Como abogado de Isabel Frías Silva, hablo públicamente, con mi firma y bajo mi absoluta responsabilidad, porque ya no se puede callar ante atropellos tan graves como persistentes. Han pasado once años desde que se formuló la denuncia por defraudación, enmarcada en un contexto de violencia de género. Desde entonces, los imputados – José Frías Silva, quien desde antes y con más fuerza tras la muerte de su padre, Pepe, tomó el control absoluto; Josecito Frías Silva, el príncipe heredero ungido a dedo; y sus hermanos Pablo y Martín, que prefieren mirar hacia otro lado mientras encubren con silencio la codicia familiar, han desplegado un repertorio inagotable de maniobras dilatorias para evitar que la causa llegue a debate oral. A pesar de la contundencia de las pruebas y de la gravedad de los hechos, siguen intentando suspensiones, como si el paso del tiempo pudiera borrar la verdad o desgastar a las víctimas. Lo esencial no debe olvidarse: las únicas mujeres accionistas de Azucarera Justiniano Frías S.A. y Cultivos y Cosechas S.A., Isabel y María Frías Silva, fueron apartadas sistemáticamente de toda información, de las utilidades, de las decisiones societarias y hasta del conocimiento de un inventario real del patrimonio. Con la complicidad del silencio, se ocultaron bienes, se manipularon libros y se tramaron fideicomisos opacos. Ni siquiera la Justicia, con su Auxiliar designado, ha podido acceder al verdadero mapa patrimonial. Ese mapa oculto, sin embargo, toda la sociedad tucumana lo conoce: tierras en la Avenida Perón de Yerba Buena —las más valiosas y codiciadas— rentadas a precios irrisorios como Las Cañas; fideicomisos disfrazados de cotos de caza, tambos, tierras agrícolas y hoteles en Tafí del Valle, con enormes sembradíos de papa semilla y quesos de alta cotización; y últimamente, un gimnasio monumental donde antes funcionaba la Terraza de San José. Todo se ha hecho como si fueran propiedades exclusivas de unos pocos varones de la familia, mientras las mujeres son condenadas al destierro patrimonial. No se trata solo de irregularidades contables: estamos ante un caso paradigmático de violencia económica y patrimonial contra la mujer. Así lo entiende la legislación vigente, así lo establecen los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y así debe interpretarlo cualquier juez que aspire a impartir justicia con perspectiva de género. Por eso sostengo, con la serenidad de los hechos y la indignación de once años de injusticia, que este proceso debe ventilarse en juicio oral y público. Allí, sin cortinas de humo ni evasivas procesales, quedará expuesta la verdad que hoy se intenta ocultar: que la impunidad no puede seguir amparándose en apellidos ilustres. En nombre de Isabel Frías Silva y de todas las mujeres que, dentro y fuera de este proceso, han sido invisibilizadas por la cultura patriarcal que aún pretende dominar las empresas y las familias, he pedido que la Justicia esté a la altura. Que los estrados no sean el eco del poder económico, sino el lugar donde se restituya la verdad y se reconozca el derecho de las víctimas. Porque cuando la violencia económica se disfraza de apellido ilustre, no es solo un pleito familiar: es una afrenta a la Justicia misma. Y la respuesta solo puede darse de cara a la sociedad, en un juicio oral donde la verdad, finalmente, se haga escuchar.
La justicia argentina ha comenzado, al fin, a escuchar y respaldar a las víctimas de violencia de género, incluso cuando el agresor se esconde tras la heráldica de un apellido ilustre y la coraza de una fortuna centenaria. Sentencias recientes han perforado el blindaje de empresarios y directorios que, amparados en sus vínculos y en su patrimonio, abusaron de las mujeres de su propia sangre. Durante años, como abogado de mi esposa Isabel Frías Silva, guardé silencio. Creí – y aún quiero creer – en la balanza de la Justicia. Fui juez, fiscal, legislador. He visto la ley poner límites a la soberbia. Pero hoy no puedo callar más. He visto a mi mujer llorar en silencio, desarmada por la burla de sus hermanos varones: uno, actual presidente de la Sociedad Rural de Tucumán; otro, representante de la Fundación Miguel Lillo; y, al fondo, una hermana alineada al poder patriarcal, segunda autoridad en Turismo de la provincia. El escenario fue la sede ostentosa de la empresa familiar: muebles de madera noble, cuadros de glorias pasadas, y el aire denso de un linaje que cree que el tiempo y el poder lo justifican todo. Isabel y su hermana habían acudido por derecho, amparadas por un acta de asamblea. Lo que recibieron fueron ocho cheques – $1.158.000 cada uno -, a cobrarse hasta enero de 2026. Un pago goteado, mezquino, frío.
