A partir de las facultades que le otorga la Ley de Bases, el Gobierno argentino anunció este martes el cierre efectivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), al considerar que ese organismo “cumplía funciones y competencias propias del Poder Judicial, avasallando la división de poderes y el orden constitucional”, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia en X.
Esa entidad acusó al Inadi de haber importado “agendas que son contrarias a los intereses de los argentinos”, además de referir atrasos en el procesamiento de expedientes y cuestionamientos relativos al presupuesto, que fue calificado como “gasto inmoral e irresponsable para el bolsillo de los argentinos”, todo lo cual habría contribuido para liquidarlo y despedir a la totalidad de la plantilla.
En febrero pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó el cierre de la dependencia al asegurar que había sido dirigida “por funcionarios de dudosa idoneidad” y privilegiaba “el empleo militante” porque hacía parte de una “rosca política”.
Luego de cuatro meses del mandato del presidente Milei ya comienzan a perfilarse algunas pautas del rumbo por el que está conduciendo a la nación aunque aún no se vislumbra el puerto de destino.
Ha quedado claro que su plan económico es de orden básicamente financiero y se centra en eliminar el déficit fiscal a cualquier costo, haciendo desaparecer los pesos del mercado para bajar la inflación y sin considerar las consecuencias de la caída de la producción, el quiebre de comercios y empresas, el aumento del desempleo y el derrumbe del producto bruto interno. Todos estos “daños colaterales” serán luego compensados por un posterior crecimiento que supuestamente hará subir la economía como “pedo de buzo” según la grosera e inapropiada expresión pública del señor presidente.
Sin embargo, el proceso de restringir los fondos públicos indiscriminadamente y asignar partidas con el presupuesto del año 2023 sin considerar el incremento motivado por una inflación del 211 por ciento significa, en la práctica, desfinanciar a toda las áreas del Estado y generar múltiples problemas como los que ya se manifestaron con el caso de la educación universitaria.
Cuando analizamos con el equipo económico de Nueva Unión Ciudadana los ajustes a realizar según nuestro plan de gobierno consideramos tres grandes categorías, a saber, gastos que consideramos superfluos, gastos meramente políticos y gastos esenciales para el funcionamiento del Estado. Por eso coincidimos con el actual gobierno en el cierre de organizaciones con objetivos ideológicos o de adoctrinamiento tales como el INADI o el canal PAKA PAKA, así como la disminución en el número de ministerios y de estructuras burocráticas pero preservamos las que sostienen las funciones básicas del Estado tales como la sanidad, la justicia, la seguridad, la defensa, la educación y el servicio exterior de la nación así como los recursos para jubilaciones, pensiones y beneficios sociales. Del mismo modo, analizamos cuidadosamente la obra pública, dando prioridad a las estructuras que contribuyen a mejorar los servicios y apoyar la producción (tales como represas, puertos y mantenimiento de rutas y vías navegables) y estudiamos la situación financiera de las empresas públicas considerando aquellas que tienen valor estratégico y que son esenciales para nuestra soberanía e independencia por lo que no representan un costo sino una inversión.
En cambio, lo realizado por el actual gobierno es tan rudimentario como indiscriminado, aplicando cortes en todas las áreas, proponiendo la venta de todas las empresas públicas y simplemente licuando las remuneraciones de la clase pasiva hasta llevarla a niveles de indigencia.
La respuesta más frecuente a tales objeciones es marcar las culpas del gobierno anterior, que por cierto las tiene y que llevaron a que perdiera las elecciones y generara una insatisfacción generalizada, pero nadie esperaba que el nuevo gobierno actuara agravando los problemas o procediendo con una insensibilidad y una falta de empatía brutal.
En materia de política exterior resulta saludable que hayamos dejado de apoyar a regímenes totalitarios y de asociarnos a las dictaduras de la izquierda regional tales como Venezuela y Cuba. También celebramos que se reivindique nuestra condición de país democrático, occidental y cristiano. Pero nuevamente el gobierno cae en actitudes desaforadas y sobreactuaciones como declarar alineamientos que afectan nuestra soberanía e inmiscuirnos en conflictos bélicos ajenos que no estamos preparados para afrontar con riesgos para nuestra seguridad y sin justificaciones prácticas. Como en casi todos los frentes estas actitudes responden a los intereses y puntos de vista personales del presidente y no son consensuados ni debatidos en el Congreso ni en el propio Servicio Exterior.
En un análisis anterior habíamos anticipado las dificultades que tendría el gobierno para sostener un Decreto de Necesidad y Urgencia que por su magnitud representaba una asunción de tareas legislativas que son ajenas al ejecutivo. También sostuvimos la inviabilidad de la Ley de Bases que en un solo paquete pretendía introducir cambios fundamentales en las más variadas materias sin mayor debate. Esto sufrió un choque con la realidad que ha llevado a reformular dicha Ley, reduciéndola y buscando consensuar los intereses en pugna como corresponde a una sociedad civilizada. Allí donde se impusieron las reformas sin otro criterio que la liberación de variables, como sucedió en el caso de las empresas de salud prepagas, el gobierno tuvo que retroceder no solo en sus decisiones sino también en su fundamentalismo doctrinario.
