Hoy hace cuarenta y tres años de la defección cobarde de la clase política argentina y del error garrafal cometido por nuestras Fuerzas Armadas, error por el cual hoy pagan con prisión aquellos que, parafraseando a Ernesto Sábato, “no tenían nada más que un brazo que empuñara el sable para defender a la patria y un corazón para ayudarse a enfrentar la muerte”.
Eso es hoy, historia. Historia cuya realidad fue una increíble relación de actos heroicos y muertes ejemplares: Cáceres, Berdina, Luna, Moya y tantos más a los que hoy tratan de tapar con el recuerdo espurio y la compensación económica de los apátridas que dejaron sus huesos en esta tierra a la que querían conquistar.
Aunque los escribas mercenarios lo nieguen, esto fue una guerra civil, quizás la peor clase de guerra que un soldado puede soportar, pero también es, a posteriori, una larga conexión – porque nada de esto ha terminado- de agachadas vergonzantes y arreglos ilegítimos hechos en función de una justicia que trocó su nombre por el de venganza.
El desconocimiento de como se hacía este tipo de guerra, guerra sin tiempo, ha hecho que hoy, cuarenta y tres años después, la venganza internacional, llámese izquierda pura, socialdemocracia o iglesia “popular y militante” con el concurso de colaboracionistas vernáculos- jueces, políticos, empresarios y obispos- y con el silencio de una sociedad civil cobarde que desde 1983 busca hacerse perdonar sus pedidos de horca y degüello para los terroristas, caiga sobre aquellos que vencieron a la subversión todo el peso de leyes tergiversadas al amparo de la violación de la Constitución Nacional.
Nada ha cambiado, seguimos con “el curro de los derechos humanos”, a los que les hemos agregado el estúpido ritual de tirar flores al río como una exaltación de la violencia de la que no se puede hablar. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo son lágrimas que no se han secado porque la venganza las ha relegado al olvido.
Hoy es 24 de marzo y como desde hace treinta y seis años volverán a salir los carroñeros de siempre- que los hay en todos lados, pero muchos, dentro del gobierno- a hacer su faena de la mano de la desmemoria, la cobardía y la complicidad de los argentinos.
El Senado bonaerense transformó en ley la iniciativa kirchnerista originada en diputados que deja establecido como inamovible que el número de los desaparecidos en el gobierno de facto, iniciado el 24 de marzo de 1976, es de 30.000. Al parecer los legisladores que aprobaron la ley creen que las mayorías simple que obtuvieron en las votaciones respectivas poseen el poder suficiente para cambiar la realidad. A su vez, el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sostiene que el número de desaparecidos durante la última dictadura fue de 6.348 (662 casos ocurrieron durante el gobierno de Isabel Perón), Luego, la diferencia entre la cifra de la legislatura, que ya es ley provincial, y la oficial del Ministerio de la Nación es casi de un 80% ¿Acaso se trata de un error? Para nada. Treinta y cinco años de gobiernos constitucionales fueron más que suficientes para que familiares o allegados de personas desaparecidas hayan denunciado esa situación en los organismos correspondientes estatales y no estatales. Que son 30.000 no es un error sino una burda y cochina mentira. Mentira que Bonafini y Carlotto esgrimen con cinismo impune contra la montaña de evidencias que la refutan y mentira con la que los legisladores bonaerenses envilecen la política. No existe un solo fundamento en los considerandos de la ley que avale la cifra de 30.000. Apenas y como si se tratara de una gran verdad una cita, que a los efectos nada agrega, de la carta abierta del terrorista-homicida Rodolfo Walsh. Si Buenos Aires fuera provincia de verdad y no de mentira y si este país no fuera bananero, la sola presentación del mendaz y evidente proyecto de ley hubiera desencadenado sobre su autor, el legislador kirchnerista Darío Díaz Pérez, el correspondiente juicio político y destitución. Como es obvio sucedió lo contario. Ni el sindicalista opositor Baradel, ni el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ni los becarios del CONICET, ni obispo alguno de la Conferencia Episcopal Argentina, ni Carrió, Lanata, Leuco o Nelson Castro se pronunciaron en contra de semejante atentado a la verdad. Son COM-PLI-CES. Tampoco, la gobernadora Vidal acusó recibo. Ahora tiene la obligación de vetar la patraña convertida en ley so pena de convertirse en encubridora del delito de envenenar a los niños vía los textos escolares. De no suceder tal cosa estamos en el horno. La posibilidad de que, de oficio, algún fiscal se ocupe de denunciar a los legisladores ante la justicia es más que remota si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellos repite la mentira de los 30.000 en los juicios de lesa humanidad.
