La ciega ambición, el ego personal, la falta de sentido común componen el perfil de la mayoría de los políticos y por cierto refleja al del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos. El abanderado de la paz se otorga este y otros honores con el uso de la notoriedad pura del lenguaje (que es exitoso, aunque solo por él confirmado). En el contexto de evitar la violencia, tal vez se concede mucho. Demasiado. La razón, si lo desea, es restaurada a su trono, y el prosaico y el profesional tienen su momento de honor y gloria. Pero miremos más detenidamente. Ahora, ex jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia manifiestan que están tomando las armas nuevamente después de lo que consideran el fracaso de un acuerdo de paz de 2016 para garantizar sus derechos políticos. A estos derechos mencionados, Santos les había adjuntado propiedades, puestos en el Senado, en la Cámara Baja y hasta estaciones de radio a cambio de la deposición de las armas, un precio que gran parte de la población colombiana aún hoy se pregunta por qué hubo de pagar.
El grupo dice que lanzará una nueva ofensiva, amenazando con reanudar varios años de conflicto armado en la nación sudamericana. El motivo expuesto es que los tratados firmados en La Habana no han sido respetados. Según terroristas como (a) Iván Márquez, el estado no ha cumplido con su obligación más importante, que es garantizar la vida de sus ciudadanos y especialmente evitar asesinatos por razones políticas. Demanda curiosa si se entiende que el accionar de las FARC dejó un tendal de asesinatos selectivos, abusos sexuales, torturas, secuestros y desapariciones. Las cifran rozan los 220.000 muertos documentados, 5,7 millones de desplazados en las zonas rurales, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.
El grupo dice que su objetivo ahora es la instalación de un gobierno que apoye la paz. Esta nueva administración luchará contra la corrupción y exigirá pagos de quienes participan en economías ilegales y de compañías multinacionales.
Desde el gobierno insisten que estas nuevas organizaciones armadas se encuentran traicionando el deseo de paz de otros miembros de las FARC. Sin embargo, afirman que la capacidad militar del grupo es limitada y que no es algo que el país deba temer, mientras tantos -y sin que el pueblo sienta temor- estas bandas siguen secuestrando y acechando a los ciudadanos. Es cierto, muy difícilmente lleguen a ser, por ahora, una amenaza directa para bien protegidos burócratas. Tal vez aún estos nuevos pastores de la “Revolución” no son tan insurgentes o incendiarios como su representativo historial y popular nombre podría sugerir, pero no faltará el hoy callado profeta que cuando sea tarde declame: “Yo lo advertí”.
Desde que se firmó el acuerdo de paz a finales de 2016 entre el Gobierno y las Farc, con el presidente Santos bajándose los pantalones en busca del Premio Nobel de la Paz, en Colombia se habla de los temidos grupos disidentes de las FARC, aquellos terroristas que se negaron a entregar sus armas y reinsertarse a la vida civil.
Desde entonces, en varias regiones de Colombia se vienen escuchando los mismos fenómenos de violencia e inseguridad que se padecían cuando estaba activa la guerrilla. Secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos, vendettas mafiosas y diversos actos terroristas son algunas de las acciones criminales que persisten.
Iván Casso, alias Iván; Richard Valentierra Castillo, alias Valentierra; Maribel Guevara Capote, alias Marisol Cometa y Fernanda Quitumbo Valencia, alias Fer. Todos ellos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo
Entre las nuevas organizaciones que ya están bajo la investigación de las autoridades, aparece el grupo disidente que se hace llamar Dagoberto Ramos, que estaría detrás de los asesinatos de líderes indígenas y el secuestro con fines extorsivos de comerciantes, ganaderos, transportadores y agricultores.
Precisamente la Policía de Cauca (región al sure de Cali) capturó a varios miembros de una de las estructuras de esa disidencia que, de acuerdo con las pesquisas, eran los encargados de hacer la inteligencia y posterior contacto con las víctimas de secuestros con fines extorsivos.
Las indagaciones contra esa organización arrancaron desde el pasado mes de marzo cuando secuestraron a un agricultor de 65 años de edad por el que exigían tres mil millones de pesos colombianos (unos 900mil dólares estadounidenses) para su rescate.
Las autoridades comenzaron un rastreo minucioso que permitió, además de la captura de cuatro de los integrantes de ese grupo disidente, conocer la manera como operan y resolver otros tres secuestros y doce casos de extorsión.
Lo primero que lograron establecer los investigadores es que la banda criminal hacía parte de la red financiera de la disidencia, y prueba de ello es que uno de los capturados era el hombre de confianza de “alias Javier”, considerado el cabecilla de la segunda comisión de dicha estructura subversiva, “era el encargado de realizar inteligencia delictiva de personas de medio y alto perfil económico, para la materialización de secuestros extorsivos”, aseguraron fuentes policiales.
La verdad y la memoria, el ideal de justicia, la defensa de la integridad de la Constitución, la convicción moral en la causa democrática, fueron objeto de negociación claudicante en La Habana. Allá y en escenarios como la ONU, el expresidente Juan Manuel Santos demeritó la lucha del Estado contra las guerrillas terroristas.
Al aceptar al establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y su conformación con personas claramente favorables a la mirada izquierdista sobre la violencia política colombiana reciente, abrió campo a uno de los sueños más preciados de las guerrillas comunistas: imponer su verdad definitiva del “conflicto armado”.
La CEV trabaja en simultáneo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuya misión es procesar judicialmente a responsables de graves delitos en el marco, no de la justicia internacional y de nuestra Constitución, sino en el de la justicia transicional. También funciona una Comisión de la Memoria Histórica.
Sobre esos temas se libra una intensa batalla entre quienes sostienen que en Colombia hubo una guerra civil, un conflicto armado o un levantamiento justiciero contra la dictadura civil del Frente Nacional con el trasfondo de la propiedad de la tierra y la exclusión política, de un lado, y quienes pensamos que la confrontación de las guerrillas con el Estado colombiano surgió como expresión de proyectos revolucionarios comunistas en la dinámica de la Guerra Fría, que pretendieron acceder al poder a través de la lucha armada y en dicho camino fracasaron, se criminalizaron y cometieron innumerables crímenes de lesa humanidad.
El diseño y las funciones asignadas a las comisiones creadas terminarán consolidando el control de la verdad jurídica, la verdad histórica y la memoria por parte de la narrativa guerrillera.
La jurídica, porque no tendrá como referente la normatividad vigente de la justicia humanitaria internacional ni el bloque de constitucionalidad colombiano, sino una legislación transicional benévola que tiende a la impunidad.
La histórica, porque se adopta un modelo ensayado para países en franca guerra civil o gobernados por déspotas o dictadores sanguinarios, situaciones con las que no encaja el sistema democrático colombiano.
Y la memoria, porque se privilegia el testimonio de las víctimas del Estado al que, de paso, se culpa de impulsar una política oficial de violación de los derechos humanos.
En relación con la verdad histórica, hay que añadir que se pretende deformar su carácter académico, libre de sesgos ideológicos e intereses políticos. Por los trabajos realizados hasta el presente por la comisión presidida por el sacerdote De Roux, se puede decir que está invadiendo competencias de la JEP.
Debemos reiterar que el espíritu académico riñe con comisiones. La CEV quiere hallar la verdad final, de cierre queriendo ignorar que la verdad histórica, en sentido académico, es más especulativa, puede inspirarse en diferentes enfoques, metodologías y paradigmas que, en vez de cerrar, pueden llevar a la apertura de debates no necesariamente contradictorios ni necesariamente complementarios. Los resultados en esta perspectiva son sometidos al escrutinio y la evaluación de pares, de la comunidad académica y del público crítico.
Lo explica más nítidamente el prestigioso historiador francés Maurice Agulhon cuando plantea que hablar de verdad o falsedad “corresponde a la llamada “historia del acontecer”, pues “es en relación con un hecho preciso que podemos hablar de lo verdadero o de lo falso”. Y agrega: “Pero los historiadores no se contentan con esto. Buscan alcanzar interpretaciones y conclusiones generales”. Y afirma que es dudoso que a ese nivel se pueda calificar una interpretación como verdadera o falsa.
La verdad histórica, por tanto, es del resorte de la academia, no de comisiones cuyos resultados presumen de incuestionables.
Sobre la memoria de la violencia y el terror político creo pertinente acudir a la reflexión del escritor y reportero del New York Times, David Rieff, quien advierte sobre los peligros de usarla con fines de retaliación o venganza o con intencionalidad política o ideológica: “La memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan… ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón”.
La memoria puede llegar a ser un sentimiento colectivo unificador en la narrativa de un pueblo, una nación o una comunidad como en el caso de los judíos ante el horror nazi. Pero, también puede ser selectiva, no unificadora, como en los Balcanes o los colombianos.
Por tanto, lo deseable es que la verdad y la memoria sean abordadas con criterios profesionales y técnicos abiertos. En tal sentido, los productos de la memoria deberían ser clasificados, divulgados y puestos a disposición del público y de los académicos en su sitio adecuado: el Archivo General de la Nación. Y la verdad histórica, remitida a Colciencias como una línea macro de investigación bajo los mismos parámetros vigentes para los conflictos políticos y sociales.
Coda: La propuesta formulada por el Centro de Estudios de Justicia y la Universidad de Oxford (con el apoyo de Open Society Human Rights Initiative) a la CEV de crear una sección que investigue la “complicidad empresarial” en el “conflicto armado” con grupos paramilitares y en violaciones a los derechos humanos revela un injustificado sesgo antiempresarial en línea con la narrativa guerrillera que estigmatiza a finqueros, hacendados y ganaderos como promotores del paramilitarismo. Por coherencia deberían proponer que se haga lo mismo con intelectuales, académicos, periodistas, activistas de ONG, sindicalistas, congresistas, partidos, personalidades que apoyaron o financiaron de alguna manera las acciones criminales de las guerrillas.
Darío Acevedo Carmona, nacido en Andes, Colombia el 4 de febrero de 1951 es historiador, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y autor de varios libros.
Uno de los sospechosos acusados de intentar asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro usando drones armados con explosivos murió ayer lunes en circunstancias misteriosas.
Funcionarios del gobierno venezolano dicen que Fernando Albán, un concejal de 56 años en la capital de Caracas y crítico de Maduro, murió por suicidio luego de saltar por una ventana del décimo piso del Servicio de Inteligencia Bolivariano, la agencia de inteligencia más importante del país.