Isabel Frias Silva
Una limosna en cuotas para quien reclama justicia. Y entonces, la escena: todos los hermanos varones presentes, erigiendo un muro de poder y ostentación. “Josecito”, el megamillonario, heredero entronizado por obra y gracia del patriarca, se adelanta y dicta la sentencia familiar: “Tenemos el poder, estamos cerca del gobierno y de la justicia. “No fue solo una frase. Fue un sello. Una daga verbal que condensó décadas de crianza destinada a excluir a las mujeres del patrimonio, a educar a los varones para heredar la tierra y las rentas, dejando a las hermanas como espectadoras en su propia historia. Mientras el juicio oral por administración infiel se posterga por maniobras dilatorias, mientras los campos florecen y los bienes se multiplican, a las víctimas se les ofrece migajas y se les exige silencio. La violencia económica – como reconoció el juez de instrucción al elevar la causa – es también violencia de género. No necesita golpes para destruir: basta con privar, aislar, despojar. Es el veneno lento que mata la dignidad. Como abogado, esposo, padre y abuelo, seguiré exigiendo justicia. No sólo por Isabel, sino por todas las mujeres que cargan la misma cruz. No creo, ni quiero creer, que el gobierno ni la Justicia avalen este atropello. Pero sí sé que la verdad y la justicia – esas palabras sencillas y luminosas – deben florecer de una vez, y para siempre, en toda su magnitud. “El dinero en cuotas para quien tiene hambre de justicia es otra forma de violencia. Y el silencio impuesto es la más cruel de las condenas.”
Cuando la violencia económica se disfraza de un apellido ilustre
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– Once años de silencio forzado –
Como abogado de Isabel Frías Silva, hablo públicamente, con mi firma y bajo mi absoluta responsabilidad, porque ya no se puede callar ante atropellos tan graves como persistentes. Han pasado once años desde que se formuló la denuncia por defraudación, enmarcada en un contexto de violencia de género. Desde entonces, los imputados – José Frías Silva, quien desde antes y con más fuerza tras la muerte de su padre, Pepe, tomó el control absoluto; Josecito Frías Silva, el príncipe heredero ungido a dedo; y sus hermanos Pablo y Martín, que prefieren mirar hacia otro lado mientras encubren con silencio la codicia familiar, han desplegado un repertorio inagotable de maniobras dilatorias para evitar que la causa llegue a debate oral. A pesar de la contundencia de las pruebas y de la gravedad de los hechos, siguen intentando suspensiones, como si el paso del tiempo pudiera borrar la verdad o desgastar a las víctimas. Lo esencial no debe olvidarse: las únicas mujeres accionistas de Azucarera Justiniano Frías S.A. y Cultivos y Cosechas S.A., Isabel y María Frías Silva, fueron apartadas sistemáticamente de toda información, de las utilidades, de las decisiones societarias y hasta del conocimiento de un inventario real del patrimonio. Con la complicidad del silencio, se ocultaron bienes, se manipularon libros y se tramaron fideicomisos opacos. Ni siquiera la Justicia, con su Auxiliar designado, ha podido acceder al verdadero mapa patrimonial. Ese mapa oculto, sin embargo, toda la sociedad tucumana lo conoce: tierras en la Avenida Perón de Yerba Buena —las más valiosas y codiciadas— rentadas a precios irrisorios como Las Cañas; fideicomisos disfrazados de cotos de caza, tambos, tierras agrícolas y hoteles en Tafí del Valle, con enormes sembradíos de papa semilla y quesos de alta cotización; y últimamente, un gimnasio monumental donde antes funcionaba la Terraza de San José. Todo se ha hecho como si fueran propiedades exclusivas de unos pocos varones de la familia, mientras las mujeres son condenadas al destierro patrimonial. No se trata solo de irregularidades contables: estamos ante un caso paradigmático de violencia económica y patrimonial contra la mujer. Así lo entiende la legislación vigente, así lo establecen los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y así debe interpretarlo cualquier juez que aspire a impartir justicia con perspectiva de género. Por eso sostengo, con la serenidad de los hechos y la indignación de once años de injusticia, que este proceso debe ventilarse en juicio oral y público. Allí, sin cortinas de humo ni evasivas procesales, quedará expuesta la verdad que hoy se intenta ocultar: que la impunidad no puede seguir amparándose en apellidos ilustres. En nombre de Isabel Frías Silva y de todas las mujeres que, dentro y fuera de este proceso, han sido invisibilizadas por la cultura patriarcal que aún pretende dominar las empresas y las familias, he pedido que la Justicia esté a la altura. Que los estrados no sean el eco del poder económico, sino el lugar donde se restituya la verdad y se reconozca el derecho de las víctimas. Porque cuando la violencia económica se disfraza de apellido ilustre, no es solo un pleito familiar: es una afrenta a la Justicia misma. Y la respuesta solo puede darse de cara a la sociedad, en un juicio oral donde la verdad, finalmente, se haga escuchar.
