Electa en noviembre de 2023, la alianza libertaria de Javier Milei ha vuelto a poner en la mesa lo que cuarenta años de vida política habían enterrado meticulosamente bajo la alfombra. Influenciado por dos generaciones de ex-revolucionarios castro comunistas, que llegaron al poder tras la Guerra del Atlántico Sur en 1982, el gran país austral está ahora en las riendas de un proyecto republicano decidido en retomar su destino nacional y rectificar urgentemente la situación. Ya era hora, por así decirlo, tras un siglo de continuo declive y una última década particularmente deletérea. El mandato otorgado a la nueva coalición libertaria consiste en barrer un sistema que se ha volcado en una orgía depredadora bajo la apariencia de progresismo y de una seudo-alternancia. La obra ya empezó, aunque con cierta ligereza y contradicciones.
La gran polvareda
Milei
La gran polvareda actual tiene que ver con la revisión de las relaciones establecidas entre el Estado, la clase política y la sociedad. Desde Dic 23 el poder ejecutivo se esforzó en señalar, incluso en instancias internacionales, que el croony capitalism* y la deriva argentina resultan de la conversión del Estado en un factor para absorber la riqueza nacional y enriquecer fraudulentamente a una minoría. El consenso de un Estado liberal e inversor, activo en Argentina desde principios del siglo XX hasta 1976, fue sustituido por un consenso expoliador, responsable de succionar más de la mitad de la riqueza del país, sin reinvertirla en desarrollo.
El sector agroindustrial es el que más reclama por el fin de este orden económico. La actividad agrícola, representando el 70% del valor de las exportaciones y cerca del 90% de la balanza comercial, devuelve más de dos tercios de sus ingresos al Estado en concepto de impuestos1. Es uno de los sectores más gravados en el mundo, sin que ningún otro país vecino, incluidos los regímenes abiertamente socialistas como Bolivia, se atreva a una presión impositiva tan kafkiana. Históricamente, el Estado argentino aumentó gradualmente su gasto del 20% al 50% del PIB, a partir de 1976. Su déficit fiscal, en torno al 16% del PIB en 2023, se ha financiado con deuda y emisión monetaria, así como con una economía más o menos administrada (proteccionismo, presión sobre las empresas, control de precios, nacionalizaciones). Es difícil evitar de mencionar el balance devastador de esta espiral descendente. En 2023 -en un contexto de pobreza que afectaba a 60% de la población- la inflación anual había alcanzado los 200%, mientras el déficit de las finanzas públicas se profundizaba con una deuda exterior creciente y la captura de un tercio del PIB por año, por corrupción.
Restituir la realidad
Kafka
El Presidente Javier Milei tiene todo el mérito por haber desterrado, ante todo con su discurso, este modelo interiorizado durante varias décadas en las entrañas del conformismo político. En una cultura política que había sacralizado el Estado matricialy las formas de arcaísmo que lo galvanizan, el soplo generado por esta gran polvareda ha sido una fuerza central para barajar las cartas políticas e ideológicas. Pero más allá del economicismo imperante, la hemorragia financiera no es la única consecuencia de la codicia ni de la ideología socialista que le subyace. La fractura política y social, propagada desde arriba al conjunto de la sociedad como prolongación de un conflicto más profundo y en sinergia con otras ideologías ofensivas, es un segundo elemento que aún no encuentra correas de transmisión, tras el punto de inflexión de finales de 2023.
Hace cuarenta años la derrota de la Junta Militar por el Reino Unido en la Guerra del Atlántico Sur, abrió una dolorosa brecha. El choque hizo que los antiguos grupos revolucionarios, derrotados en su lucha armada, volvieran a la arena política. Convertidos al manejo partidista del peronismo y de otras formaciones políticas tradicionales, tomaron por asalto la estructura republicana mediante el control gradual del poder judicial, luego mediante la neutralización de las fuerzas armadas y de diversos “territorios” culturales de la Nación(relato nacional, memoria, derechos, reparación histórica). Para lograrlo se beneficiaron de un entorno internacional favorable que, a partir de los años 1980, condicionó su apoyo a la implementación de una agenda progresista que hizo énfasis en el “Estado de Bienestar” (ayudas sociales, agenda onusiana**, derechos laborales, feminismo militante, etc.) y permitió así debilitar al rival del Sur en el marco de la “pax americana”, deseada por Washington. Al final, la conjunción de ambas agendas fijó a dos generaciones políticas en el estatismo parasitario y paralizó al republicanismo.
Gestionar un giro copernicano
Hoy, la situación política se ha invertido. La nueva minoría liderada por “La Libertad Avanza” se ha comprometido en sustituir el modelo fagocitador por un modelo republicano-liberal, frente a una mayoría política que se aferra con uñas y dientes a sus anteriores privilegios y que –paradójicamente– conserva una presencia significativa dentro de la familia gobernante -en primer lugar en el Congreso- que dominará hasta las próximas elecciones legislativas de 2025. El ejecutivo ha declarado que aplicará esta agenda sin concesiones ni gradualismo, preservando al mismo tiempo la seguridad de los más vulnerables. También ha expresado el deseo de reparar las fracturas históricas, pero con una profundidad todavía limitada.
Tres meses después de su investidura, la realidad muestra que la revisión del andamio institucional ha comenzado. La unificación de ministerios va acompañada de una importante cesárea presupuestaria en todos los ámbitos de la administración. La maquinaria especulativa del Banco Central se ha reducido, al igual que la impresión de billetes, que sigue funcionando a medio régimen. La inflación mensual ha bajado a diez puntos, mientras se recuperaron reservas en el Banco Central. El gobierno federal también ha abandonado las subvenciones que disciplinaban el ecosistema de los medios de comunicación, cambio que aún no ocurre en varios estados provinciales.Quedan dos variables importantes: la reactivación de la economía, en particular de las exportaciones y la supresión de la presión fiscal.
