El viernes pasado el nuevo Presidente de la Nación dio su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Mucha expectativa se había generado en torno al mismo, y más allá de que se comparta o no su alocución, lo cierto es que no dijo ni una sola palabra del tema de los derechos humanos. Silencio total.
Como una ironía cruel de la vida, casi al mismo tiempo que el primer mandatorio dirigía su mensaje a la Nación, la Suprema Corte volvía a revocar una prisión domiciliaria en una causa de las denominadas de lesa humanidad, tal como ya lo había hecho a fines de diciembre del año pasado, con otras dos personas.
Consultadas extraoficialmente fuentes cercanas al gobierno, expresan que este tema de los juicios de lesa humanidad no está ni siguiera en consideración de la nueva administración. Incluso algunas, más contundentes, afirman que en algún despacho oficial, de muy alto rango, se habría escuchado: “NOS TIENEN PODRIDOS ESOS VIEJOS DE MIERDA”.
Se comparte obviamente el cierre de oficinas públicas ociosas, creadas únicamente para la militancia de los gobiernos kirchneristas y que devengan un gasto innecesario para el Estado, pero no se entiende porque se mantiene “a full” la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación con todo su aparatoso equipo que también genera inútiles gastos a las arcas públicas. El Estado no solo persigue hechos ocurridos hace ya casi 50 años, en los cuales los máximos responsables ya están todos condenados -inclusivo reiteradas veces-, sino que los persigue a través del Ministerio Publico Fiscal, el cual también se encuentra sobre dimensionado en su plantel de Unidades de Derechos Humanos y gastando dineros públicos a discreción; mientras que los que están ocupados en la investigación del narcotráfico, languidecen por falta de personal y presupuesto.
La verdad, no se comprende porque un gobierno que se asume como anarcocapitalista y que manifiesta abiertamente despreciar a la izquierda y condenar al terrorismo, mantiene para alegría de esa izquierda, a la que proclama aborrecer, este tema, que a su vez le importa “un corno a la población”.
Y es que, aun cuando el león presidencial salga en cadena nacional reivindicando los juicios de lesa humanidad y pregonando el ya desgastado “memoria, verdad y justicia”; los sectores de la izquierda como los nacionales y populares nunca lo votarán y harán todo lo posible para eyectarlo rápidamente del sillón de Rivadavia.
QUIZÁS NO HAY EXPLICACIÓN PARA EXPLICAR LO INEXPLICABLE.
Eso si, el Ministro de Justicia de la Nación, anunció que le quitara la facultad de querellar a la Oficina Anticorrupción en las “causas de corrupción”, afirmando tajantemente que “no va a utilizar la Oficina Anticorrupción con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales y la UIF. Ello viola al principio de igualdad de armas”.
Ahora, este mismo razonamiento no se aplica a las causas denominadas de lesa humanidad ¿No se viola también el principio de igualdad de armas en esas causas, cuando el Estado persigue doblemente a los imputados? ¿No se usa también la Secretaria de Derechos Humanos con fines políticos?
Ante estos interrogantes que no tienen respuesta alguna por parte de los estamentos del nuevo gobierno, parece que la nueva gestión seguirá manteniendo “la doble moral” que han mantenido todos los gobiernos desde el 2004 a la fecha. Mucho cambio cultural, mucho pacto de Mayo; pero en este tema, “pintan” más de lo mismo.
“Celebramos que la Corte haya dejado sin efecto el fallo que le concedía prisión domiciliaria al Exsecretario General del Ejército Eduardo Alfonso, condenado por los crímenes cometidos” , manifestaron Abuelas de Plaza de Mayo.
No entienden o no quiere entender que los juicios denominados de lesa humanidad se rigen por carriles autónomos de la Constitución Nacional, el Código Penal y el Código de Procedimiento. Como una especie de “ley aparte” de cualquier ciudadano común que es sometido a un proceso penal. Mucha predica “anticasta” pero mantienen la “casta de los derechos humanos”. Arengan con discursos alberdianos pero los olvidan en este punto.
Como venimos diciendo, tan solo algunas migajas al respecto. “UN POCO DE MANÍ PARA LOS MONOS, NO MUCHO” me dijo alguien acertadamente hace unos días. Algunos aislados homenajes, algun cambio cosmético para los presos políticos, alguna referencia a las víctimas del terrorismo, pero nada más. Pareciera que el mensaje es: “¿que más quieren?, ¿que acabemos con los juicios?, ¿que los pongamos libres?”.