El último y más sonado choque con la realidad fue la reciente manifestación de cientos de miles de estudiantes que consideraron que la educación pública y en particular el funcionamiento de las universidades estaba amenazado. Más allá de exageraciones argumentativas propias del ánimo confrontativo que ha impuesto el presidente como marca registrada y que genera similares reacciones en sus oponentes, lo cierto es que el desfinanciamiento de las universidades, como de muchas otras áreas del Estado, en un hecho que será necesario corregir.
Sin embargo, esta masiva manifestación ha permitido que surja un fenómeno muy riesgoso para la salud de la república y que consideramos imprescindible remarcar. La actitud del gobierno ha permitido e impulsado un escenario propicio para ser aprovechado por personajes indeseables del ámbito de la política y del ámbito sindical e incluso de organizaciones que perdieron su razón de ser como las Madres de Plaza de Mayo, que se sumaron a la legítima manifestación estudiantil para recobrar un protagonismo que no merecen.
Esta situación que Milei ha provocado, inadvertida o deliberadamente, permitiendo que reaparezca lo peor de la oposición quizás con el objetivo de aglutinar al resto de la sociedad alrededor suyo, nos recuerda lamentablemente al gobierno de Macri que se empeñó en subir al ring a Cristina Fernández para polarizar y terminó siendo derrotado por ella valiéndose de la figura de Alberto Fernández y del hartazgo de la sociedad de un plan de ajuste sin progreso.
Tenemos que evitar por todos los medios que la insensatez de Javier Milei y su egolatría y narcisismo permitan que el kirchnerismo vuelva a ser una opción.
Para ello es fundamental que el presidente recapacite y reconsidere sus planes y su estilo y tenemos que generar alternativas para un eventual fracaso que no nos remitan a las instancias perimidas y obsoletas del populismo progresista de la izquierda retrógrada y anticuada.
Proponemos unir y consensuar una opción democrática y republicana, defensora de la vida y de la soberanía nacional, que presente planes económicos basados en el desarrollo y la producción, que genere empleos genuinos para terminar con los planes sociales en forma orgánica, que recupere el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, que actúe en política internacional atendiendo exclusivamente a los intereses nacionales y especialmente que procure alcanzar consensos para gobernar para todos los argentinos dejando afuera solamente a los delincuentes y los corruptos a los que todos vituperan pero nadie tiene el valor de condenar, confiscar y encarcelar.
Desde el partido Nueva Unión Ciudadana y el espacio político ENCENDER estamos dispuestos a sumarnos a cualquier iniciativa en tal sentido como uno más en la magna tarea de hacer de la Argentina un País como Dios Manda.
* JUAN CARLOS NEVES
Presidente de NUEVA UNIÓN CIUDADANA
Coordinador de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha)
Cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación en Argentina
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Esa entidad acusó al Inadi de haber importado “agendas que son contrarias a los intereses de los argentinos”, además de referir atrasos en el procesamiento de expedientes y cuestionamientos relativos al presupuesto, que fue calificado como “gasto inmoral e irresponsable para el bolsillo de los argentinos”, todo lo cual habría contribuido para liquidarlo y despedir a la totalidad de la plantilla.
En febrero pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó el cierre de la dependencia al asegurar que había sido dirigida “por funcionarios de dudosa idoneidad” y privilegiaba “el empleo militante” porque hacía parte de una “rosca política”.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 7, 2024
¿QUO VADIS MILEI?
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Luego de cuatro meses del mandato del presidente Milei ya comienzan a perfilarse algunas pautas del rumbo por el que está conduciendo a la nación aunque aún no se vislumbra el puerto de destino.
Ha quedado claro que su plan económico es de orden básicamente financiero y se centra en eliminar el déficit fiscal a cualquier costo, haciendo desaparecer los pesos del mercado para bajar la inflación y sin considerar las consecuencias de la caída de la producción, el quiebre de comercios y empresas, el aumento del desempleo y el derrumbe del producto bruto interno. Todos estos “daños colaterales” serán luego compensados por un posterior crecimiento que supuestamente hará subir la economía como “pedo de buzo” según la grosera e inapropiada expresión pública del señor presidente.
Sin embargo, el proceso de restringir los fondos públicos indiscriminadamente y asignar partidas con el presupuesto del año 2023 sin considerar el incremento motivado por una inflación del 211 por ciento significa, en la práctica, desfinanciar a toda las áreas del Estado y generar múltiples problemas como los que ya se manifestaron con el caso de la educación universitaria.
