La cuestión aparece cuando se investigan posibles irregularidades, conflictos de intereses o condiciones que perjudican injustificadamente al erario público.
El caso también demuestra la importancia de contar con controles independientes, información transparente y evaluaciones rigurosas antes de comprometer recursos públicos.
La Argentina ha atravesado numerosos ciclos de endeudamiento, crisis y renegociaciones. La lección del Megacanje no consiste en afirmar que toda deuda es una estafa, sino en exigir que las decisiones financieras se expliquen, se controlen y se sometan a la ley.
Cuando una operación se realiza en nombre de millones de ciudadanos, sus costos no pueden quedar ocultos detrás de tecnicismos financieros. La responsabilidad pública exige que los beneficios, los riesgos y las consecuencias sean examinados con el mismo rigor.
El Megacanje quedó asociado a una época de derrumbe económico y desconfianza institucional. Su historia recuerda que las grandes cifras pueden esconder decisiones con efectos concretos sobre el empleo, los ahorros y el futuro de un país.
Trump promete pagos de $5,000 si el Partido Republicano gana las elecciones de medio término: ¿Es legal?
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El pago de $5,000 casi con seguridad requeriría la autorización y financiación del Congreso. La cuestión legal más interesante es si prometerlo condicionado a una victoria republicana viola la ley electoral federal.
El 9 de septiembre, Trump anunció que cada ciudadano estadounidense adulto recibiría un “Dividendo Trump” de $5,000 si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término del 3 de noviembre. No explicó con exactitud cómo se financiaría ni se administraría. Se estima que el costo sería de entre $1.2 y $1.35 billones.
¿Es un esquema ilegal de compra de votos?
Probablemente no, según la ley federal vigente, de acuerdo con la forma en que Trump lo describió.
La distinción crucial es que Trump no dijo:
“Vote republicano y recibirá $5,000”.
En cambio, la propuesta consiste en que todos los adultos elegibles reciban el dinero si ganan los republicanos, aparentemente independientemente de si votaron, votaron por los republicanos, votaron por los demócratas o no votaron.
Esta distinción es importante. Expertos legales citados por Associated Press afirmaron que la propuesta no constituiría soborno porque el pago no está condicionado al voto de la persona.
Si la promesa fuera, en cambio, “Vote por mí/el candidato republicano y le daré personalmente 5000 dólares”, eso plantearía un problema mucho más grave en materia de derecho electoral.
Pero Trump no puede simplemente ordenar al Tesoro que envíe los cheques.
El gobierno federal normalmente no puede gastar más de lo que el Congreso ha asignado. Por lo tanto, un programa que cueste más de un billón de dólares requeriría legislación del Congreso u otra fuente legal de autoridad y financiación. AP informa que se requeriría la aprobación del Congreso.
Y existe un enorme problema de financiación. Incluso si los aranceles generaran ingresos sustanciales, las estimaciones actuales indican que la recaudación arancelaria no se acercaría ni de lejos a proporcionar más de un billón de dólares en un solo programa de pagos.
El vicepresidente JD Vance también ha sugerido que los estadounidenses adinerados podrían quedar excluidos, lo que significa que la descripción inicial de Trump —todo ciudadano adulto— podría cambiar sustancialmente.
La distinción entre derecho constitucional y electoral
En realidad, hay tres preguntas distintas:
Pregunta Evaluación actual
¿Puede Trump prometer un programa así? Sí, como propuesta política.
¿Es automáticamente ilegal por haberlo vinculado a una victoria republicana? Probablemente no.
¿Puede Trump enviar unilateralmente cheques de 5000 dólares? No, no sin la autorización y financiación legal del Congreso.
Por lo tanto, la propuesta no se caracteriza mejor como un soborno obviamente ilegal. El problema inmediato es si el Congreso lo autorizaría, de dónde provendría el dinero y si el programa podría implementarse legalmente en los términos descritos por Trump. Reuters también informa que la legalidad y la logística siguen sin estar claras.
