El revisionismo es una corriente ideológica que haciendo uso político de la historia, sin aceptar la actitud crítica y racional de esa disciplina, tiene como objetivo instalar una historia oficial, negando, minimizando o contestando, en el caso argentino, los atentados, secuestros, crímenes, delitos, cometidos por las organizaciones terroristas de los 70. El argumento de los revisionistas detentores de un relato es en la práctica la negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, no reconociendo la responsabilidad de hechos ni su existencia. Los medios de acción utilizados son, la propaganda, la manipulación, la desinformación, reemplazando a la Verdad, la Realidad con argumentos inexistentes o superficiales
– Estos defensores de una tautología ideologizada aprovechan la impresión de una verdad para comunicar falsas ideas, sus argumentos son en realidad un sofisma con la finalidad de inducir en error a la sociedad y la comunidad internacional. Pese a esas mentiras, obtuvieron la decisión política de violar los principios constitucionales, convencionales y los derechos humanos de los actores socio-profesionales que en esa época no integraban los grupos terroristas. Es un crimen de Estado, se violan las obligaciones positivas.
González
En las innumerables acciones que desarrollan las llamadas ONG, militantes de derechos humanos o medios de comunicación como Cels, Madres, Abuelas, Hijos, AEDD, APDH, sitios alternativos, Pagina 12, se puede constatar la utilización del método revisionista, en cuanto buscan invertir roles, responsabilidades, en el sistemático ocultamiento de los hechos históricos, al calificar a los integrantes de las organizaciones terroristas de los 70, como “jóvenes idealistas”, héroes de una resistencia inexistente, pacifistas, humanistas… Otros, avanzan aún más, como el ex montonero Horacio González, quien propuso, de forma cínica e irresponsable, se realice una valoración positiva del terrorismo de los años 70 en Argentina https://www.casppafrance.org/2019/09/el-sr-horacio-gonzalez-y-la-valoracion.html?spref=bl o cuando se decretó por Ley 14910 la historia oficial en la Provincia de Buenos Aires https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2018/03/Ley-14910-Pcia-BsAs.pdf. En el mes de marzo 2019, diputado Guillermo Ricardo Castello, presentó un proyecto de derogación de la ley 14910 (Expte D 851/19-20), que lucha contra ese flagelo https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/19-20D851012019-03-2716-57-46.pdf
– “La verdad es lo real, es lo que se constata, lo que se ve, se escucha, lo que podemos medir nosotros mismos después de haberla aprehendida de manera subjetiva y singular. La verdad se encuentra en la realidad. Es el pensamiento empírico que se basa en lo real para producir la verdad” (Michel Onfray, Théorie de la Dictature, Ed. Robert Laffont, 2019). Pero, sobre todo la verdad no es cierta, verdadera, o realidad, porque lo dice o afirme un grupo político, de expertos o un partido.
La historia no se determina por decisión política o legislativa, borrando el pasado, aboliendo la verdad, suprimiendo la historia objetiva completa, impidiendo el conocimiento de eventos pasados a través de la investigación científica, negando el juicio crítico. La verdad histórica (testimonio de lo real) no la impone ni la crea la subjetividad de testimonios o leyes. Son los historiadores que deben confrontar sus investigaciones, oponer tesis, analizar y validar hechos históricos, pero jamás el Estado puede imponer una dictadura de la historia oficial como dogma porque significaría decretar la muerte de la historia real e ignorar hechos, indultar verdaderos culpables o acusar inocentes reales.
Lejos de ser sinónimas, historia y memoria se oponen diametralmente. La memoria divide, pero de manera profunda “la memoria es la vida en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas y vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, tiende a sacralizar los recuerdos… Por el contrario,la historia es “una representación del pasado”, una operación intelectual que analiza, criba, compara y critica. La historia “pertenece a todos y a nadie, y eso le da una vocación universal”. (Pierre Nora[2])
– El filósofo Tzvetan Todorov recuerda que “hay que utilizar la memoria, no para limitarse a su desgracia y dar lecciones de moral, que es la postura más fácil, sino para ir de su propia desgracia a la desgracia de los demás, y no reclamar para sí el estatus exclusivo de ex víctima. Es más meritorio, luchar contra las injusticias presentes, en la cual podemos buscar la causa en el pasado, en lugar de siempre quejándose de su mala suerte al afirmar que es único, incomparable con la desgracia de los demás”[3]
La justicia, es reconocida como un conjunto de valores esenciales que son pilares de la sociedad y el Estado o de normas codificadas aplicadas por los jueces para impartir justicia, proteger los derechos…Las militantes de derechos humanos no pueden ignorar que “la justicia es un ideal de responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los derechos y la prevención y el castigo de las infracciones. La justicia implica tener en cuenta los derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de la sociedad en su conjunto. La comunidad internacional ha venido colaborando durante más de medio siglo para estructurar en forma colectiva los requisitos sustantivos y procesales de la administración de justicia”[4] .
Castello
Los sucesivos gobiernos desde los años 90, por beneficios políticos y con el apoyo de las mal llamadas asociaciones de derechos humanos, impusieron un relato ucrónico en una Argentina donde reina la confusión, la mentira, la venganza judicial, las ventajas políticas. Así, la sociedad súbitamente se encontró con los mensajeros de los derechos humanos que descendiendo de la montaña traían la falsa verdad de lo ocurrido en los 70: en Argentina jurídicamente no hubo crimen de genocidio, no hay negacionismo, jurídicamente no existe el concepto o delito de Terrorismo de Estado que es una definición política e ideológica, el número de 30000 desaparecidos no tiene validación jurídica ni empírica…
El revisionismo busca imponer una verdad política-ideológica, prohíbe la confrontación democrática, histórica, jurídica de hechos existentes, politiza la historia, fomenta el odio, la injusticia, la mentira. Crea un enemigo, busca controlar el pasado para controlar el presente y el futuro donde la moral remplace la historia y la justicia. Ese proyecto viola principios constitucionales, convencionales, el principio de libertad de expresión, de opinión, de pensar libremente sus ideas, censura toda actividad de investigación e interpretación histórica. Es una violación a los derechos humanos. Paris, 30 septiembre 2019. CasppaFrance.