Una ambiciosa reforma política -el decreto “Ómnibus” y la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos- se emprendió en paralelo en el Parlamento y con los gobernadores. Su bloqueo a nivel parlamentario era de esperar, dada la presencia mayoritaria de la oposición, pero también por la dificultad del ejecutivo en emplear una posición excesivamente confrontativa. Tema central, los libertarios no cedieron a la tentación del “concesionismo” a ultranza, fuente central de fracasos de los contraproyectos liberales a nivel regional. Las fricciones proceden también del mundo social y sindical, que recurre a tácticas de movilización, huelgas sectoriales y ocupación del espacio público. A ello se suman el activismo criminal, jurídico e informacional, según una dinámica digna de observarse de cerca -dada la práctica aceitada de acción no convencional en las latitudes sudamericanas-.
Levedad y contradicciones
Muchos no se sorprenderán de la resistencia manifestada por una sociedad administrada, que cohabitó durante un largo tiempo con clientelismos de todo tipo. El equipo de gobierno sabe que aún cuenta con un mandato popular intacto y que debe ajustar su puntería en una ventana de oportunidad todavía muy abierta. En este sentido, los libertarios están mostrando una serie de contradicciones que en nada desmerecen su imagen popular, pero cuya continuidad es susceptible de crear serios impasses en su horizonte de reforma.
En primer lugar, el economicismo dominante no ha tomado seriamentenota de la dimensión política subyacente que extiende su dominio mucho más allá del mantenimiento de los privilegios. La matriz dominante sigue siendo la de una gran familia política, empeñada en oponerse al republicanismo, recurriendo a la esfera ilícita y criminal, librando durante cuatro décadas una guerra por el ámbito social contra sus adversarios republicanos. Al igual que en Brasil, las redes criminales y el narcotráfico han aumentado su connivencia con la esfera política, no sólo a través de la permeabilidad natural de las instituciones, sino también mediante complicidades deliberadas. Esta dimensión de concordia social y reconstrucción del aparato de seguridad, aunque bien sintetizada en varias figuras gubernamentales, sólo aparece tímidamente en la agenda oficial. En los años noventa, Carlos Menem se mostró sumamente conciliador al respecto. La experiencia demuestra que posponer este tema tarde o temprano provoca deflagraciones internas.
De hecho, esta cuestión se refleja en la propia composición del gobierno. Varios ministros o secretarios de Estado, tales como Daniel Scioli (secretario de Turismo), Guillermo Francos (ministro del Interior) o Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia), así como otros funcionarios, provienen directamente de la familia política opositora y trabajan para mantener el orden social anterior. Algunos de ellos se han visto implicados en casos de corrupción, su postura oficial tendiendo a limitar la persecución del delito y enmascarar la connivencia implícita entre ambos mundos.
ScioliFrancosCuneo Libarona
El caso de la petrolera YPF es un ejemplo emblemático. Su nacionalización en los años 1990 creó inicialmente una maniobra de corrupción que fue sancionada por los tribunales internacionales a pedido de los mismos accionistas fraudulentos de la empresa. Las multas recientemente definidas -16 millones de dólares- implican ahora el pago de cinco veces el valor nominal de la empresa a los propios actores de la corrupción inicial. Hacer “tabula rasa” de semejante engaño y pasar la factura al resto de la sociedad, crearía una brecha difícilmente manejable en el estado actual del país y en los términos políticos establecidos por la coalición libertaria. Sin embargo, un pacto de silencio parece instalarse con el posible involucramiento de ciertos actores financieros, lejos de ser irreprochables, que apoyaron la campaña de Javier Milei -en particular Eduardo Elsztain2-.
Por último, algunas medidas macroeconómicas muestran un sorprendente grado de complacencia con los marcos de pensamiento anteriores. La subida diferencial de los impuestos -duramente criticada por Javier Milei en su campaña- fue aplicada desde el principio por sus nuevos responsables financieros, a contramano de las lecciones de la historia argentina. Desde el retorno de la democracia los sucesivos gobiernos han demostrado que el aumento de la presión fiscal -en respuesta a la necesidad de estimular la economía- seguía un sesgo meramente ideológico y conducía a un agotamiento, tanto de la recaudación como del sector productivo. Sin embargo, se ha tomado esta dirección paralelamente a un ajuste del gasto público cuyo coste recae en buena parte sobre la población3.
Los libertarios cuentan hoy con el pleno apoyo de la sociedad4, consciente de la dificultad de dar vuelta la página. Cabe esperar -que en un futuro próximo- la pertinencia del mensaje libertario coincida más con una mayor cohesión en su programa.
Aclaraciones y citas:
*Cronny capitalism: Capitalista de amigos.
**Onuciana: significa lo referente o afecto a la O. N. U. y también “onusionar”, “onusionante”, “onusificante”.
Licenciado en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Rennes 1 (Francia) en 1997, François Soulard trabajó por primera vez como director de proyectos para el Consejo Regional Norte-Paso de Calais sobre desarrollo sostenible y educación ambiental. Apasionado de la aventura y joven activista internacionalista, creó la asociación Traversées en 2003 para emprender un viaje itinerante de tres años por todo el mundo, con el objetivo de explorar modos de organización de las sociedades y enfoques del desarrollo. En 2008 se radicó en Argentina y participó de diversos movimientos sociales y asambleas ciudadanas en América Latina, África y Asia, en vinculación con el movimiento Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario.