Usar el poder del Estado, aventando el odio hacia al colectivo de las FF.AA. instalando, por ley, 24.000 crímenes que jamás sucedieron bien podría encuadrarse tranquilamente en la figura de crimen de lesa humanidad. El cual no prescribe y por él que, si llegamos a recuperar al país de la decadencia en que está sumido, los corruptos y los pusilánimes tendrán que rendir cuentas de su traición.
Después de un paso al costado (¿Ordenes de arriba?) Darío Lopérfido volvió al ruedo con declaraciones calientes que tiempo atrás -tal vez- supo callar. El ex de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires dejó la mesa servida para contestaciones de los intolerantes:
“El informe sobre los desaparecidos me da la razón”
“El fanático cree que si yo no digo treinta mil soy un negacionista, es la mayor canallada que escuché”
“En la Argentina se lee la verdad como polémica, y la verdad es la verdad”
“El kirchnerismo hizo lo peor que puede hacer un régimen, que es llenar el país de fanáticos. El fanático no razona, agrede, no escucha los argumentos de los demás. Me tocó un año movido, pero que me da muchas satisfacciones porque parte del servicio público es decir la verdad. La verdad sana. Dije que la cifra de treinta mil desaparecidos era una cifra simbólica y ahora apareció un dictamen oficial del Ministerio de Justicia, por pedido de una ONG, donde dice que fueron 8.630 y pico entre desaparecidos y ejecutados en forma sumaria. También dije que las desapariciones en la Argentina no habían empezado con la dictadura, habían empezado en el gobierno justicialista de Isabel Perón. El informe dice exactamente eso”.
“El informe oficial que se publica me da la razón. Para mí es una tragedia 8.600 personas muertas en un país que no fue bombardeado, que fueron muertos de a uno, torturados. Como decía [Jorge Luis] Borges, ‘un solo desaparecido sería un escándalo de la razón‘. Fue tremendo. El fanático cree que si yo no digo “treinta mil”, soy un negacionista, la mayor canallada que escuché -muy estimulada desde el diario Página 12, que perdió millones cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, porque les dieron millones durante todos los años a través de la pauta oficial-, es decirme a mí negacionista. Negacionista es, primero, un signo de vulgaridad intelectual, negacionista es decir: No hubo muertes en la Argentina“.
“Yo dije lo que dijo [Ernesto] Sábato, lo que dijo [Graciela] Fernández Meijide, lo que dijeron historiadores y lo que ahora dice un documento oficial que se ocupa de eso. Y no es un número fijo, porque nos podemos enterar dentro de un tiempo de que hubo otra persona desaparecida y se suma, es una lista abierta”.
“Dije que se había hecho el fraude audiovisual más grande de la historia en la época del kirchnerismo. Me acosaron, me amenazaron, me piquetearon. Ahora es público y notorio que lo que dije es cierto”.
“El kirchnerismo adoctrinó fanáticamente y lo hicieron de una manera intensiva, hasta se metieron en Pakapaka, un canal de niños donde se demonizaba a [Domingo F.] Sarmiento. Sarmiento fue Presidente de la República, escribió una cantidad impresionante de libros, fue un hombre que copió el modelo americano, donde había un lugar más pobre había que poner una escuela mejor, creía que la escuela era lo único que podía salvar al país. Y a él lo demonizaban”.
“El populismo te da un subsidio, el puntero que te lo da, se queda con la mitad y con esa mitad que te quedaste estás esclavizado a votar siempre al mismo para que no te lo saquen. Hay que transformar eso en un círculo virtuoso donde la gente tenga trabajo, pague cargas sociales, entonces tenga obra social y asignaciones familiares. Tengo mucha confianza, va a pasar. Lo que sucede es que no hace un año todavía que salimos de eso”.