Pero los críticos de Maduro han acusado al régimen de asesinar a Albán como parte de una represión masiva contra grupos de la oposición y activistas de derechos humanos.
Albán fue arrestado el viernes por su presunta participación en el aparente intento de asesinato el 4 de agosto, cuando drones armados volaron hacia Maduro durante un discurso en un desfile militar. Se escucharon dos fuertes explosiones y mientras Maduro escapó ileso del ataque, siete miembros de la guardia nacional de Venezuela resultaron heridos.
No está claro exactamente qué le sucedió a Albán en el tiempo entre su arresto y su muerte.
El ministro del interior de Venezuela, Néstor Luis Reverol, tuiteó el lunes que, cuando Albán estaba siendo trasladado a la corte, se arrojó por la ventana. Ese relato pareció diferir del del fiscal general venezolano Tarek William Saab, quien dijo en una entrevista con la emisora estatal VTV que Albán se arrojó desde la ventana después de pedir permiso para ir al baño.
El abogado de Albán, Joel García, le dijo a CNN que la cuenta de Saab es “totalmente falsa”, ya que hubiera sido imposible para su cliente ir solo al baño y saltar por la ventana dado el alto nivel de seguridad y vigilancia dentro del edificio.
Funcionarios de fuera de Venezuela también se han manifestado.
Luis Almagro, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, dijo en Twitter que la muerte de Albán fue el resultado directo de un “régimen de torturas y homicidios”.
Grupos de la oposición y de derechos humanos han acusado a la administración de Maduro de mantener a cientos de presos políticos bajo cargos falsos en un intento de reprimir la disidencia. Las Naciones Unidas han dicho que los detenidos a menudo son sometidos a malos tratos y, en algunos casos, a torturas.
El gobierno venezolano niega sistemáticamente que esté deteniendo a personas como presos políticos y afirma que los detenidos han sido bastante encarcelados.
El senador estadounidense Bob Corker dijo que la muerte de Albán era “perturbadora” y dijo que el gobierno de Venezuela “tiene la responsabilidad de garantizar que todos comprendan cómo pudo haber ocurrido”.
Corker, el presidente del Senado de Relaciones Exteriores, se encuentra en Venezuela en una misión de investigación, reuniéndose con funcionarios estadounidenses, legisladores venezolanos y líderes de la oposición. Se reunió con Maduro en Caracas a principios de este año.
Albán es una de varias personas que las autoridades venezolanas han arrestado en relación con el ataque.
Maduro afirma que los agitadores de extrema derecha y el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos estuvieron detrás del intento de asesinato. Más tarde afirmó que tenía pruebas que vinculaban a Colombia con el ataque, pero aún no lo ha revelado.
Colombia ha negado las acusaciones.
Los argentinos deberíamos preguntarnos cuál fue la causa de que nos convirtiéramos en un país tan, pero tan distinto a todos nuestros vecinos. Los procesos políticos y económicos por los que ellos atravesaron fueron muy similares y casi contemporáneos con los nuestros y, sin embargo, salieron de ellos fortalecidos y pujantes. Basta con trasladarse a Chile, a Uruguay, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Paraguay, para comprobar la enorme diferencia que existe en el crecimiento de sus sociedades, con todos los beneficios que eso trae aparejado, con el suicidio colectivo que hemos cometido. Basta con recorrer las calles de Santiago, de Lima, de Bogotá, de San Pablo o de Asunción para comprobar a qué me refiero; y no hay que olvidar que muchas de ellas sufrieron catástrofes naturales verdaderamente descomunales.
Todos los latinoamericanos vivimos distintas formas de democracia, algunas más autoritarias que otras, regímenes militares, luchas antisubversivas, narcotráfico, algunas guerras focalizadas, renovados procesos democráticos, ondas privatizadoras de empresas del Estado, progresismos de izquierda, falsos o sinceros; sin embargo, el resultado final ha sido totalmente diferente.
En todos esos países ha habido hechos de corrupción, algunos siderales, como es el caso de Odebrecht, el llamado Lava-Jato, que ha llevado a la cárcel nada menos que a Luiz Inácio Lula da Silva y a decenas de muy importantes empresarios y políticos; los coletazos de ese escándalo costaron la Presidencia a Pedro Kuczynki en el Perú, y manchó las gestiones de Juan Manuel Santos, en Colombia, y de Danilo Medina, en República Dominicana, y está llegando a la Argentina de la mano del acuerdo que finalmente firmó la Procuración General, que permitirá a los fiscales hacerse con las confesiones de los arrepentidos brasileños. Hasta en Chile y Uruguay, considerados verdaderos templos de honestidad, se produjeron episodios de este tipo, aunque en una dimensión que aquí resultaría casi cómica: un hijo de Michelle Bachelet fue acusado de utilizar sus vinculaciones para obtener un préstamo, y el hijo del fundador de Tupamaros, Raúl Sendic, fue despedido como Vicepresidente por utilizar su tarjeta de crédito oficial para gastos privados.
Los ya famosos cuadernos de Oscar Centeno son un escándalo, pero lo interesante es ahora analizar todo el resto. En esos registros faltan áreas en las que la familia robó sin límite alguno. No figuran la importación de gas licuado, las coimas de Skanska, la participación de los Ezkenazi en YPF, las “compras” de trenes chatarra, los negocios con Hugo Chávez y las otras valijas de Guido Antonini Wilson, las transferencias de empresas a manos amigas, los millones pagados en consultorías (vgr., el “tren bala”), los subsidios al transporte público, el “dólar futuro”, las cuentas en las Seychelles, los Sueños Compartidos, la Tupac Amaru de Milagro Salas, la proliferación del juego, Fútbol para Todos, la efedrina, los medicamentos truchos y, sobre todo, la sociedad con los carteles de la droga, con la “Morsa” como mero gerente.
Todas las entregas de dinero que describió Centeno se transformaban en sobreprecios de la obra pública; o sea, en delitos de cohecho -coimas- que tienen previstas penas mucho mayores a los aportes ilegales de campaña, como pretenden ahora disfrazarlas los “arrepentidos”. La corrupción es un tango que se baila de a dos, y aquí hubo empresarios que pagaron, para obtener contratos, a los funcionarios que los firmaban y, por eso todos, todos, tienen que ir presos; al menos por ahora, no hay inocentes extorsionados sino delincuentes de guante blanco que, de un lado y otro del mostrador, arrasaron con el país.
Centeno fue sólo uno de los muchísimos conductores de autos y pilotos de aviones que servían a los funcionarios del gobierno de entonces y que, con seguridad, tenían también funciones como transportadores de caudales; ¿los interrogarán los jueces? ¿A cuántos y a cuáles de los miles de estudios jurídico-contable que prestan en el mundo los mismos servicios que Mossak-Fonseca habrán recurrido Cristina Elisabet Fernández y sus cómplices para llevarse sus fortunas al exterior, como hizo Daniel Muñoz con sus US$ 60 MM en propiedades en Estados Unidos?
Todos sabíamos, y Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Oscar Centeno y las cajas de seguridad de Florencia Kirchner se ocuparon de confirmarlo, que a don Néstor le gustaba tanto el efectivo que se sentía en éxtasis con sólo contemplar una caja fuerte, y que sus preferidos eran los billetes de ? 500; cuando murió, seguramente su viuda se encontró con montañas de pesadas bolsas con esos papeles, que nunca fueron localizados pese a los denodados esfuerzos perforadores del Fiscal Guillermo Marijuán.
En la medida en que siempre aclaré que era sólo un ejercicio de imaginación, puedo permitirme recordar dos notas que escribí en 2012: “La gata de Angola” (https://tinyurl.com/y7pdohwl) y “¿Son eternos los diamantes?” (https://tinyurl.com/y7tnll6x). ¿Habrá llevado el buque fletado por Guillermo Moreno, que transportó la cosechadora trucha, la vaca campeona y los pollos que aleteaban, también algunos contenedores con esos billetes, para canjearlos en África por piedras brillantes?
Las remezones del terremoto que provocaron los cuadernos continuarán tiempo porque, aún cuando haya demasiados interesados en que el tema no escale, el hecho de que “La Nación” los tuviera dos meses antes de presentarlos a la Justicia, garantiza que les resultará imposible enterrarlos.
Entonces, la pregunta que formuláramos muchos desde hace tiempo recobra actualidad: ¿estamos verdaderamente los argentinos dispuestos a pagar, por la limpieza de tanta inmundicia, el costo económico y social que significaron los procesos Mani Pulite y Lava Jato? Ese precio, traducido en un encarecimiento del “riesgo país”, en la pérdida de valor de las acciones de empresas y en la devaluación del peso, ya nos está siendo cobrado, y el mundo ha comenzado a dificultar el financiamiento público y privado.
Pero tampoco hay alternativa a esa limpieza, porque el mundo nos percibe como una sociedad esencialmente corrupta, y eso incrementa brutalmente todos nuestros costos. Si Lilita Carrió tuvo razón cuando dijo que, en esos trágicos doce años y medio, los Kirchner robaron el equivalente a un PBI, y es hartamente probable que así haya sido y aún más, porque no dejaron nicho estatal sin saquear, esos aproximadamente US$ 550 MMM resulta una cifra tan monstruosa que debemos compararla con la deuda externa, el 30% de pobres, la insoportable presión impositiva, la pérdida del autoabastecimiento energético, las escuelas y hospitales faltantes, la desnutrición infantil, la destruida infraestructura vial, portuaria y ferroviaria, nuestra indefensión militar, la insolvencia del sistema previsional, la falta de crecimiento económico, la inflación galopante, la escasez de divisas.
Es por eso que cuesta explicarnos por qué la jefa de tamaña asociación ilícita sigue en libertad, protegida por el H° Aguantadero, y manteniendo un 25% de aprobación entre quienes son, precisamente, los mayores perjudicados por su corrupción. La respuesta sólo podemos encontrarla en la buscada -y obtenida- destrucción de la educación pública, que aún hoy, cuando ya han pasado casi tres años desde que dejó el poder, continúa encarnada en Roberto Baradel, que cada día quita un ladrillo de los cimientos culturales de las futuras generaciones.
El jueves, en La Nación, Ricardo Esteves publicó una nota en la que sostuvo que estamos ante la oportunidad de optar por el camino que siguió Chile o el que eligió la dupla Chávez-Maduro en Venezuela; por supuesto, coincido con él. El lema de Cambiemos es “¡Sí, se puede!”; ¿se podrá?