La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María E Vidal juega con los derechos humanos, por su silencio e inacción no garantiza las Obligaciones Positivas y es responsable de la violación de los derechos que dice defender a numerosos (reales) Prisioneros Políticos. La presentación del diputado Castello, requiere el apoyo de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Paris,19 junio 2019, CasppaFrance
Un proyecto de ley intenta derogar una norma bonaerense de 2017 que obliga a las comunicaciones oficiales y a los funcionarios provinciales a referirse al gobierno de facto que comenzó en 1976 como “dictadura cívico-militar” y a hablar de “30 mil desaparecidos” tomó estado parlamentario y ya puede ser discutido por los legisladores bonaerenses.
La iniciativa fue presentada por el diputado bonaerense Guillermo Castello de Cambiemos y apunta a declarar inválida la ley 14.910 sancionada en mayo de 2017 y que tiene un solo artículo que establece: “Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
Guillermo Castello
Tras la sanción de esa ley, que fue impulsada por el senador del Frente para la Victoria Darío Díaz Pérez y aprobada con un solo voto en contra (el de Castello), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó al gobierno argentino un pedido de información en el que advirtió que el texto “además de restringir el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios que componen la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, también podría tener un efecto inhibitorio más generalizado y afectar el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información y procesarla en un debate público robusto”.
Darío Díaz Pérez
“Sin desconocer la importancia de los fines invocados por la ley, la Relatoría estima que imponer a los funcionarios públicos y organismos estatales la obligación legal de sostener una serie de extremos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas, excede el objetivo que persigue la ley y no parece constituir un medio adecuado e idóneo para alcanzar la finalidad perseguida”, remató la CIDH.
María Eugenia Vidal
Entre los fundamentos del texto, Castello sostiene que “entendemos que esta ley violenta los valores de libertad y verdad cuya promoción y protección debemos priorizar a la hora de legislar”.
“La norma dispone que los tres poderes del Estado incorporen en todas sus publicaciones y actos públicos leyendas que implican una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso”, detalla el proyecto. La propuesta además agrega que “sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.
“La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal”, consideró Castello en el proyecto.
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Guillermo Castello (Coalición Cívica) fue el único diputado que votó contra la Ley que obliga a usar la expresión “30 mil desaparecidos” en documentos oficiales.
“No hubo debate, fue una sesión rara; era el 23 de marzo, víspera del 24 (aniversario del golpe del 76), el recinto estaba repleto de gente de organismos de derechos humanos. Levantaron la mano todos, menos yo. La votación fue 90 a 1. El proyecto venía del Senado donde lo habían votado por unanimidad. Pedí que me expidan un certificado, una constancia de mi voto negativo. Porque en la provincia de Buenos Aires el voto no es nominal. Es a mano alzada y después no queda registro de quién votó qué”. Así contó a Infobae el diputado provincial bonaerense Guillermo Castello, de la Coalición Cívica y miembro del bloque de Cambiemos, el trámite exprés por el cual se aprobó la norma.
La Ley a la que hace referencia es la n°14910 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 24 de marzo pasado y que, créase o no, obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial, y en los actos públicos del Gobierno, la expresión “30.000 Desaparecidos” cuando “se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
El proyecto fue del senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria. Pero la gobernadora María Eugenia Vidal, cuyo jefe político, el presidente Mauricio Macri, dijo en una entrevista reciente: “No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Es una discusión que no tiene sentido”, promulgó la ley sin chistar.
“Sabiendo de antemano que no habría debate en la sesión, el día anterior, en la reunión del Bloque de Cambiemos, somos 30 diputados, yo dejé sentado que iba a votar en contra”, contó Castello.
La discusión en el bloque fue fuerte, pero igual Castello quedó solo. Sin embargo, asegura que algunos le decían “sotto voce” que estaban de acuerdo con él, pero luego no quisieron acompañarlo.
“Esto para mí trasciende lo legislativo. Por motivos filosóficos, me opongo a que se fije por ley una definición de la Historia. Esta ley restringe, cristaliza, toda discusión en un tema en el que no está dicha la última palabra y que es además un factor de división entre los argentinos”, agrega.
Ante la pregunta de por qué cree que pasa esto, responde: “Lo que falla es el tema de la corrección política. Nadie se anima a ir contra la corriente. No hay posibilidad de poner una pausa, de criticar, de debatir. Vienen estas olas y los diputados, y los políticos argentinos en general, están muy pendientes de eso”.
“Esta ley es pura sobreactuación. Llegué a pensar que esto no era más que una provocación al Ejecutivo, a tal punto es absurda. Como al presidente Macri, a todos nosotros, nos dicen que somos de derecha…”, dice Castello. Sin embargo, no minimiza el tema. Al contrario: “Esto es peligroso -advierte-. Es fascista, es estalinista, están imponiendo una verdad absoluta y clausurando el debate. El que disiente se pone además al Estado en contra; disentir es estar en contra de una opinión que tiene rango estatal, que es ley. Eso es lo grave”.
Otra cosa que le resulta chocante es que “haya gente que parece jactarse de que hayan sido 30.000 en vez de alegrarse ante la posibilidad de que sean menos”.