Los habitantes de este país estamos sufriendo un epidemia de hipocresía infecciosa y contagiosa que encuentra terreno fértil en el escasísimo coeficiente intelectual que padecemos. Casi todos los que llamamos impropiamente “argentinos” (porque es imposible que existan cuando la Argentina no existe más) padecen este morbo.
Según la definición de la Real Academia Española, hipocresía es el “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Y en esa hipocresía se basa un sistema de tiranía “al por menor” en la cual se especializa esta régimen repugnante que padecemos.
Precisamente eso es lo que quiero mostrar con dos ejemplos al parecer intrascendentes, pero significativos en cuanto representan un estado generalizado de la opinión pública actual y de la manera en que el macrismo tiraniza a los individuos sin que lo noten sino aquellos que, por excepción, conservan todavía su amor a las libertades legítimas y la vergüenza de perderlas sin posibilidad alguna de defensa.
El 6/7/2019, se publicó en la sección “Cartas del Lector” de “La Nación una del Dr. Guillermo Moreno Hueyo titulada “Alcoholemia” que decía así:
“Es bien sabido que la expresión non bis in idem significa, jurídica y popularmente, no castigar el mismo delito dos o más veces. “Sin embargo, esta norma de conducta resulta reiteradamente violada en lo que se refiere a la infracción de “alcoholemia en la conducción de móviles”. “Me sucedió con un amigo, con quien compartimos una comida en casa honesta, en la que ingerimos lo habitual en tales circunstancias, como un vaso de whisky y dos o tres de vino. Cuando ofreció llevarme a casa benévolamente, lo detuvieron al efecto del análisis. De él surgieron 0,7 grados de alcohol en sangre, lo que resulta una nimiedad si lo autorizado asciende a 0,5 g. “Sin embargo -y aquí el meollo del relato-, le retuvieron la licencia de conducir, nos hicieron esperar -sin perjuicio de idéntica guarda de nuestras cónyuges- entre tres cuartos y una hora, para averiguar el nombre del fiscal a quien correspondía atender la causa y en tercer lugar, le quitaron el auto, al que prontamente se lo llevó una grúa. Por cierto que, además, debió ir a buscar el móvil al día siguiente y en otro, debió visitar al fiscal, quien elevó la causa a juicio. No describo este último proceso por no aparecer imitando a Kafka.
“¿Cabe semejante castigo -violatorio de análoga perogrullada- por una presunta infracción que no alcanza a ser delito?” “Guillermo Moreno Hueyo”
Poco después, el 9 del mismo mes y en la misma Sección se publicó otra del Ingeniero José Francisco Segarra con igual título y el siguiente texto:
“Con relación a la carta del lector Moreno Hueyo, paso a relatar mi experiencia, donde pongo en evidencia las fallas del sistema de contralor en contra de los automovilistas.
“En mi caso, el control que me efectuaron fue a las 2.30 de la madrugada del 1º de enero de 2018 en la salida de Puerto Madero por la calle Córdoba. Estaba acompañado de mi esposa, mi hija y una abogada amiga.
“El resultado de la medición fue de 0,51 gr/l, prácticamente coincidente con el máximo establecido de 0.50 gr/l. Por mi profesión de ingeniero, conozco que todo instrumento de medición tiene un margen de tolerancia, por lo que insistí en que seguramente yo estaría dentro de ella y que además debía efectuarse una segunda medición de comprobación.
“No entendieron razones y quedamos a pie sin medios de transporte público ni taxis, inexistentes en la madrugada de un 1º de año. Para completar el cuadro, el auto tuve que retirarlo en la playa de acarreo de Sarmiento y Costanera Norte, bajo una lluvia torrencial. En días posteriores tuve que concurrir a la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Allí me presenté provisto del Reglamento de Alcoholímetros del INTI, donde se establece que los etilómetros tienen errores máximos tolerados. Esto demostró que aplicado a mi caso estaba dentro de la tolerancia hasta un valor de 0,567 gr/l.
“Además, el reglamento fija que deben realizarse dos mediciones y el etilómetro tiene que estar sujeto a una verificación periódica que no pudo constatarse. Ante estas evidencias, fui relevado de la multa, pero no de los malos momentos pasados en el inicio del nuevo año. José Francisco Segarra”
Ambas cartas reflejan el sentido común más elemental y la más encomiable propia defensa frente a la prepotencia del Estado que dicta normas tiránicas que afectan a las personas aisladas y sin derecho a réplica, de manera tal que las van restringiendo en el uso de sus libertades legítimas, en este caso, el derecho de transitar libremente por el territorio nacional (art. 10 de la CN).
La ley 24.449 establece que serán sancionados quienes “sean sorprendidos in-fraganti en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales o en su defecto ante la presunción de alguno de los estados anteriormente enumerados, se requiere al tiempo de la retención, comprobante médico o de dispositivo aprobado que acredite tal estado, por el tiempo necesario para recuperar el estado normal. Esta retención no deberá exceder de doce horas”.
La ley no define el “estado de intoxicación alcohólica” que impide manejar un automóvil de manera que los índices que establecen las normas locales para presumir ese “estado” y el uso de aparatos que no tienen ninguna clase de garantía de exactitud son decisiones arbitrarias de funcionarios incompetentes y sin facultades para restringir la garantía de libre tránsito del art. 10 de la CN.