Todas las señales que bajan desde el gobierno, indica que todo cambia para que nada cambie en este raído tema. Los juicios continúan, los pedidos de perpetua se multiplican y aún continuamos discutiendo si el agua moja, gastando chorros de tinta en si un anciano de 70 años debe estar en la cárcel o no. Ni el Ministerio de Seguridad, que ahora tiene a cargo el Servicio Penitenciario Federal, ha hecho algo al respecto.
En fin, no es intención de esta columna ser pesimista, pero el tiempo sigue pasando inexorablemente y por ahora es “SIGA PARTICIPANDO”.
Parafraseando al estrafalario, emblemático, atractivo y absurdo comediante norteamericano GROUCHO MARX cuando dijera su célebre frase “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”, la justicia federal argentina, aplica sus mismas lógicas en las sentencias. Así si a la fiscalía, querellantes particulares, estatales, y organismos radicalizados de derechos humanos no le agradan una sentencia la cambian por otra para lo cual transcurrirán largos tiempos judiciales. En este caso las víctimas resultaron ser los militares EDUARDO ALFONSO y RAFAÉL LÓPEZ FADER. A estos el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín en noviembre del año pasado les había otorgado la libertad luego de condenar a 4 años de prisión, ya cumplidos, al primero y absuelto al segundo. Apelada la sentencia por considerarse “vergonzosa” la Cámara de Casación Penal II la anuló con los votos de los inefables “jueces” ALEJANDRO SLOKAR y MARIANO BORINSKY disponiendo que se dicte una nueva sentencia. Ahora a recapitular buscando penas que conformen, como siempre solo a una de las partes, esa que representa a la que atacó el país y asesinó hombres, mujeres y niños a mansalva en los años 60 y 70 del siglo pasado. La imparcialidad, la Constitución y las leyes vigentes, bien gracias.
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
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“Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la Constitución te ampara,
la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda.”
Joan Manuel Serrat (l943- )
La Sala II del máximo tribunal penal federal del país dictó sentencia en un tramo de la megacausa “Campo de Mayo”
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Mariano H. Borinsky, rechazó el recurso de la defensa de Eduardo Alfonso e hizo lugar -por mayoría- a aquellos deducidos por el Ministerio Público Fiscal, la querella constituida por Juliana Inés García y Asociación Civil “Abuelas de Plaza de Mayo”, los querellantes Juana, Manuel y Diego Muniz Barreto y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín. Asimismo, se declaró desierto el recurso de casación interpuesto por la querella Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación por no haber mantenido tempestivamente.
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López Fader
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Slokar
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Borinsky
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Alfonso
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En esta causa se encuentran acusados el ex general (en ese entonces teniente) Eduardo Alfonso por el allanamiento ilegal a la vivienda de la familia García-Recchia, el homicidio de Domingo Antonio García y la privación ilegal de la libertad agravada de Beatriz Recchia, quien se encontraba embarazada de cinco meses, y de su pequeña hija de tres años; y el ex capitán Rafael López Fader por el homicidio del diputado Diego Muniz Barreto y el homicidio tentado de Juan José Fernández.
En particular se destacó con citas en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “la duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que ese especial estado de ánimo debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso” por lo que se determinó que “asiste razón a los impugnantes en orden a que la sentencia resulta arbitraria por la omisión de ponderar elementos dirimentes y de responder planteos conducentes de la acusación, arribándose a una absolución infundada”.
En la audiencia celebrada en la causa el pasado miércoles 22 de agosto, la Sala tuvo oportunidad de escuchar a todas las partes incluyendo a las víctimas. En particular, Juliana Inés García manifestó su temor de una nueva fuga del encausado Alfonso y se expresó sobre los sucesos objetos de esta causa y el destino final de sus progenitores. Y Juana Muniz Barreto declaró su temor, como testigo y querellante, por expresiones respecto del destino de las víctimas formuladas por el acusado. Estos extremos fueron destacados especialmente en la decisión, en el sentido que ordenó comunicar en la fecha al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín “con el objeto de que se adopten en la especie aquellas medidas de sujeción para el reaseguro de los fines procesales”.
Ésta resulta ser la novena sentencia dictada por la Sala II por hechos cometidos en Campo de Mayo.