Alfred Bernhardt Nobel estuvo directamente involucrado en armamentos a través de la compra de acero en 1894. La productora Bofors, que el químico sueco puso en marcha, llegó a convertirse en uno de los líderes fabricantes de armas militares que contribuyen a la muerte de muchas personas, no solo en guerras. Alfred Nobel tuvo la idea de usar su dinero para los premios anuales después de que su hermano, Ludvig, murió en 1888 y un periódico francés erróneamente pensó que había sido Alfred Nobel mismo quien había muerto. El diario publicó el obituario con el título: “El mercader de la muerte está muerto”, pasando a declarar: “Dr. Alfred Nobel, que se hizo millonario al encontrar nuevas maneras de matar a más y más rápido que nunca a seres humanos, murió ayer “.
Ese es -muy livianamente- el macabro origen de uno de los galardones más famosos del mundo moderno y el nacimiento entre sus categorías, el de la paz, el que más desvela a los dirigentes políticos.
En 1973, Henry Kissinger, la mano hábil detrás de Richard Nixon, se convirtió en un candidato al premio, alegando que su proeza negociadora en las conversaciones de paz de París estaba poniendo fin a la guerra de Vietnam. Finalmente, el premio fue concedido conjuntamente con el general y diplomático vietnamita Le Duc Tho. Este y el americano nacido en Alemania fueron claves en la firma del tratado. El acuerdo fue suscrito por ambos funcionarios y el presidente vietnamita Nguyen Van Thieu, permitió un cese de fuego y un intercambio de prisioneros de guerra. Sin embargo, Le Duc Tho no aceptó la condecoración con el pequeño argumento de que en Vietnam no había paz. Esto es registrado por la brillante periodista italiana Oriana Fallaci quien preguntó al consejero de seguridad nacional americano si se encontraba decepcionado. Ante la sorpresa de este, la florentina espetó: “Se han firmado los tratados de paz, pero la guerra continúa, y la violencia es superior”. El gran descuido del comité del Nobel fue la historia detrás de la historia. Kissinger, el orquestador de cuatro años de bombardeos en Camboya, de las masacres de Timor del Este, Bangladesh, la invasión a Chipre o políticas intervencionistas en Chile, Rodesia y Argentina, no había detenido la violencia en Vietnam, algo poco emparentado con la paz.
Una vez hubo un tal Yasser Arafat. Arafat, visto como el padre de la lucha palestina por la estadidad por sus partidarios y un terrorista no arrepentido por sus detractores, tiene un legado polémico. Si hay algo que es irrefutable es que, durante la mayor parte de su carrera en la escena pública, Arafat fue un firme motor del uso de la violencia para lograr objetivos políticos. O como lo expresó después de la fundación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP): “Revolución armada en todas partes de nuestro territorio palestino para hacer de ella una guerra de liberación. Rechazamos todos los acuerdos políticos”.
La facción de Arafat dentro de la OLP, Fatah- estuvo implicada en numerosos ataques armados contra civiles, tanto en Israel como en el extranjero, incluyendo la masacre de 1972 en los Juegos Olímpicos de Munich y el secuestro de 1985 del buque de crucero Achille Lauro. Mantuvo estrechas relaciones personales con dictadores como Saddam Hussein e Idi Amin.
Arafat reconoció a Israel en 1988 y firmó una serie de acuerdos de paz, incluyendo los Acuerdos de Oslo de 1993, por los que compartió el Nobel con Shimon Peres e Yitzhak Rabin. Pero rechazó un acuerdo propuesto en la Cumbre de Camp David en el año 2000, elevando sospechas sobre si estaba realmente interesado en encontrar soluciones no belicosas.
El Comité del premio Nobel cita el trabajo de Kofi Annan en el fortalecimiento de las alianzas de las Naciones Unidas con la sociedad, en su énfasis en el desarrollo de la fundación del Fondo Mundial de Sida y Salud.
Pero la biografía de Annan también tiene capítulos oscuros. Durante el genocidio cometido en Ruanda en 1994, fue el director de misiones de paz de la ONU. El general canadiense Romeo Dallaire, que comandó la misión de mantenimiento de la paz en ese momento, ha acusado a Annan de impedir que las tropas de las Naciones Unidas intervengan para detener el asesinato en masa y modificar y destruir los informes de Dallaire a Nueva York. En su libro Estrechando la Mano del Diablo, el militar declara: “Pudimos haber salvado cientos de miles de vidas”. Pero Annan tenía otra visión, y la misma se encontraba cercana a los extremistas Hutus. El papel de Annan fue criticado en una revisión interna de la ONU y se ha disculpado por no actuar con más fuerza durante el conflicto.
Un panel nombrado por la ONU también criticó a Annan en 2005 por su mala administración del programa de Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas, que terminó canalizando 1,700 millones de dólares en sobornos en las arcas de Saddam Hussein. El informe también sugirió que el hijo de Annan, empleado de una compañía petrolífera suiza, se había beneficiado de la posición de su padre para obtener lucrativos contratos petroleros iraquíes, aunque no se encontró evidencia de que Annan haya intervenido personalmente en nombre de su hijo.
El comité de los premios nos tomó por sorpresa otorgando los laureles a Barack Obama. El presidente norteamericano no había terminado de jurar su primer término como mandatario de la potencia más grande del planeta cuando se produjeron las nominaciones. Obama mismo reconoció que “Comparado con algunos de los gigantes de la historia que han recibido este premio – Schweitzer y King; Marshall y Mandela – mis logros son leves “. Sin embargo, la mayor sorpresa recayó en el hecho de utilizar gran parte de su discurso de aceptación al Nobel en defensa del uso legítimo de la fuerza.
De hecho, el Nobel parece haber sido dado al candidato Obama -el definido por su oposición a la guerra en Irak, aquel que prometió cerrar Guantánamo y se comprometió a fomentar el diálogo con gobiernos hostiles- y no al presidente Obama, más conocido por el conflicto en Afganistán -una guerra ampliamente expandida- una intervención militar en Libia y las ejecuciones de Anwar al-Awlaki y Osama bin Laden. Sin mencionar que Guantánamo todavía está activo y que ha habido pocos progresos en la paz en el Medio Oriente. Estas acciones pueden ser justificables, pero es probable que no cuajen con la definición de un hombre de paz. Al menos reconozco el poder de visión de futuro de los seleccionadores del Nobel: El homenaje a los terroristas argentinos por él, y el presidente Macri prodigado, si se ajusta a sus manuales.
Usted podría incluir a Adolfo Pérez Esquivel, discutir a Al Gore o al menos dudar de Mohamed Elbaradei y su Agencia Internacional de Energía Atómica pero no se puede excluir a Juan Manuel Santos y sus acuerdos por la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. La consecuencia de la derrota del tratado impulsado por Santos no fue precisamente el revés en sí, sino la división de un país. El presidente, en vez de honrar el poder del pueblo en su propia propuesta de consulta popular, traicionó a quienes pensaron que la democracia era innegociable. Ese 3 de octubre, los ciudadanos dijeron “no”, pero no a la impunidad de los crímenes cometidos por las Farcs, cosa que no significaba rechazar la paz. El 7 de octubre, el comité del Nobel, cuya presidente, la fallecida Kaci Kullmann, fue ministra de Comercio y sostuvo un alto cargo de Statoil, la petrolera noruega con intereses en Colombia, anunció el galardón a Santos. Este comité intentó un sermón de castigo: “Esta honra debería ser tributo al pueblo colombiano, que a pesar de las dificultades y abusos no ha perdido las esperanzas de una justa paz, y a todos aquellos que contribuyeron al proceso de paz; y a las incontables víctimas de la guerra civil”.
En su discurso de aceptación del premio a su ego, el Jefe de Estado colombiano recurre a García Márquez y su Macondo mágico y contradictorio insinuando que eso era Colombia antes de su búsqueda por la paz. Considerando esa grieta que el mismo cavó, Colombia continúa apresada en la atmósfera de Cien Años de Soledad.
Santos no solo no respeta la elección democrática de su propio pueblo, como buen político va más allá: “El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, concluyó –luego de un estudio detallado de los 34 acuerdos firmados en el mundo en las últimas tres décadas para poner fin a conflictos armados– que el acuerdo de paz en Colombia es el más completo e integral de todos”. Completo e integral, palabras elegantes que el propio mandatario desconoce cómo usar. El Instituto Kroc, en su ensayo, ¡Pacifista!, sobre los acuerdos de Paz menciona en su segundo párrafo que la agenda acordada antes de la instalación de la mesa de conversaciones destinó un espacio para discutir los términos del proceso que se pondrá en marcha una vez los colombianos se pronuncien en las urnas: la implementación. Como lo explicó la Corte Constitucional, para que los acuerdos se implementen debe ganar el SÍ.
Cuan pequeños somos los hombres y que cerca estamos de Calígula.
La disconformidad, la falta de respeto al voto popular y la corrupción reinante en Colombia fue lo que obligó a los ciudadanos de ese territorio a manifestarse en varios puntos del país, logrando que esta medida se trasladara a quienes residen en el exterior. Madrid, Miami, Houston entre otras varias ciudades, y Orlando, como en el caso del cual fueramos testigos. El mayor clamor de los comprometidos asistentes se debe a lo que está sucediendo en el país sudamericano en cuanto a política social y económica del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Otros temas que sacuden al país cafetero como el reclamo por un aumento del salario mínimo, escándalos por los multimillonarios sobreprecios en la modernización de la refinería de Cartagena y de corrupción en el sistema de salud, así como que en plena crisis energética se haya vendido a un fondo canadiense de inversión la generadora eléctrica Isagén.
La locutora Yadira Bello y la dirigente María Teresa Jaramillo, presentes en el evento, nos dejaron sus preocupados testimonios. La mayoría le dijo “No” al acuerdo de las Farcs presentado por el presidente colombiano, quien pese a reconocer el veredicto publicamente, desconoció el resultado, traicionando a su gente.
Es este un pequeño y pacífico paso que toman los colombianos, previendo si una catástrofe mayor con todos los beneficios que ahora disfrutaran asesinos que no pagarán por sus delitos, como lo son los integrantes de grupo narco-terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El pueblo colombiano votó por el “No”. El presidente Santos por el “Si, acepto el premio Nobel…”
Por Fabian Kussman.