Otro lector, sirviente de la tiranía “al por menor” a la que está dedicado el Estado desde hace un tiempo y, en especial, el macrismo, justificando el atropello que sufrieron los Sres. Moreno Hueyo y Segarra escribió otra carta de lector el 13/7/2019 que dice así:
“En esta columna se expresaron recientemente dos lectores quejándose de las molestias sufridas por conducir con alcohol superior a 0,5 g/l. Como médico sé que al conducir superando esa tasa de alcohol en sangre se modifican los comportamientos y se producen diferentes grados de discapacidad que aumentan los riesgos de ocasionar incidentes con víctimas humanas con responsabilidad penal.
“Banalizar ese límite fisiológico es, por lo menos, desalmado. Pareciera que la antropología de nuestra sociedad considera ese delito como un “descuido ético”, como dijo un político en campaña al referirse a procesos penales en curso. “Carlos Schwartz”
Y ampliando el ataque a los dos dignos ciudadanos, a su vez, el Sr. Norberto Carlos Naso escribió también en la misma Sección:
“En una carta publicada el 6 del corriente, su autor relata que a un amigo suyo le detectaron, en un control de alcoholemia, 0,7 gramos de alcohol en sangre, siendo el máximo permitido de 0,5 gramos. Califica el hecho como una “nimiedad”. La diferencia es del 40%. Aplicando el mismo razonamiento, sería una nimiedad conducir un vehículo a 112 km por hora en la avenida General Paz, cuando el máximo permitido es de 80 km por hora. Esto ayuda a comprender por qué en nuestro país las cifras de muertos y heridos en accidentes de tránsito son alarmantes. “Norberto Carlos Naso.”
El Dr. Schwartz afirma, sin mencionar base científica alguna que “como médico sé que al conducir superando esa tasa de alcohol en sangre se modifican los comportamientos y se producen diferentes grados de discapacidad que aumentan los riesgos de ocasionar incidentes”. Y agrega que eso ocurre “con víctimas humanas con responsabilidad penal”. Creo que el Dr. Schawartz, además de su título de médico debió justificar con alguna cita de autoridad reconocida por qué considera que el 0.50 gr/l de alcohol produce necesariamente esos efectos y cómo sabe que, además de “incidentes” siempre habrá “víctimas humanas con responsabilidad penal”.
Me permito negarle autoridad, al igual que se la niego al funcionario que inventó este sistema, para detener una persona, quitarle el auto y aplicarle una multa, sin dictamen médico como dice la ley 24.449, basado en la PRESUNCIÓN de que hay alcohol superior a un 0,5 g/l en la sangre del conductor. El caso del Ing. Segarra es más grave todavía porque ni siquiera se llegó a establecer con alguna certeza esa presunción.
Dicen lo partidarios de esta norma arbitraria que ese grado de alcohol en la sangre es suficiente para producir una especie de incapacidad de manejar un auto. Y para eso, según dicen ellos mismos, basta un vaso de vino o de cerveza .
Pero yo les pregunto: ¿sólo acusan al alcohol de producir ese resultado? Evidentemente ese es el primer paso para inventar otras causales y llegará el día, en este sistema de “tiranía al por menor”, en que se le quitará el auto a un señor si se le hace un test de “preocupamenia” (exceso de preocupaciones), “pensamenia” (exceso de pensamientos), “miedomenia” (exceso de algún temor que afecta su vida), “idiotemia” (el grado de idiotez que comparte la gran mayoría del pueblo “argentino”, como lo prueba su imbecilidad politica), “viejomenia” (tener más de 70 años o menos, según se le ocurra al funcionario de turno), “hambremenia” (no haber comido suficiente, situación que hoy comparten una gran parte de los habitantes del país), etc., porque todas esas pueden ser causa de igual o mayor “disminución” de la atención del conductor. Pero en materia de inventiva para tiranizar, los mandones de turno no necesitan que se les den ideas.
Todo eso es incentivado por la prensa que “revela” el incremento de los accidentes de tránsito, cuando en realidad es algo normal si se piensa lo angostas que son nuestras rutas, los mal cuidadas que están y los millones que vehículos que circulan. Lo asombroso es que no haya más accidentes. Pero “batir ese parche” es “políticamente correcto” y sirve para justificar las medidas de la “tiranía al por menor”.
A todo eso hay que agregar que pueden también quitarle el auto si consideran que es demasiado viejo (por ejemplo, anterior al año 2005 y si no ha pagado el impuesto de la revisión vehicular que vence todos los años, obligando al infeliz propietario del auto “viejo” a realizar un trámite incómodo y caro sino quiere verse sometido a ese atropello).
En cambio, si el infeliz conductor se topa con un piquete que le impide circular, a pesar de que los que lo realizan comenten cinco delitos en concurso real al hacerlo sin que la Policía los desaloje ni detenga para procesarlos para aplicarles la pena de tres años de cárcel que les cabe, no hay ley autoridad alguna que lo proteja. Todo el peso de la ley cae sobre el individuo aislado. A ese hay que amedrentar y someter a la tiranía “al por menor” que se va construyendo todos los días como una cárcel invisible y de la que ya no queda salvación ni con el “voto castigo” porque todos los candidatos son igualmente tiránicos y los que están en el poder tienen a su disposición el fraude electrónico para asegurarse sus cargos a perpetuidad.
Los Señores Schwartz y Naso, tal vez sin saberlo, son parte de esa psicosis colectiva de la hipocresía que les hace protestar por 32 kms. de la ridícula velocidad máxima de 80kms./h o por 0.50 gr/l de alcohol en la sangre, pero no dicen nada sobre los 518 homicidios de estado cometidos contra los secuestrados políticos víctimas de la “política de Estado de los derechos humanos” y de los otros 2.000 que esperan la muerte detrás de las rejas por obra de jueces prevaricadores.