Cuando analizamos con el equipo económico de Nueva Unión Ciudadana los ajustes a realizar según nuestro plan de gobierno consideramos tres grandes categorías, a saber, gastos que consideramos superfluos, gastos meramente políticos y gastos esenciales para el funcionamiento del Estado. Por eso coincidimos con el actual gobierno en el cierre de organizaciones con objetivos ideológicos o de adoctrinamiento tales como el INADI o el canal PAKA PAKA, así como la disminución en el número de ministerios y de estructuras burocráticas pero preservamos las que sostienen las funciones básicas del Estado tales como la sanidad, la justicia, la seguridad, la defensa, la educación y el servicio exterior de la nación así como los recursos para jubilaciones, pensiones y beneficios sociales. Del mismo modo, analizamos cuidadosamente la obra pública, dando prioridad a las estructuras que contribuyen a mejorar los servicios y apoyar la producción (tales como represas, puertos y mantenimiento de rutas y vías navegables) y estudiamos la situación financiera de las empresas públicas considerando aquellas que tienen valor estratégico y que son esenciales para nuestra soberanía e independencia por lo que no representan un costo sino una inversión.
En cambio, lo realizado por el actual gobierno es tan rudimentario como indiscriminado, aplicando cortes en todas las áreas, proponiendo la venta de todas las empresas públicas y simplemente licuando las remuneraciones de la clase pasiva hasta llevarla a niveles de indigencia.
La respuesta más frecuente a tales objeciones es marcar las culpas del gobierno anterior, que por cierto las tiene y que llevaron a que perdiera las elecciones y generara una insatisfacción generalizada, pero nadie esperaba que el nuevo gobierno actuara agravando los problemas o procediendo con una insensibilidad y una falta de empatía brutal.
En un análisis anterior habíamos anticipado las dificultades que tendría el gobierno para sostener un Decreto de Necesidad y Urgencia que por su magnitud representaba una asunción de tareas legislativas que son ajenas al ejecutivo. También sostuvimos la inviabilidad de la Ley de Bases que en un solo paquete pretendía introducir cambios fundamentales en las más variadas materias sin mayor debate. Esto sufrió un choque con la realidad que ha llevado a reformular dicha Ley, reduciéndola y buscando consensuar los intereses en pugna como corresponde a una sociedad civilizada. Allí donde se impusieron las reformas sin otro criterio que la liberación de variables, como sucedió en el caso de las empresas de salud prepagas, el gobierno tuvo que retroceder no solo en sus decisiones sino también en su fundamentalismo doctrinario.
El último y más sonado choque con la realidad fue la reciente manifestación de cientos de miles de estudiantes que consideraron que la educación pública y en particular el funcionamiento de las universidades estaba amenazado. Más allá de exageraciones argumentativas propias del ánimo confrontativo que ha impuesto el presidente como marca registrada y que genera similares reacciones en sus oponentes, lo cierto es que el desfinanciamiento de las universidades, como de muchas otras áreas del Estado, en un hecho que será necesario corregir.
Sin embargo, esta masiva manifestación ha permitido que surja un fenómeno muy riesgoso para la salud de la república y que consideramos imprescindible remarcar. La actitud del gobierno ha permitido e impulsado un escenario propicio para ser aprovechado por personajes indeseables del ámbito de la política y del ámbito sindical e incluso de organizaciones que perdieron su razón de ser como las Madres de Plaza de Mayo, que se sumaron a la legítima manifestación estudiantil para recobrar un protagonismo que no merecen.
Esta situación que Milei ha provocado, inadvertida o deliberadamente, permitiendo que reaparezca lo peor de la oposición quizás con el objetivo de aglutinar al resto de la sociedad alrededor suyo, nos recuerda lamentablemente al gobierno de Macri que se empeñó en subir al ring a Cristina Fernández para polarizar y terminó siendo derrotado por ella valiéndose de la figura de Alberto Fernández y del hartazgo de la sociedad de un plan de ajuste sin progreso.
Tenemos que evitar por todos los medios que la insensatez de Javier Milei y su egolatría y narcisismo permitan que el kirchnerismo vuelva a ser una opción.
Para ello es fundamental que el presidente recapacite y reconsidere sus planes y su estilo y tenemos que generar alternativas para un eventual fracaso que no nos remitan a las instancias perimidas y obsoletas del populismo progresista de la izquierda retrógrada y anticuada.
Proponemos unir y consensuar una opción democrática y republicana, defensora de la vida y de la soberanía nacional, que presente planes económicos basados en el desarrollo y la producción, que genere empleos genuinos para terminar con los planes sociales en forma orgánica, que recupere el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, que actúe en política internacional atendiendo exclusivamente a los intereses nacionales y especialmente que procure alcanzar consensos para gobernar para todos los argentinos dejando afuera solamente a los delincuentes y los corruptos a los que todos vituperan pero nadie tiene el valor de condenar, confiscar y encarcelar.
Desde el partido Nueva Unión Ciudadana y el espacio político ENCENDER estamos dispuestos a sumarnos a cualquier iniciativa en tal sentido como uno más en la magna tarea de hacer de la Argentina un País como Dios Manda.
* JUAN CARLOS NEVES
Presidente de NUEVA UNIÓN CIUDADANA
Coordinador de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha)
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 29, 2024