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Esa raza que la gente sigue y vitorea, una especie idolatrada que -muy íntimamente- sabemos que pronto destrozara nuestros corazones. Un linaje preparado a prometer en pos de llegar a la meta, para después desechar declaraciones y, a su misma gente. A esa casta pertenece Juan Manuel Santos, un político de pura cepa, es decir, un estafador profesional.
No mucho tiempo después de asumir su mandato, Juan Manuel Santos -pese a asegurar que seguiría las políticas de Álvaro Uribe en cuanto a no dar descanso a esas criminales actividades de las FARCs- inició acercamientos a estas organizaciones terroristas con el fin de terminar la confrontación más importante del Conflicto armado interno en Colombia. Los diálogos de paz iniciaron con las reuniones exploratorias de marzo del 2011 y octubre del 2012 se instalaron los diálogos en Oslo, Noruega. El 24 de agosto del 2016 las delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron que llegaron a un acuerdo final, integral y definitivo, que se rubricó en septiembre del 2016, pero no fue ratificado en el plebiscito del 2 de octubre del 2016.
En los días siguientes Santos empezó a negociar con la oposición posibles cambios al acuerdo de paz con las FARC. El 12 de noviembre, mes y medio después del plebiscito, se logró la renegociación y la modificación de los acuerdos con las FARC tomando en cuenta los argumentos y objeciones de los promotores del NO, esperando el estudio de las modificaciones hechas y la ratificación total del acuerdo en el Congreso para su implementación.
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Este acuerdo le valió a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz 2016. Entre las razones para este reconocimiento están “sus decididos esfuerzos para acabar con los más de 50 años de guerra civil en el país, una guerra que ha costado la vida de al menos 220.000 colombianos y desplazado a cerca de seis millones de personas”.
Pese a estos logros, el presidente Santos dio a conocer en Marzo de 2016 de manera oficial el inicio de los diálogos de paz con la otra guerrilla armada del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de más de dos años de fase exploratoria para discutir una agenda de posibles puntos para un eventual proceso de paz; sin embargo, el inicio de los diálogos está suspendido hasta que el ELN libere a los secuestrados que tiene en su poder.
Se supone que las leyes existen para cumplirlas, las sentencias para acatarlas y los plebiscitos para aceptarlos. Son las normas de la democracia. Sin estos obvios conceptos, estaríamos ante una preocupante anarquía y la Ley de la jungla se impondrá.
Pretender ganar en los despachos lo que no se ganó en el terreno democrático es propio de los políticos de hoy. Colombia no es la excepción.
El resultado no oficialista del plebiscito está pensionando al gobierno en una permanente tentación de mirar hacia otra parte y no reconocer el voto de la población.
En su afán por abrazar el Nobel, Santos Buscó amparo en la Corte Constitucional, que no tiene facultades de control sobre el plebiscito.
A la Corte sólo corresponde el control de constitucionalidad.
Nadie mejor que el doctor Fernando Vargas Quemba para describir la situación de Colombia en estos momentos.
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El doctor Fernando Vargas Quemba es abogado, ingeniero agrícola, educador, experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, miembro fundador del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla en Colombia y representante legal de las víctimas del terrorismo colombiano. Vargas Quemba es un hombre preocupado y ocupado por el destino de su país en la víspera de una decisión fundamental.
La protesta no es parte de una ideología política, ni de un partido de derecha, tampoco de pensamientos de izquierda, es el enojo de una Colombia decepcionada y un justo reclamo a Juan Manuel Santos por haber entregado el país al narcoterrorismo liderado por las Farcs.
Esta marcha es en “contra el mal gobierno”. Y esa definición de ‘mal gobierno’ es comprehensiva: la corrupción que se ha incrementado exponencialmente, el desconocimiento del ordenamiento jurídico, un presidente que ha hecho lo que se viene en gana, de la impunidad, de la inseguridad, un gobierno que ha diseñado políticas públicas contra la familia y que ha desconocido el voto de un plesbicito. Una sumatoria de razones que indignan al ciudadano.
Pero, por sobre todo, Colombia marcha contra la entrega de la patria al comunismo narcoterrorista de las Farc-Santos y por el retorno de la democracia. Con la marcha se busca defender la democracia para evitar que Colombia se convierta en una “segunda Venezuela de Maduro”. La marcha del 1 de abril dejará en evidencia cómo Santos ha favorecido a los guerrilleros y dejado en la impunidad a los milicianos, quienes se han encargado de generar terror en las ciudades. El “No” derrotó al “Si” en el plesbicito sobre el acuerdo con las Farcs. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos -con su ambición desmedida para obtener el Oscar de la Paz– tracionó al poder del pueblo.
“La incomprensión del presente nace de la ignorancia del pasado”.
Rafael Bielsa
El domingo pasado, al leer la imprescindible columna de Jorge Fernández Díaz en “La Nación” (https://tinyurl.com/z4qcmmf), tomé conciencia del primero de los impresionantes cambios que se han producido en lo que va del año.
Hasta ahora, los ideólogos de izquierda del mundo subdesarrollado se hartaron de despotricar contra la globalización, a la que consideran terriblemente perjudicial para los países pobres. Sin embargo, hoy quien enarbola la bandera más importante de resistencia a ese movimiento –que, debo decir, me parece imparable- es nada menos que Donald Trump, que brega por cerrar la economía estadounidense con los mismos argumentos que utilizan quienes se encuentran en sus antípodas políticas.
Es interesante, entonces, pensar cómo puede darse un fenómeno socio-económico, relativamente nuevo, que resulte perjudicial para todos, sean privilegiados o sumergidos. Como, naturalmente, eso contiene una contradicción que lo convierte en imposible, resulta fundamental discernir a quién le asiste la razón.
Estados Unidos es, sin duda, el mayor país del mundo todavía, aunque China pretenda acercársele. Y es el mayor exportador de tecnología, dada su monumental inversión en investigación y desarrollo. Pero, para poder mantener al mundo entero como un mercado para sus productos, debe también aceptar que el resto de los países exporten a su mercado interno porque, en general, las economías son reacias a comprar a quien no les compra.
Por eso, creo que los próximos meses –hace pocas décadas, hubiéramos dicho años- traerán algunas respuestas a estos interrogantes, generados por algunos datos ciertos: un obrero estadounidense gana, en promedio, cuatro veces más que su homólogo mexicano, y ni hablar de los trabajadores del sudeste asiático, pese a que éstos también han mejorado. Si Trump insiste en concentrar toda la producción de las empresas norteamericanas en su propio territorio y en incentivar el “compre nacional”, resulta obvio que los salarios locales subirán aún más, y ese mayor costo se trasladará, necesariamente, a los precios; de la reacción de la sociedad ante ese incremento dependerá, en mucho, el futuro político del nuevo Presidente. Casi tanto como de sus feroces batallas contra la prensa (tan tradicionalmente libre allí que llegó a costarle su cargo al Presidente Richard Nixon) y contra la Justicia, que ha actuado siempre como garante de la división de poderes y como última defensa de los ciudadanos frente a los abusos del Poder Ejecutivo.
El segundo vuelco se refiere a la ola anticorrupción que, desatada por las investigaciones en las empresas Petrobras y Odebrecht, ya alcanza a varios países de Latinoamérica. El pedido de captura del ex Presidente peruano, Alejandro Toledo, las imputaciones al Gobernador del Estado de Rio de Janeiro y al Alcalde (Prefeito) de su capital, el bloqueo judicial a la designación de uno de los principales ministros de Michel Temer (Presidente de Brasil), las acusaciones contra Juan Manuel Santos (Presidente de Colombia), las repercusiones en Panamá y en República Dominicana, donde hay varios políticos y funcionarios de primer nivel involucrados, están transformando al Lava Jato en un verdadero tsunami internacional que nadie sabe dónde terminará, ni cuál será su costo.
Otro vuelco, el primero propio, se refiere al reducido índice de inflación de enero, un mes tradicionalmente malo para esta medición, que sorprendió a todos los economistas. Anualizando los logros de los últimos siete meses en la materia, resulta claro que el Gobierno y el Banco Central han conseguido domeñar este flagelo, que tantos pobres produce; además, resultará un dato clave al momento de negociar las paritarias, salvo aquéllas que se celebrarán con los gremios de marcada dirigencia kirchnerista, en especial los maestros. Pero creo que, si los diferentes gobiernos provinciales se mantienen firmes, surgirá una importante disidencia dentro de los distintas agrupaciones que permitirán el comienzo de las clases en tiempo y forma, y lo mismo sucederá con el subterráneo capitalino y sus salvajes “metrodelegados”. Cada vez serán más quienes estén dispuestos a desobedecer directivas claramente desestabilizadoras.
El dato de la inflación, sumado al éxito del blanqueo y a la proximidad del ingreso de ingentes divisas provenientes de las exportaciones de granos, acompañado por la favorable opinión de los grandes operadores de los mercados de crédito internacionales (Morgan Stanley dijo, el viernes, que Argentina enderezará su economía y atraerá US$ 230 mil millones), permiten afirmar que el Gobierno está haciendo muy bien las cosas en ese terreno. Estoy seguro que el país volverá a crecer este año, aunque será muy difícil que ese crecimiento sea parejo para todas las áreas de actividad, en la medida en que muchas de ellas dependen de la marcha de nuestro principal socio comercial, Brasil, inmerso en una crisis económica y política de incierto futuro.
Y, finalmente, el marcado revuelco que significa la permanente presencia en los medios de difusión masiva, que hoy hasta editorializan sobre la cuestión de los presos políticos pese a haberla ignorado durante los últimos catorce años. Obviamente, ese cambio de actitud responde a un nuevo interés social, reflejado en el rating y en los cientos de cartas de lectores que publican los diarios de mayor circulación, que piden una solución inmediata de este grave condicionamiento de nuestra joven democracia.
Todo ello resulta innegablemente positivo porque, a la entrevista que realizó Eduardo Feinmann a Victoria Villarruel esta semana, siguió un interesantísimo y constructivo debate -en Intratables- entre Silvia Ibarzábal (hija del Coronel secuestrado en el ataque a la guarnición de Azul, torturado y asesinado en 1974, durante la presidencia de Juan Domingo Perón), Luis Labraña (el ex montonero que inventó la mágica cifra de los 30.000 desaparecidos) y Eduardo Anguita (ex combatiente del ERP), que permitió iluminar este tema, tan manipulado.