“El populismo dice: ‘Nosotros estamos haciendo esto para los pobres’. Me sorprende el mal concepto que tienen los kirchneristas de los pobres. A mí me gusta que la gente pobre tenga herramientas culturales para dejar de ser pobre, no lo quiero condenar a que si te gusta el fútbol y la bailanta, entonces fútbol y bailanta toda la vida. No, quiero que tu hijo sea violinista y toque en la Filarmónica de Estocolmo”.
“Los argentinos estamos enojados y violentos. Yo se lo adjudico absolutamente al kirchnerismo, no existía esto en la Argentina. No quiere decir no discutir, yo estuve en muchas posiciones de gobierno y me he dicho de todo con gente por un problema puntual, pero después nos vamos a comer juntos. El poder tiene que ser ejemplificador, debe dar el ejemplo. Acá se han hecho unas burradas que no doy crédito, no te gustaba lo que decía un periodista y le hacían un juicio público. Cuando fue el conflicto por el campo D’Elía y Moreno iban a la plaza de Mayo, puteaban a los tipos que se estaban manifestando y les querían pegar, innumerable cantidad de ejemplos. La Presidente misma por una cosa que dijo Darín lo acusó de algo que además era falso. Si el que tiene el poder hace eso, para abajo se transmite y la sociedad se crispa”.
El 16 de agosto de 2016 presentamos, ante la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una solicitud de información pública requiriendo los siguientes datos:
1) Según los datos obrantes en dicha dependencia, la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983;
2) Respecto del terrorismo de estado ejercido durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón -según los registros obrantes en dicha dependencia- la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 12 de octubre de 1973 al 23 de marzo de 1976.
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Dilación, denuncia y respuesta contradictoria
Luego de una dilación importante (si tenemos en cuenta que el informe debió ser brindado a los 10 días hábiles) y previa intervención de la Ofician Anticorrupción (ente ante el cual se denunció la demora) la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural presentó un informe que se contradice, al intentar defender -sin sustento técnico alguno- la cifra de 30.000 desaparecidos.
En efecto, la respuesta se compone de dos informes. Uno, de carácter meramente político, emitido por el Archivo Nacional de la Memoria, a cargo de Gustavo Peters Castro, y que refiere al otro informe, diciendo que: “El listado de víctimas que se adjunta comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas por ante la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS y PLURALISMO CULTURAL a la fecha y por lo tanto no debe entenderse como la totalidad de las víctimas ya que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones y organismos, no refrendados ante la Secretaría”. Sin embargo, el informe aludido, emitido por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) sostiene que dicho registro “está constituido por aquellos casos considerados válidos denunciados ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), por aquellos que cuentan con denuncia debidamente formalizada ante la hoy Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (SDHN) y, a partir de relevamientos recientes, por aquellos casos sobre los que se ha considerado probado que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en causas judiciales con sentencia a la fecha.”
Está claro: un sector de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural pretende hacernos creer que los números que comentaremos más adelante tienen poca relevancia porque sólo surgen de las denuncias efectuadas en dicha dependencia (sustentando de ese modo la tesis de los 30.000 desaparecidos), mientras que otro sector dice que, esos mismos números, corresponden, no sólo a las denuncias radicadas en la Secretaría, sino que también corresponden a los datos de la Conadep y a los casos resueltos por Poder Judicial.
Increíblemente, ante esta contradicción, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, nos envía una nota acompañando ambos informes,en la que sostiene que “ambos instrumentos … son compartidos por el suscripto”. ¿?
Los números
Según el informe del Registro Únificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) durante ámbos períodos solicitados (peronista y militar) se produjeron 7010 desapariciones forzadas y 1561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total, para ambos períodos, de 8571 víctimas de terrorismo de estado.
De las víctimas totales, el 14,83% (1271 casos) corresponden al tercer mandato de Juan Domingo Perón, que fuera continuado, tras su deceso, por su viuda, la Sra. María Estela Martínez de Perón (alias Isabel o Isabelita). El 85,17% restante de las víctimas (7300 casos), corresponde a la etapa del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Asimismo, de las 7010 desapariciones forzadas, el 9,44% (662 casos) corresponde al período peronista, mientras que el 90,46% (6348 casos) corresponden a la etapa militar.
Finalmente, en relación a los asesinatos efectuados sin mediar desaparición forzada previa, el 39% (609 casos) corresponde al período peronista y el 61% (952 casos) corresponde al “Proceso”.