Existe además una importante cuestión político-económica: distribuir más de un billón de dólares podría aumentar el endeudamiento federal y potencialmente generar presión inflacionaria, dependiendo de cómo se financie y cómo responda la economía.
En resumen: la promesa de Trump, por el simple hecho de estar condicionada a una victoria electoral republicana, no constituye claramente un plan ilegal de compra de votos. Sin embargo, la promesa no implica que los cheques puedan emitirse realmente. El Congreso tendría que establecer el programa y proporcionar un mecanismo de financiación legal, y los detalles podrían enfrentar nuevos desafíos legales.
El impulso menos pensado
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Casi todo el planeta está endeudado ¿Qué deuda? Publica…
Esa vieja conocida nuestra. Nuestro mal, pero a su vez el impulso de muchos otros (aunque cabe aclarar, no solo es nuestro mal)
Un resorte apretado y forzado, listo para empujar y ser vuelto a apretar. El constante acreedor, el menos pensado, el propio futuro de cada uno de esos países, esquilmado o requerido (según sea el caso) a través de sus bancos centrales, reservas federales o directamente sus propios ciudadanos. A algunos el futuro les redituará una amplia devolución, a otros simplemente el esfumado de ese propio futuro.
La deuda pública mundial está en valores récord justo en el momento donde los acontecimientos deberían dar como resultado una proclive baja de confianza (más precisamente un aumento de preocupación). No se trata de guerras, más bien del acomodamiento incierto del tablero con cuestiones emergentes rompiendo la inercia que hasta hace poco (2 años) parecía mantenerlo todo estanco. El triunfo de un gobierno demócrata en EEUU quizás así lo hubiera hecho como también hubiera propiciado la continuidad de la cómoda cadencia a ser rebasados como potencia en la que estaban inmersos. La mayor deuda pública mundial (la de EEUU), hoy se condice con las mayores apuestas de crecimiento y las mismas posiblemente estén impulsadas por ese cambio de tablero que rompió con la postura anodina dejada por la administración demócrata. Trump ha hecho todo mal para que finalmente todo sea distinto a lo mal que marchaba la cosa y lo ha logrado. El desarrollo tecnológico se encuentra en una situación análoga a cuando los Rockefeller arremetían desde el petróleo, hoy una nueva monstruosidad de lunáticos (iluminados) está llevando la tecnología a un salto casi a otra dimensión. La deuda pública podrá seguir siendo ampliada. La taiwanisacion emprendida por Elon Musk marcará las distancias tanto temporales como geográficas con el pasado. El imposible acaba de ser descendido de escala y el futuro traído al presente.
Resulta sumamente curioso que justo en este preciso instante donde el futuro promete pagar todas las cuentas Argentina se haya convertido en uno de los únicos 5 países con equilibrio fiscal intentando deshipotecar su futuro. Aunque la razón es sencilla y absolutamente correcta. Los destiempos en Argentina son una suma de adoraciones a un pasado del pasado y la confianza era en ese ecosistema de cinismo una insignia de ingenuidad.
Ing. Paul Battistón.
Dinero, dinero, valioso dinero
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El primer lugar obtuvo el dinar kuwaití (3,25 dólares) gracias a la orientación de Kuwait hacia las exportaciones de petróleo. Además, desde 2007 la moneda de este pequeño país ubicado en el golfo Pérsico está vinculada a una cesta multidivisa y no al dólar.
Así, de acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas kuwaití, en el año fiscal 2022-2023 el porcentaje de los ingresos por el rubro del petróleo alcanzó el 92,7 % de los beneficios totales del Estado, obteniendo más de 26.700 millones de dinares (unos 87.000 millones de dólares).