Decretando una historia oficial, no habría revisionismo, ninguna escuela habría podido revisar hechos del pasado
“Hace unos años -cuenta- hice un posgrado en Historia y allí sugerí hacer una investigación histórica sobre la cifra de desaparecidos y se armó un lío tremendo. Clausurando la historia y decretando una historia oficial, no habría habido revisionismo, ninguna escuela histórica podría haber revisado ningún hecho del pasado. La mayoría de la gente sabe que esto es una locura”.
Castello también hizo pública una carta en la que señala que “a la hora de legislar se debe priorizar siempre la promoción y protección de la Libertad y la Verdad y creo que esta ley niega ambos valores”.
“No sólo los niega -sigue diciendo- sino que también los violenta porque ordena que el Estado comunique una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso. Curiosamente sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.
La ley es sustancialmente negativa también porque desbarata cualquier política de acercamiento y unidad entre compatriotas de diferentes pensamientos
En otro párrafo sostiene: “La ley es sustancialmente negativa por otro motivo, ya que desbarata cualquier política de acercamiento y unidad entre compatriotas de diferentes pensamientos, ya que una leyenda oficial que permanentemente exhiba una posición terminante constituye, para quienes no comparten dicha posición, una afrenta, un factor de irritación, de exacerbación de pasiones y, en definitiva, de desunión entre argentinos. Tampoco puede soslayarse la superficialidad intrínseca de una ley que presupone que la concientización de los gravísimos hechos ocurridos en la década del 70 depende de la imposición coactiva de un determinado número, cualquiera que sea, con lo cual se banaliza la tragedia.”
Esta ley trasunta el miedo a encontrar la verdad y por eso propone suprimir su búsqueda, cristalizarla, hacerla obligatoria
Por último, Castello acusa a los promotores de esta norma de tenerle miedo a la verdad. “Creo que la ley impulsada por el Senador kirchnerista trasunta el miedo a encontrar la verdad y por esa razón propone suprimir su búsqueda, cristalizarla, hacerla obligatoria hasta el fin de los tiempos. (…) La flamante ley fomenta la No Verdad como política de Estado, promueve el discurso único, provoca la autocensura, denigra a quien opina distinto”.
Guillermo Castello es marplatense. Empezó en la actividad política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde actualmente es profesor de Historia Constitucional. Ejerce la profesión de escribano desde que se recibió, hace 20 años. A partir de la crisis de 2001 retomó la actividad política, primero en Recrear (con Ricardo López Murphy) y en 2007 se sumó a la Coalición Cívica. Desde 2015 es diputado provincial.
“Estoy tratando de adaptarme a la función pública, ya que nunca antes había ejercido un cargo. Lo que me llamó mucho la atención en el ambiente legislativo es que por lo bajo los colegas te dicen una cosa y a la hora de votar te dejan solo”.
No es la primera vez que le pasa. También se opuso en solitario a la Ley de paridad de género que en octubre próximo se va a aplicar por primera vez. No sólo porque no está de acuerdo con fijar la paridad por ley sino porque será de muy difícil aplicación. “En las PASO, puede llegar a pasar que, si dos listas están encabezadas por mujeres, la que sale segunda puede quedar relegada no al segundo puesto sino incluso más atrás para que se cumpla la paridad”.
De todos modos, en este debate sobre el derecho a la verdad histórica y al disenso no está tan solo. Graciela Fernández Meijide sostiene desde hace tiempo que los casos documentados son poco menos de 8 mil y que la cifra de 30.000 fue una estimación que ya quedó desmentida por la realidad. “Yo no admito que haya dos números de desaparecidos”, fue su conclusión.
Si la Justicia argentina fuera algo parecido a una tómbola habría que darse por satisfechos y hasta manifestarse agradecidos. Así cabría, por lo menos, la posibilidad de que el azar tocara a aquellos que apostaran su inocencia a la cabeza contra la banca (la política “de Estado” de derechos humanos). Es evidente que serían muy pocos los afortunados. Uno de cada cien, tal vez; en fin…, algo sería algo. Pero, lamentablemente, no es el caso. La democracia argentina acusa y condena, en violación flagrante del Estatuto de Roma y de los principios universales del derecho, a miles de militares y civiles argentinos que pelearon, o no, contra la subversión comunista en nombre de los derechos humanos. Mientras, junto con algún visitante ilustre (p.e., Mariano Rajoy, el entonces presidente del Gobierno español) el presidente Macri homenajea a los terroristas en el Parque de la Memoria; y los que los combatieron siguiendo órdenes de los gobiernos constitucionales y de facto, sufren cárcel.
Rajoy
Macri
Hollande
Vidal
Castello
Ser policía, militar o gendarme en la Argentina significa, de hecho, ser “culpable bajo sospecha” de cualquier delito que se le pudiera endilgar y con independencia de que se encuentre configurado en el Código Penal. La verdad, y por ende la Justicia está supeditada a que encaje en el “relato setentista”. De que no exagero un ápice lo demuestra el mamarracho de ley 14910 de la provincia de Buenos Aires, votada casi por unanimidad (con el solo y digno voto en contra del diputado Guillermo Castello), que obliga a que en los documentos oficiales los agentes del Estado perpetren la falta moral de mentir y difamar. Por “obediencia debida” los maestros, por ejemplo, envenenarán a los niños bonaerenses con la falsedad de los 30.000 desaparecidos (6348 según los datos oficiales) y la mentira del genocidio (fue una guerra, según los combatientes de ambos bandos). En un país medianamente decente, semejante disparate legal, político y moral debería haber gatillado la denuncia de oficio de un fiscal contra los legisladores responsables. Pero no, casi hay que agradecer que no la aplaudieran. La gobernadora María Eugenia Vidal, la que dice que habla con la verdad, la promulgó sin que se le mueva un pelo.