24 de Marzo de 1976
Eso es hoy, historia. Historia cuya realidad fue una increíble relación de actos heroicos y muertes ejemplares: Cáceres, Berdina, Luna, Moya y tantos más a los que hoy tratan de tapar con el recuerdo espurio y la compensación económica de los apátridas que dejaron sus huesos en esta tierra a la que querían conquistar.
Aunque los escribas mercenarios lo nieguen, esto fue una guerra civil, quizás la peor clase de guerra que un soldado puede soportar, pero también es, a posteriori, una larga conexión – porque nada de esto ha terminado- de agachadas vergonzantes y arreglos ilegítimos hechos en función de una justicia que trocó su nombre por el de venganza.
El desconocimiento de como se hacía este tipo de guerra, guerra sin tiempo, ha hecho que hoy, cuarenta y tres años después, la venganza internacional, llámese izquierda pura, socialdemocracia o iglesia “popular y militante” con el concurso de colaboracionistas vernáculos- jueces, políticos, empresarios y obispos- y con el silencio de una sociedad civil cobarde que desde 1983 busca hacerse perdonar sus pedidos de horca y degüello para los terroristas, caiga sobre aquellos que vencieron a la subversión todo el peso de leyes tergiversadas al amparo de la violación de la Constitución Nacional.
Nada ha cambiado, seguimos con “el curro de los derechos humanos”, a los que les hemos agregado el estúpido ritual de tirar flores al río como una exaltación de la violencia de la que no se puede hablar. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo son lágrimas que no se han secado porque la venganza las ha relegado al olvido.
Hoy es 24 de marzo y como desde hace treinta y seis años volverán a salir los carroñeros de siempre- que los hay en todos lados, pero muchos, dentro del gobierno- a hacer su faena de la mano de la desmemoria, la cobardía y la complicidad de los argentinos.
JOSE LUIS MILIA
josemilia_686@hotmail.com
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 24, 2019
30.000 DESAPARECIDOS. LA MENTIRA ERIGIDA EN LEY
El Senado bonaerense transformó en ley la iniciativa kirchnerista originada en diputados que deja establecido como inamovible que el número de los desaparecidos en el gobierno de facto, iniciado el 24 de marzo de 1976, es de 30.000. Al parecer los legisladores que aprobaron la ley creen que las mayorías simple que obtuvieron en las votaciones respectivas poseen el poder suficiente para cambiar la realidad. A su vez, el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sostiene que el número de desaparecidos durante la última dictadura fue de 6.348 (662 casos ocurrieron durante el gobierno de Isabel Perón), Luego, la diferencia entre la cifra de la legislatura, que ya es ley provincial, y la oficial del Ministerio de la Nación es casi de un 80% ¿Acaso se trata de un error? Para nada. Treinta y cinco años de gobiernos constitucionales fueron más
que suficientes para que familiares o allegados de personas desaparecidas hayan denunciado esa situación en los organismos correspondientes estatales y no estatales. Que son 30.000 no es un error sino una burda y cochina mentira. Mentira que Bonafini y Carlotto esgrimen con cinismo impune contra la montaña de evidencias que la refutan y mentira con la que los legisladores bonaerenses envilecen la política. No existe un solo fundamento en los considerandos de la ley que avale la cifra de 30.000. Apenas y como si se tratara de una gran verdad una cita, que a los efectos nada agrega, de la carta abierta del terrorista-homicida Rodolfo Walsh. Si Buenos Aires fuera provincia de verdad y no de mentira y si este país no fuera bananero, la sola presentación del mendaz y evidente proyecto de ley hubiera desencadenado sobre su autor, el legislador kirchnerista Darío Díaz Pérez, el correspondiente juicio político y destitución. Como es obvio sucedió lo contario. Ni el sindicalista opositor Baradel, ni el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ni los becarios del CONICET, ni obispo alguno de la Conferencia Episcopal Argentina, ni Carrió, Lanata, Leuco o Nelson Castro se pronunciaron en contra de semejante atentado a la verdad. Son COM-PLI-CES. Tampoco, la gobernadora Vidal acusó recibo. Ahora tiene la obligación de vetar la patraña convertida en ley so pena de convertirse en encubridora del delito de envenenar a los niños vía los textos escolares. De no suceder tal cosa estamos en el horno. La posibilidad de que, de oficio, algún fiscal se ocupe de denunciar a los legisladores ante la justicia es más que remota si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellos repite la mentira de los 30.000 en los juicios de lesa humanidad.