Resulta inexplicable que, mientras rivales seculares como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Polonia y Rusia, que combatieron en guerras terribles y sanguinarias, pudieron sólo siete años después de la Segunda Guerra Mundial (en la que murió el equivalente a toda nuestra población) sentar las bases para la actual Comunidad Europea, y Estados Unidos y Japón se convirtieron en fuertes aliados después de los bombardeos atómicos, nosotros sigamos inmersos en una contienda que ya debiéramos haber debido dejar atrás, cerrando las heridas que, sin duda, causaron esas décadas violentas.
Pero no podremos hacerlo hasta que cese la venganza, y todos podamos estudiar nuestra historia analizando crudamente los hechos tal como sucedieron, sin enmascararlos detrás de posturas ideológicas, y sin tergiversar lo que pasó en nombre de un sesgado relato que, a esta altura, huele irremediablemente a moho.
Mientras la embajada de Estados Unidos en Venezuela, desde septiembre pasado, informó que solo se aceptarán billetes en dólares y tarjetas emitidas por bancos estadounidenses (¿Visión de futuro?) para cualquier trámite en sus instalaciones, el bolívar pareciera ser una especie en extinción.
El billete de mayor denominación en Venezuela, el de 100 bolívares (Unos 10 centavos de dólar americano), quedará sin valor a partir del viernes y será sustituido por una moneda. Las autoridades han justificado la medida como una acción de lucha frente al contrabando.
En los últimos días, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que mafias en la frontera entre Colombia y Venezuela acaparan bolívares (principalmente, el billete de 100) para adquirir bienes subsidiados en Venezuela que luego revenden en Colombia con enormes ganancias. La medida gubernamental buscaría crear dificultades para dichos especuladores, que habrán quedado en posesión de un gran volumen de billetes a punto de salir en circulación.
No obstante, el sorpresivo anuncio del presidente Maduro en televisión puede provocar un caos en los próximos días en las entidades bancarias, mientras los ciudadanos cambian sus billetes o los ingresan en sus cuentas bancarias. La semana próxima entrarían progresivamente en vigor nuevos billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000.
La medida de introducir un nuevo sistema monetario, supone la admisión de la devaluación del bolívar y la elevada inflación, la más alta del mundo. “He ordenado al ministro del Interior, Néstor Reverol, que haga una reunión con la asociación bancaria de Venezuela y coordinen la retirada del billete de 100 bolívares en 72 horas”, dijo Maduro el domingo pasado en su programa semanal de televisión.
Como el lunes es feriado bancario, el plazo de 72 horas comenzará el martes. El viernes, el billete de 100 quedará sin valor.
“Hay que seguir golpeando a las mafias. En los próximos días vamos a continuar este conjunto de decisiones para defender a nuestro país del ataque que se nos hace desde Colombia”, agregó Maduro, sin clarificar si planea golpearse a sí mismo. El gobierno justifica la crisis económica que atraviesa el país en una “guerra económica” del sector empresarial y de países extranjeros.
Nicolás Maduro anunció en la semana que se reuniría con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para exigir que derogue una resolución que permite que el bolívar se cambie libremente del lado colombiano de la frontera, en las ciudades de Cúcuta y Maicao. Allí llegan muchos venezolanos deseosos de obtener dólares a cambio de sus bolívares, ya que en Venezuela rige un estricto control cambiario que restringe la venta de divisas a particulares.
El presidente Maduro dijo que una vez que caduque el periodo de tres días, habrá 10 más para que las personas puedan canjear sus billetes de 100 bolívares por monedas de la misma denominación o depositarlos en sus cuentas. Según cifras del Banco Central de Venezuela la mayoría de los billetes en circulación son de 100 bolívares, por lo que muchos consideran que la medida dictada por Maduro complicaría aún más el manejo de efectivo en el país.
El billete de mayor denominación, el de 100, equivale actualmente a diez centavos de la moneda norteamericana, de acuerdo al cambio oficial. Según el paralelo en el mercado negro, apenas tiene un valor de dos centavos de dólar. El nuevo billete de mayor denominación, el de 20.000 bolívares, equivaldrá a unos 30 dólares calculados al mayor tipo de cambio oficial, de unos 664 bolívares, pero apenas podrá comprar unos 4,5 dólares en el mercado paralelo.
La situación podría generar un caos los próximos días en Venezuela. En las últimas semanas ya se han generado problemas de acceso al dinero en efectivo, algo que podría aumentar con la retirada del billete de mayor valor, sobre todo si la entrada en paralelo de los nuevos billetes no es efectiva. La pregunta del millón (O de los cien bolívares) es quien va a aceptar en los próximos tres días -precisamente- billetes de cien bolívares.
La inflación hace que los venezolanos se vean obligados a cargar con grandes cantidades de billetes para realizar cualquier transacción menor como comprar alimentos o pagar un transporte. En muchos casos, y para no perder tiempo, los comerciantes venezolanos pesas los bolívares en vez de contarlos. Sin dudas, el pueblo venezolano debe adaptarse a estas contingencias. Todo sea por la Revolución, así esta nunca hubiera existido más que en los bolsillos de Chávez, Madura y la verdadera mafia que hoy merodea en el Palacio de Miraflores.
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FARC YOU, SANTOS !
La ciega ambición, el ego personal, la falta de sentido común componen el perfil de la mayoría de los políticos y por cierto refleja al del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos. El abanderado de la paz se otorga este y otros honores con el uso de la notoriedad pura del lenguaje (que es exitoso, aunque solo por él confirmado). En el contexto de evitar la violencia, tal vez se concede mucho. Demasiado. La razón, si lo desea, es restaurada a su trono, y el prosaico y el profesional tienen su momento de honor y gloria. Pero miremos más detenidamente. Ahora, ex jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia manifiestan que están tomando las armas nuevamente después de lo que consideran el fracaso de un acuerdo de paz de 2016 para garantizar sus derechos políticos. A estos derechos mencionados, Santos les había adjuntado propiedades, puestos en el Senado, en la Cámara Baja y hasta estaciones de radio a cambio de la deposición de las armas, un precio que gran parte de la población colombiana aún hoy se pregunta por qué hubo de pagar.
El grupo dice que lanzará una nueva ofensiva, amenazando con reanudar varios años de conflicto armado en la nación sudamericana. El motivo expuesto es que los tratados firmados en La Habana no han sido respetados. Según terroristas como (a) Iván Márquez, el estado no ha cumplido con su obligación más importante, que es garantizar la vida de sus ciudadanos y especialmente evitar asesinatos por razones políticas. Demanda curiosa si se entiende que el accionar de las FARC dejó un tendal de asesinatos selectivos, abusos sexuales, torturas, secuestros y desapariciones. Las cifran rozan los 220.000 muertos documentados, 5,7 millones de desplazados en las zonas rurales, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.
El grupo dice que su objetivo ahora es la instalación de un gobierno que apoye la paz. Esta nueva administración luchará contra la corrupción y exigirá pagos de quienes participan en economías ilegales y de compañías multinacionales.
Desde el gobierno insisten que estas nuevas organizaciones armadas se encuentran traicionando el deseo de paz de otros miembros de las FARC. Sin embargo, afirman que la capacidad militar del grupo es limitada y que no es algo que el país deba temer, mientras tantos -y sin que el pueblo sienta temor- estas bandas siguen secuestrando y acechando a los ciudadanos. Es cierto, muy difícilmente lleguen a ser, por ahora, una amenaza directa para bien protegidos burócratas. Tal vez aún estos nuevos pastores de la “Revolución” no son tan insurgentes o incendiarios como su representativo historial y popular nombre podría sugerir, pero no faltará el hoy callado profeta que cuando sea tarde declame: “Yo lo advertí”.
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Agosto 30, 2019
FARC II – La Aventura Continúa
Desde que se firmó el acuerdo de paz a finales de 2016 entre el Gobierno y las Farc, con el presidente Santos bajándose los pantalones en busca del Premio Nobel de la Paz, en Colombia se habla de los temidos grupos disidentes de las FARC, aquellos terroristas que se negaron a entregar sus armas y reinsertarse a la vida civil.
Desde entonces, en varias regiones de Colombia se vienen escuchando los mismos fenómenos de violencia e inseguridad que se padecían cuando estaba activa la guerrilla. Secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos, vendettas mafiosas y diversos actos terroristas son algunas de las acciones criminales que persisten.
Entre las nuevas organizaciones que ya están bajo la investigación de las autoridades, aparece el grupo disidente que se hace llamar Dagoberto Ramos, que estaría detrás de los asesinatos de líderes indígenas y el secuestro con fines extorsivos de comerciantes, ganaderos, transportadores y agricultores.
Precisamente la Policía de Cauca (región al sure de Cali) capturó a varios miembros de una de las estructuras de esa disidencia que, de acuerdo con las pesquisas, eran los encargados de hacer la inteligencia y posterior contacto con las víctimas de secuestros con fines extorsivos.
Las indagaciones contra esa organización arrancaron desde el pasado mes de marzo cuando secuestraron a un agricultor de 65 años de edad por el que exigían tres mil millones de pesos colombianos (unos 900mil dólares estadounidenses) para su rescate.
Las autoridades comenzaron un rastreo minucioso que permitió, además de la captura de cuatro de los integrantes de ese grupo disidente, conocer la manera como operan y resolver otros tres secuestros y doce casos de extorsión.
Lo primero que lograron establecer los investigadores es que la banda criminal hacía parte de la red financiera de la disidencia, y prueba de ello es que uno de los capturados era el hombre de confianza de “alias Javier”, considerado el cabecilla de la segunda comisión de dicha estructura subversiva, “era el encargado de realizar inteligencia delictiva de personas de medio y alto perfil económico, para la materialización de secuestros extorsivos”, aseguraron fuentes policiales.
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Agosto 26, 2019
COLOMBIA: LA BATALLA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA
La verdad y la memoria, el ideal de justicia, la defensa de la integridad de la Constitución, la convicción moral en la causa democrática, fueron objeto de negociación claudicante en La Habana. Allá y en escenarios como la ONU, el expresidente Juan Manuel Santos demeritó la lucha del Estado contra las guerrillas terroristas.
Al aceptar al establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y su conformación con personas claramente favorables a la mirada izquierdista sobre la
violencia política colombiana reciente, abrió campo a uno de los sueños más preciados de las guerrillas comunistas: imponer su verdad definitiva del “conflicto armado”.
La CEV trabaja en simultáneo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuya misión es procesar judicialmente a responsables de graves delitos en el marco, no de la justicia internacional y de nuestra Constitución, sino en el de la justicia transicional. También funciona una Comisión de la Memoria Histórica.