El juicio por la explosión de la Fábrica de Armas de Río Tercero es un caso más de los que, sin ser de lesa humanidad, se inscriben dentro de una figura, que los jueces argentinos aplican de hecho, que debería blanquearse como “perspectiva de relato” (como se hizo con la “perspectiva de género”). Figura ésta que más o menos reza así: “Un militar o miembro de una fuerza de seguridad estatal siempre es culpable hasta que demuestre lo contrario e, incluso, aun cuando demuestre lo contrario”. El fallo del 27 de febrero de 2015, de 1074 fojas, dictado por Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba integrado por los jueces Carlos Julio Lascano, José María Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón que condena a los militares imputados Jorge Cornejo Torino, Marcelo Gatto, Carlos Franke y Edberto González de la Vega es una compilación de falacias, contradicciones, disparates, falsedades, sofismas e impericias que apuntan al solo objetivo sentenciar de que la explosión fue un atentado provocado por los acusados. Sin embargo, tan burda es la confección, que de la lectura del propio fallo se prueba que se trató de un accidente. Por ejemplo, “el móvil” señalado por el Tribunal es absurdo por donde se lo mire. Según éste, vinculándola a la causa por el “contrabando de armas”, la explosión de la Fábrica se ocasionó con el objeto de ocultar el faltante de armas vendidas a Croacia y a Ecuador. Ahora bien, en dicha causa no se afirma en momento alguno que las armas hayan sido robadas y luego vendidas clandestinamente. Para nada. El delito de “contrabando” se emplea porque el destino declarado de las armas no fue Venezuela y Panamá sino Croacia y Ecuador. De manera que lo que había que ocultar, en todo caso, era el destino y no la salida y venta del material bélico. De hecho, la cantidad y el detalle figuran en decretos que son públicos. Por otro lado, como a Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, ambos directivos de la Fábrica, no se le encontraron cuentas en bancos o enriquecimiento súbito alguno que presumiera un explicación para cometer semejante estrago el Tribunal invocó que, dada su formación militar, delinquieron en cumplimiento de órdenes superiores. Un disparate que no se lo creen ni ellos. Sobre todo si se tiene en cuenta que los tres magistrados afirman que los cuatro imputados tienen una foja de servicios impecable. Además, en el momento de la explosión Marcelo Gatto se encontraba trabajando en la Fábrica y su familia (dos hijos y señora) en la vivienda que habitaban dentro del ámbito de la Fábrica. Jorge Cornejo Torino, a su vez, estaba en Buenos Aires pero su suegra y una hija en una vivienda contigua a la de Gatto (las casas de Cornejo Torino y Gatto sufrieron daños considerables) ¿Cómo se entiende que los jueces reconozcan en el fallo la actuación heroica de Gatto (avalada por todos los testigos), quien se dirigió al epicentro del siniestro, se hizo cargo de la emergencia y condujo la evacuación del personal y la asistencia a los heridos?-. En dicha acción, producto de una esquirla, sufrió una herida en el muslo. Hay que agregar que Gatto venía de sufrir un infarto cardíaco dos meses antes: quien debió haber sido condecorado, fue condenado. Es una interpretación absolutamente disparatada, salvo en el caso de un suicida-filicida, que alguien haga volar un polvorín y elija quedarse, con su familia, dentro del infierno para tener una coartada en caso de sobrevivir.
Lescano
Pérez Villalobos
Garzón
Estevez
Kirchner
Iniciada en noviembre de 1995, la causa pasó por varios jueces de instrucción. Los primeros no encontraron motivos para caratularla como un atentado. A Diego Estévez (uno de los pocos señores de este país a quién el término “juez” no le es impropio) se le encomendó específicamente investigar el atentado. Su prolija tarea probó que no fue tal. Que se trató de un accidente y que, en todo caso, las responsabilidades podrían ser culposas pero nunca dolosas. Estévez había obviado la “perspectiva de relato”. Un error que Estévez pagaría con el escarnio al que fue sometido por la prensa toda (o casi), la izquierda y el mismo Néstor Kirchner. Luego, como es de rigor, sobrevino la destitución. Ese fue el momento del fiscal Carlos Stornelli, quién buscó chicanas judiciales para apartar a Estévez de la causa y declarar nula la instrucción. El atentado vendía y vende mejor que el accidente. Todavía hoy se ufana de semejante patraña.
Los militares Jorge Cornejo Torino, Marcelo Gatto, Carlos Franke y Edberto González de la Vega, entre otros miles, se pudren en las cárceles argentinas por la “perspectiva del relato”, ese invento infame que el kirchnerismo, la izquierda y Verbitsky hacen doblegar la cerviz desde Macri hasta el Papa, pasando por Lilita Carrió y Lanata. No es la economía, es la moral…, estúpido.
Rechazar el revisionismo histórico en Argentina en nombre de los Derechos Humanos
Escriben
[ezcol_1quarter].[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
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[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end].[/ezcol_1quarter_end]Dra. MARÍA ELENA GARCÍA
Prof. MARIO SANDOVAL
El revisionismo es una corriente ideológica que haciendo uso político de la historia, sin aceptar la actitud crítica y racional de esa disciplina, tiene como objetivo instalar una historia oficial, negando, minimizando o contestando, en el caso argentino, los atentados, secuestros, crímenes, delitos, cometidos por las organizaciones terroristas de los 70. El argumento de los revisionistas detentores de un relato es en la práctica la negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, no reconociendo la responsabilidad de hechos ni su existencia. Los medios de acción utilizados son, la propaganda, la manipulación, la desinformación, reemplazando a la Verdad, la Realidad con argumentos inexistentes o superficiales
– Estos defensores de una tautología ideologizada aprovechan la impresión de una verdad para comunicar falsas ideas, sus argumentos son en realidad un sofisma con la finalidad de inducir en error a la sociedad y la comunidad internacional. Pese a esas mentiras, obtuvieron la decisión política de violar los principios constitucionales, convencionales y los derechos humanos de los actores socio-profesionales que en esa época no integraban los grupos terroristas. Es un crimen de Estado, se violan las obligaciones positivas.