Informe: Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal
APERTURA SESIONES Y SIGA PARTICIPANDO
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El viernes pasado el nuevo Presidente de la Nación dio su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Mucha expectativa se había generado en torno al mismo, y más allá de que se comparta o no su alocución, lo cierto es que no dijo ni una sola palabra del tema de los derechos humanos. Silencio total.
Como una ironía cruel de la vida, casi al mismo tiempo que el primer mandatorio dirigía su mensaje a la Nación, la Suprema Corte volvía a revocar una prisión domiciliaria en una causa de las denominadas de lesa humanidad, tal como ya lo había hecho
a fines de diciembre del año pasado, con otras dos personas.
Consultadas extraoficialmente fuentes cercanas al gobierno, expresan que este tema de los juicios de lesa humanidad no está ni siguiera en consideración de la nueva administración. Incluso algunas, más contundentes, afirman que en algún despacho oficial, de muy alto rango, se habría escuchado: “NOS TIENEN PODRIDOS ESOS VIEJOS DE MIERDA”.
Se comparte obviamente el cierre de oficinas públicas ociosas, creadas únicamente para la militancia de los gobiernos kirchneristas y que devengan un gasto innecesario para el Estado, pero no se entiende porque se mantiene “a full” la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación con todo su aparatoso equipo que también genera inútiles gastos a las arcas públicas. El Estado no solo persigue hechos ocurridos hace ya casi 50 años, en los cuales los máximos responsables ya están todos condenados -inclusivo reiteradas veces-, sino que los persigue a través del Ministerio Publico Fiscal, el cual también se encuentra sobre dimensionado en su plantel de Unidades de Derechos Humanos y gastando dineros públicos a discreción; mientras que los que están ocupados en la investigación del narcotráfico, languidecen por falta de personal y presupuesto.
La verdad, no se comprende porque un gobierno que se asume como anarcocapitalista y que manifiesta abiertamente despreciar a la izquierda y condenar al terrorismo, mantiene para alegría de esa izquierda, a la que proclama aborrecer, este tema, que a su vez le importa “un corno a la población”.
Y es que, aun cuando el león presidencial salga en cadena nacional reivindicando los juicios de lesa humanidad y pregonando el ya desgastado “memoria, verdad y justicia”; los sectores de la izquierda como los nacionales y populares nunca lo votarán y
harán todo lo posible para eyectarlo rápidamente del sillón de Rivadavia.
QUIZÁS NO HAY EXPLICACIÓN PARA EXPLICAR LO INEXPLICABLE.
Eso si, el Ministro de Justicia de la Nación, anunció que le quitara la facultad de querellar a la Oficina Anticorrupción en las “causas de corrupción”, afirmando tajantemente que “no va a utilizar la Oficina Anticorrupción con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales y la UIF. Ello viola al principio de igualdad de armas”.
Ahora, este mismo razonamiento no se aplica a las causas denominadas de lesa humanidad ¿No se viola también el principio de igualdad de armas en esas causas, cuando el Estado persigue doblemente a los imputados? ¿No se usa también la Secretaria de Derechos Humanos con fines políticos?
Ante estos interrogantes que no tienen respuesta alguna por parte de los estamentos del nuevo gobierno, parece que la nueva gestión seguirá manteniendo “la doble moral” que han mantenido todos los gobiernos desde el 2004 a la fecha. Mucho cambio cultural, mucho pacto de Mayo; pero en este tema, “pintan” más de lo mismo.
No entienden o no quiere entender que los juicios denominados de lesa humanidad se rigen por carriles autónomos de la Constitución Nacional, el Código Penal y el Código de Procedimiento. Como una especie de “ley aparte” de cualquier ciudadano común que es sometido a un proceso penal. Mucha predica “anticasta” pero mantienen la “casta de los derechos humanos”. Arengan con discursos alberdianos pero los olvidan en este punto.
Como venimos diciendo, tan solo algunas migajas al respecto. “UN POCO DE MANÍ PARA LOS MONOS, NO MUCHO” me dijo alguien acertadamente hace unos días. Algunos aislados homenajes, algun cambio cosmético para los presos políticos, alguna referencia a las víctimas del terrorismo, pero nada más. Pareciera que el mensaje es: “¿que más quieren?, ¿que acabemos con los juicios?, ¿que los pongamos libres?”.
