La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, principal central sindical del país, definió este jueves que realizará una movilización a los Tribunales de Buenos Aires el próximo miércoles, para exigir a la Justicia que declare la nulidad del ‘megadecreto’ implementado por el presidente Javier Milei.
Tras una reunión celebrada en la tarde de este 21 de diciembre, los dirigentes de la CGT decidieron marchar hacia el Palacio de Justicia, en Buenos Aires, donde entregarán una impugnación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno, que establece una serie de desregulaciones en materia laboral.
Además, los principales gremios del país convocarán a su Comité Central Confederal (el máximo órgano deliberativo y ejecutivo) el próximo 28 de diciembre, para analizar el llamado a un paro general.
DaerMilei
“Tenemos que exigir que se retrotraiga el decreto”, había dicho previo al encuentro Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que dirige de la central obrera y adelantó que acudirá a la Justicia para frenar el DNU que lanzó el Gobierno.
“Uno nunca imagina que se puedan trasgredir tan fácilmente valores innatos de nuestra historia. Que se largue un decreto derogando una cantidad de leyes sin necesidad ni urgencia”, analizó Daer. Y añadió que con este escenario “hay clima para un paro”.
En la reunión de emergencia, los dirigentes de la CGT coordinaron una respuesta al extenso decreto que presentó Milei en cadena nacional, en el que deroga más de 300 leyes con el objetivo de desregular la economía.
El anuncio presidencial se emitió horas después de la primera movilización de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco de una gran crisis económica.
Además de ser la primera gran protesta contra el “ajuste extraordinario” que aplicará el Gobierno del libertario, desafió el nuevo protocolo ‘antipiquetes’ anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el que pretende “liberar las calles” de las manifestaciones.
“Repudiamos enérgicamente la militarización… y los desmanes que generaron las fuerzas de seguridad de este país”. Estas fueron, más o menos, las palabras del titular de la CGT, Héctor Daer, sobre los acontecimientos frente al Congreso de la Nación en oportunidad de tratarse la ley de Reforma Previsional enviada por Macri. El diputado Rossi y, en general, toda la oposición se expresó en los mismos términos. ¡Se puede ser más chanta! Quince autos destrozados, comercios saqueados, vidrieras destruidas por delincuentes encapuchados (armados con piedras, hondas y palos) no merecieron, siquiera, un mísero comentario de repudio de estos señores. De los gendarmes heridos, insultados y vejados, como es natural, nadie se conduele. En la Argentina, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad son ciudadanos de cuarta y ¡guay! de que alguno, ya en defensa propia o de un civil, toque a un encapuchado. Eso sí, el diputado Agustin Rossi se quejó amargamente por las vallas y la cantidad de efectivos que custodiaban el Congreso. Seguramente la intención de esos energúmenos (a los que llama “pueblo”) era ingresar al recinto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Exagero si digo que hubieran colgado a los diputados oficialistas de los faroles? Se equivocan de medio a medio los que interpretan que fue un error de Macri el proyecto de ley de reforma previsional lo que enardeció a los violentos. Y a los diputados opositores. Además, cualquier excusa es buena para derrocar a un gobierno no peronista. El fogoneo del caso Santiago Maldonado tenía esa clara intención. Más bien se trató de un ensayo de golpe civil (a lo De la Rúa) monitoreado por sujetos, que de esto saben un montón, como Leopoldo Moreau.
Ahora bien, el oficialismo tampoco hace mucho por sí mismo. La diputada Elisa Carrió, por si llueve, apuntó contra Patricia Bullrich por el despliegue exagerado de la Gendarmería (“militarización”, Agustín Rossi dixit). No opinaría lo mismo, seguramente, si los encapuchados hubieran entrado al recinto. No se equivoca el diputado Moreau cuando pide la cabeza de la ministro de Seguridad de la Nación; en diciembre de 2001 pedía la de Domingo Cavallo como maniobra previa a exigirle la renuncia al presidente. Cuando defenestraron a De la Rúa, la Policía Federal fue la que puso el cuerpo para que “el pueblo” no lo “ajusticiara” dentro de la Casa Rosada; obviamente, los policías responsables ya recibieron su correspondiente condena. Si yo fuera gendarme pensaría dos veces antes de arriesgar mi vida para defender a políticos que luego me querellarán por haberlos defendido. Dado que este asalto al Congreso para impedir el tratamiento de una ley salió bien, todo conduce a pensar que vendrán otros y en escala mayor. La mayoría de la prensa reaccionó endilgando la responsabilidad de los hechos a la falta de cancha política del gobierno. De los energúmenos encapuchados ni una línea. Nelson Castro, por ejemplo, opina como si la Argentina fuera Disneylandia. Debiera poner en práctica sus ideas y hacer escuela vistiéndose de gendarme para enseñar cómo, con buenos modales y juiciosas palabras, se disuade a los señores encapuchados para que no lo lapiden o lo maten a palos.
El gobierno se hace trampas. Es que, en alguna medida, comparte la cosmovisión política que el kirchnerismo impuso a la clase política y a los opinadores profesionales. Si no fuera así, no hubiera reaccionado en contra del pedido de prisión preventiva que el juez Bonadío hizo de Cristina, Zannini, Timerman y demás. Constituye una hipocresía impúdica que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se pronuncie contra dicho fallo cuando militares de 80 y 90 años sufren prisión preventiva de hasta 14 años. Pero si el Vaticano tiene terror a que lo corran por derecha los organismos de derechos humanos, ¿por qué no habría de tenerlo el presidente Macri? Es difícil tomar medidas económicas de derecha y posar de zurdo. Además, lo dijo el mismísimo Jaime Duran Barba: “Macri es de izquierda”. Bueno, pero entonces no le pidamos peras al olmo.