En las innumerables acciones que desarrollan las llamadas ONG, militantes de derechos humanos o medios de comunicación como Cels, Madres, Abuelas, Hijos, AEDD, APDH, sitios alternativos, Pagina 12, se puede constatar la utilización del método revisionista, en cuanto buscan invertir roles, responsabilidades, en el sistemático ocultamiento de los hechos históricos, al calificar a los integrantes de las organizaciones terroristas de los 70, como “jóvenes idealistas”, héroes de una resistencia inexistente, pacifistas, humanistas… Otros, avanzan aún más, como el ex montonero Horacio González, quien propuso, de forma cínica e irresponsable, se realice una valoración positiva del terrorismo de los años 70 en Argentina https://www.casppafrance.org/2019/09/el-sr-horacio-gonzalez-y-la-valoracion.html?spref=bl o cuando se decretó por Ley 14910 la historia oficial en la Provincia de Buenos Aires https://www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2018/03/Ley-14910-Pcia-BsAs.pdf. En el mes de marzo 2019, diputado Guillermo Ricardo Castello, presentó un proyecto de derogación de la ley 14910 (Expte D 851/19-20), que lucha contra ese flagelo https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/19-20D851012019-03-2716-57-46.pdf
– “La verdad es lo real, es lo que se constata, lo que se ve, se escucha, lo que podemos medir nosotros mismos después de haberla aprehendida de manera subjetiva y singular. La verdad se encuentra en la realidad. Es el pensamiento empírico que se basa en lo real para producir la verdad” (Michel Onfray, Théorie de la Dictature, Ed. Robert Laffont, 2019). Pero, sobre todo la verdad no es cierta, verdadera, o realidad, porque lo dice o afirme un grupo político, de expertos o un partido.
La historia no se determina por decisión política o legislativa, borrando el pasado, aboliendo la verdad, suprimiendo la historia objetiva completa, impidiendo el conocimiento de eventos pasados a través de la investigación científica, negando el juicio crítico. La verdad histórica (testimonio de lo real) no la impone ni la crea la subjetividad de testimonios o leyes. Son los historiadores que deben confrontar sus investigaciones, oponer tesis, analizar y validar hechos históricos, pero jamás el Estado puede imponer una dictadura de la historia oficial como dogma porque significaría decretar la muerte de la historia real e ignorar hechos, indultar verdaderos culpables o acusar inocentes reales.
– El filósofo Tzvetan Todorov recuerda que “hay que utilizar la memoria, no para limitarse a su desgracia y dar lecciones de moral, que es la postura más fácil, sino para ir de su propia desgracia a la desgracia de los demás, y no reclamar para sí el estatus exclusivo de ex víctima. Es más meritorio, luchar contra las injusticias presentes, en la cual podemos buscar la causa en el pasado, en lugar de siempre quejándose de su mala suerte al afirmar que es único, incomparable con la desgracia de los demás”[3]
La justicia, es reconocida como un conjunto de valores esenciales que son pilares de la sociedad y el Estado o de normas codificadas aplicadas por los jueces para impartir justicia, proteger los derechos…Las militantes de derechos humanos no pueden ignorar que “la justicia es un ideal de responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los derechos y la prevención y el castigo de las infracciones. La justicia implica tener en cuenta los derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de la sociedad en su conjunto. La comunidad internacional ha venido colaborando durante más de medio siglo para estructurar en forma colectiva los requisitos sustantivos y procesales de la administración de justicia”[4] .
Los sucesivos gobiernos desde los años 90, por beneficios políticos y con el apoyo de las mal llamadas asociaciones de derechos humanos, impusieron un relato ucrónico en una Argentina donde reina la confusión, la mentira, la venganza judicial, las ventajas políticas. Así, la sociedad súbitamente se encontró con los mensajeros de los derechos humanos que descendiendo de la montaña traían la falsa verdad de lo ocurrido en los 70: en Argentina jurídicamente no hubo crimen de genocidio, no hay negacionismo, jurídicamente no existe el concepto o delito de Terrorismo de Estado que es una definición política e ideológica, el número de 30000 desaparecidos no tiene validación jurídica ni empírica…
El revisionismo busca imponer una verdad política-ideológica, prohíbe la confrontación democrática, histórica, jurídica de hechos existentes, politiza la historia, fomenta el odio, la injusticia, la mentira. Crea un enemigo, busca controlar el pasado para controlar el presente y el futuro donde la moral remplace la historia y la justicia. Ese proyecto viola principios constitucionales, convencionales, el principio de libertad de expresión, de opinión, de pensar libremente sus ideas, censura toda actividad de investigación e interpretación histórica. Es una violación a los derechos humanos. Paris, 30 septiembre 2019. Casppa France.
Prof. Mario Sandoval, Presidente Casppa France www.casppafrance.org, @CasppaF, https://www.facebook.com/casppa01/
Dra. María Elena García, Presidenta DDHHPP www.ddhhpp.org , ddhhyjusticia@gmail.com
[1] Espinosa, (1677) Ética III del Origen y de la Naturaleza de los afectos, proposición 13, in Ética demostrada según el orden geométrico.