Todas las señales que bajan desde el gobierno, indica que todo cambia para que nada cambie en este raído tema. Los juicios continúan, los pedidos de perpetua se multiplican y aún continuamos discutiendo si el agua moja, gastando chorros de tinta en si un anciano de 70 años debe estar en la cárcel o no. Ni el Ministerio de Seguridad, que ahora tiene a cargo el Servicio Penitenciario Federal, ha hecho algo al respecto.
En fin, no es intención de esta columna ser pesimista, pero el tiempo sigue pasando inexorablemente y por ahora es “SIGA PARTICIPANDO”.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 4, 2024
ESTAS SON MIS SENTENCIAS. SI NO LE GUSTAN… TENGO OTRAS
LA TRAGICOMEDIA JUDICIAL ARGENTINA
[ezcol_1half]Parafraseando al estrafalario, emblemático, atractivo y absurdo comediante norteamericano GROUCHO MARX cuando dijera su célebre frase “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”, la justicia federal argentina, aplica sus mismas lógicas en las sentencias. Así si a la fiscalía, querellantes particulares, estatales, y organismos radicalizados de derechos humanos no le agradan una sentencia la cambian por otra para lo cual transcurrirán largos tiempos judiciales. En este caso las víctimas resultaron ser los militares EDUARDO ALFONSO y RAFAÉL LÓPEZ FADER. A estos el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín en noviembre del año pasado les había otorgado la libertad luego de condenar a 4 años de prisión, ya cumplidos, al primero y absuelto al segundo. Apelada la sentencia por considerarse “vergonzosa” la Cámara de Casación Penal II la anuló con los votos de los inefables “jueces” ALEJANDRO SLOKAR y MARIANO BORINSKY disponiendo que se dicte una nueva sentencia. Ahora a recapitular buscando penas que conformen, como siempre solo a una de las partes, esa que representa a la que atacó el país y asesinó hombres, mujeres y niños a mansalva en los años 60 y 70 del siglo pasado. La imparcialidad, la Constitución y las leyes vigentes, bien gracias.
Claudio Kussman
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
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[/ezcol_1half_end]La Sala II del máximo tribunal penal federal del país dictó sentencia en un tramo de la megacausa “Campo de Mayo”
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Mariano H. Borinsky, rechazó el recurso de la defensa de Eduardo Alfonso e hizo lugar -por mayoría- a aquellos deducidos por el Ministerio Público Fiscal, la querella constituida por Juliana Inés García y Asociación Civil “Abuelas de Plaza de Mayo”, los querellantes Juana, Manuel y Diego Muniz Barreto y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín. Asimismo, se declaró desierto el recurso de casación interpuesto por la querella Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación por no haber mantenido tempestivamente.
[ezcol_1quarter]López Fader
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Slokar
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Borinsky
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Alfonso
[/ezcol_1quarter_end]En esta causa se encuentran acusados el ex general (en ese entonces teniente) Eduardo Alfonso por el allanamiento ilegal a la vivienda de la familia García-Recchia, el homicidio de Domingo Antonio García y la privación ilegal de la libertad agravada de Beatriz Recchia, quien se encontraba embarazada de cinco meses, y de su pequeña hija de tres años; y el ex capitán Rafael López Fader por el homicidio del diputado Diego Muniz Barreto y el homicidio tentado de Juan José Fernández.
En particular se destacó con citas en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “la duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que ese especial estado de ánimo debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso” por lo que se determinó que “asiste razón a los impugnantes en orden a que la sentencia resulta arbitraria por la omisión de ponderar elementos dirimentes y de responder planteos conducentes de la acusación, arribándose a una absolución infundada”.
En la audiencia celebrada en la causa el pasado miércoles 22 de agosto, la Sala tuvo oportunidad de escuchar a todas las partes incluyendo a las víctimas. En particular, Juliana Inés García manifestó su temor de una nueva fuga del encausado Alfonso y se expresó sobre los sucesos objetos de esta causa y el destino final de sus progenitores. Y Juana Muniz Barreto declaró su temor, como testigo y querellante, por expresiones respecto del destino de las víctimas formuladas por el acusado. Estos extremos fueron destacados especialmente en la decisión, en el sentido que ordenó comunicar en la fecha al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín “con el objeto de que se adopten en la especie aquellas medidas de sujeción para el reaseguro de los fines procesales”.
Ésta resulta ser la novena sentencia dictada por la Sala II por hechos cometidos en Campo de Mayo.
Informe: Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal
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PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 6, 2018