Dr. Jorge Bernabé Lobo Aragón
Abogado de Isabel Frías Silva
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 22, 2025
“Cuando la violencia económica se disfraza de apellido ilustre”
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Abogado y apoderado de Isabel Frías Silva
La justicia argentina ha comenzado, al fin, a escuchar y respaldar a las víctimas de violencia de género, incluso cuando el agresor se esconde tras la heráldica de un apellido ilustre y la coraza de una fortuna centenaria. Sentencias recientes han perforado el blindaje de empresarios y directorios que, amparados en sus vínculos y en su patrimonio, abusaron de las mujeres de su propia sangre. Durante años, como abogado de mi esposa Isabel Frías Silva, guardé silencio. Creí – y aún quiero creer – en la balanza de la Justicia. Fui juez, fiscal, legislador. He visto la ley poner límites a la soberbia. Pero hoy no puedo callar más. He visto a mi mujer llorar en silencio, desarmada por la burla de sus hermanos varones: uno, actual presidente de la Sociedad Rural de Tucumán; otro, representante de la Fundación Miguel Lillo; y, al fondo, una hermana alineada al poder patriarcal, segunda autoridad en Turismo de la provincia. El escenario fue la sede ostentosa de la empresa familiar: muebles de madera noble, cuadros de glorias pasadas, y el aire denso de un linaje que cree que el tiempo y el poder lo justifican todo. Isabel y su hermana habían acudido por derecho, amparadas por un acta de asamblea. Lo que recibieron fueron ocho cheques – $1.158.000 cada uno -, a cobrarse hasta enero de 2026. Un pago goteado, mezquino, frío.
Una limosna en cuotas para quien reclama justicia. Y entonces, la escena: todos los hermanos varones presentes, erigiendo un muro de poder y ostentación. “Josecito”, el megamillonario, heredero entronizado por obra y gracia del patriarca, se adelanta y dicta la sentencia familiar: “Tenemos el poder, estamos cerca del gobierno y de la justicia. “No fue solo una frase. Fue un sello. Una daga verbal que condensó décadas de crianza destinada a excluir a las mujeres del patrimonio, a educar a los varones para heredar la tierra y las rentas, dejando a las hermanas como espectadoras en su propia historia. Mientras el juicio oral por administración infiel se posterga por maniobras dilatorias, mientras los campos florecen y los bienes se multiplican, a las víctimas se les ofrece migajas y se les exige silencio. La violencia económica – como reconoció el juez de instrucción al elevar la causa – es también violencia de género. No necesita golpes para destruir: basta con privar, aislar, despojar. Es el veneno lento que mata la dignidad. Como abogado, esposo, padre y abuelo, seguiré exigiendo justicia. No sólo por Isabel, sino por todas las mujeres que cargan la misma cruz. No creo, ni quiero creer, que el gobierno ni la Justicia avalen este atropello. Pero sí sé que la verdad y la justicia – esas palabras sencillas y luminosas – deben florecer de una vez, y para siempre, en toda su magnitud. “El dinero en cuotas para quien tiene hambre de justicia es otra forma de violencia. Y el silencio impuesto es la más cruel de las condenas.”
Dr. Jorge Bernabé Lobo Aragón
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 15, 2025