[2] Pierre Nora, Les lieux de mémoire. I. La République (París: Ed.Gallimard, 1984), XIX.
[3] Los abusos de la memoria, Tzvetan Todorov. Barcelona, Ed. Paidós, 2000
[4] Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General de la ONU, S/2004/616, del 03 agosto 2004.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 1, 2019
La ley a derogar en la Provincia de Buenos Aires
Por Mario Sandoval
https://www.infobae.com/politica/2019/06/19/buscan-derogar-una-ley-bonaerense-que-obliga-a-funcionarios-a-hablar-de-dictadura-civico-militar-y-de-30-mil-desaparecidos/ Excelente iniciativa del diputado bonaerense de Cambiemos Guillermo Castello porque la historia no puede determinarse por leyes.
La demanda del diputado Castello confirma nuestro escrito pasado https://www.informadorpublico.com/el-informador-bonaerense/atencion-miembros-del-g-20-la-provincia-de-buenos-aires-por-ley-14910-impone-una-historia-oficial-nadie-puede-oponerse-ni-discutirla-bajo-pena-de-ser-acusado-de-negacionista yhttps://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/03/26/atencion-miembros-del-g-20-la-provincia-de-buenos-aires-por-ley-14910-impone-una-historia-oficial-nadie-puede-oponerse-ni-discutirla-bajo-pena-de-ser-acusado-de-negacionista/
La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María E Vidal juega con los derechos humanos, por su silencio e inacción no garantiza las Obligaciones Positivas y es responsable de la violación de los derechos que dice defender a numerosos (reales) Prisioneros Políticos. La presentación del diputado Castello, requiere el apoyo de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Paris,19 junio 2019, CasppaFrance
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 21, 2019
LA LEY MENTIRA: Persiguen derogar una ley bonaerense que obliga a funcionarios a hablar de “dictadura cívico-militar” y de “30 mil desaparecidos”
[ezcol_1half]Un proyecto de ley intenta derogar una norma bonaerense de 2017 que obliga a las comunicaciones oficiales y a los funcionarios provinciales a referirse al gobierno de facto que comenzó en 1976 como “dictadura cívico-militar” y a hablar de “30 mil desaparecidos” tomó estado parlamentario y ya puede ser discutido por los legisladores bonaerenses.
La iniciativa fue presentada por el diputado bonaerense Guillermo Castello de Cambiemos y apunta a declarar inválida la ley 14.910 sancionada en mayo de 2017 y que tiene un solo artículo que establece: “Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
Guillermo Castello
Tras la sanción de esa ley, que fue impulsada por el senador del Frente para la Victoria Darío Díaz Pérez y aprobada con un solo voto en contra (el de Castello), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó al gobierno argentino un pedido de información en el que advirtió que el texto “además de restringir el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios que componen la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, también podría tener un efecto inhibitorio más generalizado y afectar el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información y procesarla en un debate público robusto”.
Darío Díaz Pérez
“Sin desconocer la importancia de los fines invocados por la ley, la Relatoría estima que imponer a los funcionarios públicos y organismos estatales la obligación legal de sostener una serie de extremos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas, excede el objetivo que persigue la ley y no parece constituir un medio adecuado e idóneo para alcanzar la finalidad perseguida”, remató la CIDH.
María Eugenia Vidal
Entre los fundamentos del texto, Castello sostiene que “entendemos que esta ley violenta los valores de libertad y verdad cuya promoción y protección debemos priorizar a la hora de legislar”.
“La norma dispone que los tres poderes del Estado incorporen en todas sus publicaciones y actos públicos leyendas que implican una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso”, detalla el proyecto. La propuesta además agrega que “sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.
“La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal”, consideró Castello en el proyecto.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Guillermo Castello (Coalición Cívica) fue el único diputado que votó contra la Ley que obliga a usar la expresión “30 mil desaparecidos” en documentos oficiales.
“No hubo debate, fue una sesión rara; era el 23 de marzo, víspera del 24 (aniversario del golpe del 76), el recinto estaba repleto de gente de organismos de derechos humanos. Levantaron la mano todos, menos yo. La votación fue 90 a 1. El proyecto venía del Senado donde lo habían votado por unanimidad. Pedí que me expidan un certificado, una constancia de mi voto negativo. Porque en la provincia de Buenos Aires el voto no es nominal. Es a mano alzada y después no queda registro de quién votó qué”. Así contó a Infobae el diputado provincial bonaerense Guillermo Castello, de la Coalición Cívica y miembro del bloque de Cambiemos, el trámite exprés por el cual se aprobó la norma.
La Ley a la que hace referencia es la n°14910 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 24 de marzo pasado y que, créase o no, obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial, y en los actos públicos del Gobierno, la expresión “30.000 Desaparecidos” cuando “se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
El proyecto fue del senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria. Pero la gobernadora María Eugenia Vidal, cuyo jefe político, el presidente Mauricio Macri, dijo en una entrevista reciente: “No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Es una discusión que no tiene sentido”, promulgó la ley sin chistar.
“Sabiendo de antemano que no habría debate en la sesión, el día anterior, en la reunión del Bloque de Cambiemos, somos 30 diputados, yo dejé sentado que iba a votar en contra”, contó Castello.
La discusión en el bloque fue fuerte, pero igual Castello quedó solo. Sin embargo, asegura que algunos le decían “sotto voce” que estaban de acuerdo con él, pero luego no quisieron acompañarlo.
“Esto para mí trasciende lo legislativo. Por motivos filosóficos, me opongo a que se fije por ley una definición de la Historia. Esta ley restringe, cristaliza, toda discusión en un tema en el que no está dicha la última palabra y que es además un factor de división entre los argentinos”, agrega.