Sobre esos temas se libra una intensa batalla entre quienes sostienen que en Colombia hubo una guerra civil, un conflicto armado o un levantamiento justiciero contra la dictadura civil del Frente Nacional con el trasfondo de la propiedad de la tierra y la exclusión política, de un lado, y quienes pensamos que la confrontación de las guerrillas con el Estado colombiano surgió como expresión de proyectos revolucionarios comunistas en la dinámica de la Guerra Fría, que pretendieron acceder al poder a través de la lucha armada y en dicho camino fracasaron, se criminalizaron y cometieron innumerables crímenes de lesa humanidad.
El diseño y las funciones asignadas a las comisiones creadas terminarán consolidando el control de la verdad jurídica, la verdad histórica y la memoria por parte de la narrativa guerrillera.
La jurídica, porque no tendrá como referente la normatividad vigente de la justicia humanitaria internacional ni el bloque de constitucionalidad colombiano, sino una legislación transicional benévola que tiende a la impunidad.
La histórica, porque se adopta un modelo ensayado para países en franca guerra civil o gobernados por déspotas o dictadores sanguinarios, situaciones con las que no encaja el sistema democrático colombiano.
Y la memoria, porque se privilegia el testimonio de las víctimas del Estado al que, de paso, se culpa de impulsar una política oficial de violación de los derechos humanos.
En relación con la verdad histórica, hay que añadir que se pretende deformar su carácter académico, libre de sesgos ideológicos e intereses políticos. Por los trabajos realizados
hasta el presente por la comisión presidida por el sacerdote De Roux, se puede decir que está invadiendo competencias de la JEP.
Debemos reiterar que el espíritu académico riñe con comisiones. La CEV quiere hallar la verdad final, de cierre queriendo ignorar que la verdad histórica, en sentido académico, es más especulativa, puede inspirarse en diferentes enfoques, metodologías y paradigmas que, en vez de cerrar, pueden llevar a la apertura de debates no necesariamente contradictorios ni necesariamente complementarios. Los resultados en esta perspectiva son sometidos al escrutinio y la evaluación de pares, de la comunidad académica y del público crítico.
Lo explica más nítidamente el prestigioso historiador francés Maurice Agulhon cuando plantea que hablar de verdad o falsedad “corresponde a la llamada “historia del acontecer”, pues “es en relación con un hecho preciso que podemos hablar de lo verdadero o de lo falso”. Y agrega: “Pero los historiadores no se contentan con esto. Buscan alcanzar interpretaciones y conclusiones generales”. Y afirma que es dudoso que a ese nivel se pueda calificar una interpretación como verdadera o falsa.
La verdad histórica, por tanto, es del resorte de la academia, no de comisiones cuyos resultados presumen de incuestionables.
Sobre la memoria de la violencia y el terror político creo pertinente acudir a la reflexión del escritor y reportero del New York Times, David Rieff, quien advierte sobre los peligros de usarla con fines de retaliación o venganza o con intencionalidad política o ideológica: “La memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan… ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón”.
Por tanto, lo deseable es que la verdad y la memoria sean abordadas con criterios profesionales y técnicos abiertos. En tal sentido, los productos de la memoria deberían ser clasificados, divulgados y puestos a disposición del público y de los académicos en su sitio adecuado: el Archivo General de la Nación. Y la verdad histórica, remitida a Colciencias como una línea macro de investigación bajo los mismos parámetros vigentes para los conflictos políticos y sociales.
Coda: La propuesta formulada por el Centro de Estudios de Justicia y la Universidad de Oxford (con el apoyo de Open Society Human Rights Initiative) a la CEV de crear una sección que investigue la “complicidad empresarial” en el “conflicto armado” con grupos paramilitares y en violaciones a los derechos humanos revela un injustificado sesgo antiempresarial en línea con la narrativa guerrillera que estigmatiza a finqueros, hacendados y ganaderos como promotores del paramilitarismo. Por coherencia deberían proponer que se haga lo mismo con intelectuales, académicos, periodistas, activistas de ONG, sindicalistas, congresistas, partidos, personalidades que apoyaron o financiaron de alguna manera las acciones criminales de las guerrillas.
Darío Acevedo Carmona, nacido en Andes, Colombia el 4 de febrero de 1951 es historiador, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y autor de varios libros.
Fuente: Infobae
Colaboración: Profesor Mario Sandoval
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 20, 2018
Uno de los sospechosos de intentar asesinar a Nicolás Maduro se suicidó arrojándose desde un décimo piso
Uno de los sospechosos acusados de intentar asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro usando drones armados con explosivos murió ayer lunes en circunstancias misteriosas.
Funcionarios del gobierno venezolano dicen que Fernando Albán, un concejal de 56 años en la capital de Caracas y crítico de Maduro, murió por suicidio luego de saltar por una ventana del décimo piso del Servicio de Inteligencia Bolivariano, la agencia de inteligencia más importante del país.
Pero los críticos de Maduro han acusado al régimen de asesinar a Albán como parte de una represión masiva contra grupos de la oposición y activistas de derechos humanos.
Albán fue arrestado el viernes por su presunta participación en el aparente intento de asesinato el 4 de agosto, cuando drones armados volaron hacia Maduro durante un discurso en un desfile militar. Se escucharon dos fuertes explosiones y mientras Maduro escapó ileso del ataque, siete miembros de la guardia nacional de Venezuela resultaron heridos.
No está claro exactamente qué le sucedió a Albán en el tiempo entre su arresto y su muerte.
El abogado de Albán, Joel García, le dijo a CNN que la cuenta de Saab es “totalmente falsa”, ya que hubiera sido imposible para su cliente ir solo al baño y saltar por la ventana dado el alto nivel de seguridad y vigilancia dentro del edificio.
Funcionarios de fuera de Venezuela también se han manifestado.
Luis Almagro, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, dijo en Twitter que la muerte de Albán fue el resultado directo de un “régimen de torturas y homicidios”.
Grupos de la oposición y de derechos humanos han acusado a la administración de Maduro de mantener a cientos de presos políticos bajo cargos falsos en un intento de reprimir la disidencia. Las Naciones Unidas han dicho que los detenidos a menudo son sometidos a malos tratos y, en algunos casos, a torturas.
El gobierno venezolano niega sistemáticamente que esté deteniendo a personas como presos políticos y afirma que los detenidos han sido bastante encarcelados.
El senador estadounidense Bob Corker dijo que la muerte de Albán era “perturbadora” y dijo que el gobierno de Venezuela “tiene la responsabilidad de garantizar que todos comprendan cómo pudo haber ocurrido”.
Corker, el presidente del Senado de Relaciones Exteriores, se encuentra en Venezuela en una misión de investigación, reuniéndose con funcionarios estadounidenses, legisladores venezolanos y líderes de la oposición. Se reunió con Maduro en Caracas a principios de este año.
Albán es una de varias personas que las autoridades venezolanas han arrestado en relación con el ataque.
Maduro afirma que los agitadores de extrema derecha y el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos estuvieron detrás del intento de asesinato. Más tarde afirmó que tenía pruebas que vinculaban a Colombia con el ataque, pero aún no lo ha revelado.
Colombia ha negado las acusaciones.
Fuente: NBC News . Voice . Mercantile Now
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 9, 2018
¿Se podrá?
Marcelo Birmajer
Los argentinos deberíamos preguntarnos cuál fue la causa de que nos convirtiéramos en un país tan, pero tan distinto a todos nuestros vecinos. Los procesos políticos y económicos por los que ellos atravesaron fueron muy similares y casi contemporáneos con los nuestros y, sin embargo, salieron de ellos fortalecidos y pujantes. Basta con trasladarse a Chile, a Uruguay, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Paraguay, para comprobar la enorme diferencia que existe en el crecimiento de sus sociedades, con todos los beneficios que eso trae aparejado, con el suicidio colectivo que hemos cometido. Basta con recorrer las calles de Santiago, de Lima, de Bogotá, de San Pablo o de Asunción para comprobar a qué me refiero; y no hay que olvidar que muchas de ellas sufrieron catástrofes naturales verdaderamente descomunales.
Todos los latinoamericanos vivimos distintas formas de democracia, algunas más autoritarias que otras, regímenes militares, luchas antisubversivas, narcotráfico, algunas guerras focalizadas, renovados procesos democráticos, ondas privatizadoras de empresas del Estado, progresismos de izquierda, falsos o sinceros; sin embargo, el resultado final ha sido totalmente diferente.
En todos esos países ha habido hechos de corrupción, algunos siderales, como es el caso de Odebrecht, el llamado Lava-Jato, que ha llevado a la cárcel nada menos que a Luiz Inácio Lula da Silva y a decenas de muy importantes empresarios y políticos; los coletazos de ese escándalo costaron la Presidencia a Pedro Kuczynki en el Perú, y manchó las gestiones de Juan Manuel Santos, en Colombia, y de Danilo Medina, en República Dominicana, y está llegando a la Argentina de la mano del acuerdo que finalmente firmó la Procuración General, que permitirá a los fiscales hacerse con las confesiones de los arrepentidos brasileños. Hasta en Chile y Uruguay, considerados verdaderos templos de honestidad, se produjeron episodios de este tipo, aunque en una dimensión que aquí resultaría casi cómica: un hijo de Michelle Bachelet fue acusado de utilizar sus vinculaciones para obtener un préstamo, y el hijo del fundador de Tupamaros, Raúl Sendic, fue despedido como Vicepresidente por utilizar su tarjeta de crédito oficial para gastos privados.
Los ya famosos cuadernos de Oscar Centeno son un escándalo, pero lo interesante es ahora analizar todo el resto. En esos registros faltan áreas en las que la familia robó sin límite alguno. No figuran la importación de gas licuado, las coimas de Skanska, la participación de los Ezkenazi en YPF, las “compras” de trenes chatarra, los negocios con Hugo Chávez y las otras valijas de Guido Antonini Wilson, las transferencias de empresas a manos amigas, los millones pagados en consultorías (vgr., el “tren bala”), los subsidios al transporte público, el “dólar futuro”, las cuentas en las Seychelles, los Sueños Compartidos, la Tupac Amaru de Milagro Salas, la proliferación del juego, Fútbol para Todos, la efedrina, los medicamentos truchos y, sobre todo, la sociedad con los carteles de la droga, con la “Morsa” como mero gerente.