¡Que alguien se atreva a decirme que esto no es hipocresía, y de las más condenables!
La insoportable levedad de Argentina
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Electa en noviembre de 2023, la alianza libertaria de Javier Milei ha vuelto a poner en la mesa lo que cuarenta años de vida política habían enterrado meticulosamente bajo la alfombra. Influenciado por dos generaciones de ex-revolucionarios castro comunistas, que llegaron al poder tras la Guerra del Atlántico Sur en 1982, el gran país austral está ahora en las riendas de un proyecto republicano decidido en retomar su destino nacional y rectificar urgentemente la situación. Ya era hora, por así decirlo, tras un siglo de continuo declive y una última década particularmente deletérea. El mandato otorgado a la nueva coalición libertaria consiste en barrer un sistema que se ha volcado en una orgía depredadora bajo la apariencia de progresismo y de una seudo-alternancia. La obra ya empezó, aunque con cierta ligereza y contradicciones.
La gran polvareda
La gran polvareda actual tiene que ver con la revisión de las relaciones establecidas entre el Estado, la clase política y la sociedad. Desde Dic 23 el poder ejecutivo se esforzó en señalar, incluso en instancias internacionales, que el croony capitalism* y la deriva argentina resultan de la conversión del Estado en un factor para absorber la riqueza nacional y enriquecer fraudulentamente a una minoría. El consenso de un Estado liberal e inversor, activo en Argentina desde principios del siglo XX hasta 1976, fue sustituido por un consenso expoliador, responsable de succionar más de la mitad de la riqueza del país, sin reinvertirla en desarrollo.
El sector agroindustrial es el que más reclama por el fin de este orden económico. La actividad agrícola, representando el 70% del valor de las exportaciones y cerca del 90% de la balanza comercial, devuelve más de dos tercios de sus ingresos al Estado en concepto de impuestos1. Es uno de los sectores más gravados en el mundo, sin que ningún otro país vecino, incluidos los regímenes abiertamente socialistas como Bolivia, se atreva a una presión impositiva tan kafkiana. Históricamente, el Estado argentino aumentó gradualmente su gasto del 20% al 50% del PIB, a partir de 1976. Su déficit fiscal, en torno al 16% del PIB en 2023, se ha financiado con deuda y emisión monetaria, así como con una economía más o menos administrada (proteccionismo, presión sobre las empresas, control de precios, nacionalizaciones). Es difícil evitar de mencionar el balance devastador de esta espiral descendente. En 2023 -en un contexto de pobreza que afectaba a 60% de la población- la inflación anual había alcanzado los 200%, mientras el déficit de las finanzas públicas se profundizaba con una deuda exterior creciente y la captura de un tercio del PIB por año, por corrupción.
Restituir la realidad
El Presidente Javier Milei tiene todo el mérito por haber desterrado, ante todo con su discurso, este modelo interiorizado durante varias décadas en las entrañas del conformismo político. En una cultura política que había sacralizado el Estado matricial y las formas de arcaísmo que lo galvanizan, el soplo generado por esta gran polvareda ha sido una fuerza central para barajar las cartas políticas e ideológicas. Pero más allá del economicismo imperante, la hemorragia financiera no es la única consecuencia de la codicia ni de la ideología socialista que le subyace. La fractura política y social, propagada desde arriba al conjunto de la sociedad como prolongación de un conflicto más profundo y en sinergia con otras ideologías ofensivas, es un segundo elemento que aún no encuentra correas de transmisión, tras el punto de inflexión de finales de 2023.
Hace cuarenta años la derrota de la Junta Militar por el Reino Unido en la Guerra del Atlántico Sur, abrió una dolorosa brecha. El choque hizo que los antiguos grupos revolucionarios, derrotados en su lucha armada, volvieran a la arena política. Convertidos al manejo partidista del peronismo y de otras formaciones políticas tradicionales, tomaron por asalto la estructura republicana mediante el control gradual del poder judicial, luego mediante la neutralización de las fuerzas armadas y de diversos “territorios” culturales de la Nación (relato nacional, memoria, derechos, reparación histórica). Para lograrlo se beneficiaron de un entorno internacional favorable que, a partir de los años 1980, condicionó su apoyo a la implementación de una agenda progresista que hizo énfasis en el “Estado de Bienestar” (ayudas sociales, agenda onusiana**, derechos laborales, feminismo militante, etc.) y permitió así debilitar al rival del Sur en el marco de la “pax americana”, deseada por Washington. Al final, la conjunción de ambas agendas fijó a dos generaciones políticas en el estatismo parasitario y paralizó al republicanismo.
Gestionar un giro copernicano
Tres meses después de su investidura, la realidad muestra que la revisión del andamio institucional ha comenzado. La unificación de ministerios va acompañada de una importante cesárea presupuestaria en todos los ámbitos de la administración. La maquinaria especulativa del Banco Central se ha reducido, al igual que la impresión de billetes, que sigue funcionando a medio régimen. La inflación mensual ha bajado a diez puntos, mientras se recuperaron reservas en el Banco Central. El gobierno federal también ha abandonado las subvenciones que disciplinaban el ecosistema de los medios de comunicación, cambio que aún no ocurre en varios estados provinciales. Quedan dos variables importantes: la reactivación de la economía, en particular de las exportaciones y la supresión de la presión fiscal.