Ante la pregunta de por qué cree que pasa esto, responde: “Lo que falla es el tema de la corrección política. Nadie se anima a ir contra la corriente. No hay posibilidad de poner una pausa, de criticar, de debatir. Vienen estas olas y los diputados, y los políticos argentinos en general, están muy pendientes de eso”.
“Esta ley es pura sobreactuación. Llegué a pensar que esto no era más que una provocación al Ejecutivo, a tal punto es absurda. Como al presidente Macri, a todos nosotros, nos dicen que somos de derecha…”, dice Castello. Sin embargo, no minimiza el tema. Al contrario: “Esto es peligroso -advierte-. Es fascista, es estalinista, están imponiendo una verdad absoluta y clausurando el debate. El que disiente se pone además al Estado en contra; disentir es estar en contra de una opinión que tiene rango estatal, que es ley. Eso es lo grave”.
Otra cosa que le resulta chocante es que “haya gente que parece jactarse de que hayan sido 30.000 en vez de alegrarse ante la posibilidad de que sean menos”.
“Hace unos años -cuenta- hice un posgrado en Historia y allí sugerí hacer una investigación histórica sobre la cifra de desaparecidos y se armó un lío tremendo. Clausurando la historia y decretando una historia oficial, no habría habido revisionismo, ninguna escuela histórica podría haber revisado ningún hecho del pasado. La mayoría de la gente sabe que esto es una locura”.
Castello también hizo pública una carta en la que señala que “a la hora de legislar se debe priorizar siempre la promoción y protección de la Libertad y la Verdad y creo que esta ley niega ambos valores”.
“No sólo los niega -sigue diciendo- sino que también los violenta porque ordena que el Estado comunique una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso. Curiosamente sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.
En otro párrafo sostiene: “La ley es sustancialmente negativa por otro motivo, ya que desbarata cualquier política de acercamiento y unidad entre compatriotas de diferentes pensamientos, ya que una leyenda oficial que permanentemente exhiba una posición terminante constituye, para quienes no comparten dicha posición, una afrenta, un factor de irritación, de exacerbación de pasiones y, en definitiva, de desunión entre argentinos. Tampoco puede soslayarse la superficialidad intrínseca de una ley que presupone que la concientización de los gravísimos hechos ocurridos en la década del 70 depende de la imposición coactiva de un determinado número, cualquiera que sea, con lo cual se banaliza la tragedia.”
Por último, Castello acusa a los promotores de esta norma de tenerle miedo a la verdad. “Creo que la ley impulsada por el Senador kirchnerista trasunta el miedo a encontrar la verdad y por esa razón propone suprimir su búsqueda, cristalizarla, hacerla obligatoria hasta el fin de los tiempos. (…) La flamante ley fomenta la No Verdad como política de Estado, promueve el discurso único, provoca la autocensura, denigra a quien opina distinto”.
Guillermo Castello es marplatense. Empezó en la actividad política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde actualmente es profesor de Historia Constitucional. Ejerce la profesión de escribano desde que se recibió, hace 20 años. A partir de la crisis de 2001 retomó la actividad política, primero en Recrear (con Ricardo López Murphy) y en 2007 se sumó a la Coalición Cívica. Desde 2015 es diputado provincial.
“Estoy tratando de adaptarme a la función pública, ya que nunca antes había ejercido un cargo. Lo que me llamó mucho la atención en el ambiente legislativo es que por lo bajo los colegas te dicen una cosa y a la hora de votar te dejan solo”.
No es la primera vez que le pasa. También se opuso en solitario a la Ley de paridad de género que en octubre próximo se va a aplicar por primera vez. No sólo porque no está de acuerdo con fijar la paridad por ley sino porque será de muy difícil aplicación. “En las PASO, puede llegar a pasar que, si dos listas están encabezadas por mujeres, la que sale segunda puede quedar relegada no al segundo puesto sino incluso más atrás para que se cumpla la paridad”.
De todos modos, en este debate sobre el derecho a la verdad histórica y al disenso no está tan solo. Graciela Fernández Meijide sostiene desde hace tiempo que los casos documentados son poco menos de 8 mil y que la cifra de 30.000 fue una estimación que ya quedó desmentida por la realidad. “Yo no admito que haya dos números de desaparecidos”, fue su conclusión.
[/ezcol_1half_end]PrisioneroEnArgentina.com
Junio 19, 2019
EL VERDADERO PROBLEMA ARGENTINO NO ES ECONÓMICO
Si la Justicia argentina fuera algo parecido a una tómbola habría que darse por satisfechos y hasta manifestarse agradecidos. Así cabría, por lo menos, la posibilidad de que el azar tocara a aquellos que apostaran su inocencia a la cabeza contra la banca (la política “de Estado” de derechos humanos). Es evidente que serían muy pocos los afortunados. Uno de cada cien, tal vez; en fin…, algo sería algo. Pero, lamentablemente, no es el caso. La democracia argentina acusa y condena, en violación flagrante del Estatuto de Roma y de los principios universales del derecho, a miles de militares y civiles argentinos que pelearon, o no, contra la subversión comunista en nombre de los derechos humanos. Mientras, junto con algún visitante ilustre (p.e., Mariano Rajoy, el entonces presidente del Gobierno español) el presidente Macri homenajea a los terroristas en el Parque de la Memoria; y los que los combatieron siguiendo órdenes de los gobiernos constitucionales y de facto, sufren cárcel.