Usar el poder del Estado, aventando el odio hacia al colectivo de las FF.AA. instalando, por ley, 24.000 crímenes que jamás sucedieron bien podría encuadrarse tranquilamente en la figura de crimen de lesa humanidad. El cual no prescribe y por él que, si llegamos a recuperar al país de la decadencia en que está sumido, los corruptos y los pusilánimes tendrán que rendir cuentas de su traición.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 26, 2017
Volvió Lopérfido
Después de un paso al costado (¿Ordenes de arriba?) Darío Lopérfido volvió al ruedo con declaraciones calientes que tiempo atrás -tal vez- supo callar. El ex de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires dejó la mesa servida para contestaciones de los intolerantes:
DESAPARECIDOS DEL PERONISMO Y DEL PROCESO: INFORME DEL GOBIERNO SOLICITADO POR CIUDADANOS LIBRES
El pedido
El 16 de agosto de 2016 presentamos, ante la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una solicitud de información pública requiriendo los siguientes datos:
1) Según los datos obrantes en dicha dependencia, la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983;
2) Respecto del terrorismo de estado ejercido durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón -según los registros obrantes en dicha dependencia- la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 12 de octubre de 1973 al 23 de marzo de 1976.
Dilación, denuncia y respuesta contradictoria
Luego de una dilación importante (si tenemos en cuenta que el informe debió ser brindado a los 10 días hábiles) y previa intervención de la Ofician Anticorrupción (ente ante el cual se denunció la demora) la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural presentó un informe que se contradice, al intentar defender -sin sustento técnico alguno- la cifra de 30.000 desaparecidos.
En efecto, la respuesta se compone de dos informes. Uno, de carácter meramente político, emitido por el Archivo Nacional de la Memoria, a cargo de Gustavo Peters Castro, y que refiere al otro informe, diciendo que: “El listado de víctimas que se adjunta comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas por ante la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS y PLURALISMO CULTURAL a la fecha y por lo tanto no debe entenderse como la totalidad de las víctimas ya que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones y organismos, no refrendados ante la Secretaría”. Sin embargo, el informe aludido, emitido por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) sostiene que dicho registro “está constituido por aquellos casos considerados válidos denunciados ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), por aquellos que cuentan con denuncia debidamente formalizada ante la hoy Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (SDHN) y, a partir de relevamientos recientes, por aquellos casos sobre los que se ha considerado probado que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en causas judiciales con sentencia a la fecha.”
Está claro: un sector de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural pretende hacernos creer que los números que comentaremos más adelante tienen poca relevancia porque sólo surgen de las denuncias efectuadas en dicha dependencia (sustentando de ese modo la tesis de los 30.000 desaparecidos), mientras que otro sector dice que, esos mismos números, corresponden, no sólo a las denuncias radicadas en la Secretaría, sino que también corresponden a los datos de la Conadep y a los casos resueltos por Poder Judicial.
Increíblemente, ante esta contradicción, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, nos envía una nota acompañando ambos informes,en la que sostiene que “ambos instrumentos … son compartidos por el suscripto”. ¿?
Los números
Según el informe del Registro Únificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) durante ámbos períodos solicitados (peronista y militar) se produjeron 7010 desapariciones forzadas y 1561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total, para ambos períodos, de 8571 víctimas de terrorismo de estado.
De las víctimas totales, el 14,83% (1271 casos) corresponden al tercer mandato de Juan Domingo Perón, que fuera continuado, tras su deceso, por su viuda, la Sra. María Estela Martínez de Perón (alias Isabel o Isabelita). El 85,17% restante de las víctimas (7300 casos), corresponde a la etapa del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Asimismo, de las 7010 desapariciones forzadas, el 9,44% (662 casos) corresponde al período peronista, mientras que el 90,46% (6348 casos) corresponden a la etapa militar.
Finalmente, en relación a los asesinatos efectuados sin mediar desaparición forzada previa, el 39% (609 casos) corresponde al período peronista y el 61% (952 casos) corresponde al “Proceso”.
La respuesta del Gobierno – Documentos:
Dr. JOSE LUCAS MAGIONCALDA