Una ambiciosa reforma política -el decreto “Ómnibus” y la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos- se emprendió en paralelo en el Parlamento y con los gobernadores. Su bloqueo a nivel parlamentario era de esperar, dada la presencia mayoritaria de la oposición, pero también por la dificultad del ejecutivo en emplear una posición excesivamente confrontativa. Tema central, los libertarios no cedieron a la tentación del “concesionismo” a ultranza, fuente central de fracasos de los contraproyectos liberales a nivel regional. Las fricciones proceden también del mundo social y sindical, que recurre a tácticas de movilización, huelgas sectoriales y ocupación del espacio público. A ello se suman el activismo criminal, jurídico e informacional, según una dinámica digna de observarse de cerca -dada la práctica aceitada de acción no convencional en las latitudes sudamericanas-.
Levedad y contradicciones
Muchos no se sorprenderán de la resistencia manifestada por una sociedad administrada, que cohabitó durante un largo tiempo con clientelismos de todo tipo. El equipo de gobierno sabe que aún cuenta con un mandato popular intacto y que debe ajustar su puntería en una ventana de oportunidad todavía muy abierta. En este sentido, los libertarios están mostrando una serie de contradicciones que en nada desmerecen su imagen popular, pero cuya continuidad es susceptible de crear serios impasses en su horizonte de reforma.
En primer lugar, el economicismo dominante no ha tomado seriamente nota de la dimensión política subyacente que extiende su dominio mucho más allá del mantenimiento de los privilegios. La matriz dominante sigue siendo la de una gran familia política, empeñada en oponerse al republicanismo, recurriendo a la esfera ilícita y criminal, librando durante cuatro décadas una guerra por el ámbito social contra sus adversarios republicanos. Al igual que en Brasil, las redes criminales y el narcotráfico han aumentado su connivencia con la esfera política, no sólo a través de la permeabilidad natural de las instituciones, sino también mediante complicidades deliberadas. Esta dimensión de concordia social y reconstrucción del aparato de seguridad, aunque bien sintetizada en varias figuras gubernamentales, sólo aparece tímidamente en la agenda oficial. En los años noventa, Carlos Menem se mostró sumamente conciliador al respecto. La experiencia demuestra que posponer este tema tarde o temprano provoca deflagraciones internas.
De hecho, esta cuestión se refleja en la propia composición del gobierno. Varios ministros o secretarios de Estado, tales como Daniel Scioli (secretario de Turismo), Guillermo Francos (ministro del Interior) o Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia), así como otros funcionarios, provienen directamente de la familia política opositora y trabajan para mantener el orden social anterior. Algunos de ellos se han visto implicados en casos de corrupción, su postura oficial tendiendo a limitar la persecución del delito y enmascarar la connivencia implícita entre ambos mundos.
El caso de la petrolera YPF es un ejemplo emblemático. Su nacionalización en los años 1990 creó inicialmente una maniobra de corrupción que fue sancionada por los tribunales internacionales a pedido de los mismos accionistas fraudulentos de la empresa. Las multas recientemente definidas -16 millones de dólares- implican ahora el pago de cinco veces el valor nominal de la empresa a los propios actores de la corrupción inicial. Hacer “tabula rasa” de semejante engaño y pasar la factura al resto de la sociedad, crearía una brecha difícilmente manejable en el estado actual del país y en los términos políticos establecidos por la coalición libertaria. Sin embargo, un pacto de silencio parece instalarse con el posible involucramiento de ciertos actores financieros, lejos de ser irreprochables, que apoyaron la campaña de Javier Milei -en particular Eduardo Elsztain2-.
Por último, algunas medidas macroeconómicas muestran un sorprendente grado de complacencia con los marcos de pensamiento anteriores. La subida diferencial de los impuestos -duramente criticada por Javier Milei en su campaña- fue aplicada desde el principio por sus nuevos responsables financieros, a contramano de las lecciones de la historia argentina. Desde el retorno de la democracia los sucesivos gobiernos han demostrado que el aumento de la presión fiscal -en respuesta a la necesidad de estimular la economía- seguía un sesgo meramente ideológico y conducía a un agotamiento, tanto de la recaudación como del sector productivo. Sin embargo, se ha tomado esta dirección paralelamente a un ajuste del gasto público cuyo coste recae en buena parte sobre la población3.
Los libertarios cuentan hoy con el pleno apoyo de la sociedad4, consciente de la dificultad de dar vuelta la página. Cabe esperar -que en un futuro próximo- la pertinencia del mensaje libertario coincida más con una mayor cohesión en su programa.
Aclaraciones y citas:
*Cronny capitalism: Capitalista de amigos.
**Onuciana: significa lo referente o afecto a la O. N. U. y también “onusionar”, “onusionante”, “onusificante”.
1 Retenciones: la Argentina está entre los países del mundo que más presiona fiscalmente al campo y más desalienta las exportaciones (Mar 20). https://www.infobae.com/economia/2020/03/08/retenciones-la-argentina-esta-entre-los-paises-del-mundo-que-mas-presiona-fiscalmente-al-campo-y-mas-desalienta-las-exportaciones/
2 Fabián Spollansky. La mafia judía en Argentina. 2008. Disponible en https://archive.org/details/la-mafia-judia-en-la-argentina-fabian-spollansky-1
3 Informe Económico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal -del 15 Mar 24-. Disponible en https://iaraf.org/index.php/informes-economicos/area-fiscal/560-informe-economico-2024-03-15
4 La imagen de Javier Milei en aumentó en Mar 24, pese a los impactos del ajuste (18 Mar 24). https://www.infobae.com/encuestas/2024/03/18/la-imagen-de-javier-milei-subio-en-marzo-pese-al-impacto-del-ajuste-segun-una-encuesta/
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 21, 2024
EPIDEMIA DE HIPOCRESÍA Y TIRANÍA AL POR MENOR
Los habitantes de este país estamos sufriendo un epidemia de hipocresía infecciosa y contagiosa que encuentra terreno fértil en el escasísimo coeficiente intelectual que padecemos. Casi todos los que llamamos impropiamente “argentinos” (porque es imposible que existan cuando la Argentina no existe más) padecen este morbo.