Rajoy
Macri
Hollande
Vidal
Castello
Ser policía, militar o gendarme en la Argentina significa, de hecho, ser “culpable bajo sospecha” de cualquier delito que se le pudiera endilgar y con independencia de que se encuentre configurado en el Código Penal. La verdad, y por ende la Justicia está supeditada a que encaje en el “relato setentista”. De que no exagero un ápice lo demuestra el mamarracho de ley 14910 de la provincia de Buenos Aires, votada casi por unanimidad (con el solo y digno voto en contra del diputado Guillermo Castello), que obliga a que en los documentos oficiales los agentes del Estado perpetren la falta moral de mentir y difamar. Por “obediencia debida” los maestros, por ejemplo, envenenarán a los niños bonaerenses con la falsedad de los 30.000 desaparecidos (6348 según los datos oficiales) y la mentira del genocidio (fue una guerra, según los combatientes de ambos bandos). En un país medianamente decente, semejante disparate legal, político y moral debería haber gatillado la denuncia de oficio de un fiscal contra los legisladores responsables. Pero no, casi hay que agradecer que no la aplaudieran. La gobernadora María Eugenia Vidal, la que dice que habla con la verdad, la promulgó sin que se le mueva un pelo.
El juicio por la explosión de la Fábrica de Armas de Río Tercero es un caso más de los que, sin ser de lesa humanidad, se inscriben dentro de una figura, que los jueces argentinos aplican de hecho, que debería blanquearse como “perspectiva de relato” (como se hizo con la “perspectiva de género”). Figura ésta que más o menos reza así: “Un militar o miembro de una fuerza de seguridad estatal siempre es culpable hasta que demuestre lo contrario e, incluso, aun cuando demuestre lo contrario”. El fallo del 27 de febrero de 2015, de 1074 fojas, dictado por Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba integrado por los jueces Carlos Julio Lascano, José María Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón que condena a los militares imputados Jorge Cornejo Torino, Marcelo Gatto, Carlos Franke y Edberto González de la Vega es una compilación de falacias, contradicciones, disparates, falsedades, sofismas e impericias que apuntan al solo objetivo sentenciar de que la explosión fue un atentado provocado por los acusados. Sin embargo, tan burda es la confección, que de la lectura del propio fallo se prueba que se trató de un accidente. Por ejemplo, “el móvil” señalado por el Tribunal es absurdo por donde se lo mire. Según éste, vinculándola a la causa por el “contrabando de armas”, la explosión de la Fábrica se ocasionó con el objeto de ocultar el faltante de armas vendidas a Croacia y a Ecuador. Ahora bien, en dicha causa no se afirma en momento alguno que las armas hayan sido robadas y luego vendidas clandestinamente. Para nada. El delito de “contrabando” se emplea porque el destino declarado de las armas no fue Venezuela y Panamá sino Croacia y Ecuador. De manera que lo que había que ocultar, en todo caso, era el destino y no la salida y venta del material bélico. De hecho, la cantidad y el detalle figuran en decretos que son públicos. Por otro lado, como a Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, ambos directivos de la Fábrica, no se le encontraron cuentas en bancos o enriquecimiento súbito alguno que presumiera un explicación para cometer semejante estrago el Tribunal invocó que, dada su formación militar, delinquieron en cumplimiento de órdenes superiores. Un disparate que no se lo creen ni ellos. Sobre todo si se tiene en cuenta que los tres magistrados afirman que los cuatro imputados tienen una foja de servicios impecable. Además, en el momento de la explosión Marcelo Gatto se encontraba trabajando en la Fábrica y su familia (dos hijos y señora) en la vivienda que habitaban dentro del ámbito de la Fábrica. Jorge Cornejo Torino, a su vez, estaba en Buenos Aires pero su suegra y una hija en una vivienda contigua a la de Gatto (las casas de Cornejo Torino y Gatto sufrieron daños considerables) ¿Cómo se entiende que los jueces reconozcan en el fallo la actuación heroica de Gatto (avalada por todos los testigos), quien se dirigió al epicentro del siniestro, se hizo cargo de la emergencia y condujo la evacuación del personal y la asistencia a los heridos?-. En dicha acción, producto de una esquirla, sufrió una herida en el muslo. Hay que agregar que Gatto venía de sufrir un infarto cardíaco dos meses antes: quien debió haber sido condecorado, fue condenado. Es una interpretación absolutamente disparatada, salvo en el caso de un suicida-filicida, que alguien haga volar un polvorín y elija quedarse, con su familia, dentro del infierno para tener una coartada en caso de sobrevivir.
Lescano
Pérez Villalobos
Garzón
Estevez
Kirchner
Iniciada en noviembre de 1995, la causa pasó por varios jueces de instrucción. Los primeros no encontraron motivos para caratularla como un atentado. A Diego Estévez (uno de los pocos señores de este país a quién el término “juez” no le es impropio) se le encomendó específicamente investigar el atentado. Su prolija tarea probó que no fue tal. Que se trató de un accidente y que, en todo caso, las responsabilidades podrían ser culposas pero nunca dolosas. Estévez había obviado la “perspectiva de relato”. Un error que Estévez pagaría con el escarnio al que fue sometido por la prensa toda (o casi), la izquierda y el mismo Néstor Kirchner. Luego, como es de rigor, sobrevino la destitución. Ese fue el momento del fiscal Carlos Stornelli, quién buscó chicanas judiciales para apartar a Estévez de la causa y declarar nula la instrucción. El atentado vendía y vende mejor que el accidente. Todavía hoy se ufana de semejante patraña.
Los militares Jorge Cornejo Torino, Marcelo Gatto, Carlos Franke y Edberto González de la Vega, entre otros miles, se pudren en las cárceles argentinas por la “perspectiva del relato”, ese invento infame que el kirchnerismo, la izquierda y Verbitsky hacen doblegar la cerviz desde Macri hasta el Papa, pasando por Lilita Carrió y Lanata. No es la economía, es la moral…, estúpido.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 5, 2019