Todas las entregas de dinero que describió Centeno se transformaban en sobreprecios de la obra pública; o sea, en delitos de cohecho -coimas- que tienen previstas penas mucho mayores a los aportes ilegales de campaña, como pretenden ahora disfrazarlas los “arrepentidos”. La corrupción es un tango que se baila de a dos, y aquí hubo empresarios que pagaron, para obtener contratos, a los funcionarios que los firmaban y, por eso todos, todos, tienen que ir presos; al menos por ahora, no hay inocentes extorsionados sino delincuentes de guante blanco que, de un lado y otro del mostrador, arrasaron con el país.
Centeno fue sólo uno de los muchísimos conductores de autos y pilotos de aviones que servían a los funcionarios del gobierno de entonces y que, con seguridad, tenían también funciones como transportadores de caudales; ¿los interrogarán los jueces? ¿A cuántos y a cuáles de los miles de estudios jurídico-contable que prestan en el mundo los mismos servicios que Mossak-Fonseca habrán recurrido Cristina Elisabet Fernández y sus cómplices para llevarse sus fortunas al exterior, como hizo Daniel Muñoz con sus US$ 60 MM en propiedades en Estados Unidos?
Todos sabíamos, y Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Oscar Centeno y las cajas de seguridad de Florencia Kirchner se ocuparon de confirmarlo, que a don Néstor le gustaba tanto el efectivo que se sentía en éxtasis con sólo contemplar una caja fuerte, y que sus preferidos eran los billetes de ? 500; cuando murió, seguramente su viuda se encontró con montañas de pesadas bolsas con esos papeles, que nunca fueron localizados pese a los denodados esfuerzos perforadores del Fiscal Guillermo Marijuán.
En la medida en que siempre aclaré que era sólo un ejercicio de imaginación, puedo permitirme recordar dos notas que escribí en 2012: “La gata de Angola” (https://tinyurl.com/y7pdohwl) y “¿Son eternos los diamantes?” (https://tinyurl.com/y7tnll6x). ¿Habrá llevado el buque fletado por Guillermo Moreno, que transportó la cosechadora trucha, la vaca campeona y los pollos que aleteaban, también algunos contenedores con esos billetes, para canjearlos en África por piedras brillantes?
Las remezones del terremoto que provocaron los cuadernos continuarán tiempo porque, aún cuando haya demasiados interesados en que el tema no escale, el hecho de que “La Nación” los tuviera dos meses antes de presentarlos a la Justicia, garantiza que les resultará imposible enterrarlos.
Entonces, la pregunta que formuláramos muchos desde hace tiempo recobra actualidad: ¿estamos verdaderamente los argentinos dispuestos a pagar, por la limpieza de tanta inmundicia, el costo económico y social que significaron los procesos Mani Pulite y Lava Jato? Ese precio, traducido en un encarecimiento del “riesgo país”, en la pérdida de valor de las acciones de empresas y en la devaluación del peso, ya nos está siendo cobrado, y el mundo ha comenzado a dificultar el financiamiento público y privado.
Pero tampoco hay alternativa a esa limpieza, porque el mundo nos percibe como una sociedad esencialmente corrupta, y eso incrementa brutalmente todos nuestros costos. Si Lilita Carrió tuvo razón cuando dijo que, en esos trágicos doce años y medio, los Kirchner robaron el equivalente a un PBI, y es hartamente probable que así haya sido y aún más, porque no dejaron nicho estatal sin saquear, esos aproximadamente US$ 550 MMM resulta una cifra tan monstruosa que debemos compararla con la deuda externa, el 30% de pobres, la insoportable presión impositiva, la pérdida del autoabastecimiento energético, las escuelas y hospitales faltantes, la desnutrición infantil, la destruida infraestructura vial, portuaria y ferroviaria, nuestra indefensión militar, la insolvencia del sistema previsional, la falta de crecimiento económico, la inflación galopante, la escasez de divisas.
Es por eso que cuesta explicarnos por qué la jefa de tamaña asociación ilícita sigue en libertad, protegida por el H° Aguantadero, y manteniendo un 25% de aprobación entre quienes son, precisamente, los mayores perjudicados por su corrupción. La respuesta sólo podemos encontrarla en la buscada -y obtenida- destrucción de la educación pública, que aún hoy, cuando ya han pasado casi tres años desde que dejó el poder, continúa encarnada en Roberto Baradel, que cada día quita un ladrillo de los cimientos culturales de las futuras generaciones.
El jueves, en La Nación, Ricardo Esteves publicó una nota en la que sostuvo que estamos ante la oportunidad de optar por el camino que siguió Chile o el que eligió la dupla Chávez-Maduro en Venezuela; por supuesto, coincido con él. El lema de Cambiemos es “¡Sí, se puede!”; ¿se podrá?
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Santos, La última tentación de Alfred Nobel.
Ese es -muy livianamente- el macabro origen de uno de los galardones más famosos del mundo moderno y el nacimiento entre sus categorías, el de la paz, el que más desvela a los dirigentes políticos.
En 1973, Henry Kissinger, la mano hábil detrás de Richard Nixon, se convirtió en un candidato al premio, alegando que su proeza negociadora en las conversaciones de paz de París estaba poniendo fin a la guerra de Vietnam. Finalmente, el premio fue concedido conjuntamente con el general y diplomático vietnamita Le Duc Tho. Este y el americano nacido en Alemania fueron claves en la firma del tratado. El acuerdo fue suscrito por ambos funcionarios y el presidente vietnamita Nguyen Van Thieu, permitió un cese de fuego y un intercambio de prisioneros de guerra. Sin embargo, Le Duc Tho no aceptó la condecoración con el pequeño argumento de que en Vietnam no había paz. Esto es registrado por la brillante periodista italiana Oriana Fallaci quien preguntó al consejero de seguridad nacional americano si se encontraba decepcionado. Ante la sorpresa de este, la florentina espetó: “Se han firmado los tratados de paz, pero la guerra continúa, y la violencia es superior”. El gran descuido del comité del Nobel fue la historia detrás de la historia. Kissinger, el orquestador de cuatro años de bombardeos en Camboya, de las masacres de Timor del Este, Bangladesh, la invasión a Chipre o políticas intervencionistas en Chile, Rodesia y Argentina, no había detenido la violencia en Vietnam, algo poco emparentado con la paz.
Una vez hubo un tal Yasser Arafat. Arafat, visto como el padre de la lucha palestina por la estadidad por sus partidarios y un terrorista no arrepentido por sus detractores, tiene un legado polémico. Si hay algo que es irrefutable es que, durante la mayor parte de su carrera en la escena pública, Arafat fue un firme motor del uso de la violencia para lograr objetivos políticos. O como lo expresó después de la fundación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP): “Revolución armada en todas partes de nuestro territorio palestino para hacer de ella una guerra de liberación. Rechazamos todos los acuerdos políticos”.
La facción de Arafat dentro de la OLP, Fatah- estuvo implicada en numerosos ataques armados contra civiles, tanto en Israel como en el extranjero, incluyendo la masacre de 1972 en los Juegos Olímpicos de Munich y el secuestro de 1985 del buque de crucero Achille Lauro. Mantuvo estrechas relaciones personales con dictadores como Saddam Hussein e Idi Amin.
Arafat reconoció a Israel en 1988 y firmó una serie de acuerdos de paz, incluyendo los Acuerdos de Oslo de 1993, por los que compartió el Nobel con Shimon Peres e Yitzhak Rabin. Pero rechazó un acuerdo propuesto en la Cumbre de Camp David en el año 2000, elevando sospechas sobre si estaba realmente interesado en encontrar soluciones no belicosas.
El Comité del premio Nobel cita el trabajo de Kofi Annan en el fortalecimiento de las alianzas de las Naciones Unidas con la sociedad, en su énfasis en el desarrollo de la fundación del Fondo Mundial de Sida y Salud.
Pero la biografía de Annan también tiene capítulos oscuros. Durante el genocidio cometido en Ruanda en 1994, fue el director de misiones de paz de la ONU. El general canadiense Romeo Dallaire, que comandó la misión de mantenimiento de la paz en ese momento, ha acusado a Annan de impedir que las tropas de las Naciones Unidas intervengan para detener el asesinato en masa y modificar y destruir los informes de Dallaire a Nueva York. En su libro Estrechando la Mano del Diablo, el militar declara: “Pudimos haber salvado cientos de miles de vidas”. Pero Annan tenía otra visión, y la misma se encontraba cercana a los extremistas Hutus. El papel de Annan fue criticado en una revisión interna de la ONU y se ha disculpado por no actuar con más fuerza durante el conflicto.
Un panel nombrado por la ONU también criticó a Annan en 2005 por su mala administración del programa de Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas, que terminó canalizando 1,700 millones de dólares en sobornos en las arcas de Saddam Hussein. El informe también sugirió que el hijo de Annan, empleado de una compañía petrolífera suiza, se había beneficiado de la posición de su padre para obtener lucrativos contratos petroleros iraquíes, aunque no se encontró evidencia de que Annan haya intervenido personalmente en nombre de su hijo.
El comité de los premios nos tomó por sorpresa otorgando los laureles a Barack Obama. El presidente norteamericano no había terminado de jurar su primer término como mandatario de la potencia más grande del planeta cuando se produjeron las nominaciones. Obama mismo reconoció que “Comparado con algunos de los gigantes de la historia que han recibido este premio – Schweitzer y King; Marshall y Mandela – mis logros son leves “. Sin embargo, la mayor sorpresa recayó en el hecho de utilizar gran parte de su discurso de aceptación al Nobel en defensa del uso legítimo de la fuerza.
De hecho, el Nobel parece haber sido dado al candidato Obama -el definido por su oposición a la guerra en Irak, aquel que prometió cerrar Guantánamo y se comprometió a fomentar el diálogo con gobiernos hostiles- y no al presidente Obama, más conocido por el conflicto en Afganistán -una guerra ampliamente expandida- una intervención militar en Libia y las ejecuciones de Anwar al-Awlaki y Osama bin Laden. Sin mencionar que Guantánamo todavía está activo y que ha habido pocos progresos en la paz en el Medio Oriente. Estas acciones pueden ser justificables, pero es probable que no cuajen con la definición de un hombre de paz. Al menos reconozco el poder de visión de futuro de los seleccionadores del Nobel: El homenaje a los terroristas argentinos por él, y el presidente Macri prodigado, si se ajusta a sus manuales.