Según la definición de la Real Academia Española, hipocresía es el “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Y en esa hipocresía se basa un sistema de tiranía “al por menor” en la cual se especializa esta régimen repugnante que padecemos.
Precisamente eso es lo que quiero mostrar con dos ejemplos al parecer intrascendentes, pero significativos en cuanto representan un estado generalizado de la opinión pública actual y de la manera en que el macrismo tiraniza a los individuos sin que lo noten sino aquellos que, por excepción, conservan todavía su amor a las libertades legítimas y la vergüenza de perderlas sin posibilidad alguna de defensa.
El 6/7/2019, se publicó en la sección “Cartas del Lector” de “La Nación una del Dr. Guillermo Moreno Hueyo titulada “Alcoholemia” que decía así:
“Es bien sabido que la expresión non bis in idem significa, jurídica y popularmente, no castigar el mismo delito dos o más veces.
“Sin embargo, esta norma de conducta resulta reiteradamente violada en lo que se refiere a la infracción de “alcoholemia en la conducción de móviles”.
“Me sucedió con un amigo, con quien compartimos una comida en casa honesta, en la que ingerimos lo habitual en tales circunstancias, como un vaso de whisky y dos o tres de vino. Cuando ofreció llevarme a casa benévolamente, lo detuvieron al efecto del análisis. De él surgieron 0,7 grados de alcohol en sangre, lo que resulta una nimiedad si lo autorizado asciende a 0,5 g.
“Sin embargo -y aquí el meollo del relato-, le retuvieron la licencia de conducir, nos hicieron esperar -sin perjuicio de idéntica guarda de nuestras cónyuges- entre tres cuartos y una hora, para averiguar el nombre del fiscal a quien correspondía atender la causa y en tercer lugar, le quitaron el auto, al que prontamente se lo llevó una grúa. Por cierto que, además, debió ir a buscar el móvil al día siguiente y en otro, debió visitar al fiscal, quien elevó la causa a juicio. No describo este último proceso por no aparecer imitando a Kafka.
“¿Cabe semejante castigo -violatorio de análoga perogrullada- por una presunta infracción que no alcanza a ser delito?”
“Guillermo Moreno Hueyo”
Poco después, el 9 del mismo mes y en la misma Sección se publicó otra del Ingeniero José Francisco Segarra con igual título y el siguiente texto:
“Con relación a la carta del lector Moreno Hueyo, paso a relatar mi experiencia, donde pongo en evidencia las fallas del sistema de contralor en contra de los automovilistas.
“En mi caso, el control que me efectuaron fue a las 2.30 de la madrugada del 1º de enero de 2018 en la salida de Puerto Madero por la calle Córdoba. Estaba acompañado de mi esposa, mi hija y una abogada amiga.
“El resultado de la medición fue de 0,51 gr/l, prácticamente coincidente con el máximo establecido de 0.50 gr/l. Por mi profesión de ingeniero, conozco que todo instrumento de medición tiene un margen de tolerancia, por lo que insistí en que seguramente yo estaría dentro de ella y que además debía efectuarse una segunda medición de comprobación.
“No entendieron razones y quedamos a pie sin medios de transporte público ni taxis, inexistentes en la madrugada de un 1º de año. Para completar el cuadro, el auto tuve que retirarlo en la playa de acarreo de Sarmiento y Costanera Norte, bajo una lluvia torrencial. En días posteriores tuve que concurrir a la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Allí me presenté provisto del Reglamento de Alcoholímetros del INTI, donde se establece que los etilómetros tienen errores máximos tolerados. Esto demostró que aplicado a mi caso estaba dentro de la tolerancia hasta un valor de 0,567 gr/l.
“Además, el reglamento fija que deben realizarse dos mediciones y el etilómetro tiene que estar sujeto a una verificación periódica que no pudo constatarse. Ante estas evidencias, fui relevado de la multa, pero no de los malos momentos pasados en el inicio del nuevo año. José Francisco Segarra”
Ambas cartas reflejan el sentido común más elemental y la más encomiable propia defensa frente a la prepotencia del Estado que dicta normas tiránicas que afectan a las personas aisladas y sin derecho a réplica, de manera tal que las van restringiendo en el uso de sus libertades legítimas, en este caso, el derecho de transitar libremente por el territorio nacional (art. 10 de la CN).
La ley 24.449 establece que serán sancionados quienes “sean sorprendidos in-fraganti en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales o en su defecto ante la presunción de alguno de los estados anteriormente enumerados, se requiere al tiempo de la retención, comprobante médico o de dispositivo aprobado que acredite tal estado, por el tiempo necesario para recuperar el estado normal. Esta retención no deberá exceder de doce horas”.
La ley no define el “estado de intoxicación alcohólica” que impide manejar un automóvil de manera que los índices que establecen las normas locales para presumir ese “estado” y el uso de aparatos que no tienen ninguna clase de garantía de exactitud son decisiones arbitrarias de funcionarios incompetentes y sin facultades para restringir la garantía de libre tránsito del art. 10 de la CN.
Otro lector, sirviente de la tiranía “al por menor” a la que está dedicado el Estado desde hace un tiempo y, en especial, el macrismo, justificando el atropello que sufrieron los Sres. Moreno Hueyo y Segarra escribió otra carta de lector el 13/7/2019 que dice así:
“En esta columna se expresaron recientemente dos lectores quejándose de las molestias sufridas por conducir con alcohol superior a 0,5 g/l. Como médico sé que al conducir superando esa tasa de alcohol en sangre se modifican los comportamientos y se producen diferentes grados de discapacidad que aumentan los riesgos de ocasionar incidentes con víctimas humanas con responsabilidad penal.