La CGT anuncia una marcha a Tribunales para pedir la nulidad del decreto de Milei
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Tras una reunión celebrada en la tarde de este 21 de diciembre, los dirigentes de la CGT decidieron marchar hacia el Palacio de Justicia, en Buenos Aires, donde entregarán una impugnación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno, que establece una serie de desregulaciones en materia laboral.
Además, los principales gremios del país convocarán a su Comité Central Confederal (el máximo órgano deliberativo y ejecutivo) el próximo 28 de diciembre, para analizar el llamado a un paro general.
“Tenemos que exigir que se retrotraiga el decreto”, había dicho previo al encuentro Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que dirige de la central obrera y adelantó que acudirá a la Justicia para frenar el DNU que lanzó el Gobierno.
“Uno nunca imagina que se puedan trasgredir tan fácilmente valores innatos de nuestra historia. Que se largue un decreto derogando una cantidad de leyes sin necesidad ni urgencia”, analizó Daer. Y añadió que con este escenario “hay clima para un paro”.
En la reunión de emergencia, los dirigentes de la CGT coordinaron una respuesta al extenso decreto que presentó Milei en cadena nacional, en el que deroga más de 300 leyes con el objetivo de desregular la economía.
El anuncio presidencial se emitió horas después de la primera movilización de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco de una gran crisis económica.
Además de ser la primera gran protesta contra el “ajuste extraordinario” que aplicará el Gobierno del libertario, desafió el nuevo protocolo ‘antipiquetes’ anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el que pretende “liberar las calles” de las manifestaciones.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 22, 2023
PERAS AL OLMO
Por MAURICIO ORTÍN.
“Repudiamos enérgicamente la militarización… y los desmanes que generaron las fuerzas de seguridad de este país”. Estas fueron, más o menos, las palabras del titular de la CGT, Héctor Daer, sobre los acontecimientos frente al Congreso de la Nación en oportunidad de tratarse la ley de Reforma Previsional enviada por Macri. El diputado Rossi y, en general, toda la oposición se expresó en los mismos términos. ¡Se puede ser más chanta! Quince autos destrozados, comercios saqueados, vidrieras destruidas por delincuentes encapuchados (armados con piedras, hondas y palos) no merecieron, siquiera, un mísero comentario de repudio de estos señores. De los gendarmes heridos, insultados y vejados, como es natural, nadie se conduele. En la Argentina, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad son ciudadanos de cuarta y ¡guay! de que alguno, ya en defensa propia o de un civil, toque a un encapuchado. Eso sí, el diputado Agustin Rossi se quejó amargamente por las vallas y la cantidad de efectivos que custodiaban el Congreso. Seguramente la intención de esos energúmenos (a los que llama “pueblo”) era ingresar al recinto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Exagero si digo que hubieran colgado a los diputados oficialistas de los faroles? Se equivocan de medio a medio los que interpretan que fue un error de Macri el proyecto de ley de reforma previsional lo que enardeció a los violentos. Y a los diputados opositores. Además, cualquier excusa es buena para derrocar a un gobierno no peronista. El fogoneo del caso Santiago Maldonado tenía esa clara intención. Más bien se trató de un ensayo de golpe civil (a lo De la Rúa) monitoreado por sujetos, que de esto saben un montón, como Leopoldo Moreau.
[ezcol_1fifth]Ahora bien, el oficialismo tampoco hace mucho por sí mismo. La diputada Elisa Carrió, por si llueve, apuntó contra Patricia Bullrich por el despliegue exagerado de la Gendarmería (“militarización”, Agustín Rossi dixit). No opinaría lo mismo, seguramente, si los encapuchados hubieran entrado al recinto. No se equivoca el diputado Moreau cuando pide la cabeza de la ministro de Seguridad de la Nación; en diciembre de 2001 pedía la de Domingo Cavallo como maniobra previa a exigirle la renuncia al presidente. Cuando defenestraron a De la Rúa, la Policía Federal fue la que puso el cuerpo para que “el pueblo” no lo “ajusticiara” dentro de la Casa Rosada; obviamente, los policías responsables ya recibieron su correspondiente condena. Si yo fuera gendarme pensaría dos veces antes de arriesgar mi vida para defender a políticos que luego me querellarán por haberlos defendido. Dado que este asalto al Congreso para impedir el tratamiento de una ley salió bien, todo conduce a pensar que vendrán otros y en escala mayor. La mayoría de la prensa reaccionó endilgando la responsabilidad de los hechos a la falta de cancha política del gobierno. De los energúmenos encapuchados ni una línea. Nelson Castro, por ejemplo, opina como si la Argentina fuera Disneylandia. Debiera poner en práctica sus ideas y hacer escuela vistiéndose de gendarme para enseñar cómo, con buenos modales y juiciosas palabras, se disuade a los señores encapuchados para que no lo lapiden o lo maten a palos.
El gobierno se hace trampas. Es que, en alguna medida, comparte la cosmovisión política que el kirchnerismo impuso a la clase política y a los opinadores profesionales. Si no fuera así, no hubiera reaccionado en contra del pedido de prisión preventiva que el juez Bonadío hizo de Cristina, Zannini, Timerman y demás. Constituye una hipocresía impúdica que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se pronuncie contra dicho fallo cuando militares de 80 y 90 años sufren prisión preventiva de hasta 14 años. Pero si el Vaticano tiene terror a que lo corran por derecha los organismos de derechos humanos, ¿por qué no habría de tenerlo el presidente Macri? Es difícil tomar medidas económicas de derecha y posar de zurdo. Además, lo dijo el mismísimo Jaime Duran Barba: “Macri es de izquierda”. Bueno, pero entonces no le pidamos peras al olmo.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 15, 2017