El podio lo completan el dinar de Bahréin (2,65 dólares) y el rial de Omán (2,60 dólares) que tienen el tipo de cambio fijo frente a la divisa estadounidense. Esos dos países se centran en la extracción y el refinado de crudo. En el cuarto puesto se sitúa el dinar jordano (1,41 dólares), que también tiene el tipo de cambio fijo, pero la principal fuente de ingresos de Jordania es la exportación de fertilizantes.
La lista sigue con la libra esterlina (1,27 dólares) y el dólar de las Islas Caimán (1,2 dólares). Cabe destacar que esta última moneda ha sido fijada a la divisa estadounidense y las propias islas representan una importante zona extraterritorial con incentivos fiscales, donde las empresas están exentas de contabilidad y presentación de informes.
Completan la clasificación el franco suizo (1,13 dólares), el euro (1,09 dólares), el propio dólar estadounidense y el dólar canadiense (0,74 dólares).
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 18, 2024
EN ARGENTINA, OTRA VEZ …EXPOLIANDO A LOS JUBILADOS
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En verdad hace décadas que nuestra dirigencia política ante un proceso inflacionario que se come literalmente nuestros ingresos y que en consecuencia nos empobrece cada vez más; como no saben, no pueden, o no quieren tomar las medidas económicas correctas, cobardemente manipulan los fondos aportados que se supone deben ser para los jubilados, y lo hacen de manera absolutamente irresponsable. Pareciera el Estado ignorar que los aportes, son importes PRIVADOS de los aportantes, que se les descuentan por lo menos durante 30 años de actividad, o más, de sus haberes, tal como aún sigue ocurriendo con los trabajadores en actividad: los futuros jubilados.
Pero la verdad es, y aunque nos pese, que los jubilados dependemos de la “buena voluntad” del Gobierno de turno, que es en definitiva quién decide nuestro reajuste salarial. Pero, como es de público conocimiento, dicho reajuste además de tardío, es claramente insuficiente. Y así fue siempre, con todos los gobiernos, agravado seguramente durante los 4 años del último gobierno, y multiplicado en los últimos meses de diciembre de 2023, con la devaluación y liberación de precios, disparando la inflación a un 25%, y en enero 2024 a un 20% promedio, por lo cual el salario jubilatorio ya tuvo en estos dos meses una pérdida del 45% de su poder adquisitivo. Política de achatamiento salarial que particularmente afecta a los “jubilados aportantes”, que ganan unos pocos pesos más que los “jubilados de la mínima”, ¡como si cobraran jubilaciones de privilegio!
Finalmente, y reiterando lo que un jubilado subió al Facebook ayer 12/02/24, y que por supuesto he compartido, ahora lo reenvío por este otro medio:
“El jubilado no debe pedir tarjeta alimentar o bono, debe EXIGIR que se le pague lo que le corresponde, (según el promedio real de sus aportes), NO somos mendigos“…
Raúl Mario Ermoli Galluppi
Jubilado
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 15, 2024
EL MEJOR NEGOCIO, SER POLÍTICO
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A GASTAR QUE SE ACABA EL MUNDO
Se quiere creer que la principal motivación inicial de la mayoría de las personas que se involucran en la política ya sea a nivel local o nacional, es el deseo genuino de mejorar la vida de los habitantes de la nación.
Los problemas comienzan cuando los candidatos elegidos, descubren que la tarea es mucho más difícil de lo que parecía al principio. Entonces como funcionarios prontamente aprenden a usar el sistema para hacer sus vidas y la de sus familias más fáciles. Si se pueden cambiar las cosas, y ayudar a otros en el camino sin interrumpir sus objetivos personales, bien, pero -y llámennos cínicos si quieren- para la gran mayoría de los políticos, el seguimiento servil de la ideología de ‘su’ partido y el deseo de abultar sus propias cuentas bancarias, es más fuerte que pensar en ahorrar el dinero de los contribuyentes. En el Congreso de la Nación tenemos un ejemplo palpable y permanente.
PrisioneroEnArgentina.com
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Enero 20, 2022