“Banalizar ese límite fisiológico es, por lo menos, desalmado. Pareciera que la antropología de nuestra sociedad considera ese delito como un “descuido ético”, como dijo un político en campaña al referirse a procesos penales en curso.
“Carlos Schwartz”
Y ampliando el ataque a los dos dignos ciudadanos, a su vez, el Sr. Norberto Carlos Naso escribió también en la misma Sección:
“En una carta publicada el 6 del corriente, su autor relata que a un amigo suyo le detectaron, en un control de alcoholemia, 0,7 gramos de alcohol en sangre, siendo el máximo permitido de 0,5 gramos. Califica el hecho como una “nimiedad”. La diferencia es del 40%. Aplicando el mismo razonamiento, sería una nimiedad conducir un vehículo a 112 km por hora en la avenida General Paz, cuando el máximo permitido es de 80 km por hora. Esto ayuda a comprender por qué en nuestro país las cifras de muertos y heridos en accidentes de tránsito son alarmantes.
“Norberto Carlos Naso.”
El Dr. Schwartz afirma, sin mencionar base científica alguna que “como médico sé que al conducir superando esa tasa de alcohol en sangre se modifican los comportamientos y se producen diferentes grados de discapacidad que aumentan los riesgos de ocasionar incidentes”. Y agrega que eso ocurre “con víctimas humanas con responsabilidad penal”. Creo que el Dr. Schawartz, además de su título de médico debió justificar con alguna cita de autoridad reconocida por qué considera que el 0.50 gr/l de alcohol produce necesariamente esos efectos y cómo sabe que, además de “incidentes” siempre habrá “víctimas humanas con responsabilidad penal”.
Me permito negarle autoridad, al igual que se la niego al funcionario que inventó este sistema, para detener una persona, quitarle el auto y aplicarle una multa, sin dictamen médico como dice la ley 24.449, basado en la PRESUNCIÓN de que hay alcohol superior a un 0,5 g/l en la sangre del conductor. El caso del Ing. Segarra es más grave todavía porque ni siquiera se llegó a establecer con alguna certeza esa presunción.
Dicen lo partidarios de esta norma arbitraria que ese grado de alcohol en la sangre es suficiente para producir una especie de incapacidad de manejar un auto. Y para eso, según dicen ellos mismos, basta un vaso de vino o de cerveza .
Pero yo les pregunto: ¿sólo acusan al alcohol de producir ese resultado? Evidentemente ese es el primer paso para inventar otras causales y llegará el día, en este sistema de “tiranía al por menor”, en que se le quitará el auto a un señor si se le hace un test de “preocupamenia” (exceso de preocupaciones), “pensamenia” (exceso de pensamientos), “miedomenia” (exceso de algún temor que afecta su vida), “idiotemia” (el grado de idiotez que comparte la gran mayoría del pueblo “argentino”, como lo prueba su imbecilidad politica), “viejomenia” (tener más de 70 años o menos, según se le ocurra al funcionario de turno), “hambremenia” (no haber comido suficiente, situación que hoy comparten una gran parte de los habitantes del país), etc., porque todas esas
pueden ser causa de igual o mayor “disminución” de la atención del conductor. Pero en materia de inventiva para tiranizar, los mandones de turno no necesitan que se les den ideas.
Todo eso es incentivado por la prensa que “revela” el incremento de los accidentes de tránsito, cuando en realidad es algo normal si se piensa lo angostas que son nuestras rutas, los mal cuidadas que están y los millones que vehículos que circulan. Lo asombroso es que no haya más accidentes. Pero “batir ese parche” es “políticamente correcto” y sirve para justificar las medidas de la “tiranía al por menor”.
A todo eso hay que agregar que pueden también quitarle el auto si consideran que es demasiado viejo (por ejemplo, anterior al año 2005 y si no ha pagado el impuesto de la revisión vehicular que vence todos los años, obligando al infeliz propietario del auto “viejo” a realizar un trámite incómodo y caro sino quiere verse sometido a ese atropello).
En cambio, si el infeliz conductor se topa con un piquete que le impide circular, a pesar de que los que lo realizan comenten cinco delitos en concurso real al hacerlo sin que la Policía los desaloje ni detenga para procesarlos para aplicarles la pena de tres años de cárcel que les cabe, no hay ley autoridad alguna que lo proteja. Todo el peso de la ley cae sobre el individuo aislado. A ese hay que amedrentar y someter a la tiranía “al por menor” que se va construyendo todos los días como una cárcel invisible y de la que ya no queda salvación ni con el “voto castigo” porque todos los candidatos son igualmente tiránicos y los que están en el poder tienen a su disposición el fraude electrónico para asegurarse sus cargos a perpetuidad.
Los Señores Schwartz y Naso, tal vez sin saberlo, son parte de esa psicosis colectiva de la hipocresía que les hace protestar por 32 kms. de la ridícula velocidad máxima de 80kms./h o por 0.50 gr/l de alcohol en la sangre, pero no dicen nada sobre los 518 homicidios de estado cometidos contra los secuestrados políticos víctimas de la “política de Estado de los derechos humanos” y de los otros 2.000 que esperan la muerte detrás de las rejas por obra de jueces prevaricadores.
¡Que alguien se atreva a decirme que esto no es hipocresía, y de las más condenables!
Cosme Beccar Varela
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Julio 17, 2019