Usted podría incluir a Adolfo Pérez Esquivel, discutir a Al Gore o al menos dudar de Mohamed Elbaradei y su Agencia Internacional de Energía Atómica pero no se puede excluir a Juan Manuel Santos y sus acuerdos por la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. La consecuencia de la derrota del tratado impulsado por Santos no fue precisamente el revés en sí, sino la división de un país. El presidente, en vez de honrar el poder del pueblo en su propia propuesta de consulta popular, traicionó a quienes pensaron que la democracia era innegociable. Ese 3 de octubre, los ciudadanos dijeron “no”, pero no a la impunidad de los crímenes cometidos por las Farcs, cosa que no significaba rechazar la paz. El 7 de octubre, el comité del Nobel, cuya presidente, la fallecida Kaci Kullmann, fue ministra de Comercio y sostuvo un alto cargo de Statoil, la petrolera noruega con intereses en Colombia, anunció el galardón a Santos. Este comité intentó un sermón de castigo: “Esta honra debería ser tributo al pueblo colombiano, que a pesar de las dificultades y abusos no ha perdido las esperanzas de una justa paz, y a todos aquellos que contribuyeron al proceso de paz; y a las incontables víctimas de la guerra civil”.
En su discurso de aceptación del premio a su ego, el Jefe de Estado colombiano recurre a García Márquez y su Macondo mágico y contradictorio insinuando que eso era Colombia antes de su búsqueda por la paz. Considerando esa grieta que el mismo cavó, Colombia continúa apresada en la atmósfera de Cien Años de Soledad.
Santos no solo no respeta la elección democrática de su propio pueblo, como buen político va más allá: “El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, concluyó –luego de un estudio detallado de los 34 acuerdos firmados en el mundo en las últimas tres décadas para poner fin a conflictos armados– que el acuerdo de paz en Colombia es el más completo e integral de todos”. Completo e integral, palabras elegantes que el propio mandatario desconoce cómo usar. El Instituto Kroc, en su ensayo, ¡Pacifista!, sobre los acuerdos de Paz menciona en su segundo párrafo que la agenda acordada antes de la instalación de la mesa de conversaciones destinó un espacio para discutir los términos del proceso que se pondrá en marcha una vez los colombianos se pronuncien en las urnas: la implementación. Como lo explicó la Corte Constitucional, para que los acuerdos se implementen debe ganar el SÍ.
Cuan pequeños somos los hombres y que cerca estamos de Calígula.
Fabian Kussman
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Abril 12, 2017
Colombia en Llamas: Marcha contra Santos en Orlando
La disconformidad, la falta de respeto al voto popular y la corrupción reinante en Colombia fue lo que obligó a los ciudadanos
de ese territorio a manifestarse en varios puntos del país, logrando que esta medida se trasladara a quienes residen en el exterior. Madrid, Miami, Houston entre otras varias ciudades, y Orlando, como en el caso del cual fueramos testigos. El mayor clamor de los comprometidos asistentes se debe a lo que está sucediendo en el país sudamericano en cuanto a política social y económica del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Otros temas que sacuden al país cafetero como el reclamo por un aumento del salario mínimo, escándalos por los multimillonarios sobreprecios en la modernización de la refinería de Cartagena y de corrupción en el sistema de salud, así como que en plena crisis energética se haya vendido a un fondo canadiense de inversión la generadora eléctrica Isagén.
La locutora Yadira Bello y la dirigente María Teresa Jaramillo, presentes en el evento, nos dejaron sus preocupados
testimonios. La mayoría le dijo “No” al acuerdo de las Farcs presentado por el presidente colombiano, quien pese a reconocer el veredicto publicamente, desconoció el resultado, traicionando a su gente.
Es este un pequeño y pacífico paso que toman los colombianos, previendo si una catástrofe mayor con todos los beneficios que ahora disfrutaran asesinos que no pagarán por sus delitos, como lo son los integrantes de grupo narco-terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 1, 2017
Como traicionar a un país para ganar un Premio Nobel.
El pueblo colombiano votó por el “No”. El presidente Santos por el “Si, acepto el premio Nobel…”
[ezcol_1half]Esa raza que la gente sigue y vitorea, una especie idolatrada que -muy íntimamente- sabemos que pronto destrozara nuestros corazones. Un linaje preparado a prometer en pos de llegar a la meta, para después desechar declaraciones y, a su misma gente. A esa casta pertenece Juan Manuel Santos, un político de pura cepa, es decir, un estafador profesional.
No mucho tiempo después de asumir su mandato, Juan Manuel Santos -pese a asegurar que seguiría las políticas de Álvaro Uribe en cuanto a no dar descanso a esas criminales actividades de las FARCs- inició acercamientos a estas organizaciones terroristas con el fin de terminar la confrontación más importante del Conflicto armado interno en Colombia. Los diálogos de paz iniciaron con las reuniones exploratorias de marzo del 2011 y octubre del 2012 se instalaron los diálogos en Oslo, Noruega. El 24 de agosto del 2016 las delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron que llegaron a un acuerdo final, integral y definitivo, que se rubricó en septiembre del 2016, pero no fue ratificado en el plebiscito del 2 de octubre del 2016.
En los días siguientes Santos empezó a negociar con la oposición posibles cambios al acuerdo de paz con las FARC. El 12 de noviembre, mes y medio después del plebiscito, se logró la renegociación y la modificación de los acuerdos con las FARC tomando en cuenta los argumentos y objeciones de los promotores del NO, esperando el estudio de las modificaciones hechas y la ratificación total del acuerdo en el Congreso para su implementación.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Este acuerdo le valió a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz 2016. Entre las razones para este reconocimiento están “sus decididos esfuerzos para acabar con los más de 50 años de guerra civil en el país, una guerra que ha costado la vida de al menos 220.000 colombianos y desplazado a cerca de seis millones de personas”.
Pese a estos logros, el presidente Santos dio a conocer en Marzo de 2016 de manera oficial el inicio de los diálogos de paz con la otra guerrilla armada del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de más de dos años de fase exploratoria para discutir una agenda de posibles puntos para un eventual proceso de paz; sin embargo, el inicio de los diálogos está suspendido hasta que el ELN libere a los secuestrados que tiene en su poder.
Se supone que las leyes existen para cumplirlas, las sentencias para acatarlas y los plebiscitos para aceptarlos. Son las normas de la democracia. Sin estos obvios conceptos, estaríamos ante una preocupante anarquía y la Ley de la jungla se impondrá.
Pretender ganar en los despachos lo que no se ganó en el terreno democrático es propio de los políticos de hoy. Colombia no es la excepción.
El resultado no oficialista del plebiscito está pensionando al gobierno en una permanente tentación de mirar hacia otra parte y no reconocer el voto de la población.
En su afán por abrazar el Nobel, Santos Buscó amparo en la Corte Constitucional, que no tiene facultades de control sobre el plebiscito.
A la Corte sólo corresponde el control de constitucionalidad.
Nadie mejor que el doctor Fernando Vargas Quemba para describir la situación de Colombia en estos momentos.
[/ezcol_1half_end]Fabian Kussman
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Marzo 29, 2017
Colombia: La Marcha de la Bronca
La protesta no es parte de una ideología política, ni de un partido de derecha, tampoco de pensamientos de izquierda, es el enojo de una Colombia decepcionada y un justo reclamo a Juan Manuel Santos por haber entregado el país al narcoterrorismo liderado por las Farcs.
Pero, por sobre todo, Colombia marcha contra la entrega de la patria al comunismo narcoterrorista de las Farc-Santos y por el retorno de la democracia. Con la marcha se busca defender la democracia para evitar que Colombia se convierta en una “segunda Venezuela de Maduro”. La marcha del 1 de abril dejará en evidencia cómo Santos ha favorecido a los guerrilleros y dejado en la impunidad a los milicianos, quienes se han encargado de generar terror en las ciudades. El “No” derrotó al “Si” en el plesbicito sobre el acuerdo con las Farcs. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos -con su ambición desmedida para obtener el Oscar de la Paz– tracionó al poder del pueblo.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 30, 2017
REVUELCOS INTERESANTES
Revuelcos Interesantes
El domingo pasado, al leer la imprescindible columna de Jorge Fernández Díaz en “La Nación” (https://tinyurl.com/z4qcmmf), tomé conciencia del primero de los impresionantes cambios que se han producido en lo que va del año.
Es interesante, entonces, pensar cómo puede darse un fenómeno socio-económico, relativamente nuevo, que resulte perjudicial para todos, sean privilegiados o sumergidos. Como, naturalmente, eso contiene una contradicción que lo convierte en imposible, resulta fundamental discernir a quién le asiste la razón.
Estados Unidos es, sin duda, el mayor país del mundo todavía, aunque China pretenda acercársele. Y es el mayor exportador de tecnología, dada su monumental inversión en investigación y desarrollo. Pero, para poder mantener al mundo entero como un mercado para sus productos, debe también aceptar que el resto de los países exporten a su mercado interno porque, en general, las economías son reacias a comprar a quien no les compra.
Por eso, creo que los próximos meses –hace pocas décadas, hubiéramos dicho años- traerán algunas respuestas a estos interrogantes, generados por algunos datos ciertos: un obrero estadounidense gana, en promedio, cuatro veces más que su homólogo mexicano, y ni hablar de los trabajadores del sudeste asiático, pese a que éstos también han mejorado. Si Trump insiste en concentrar toda la producción de las empresas norteamericanas en su propio territorio y en incentivar el “compre nacional”, resulta obvio que los salarios locales subirán aún más, y ese mayor costo se trasladará, necesariamente, a los precios; de la reacción de la sociedad ante ese incremento dependerá, en mucho, el futuro político del nuevo Presidente. Casi tanto como de sus feroces batallas contra la prensa (tan tradicionalmente libre allí que llegó a costarle su cargo al Presidente Richard Nixon) y contra la Justicia, que ha actuado siempre como garante de la división de poderes y como última defensa de los ciudadanos frente a los abusos del Poder Ejecutivo.
El segundo vuelco se refiere a la ola anticorrupción que, desatada por las investigaciones en las empresas Petrobras y Odebrecht, ya alcanza a
varios países de Latinoamérica. El pedido de captura del ex Presidente peruano, Alejandro Toledo, las imputaciones al Gobernador del Estado de Rio de Janeiro y al Alcalde (Prefeito) de su capital, el bloqueo judicial a la designación de uno de los principales ministros de Michel Temer (Presidente de Brasil), las acusaciones contra Juan Manuel Santos (Presidente de Colombia), las repercusiones en Panamá y en República Dominicana, donde hay varios políticos y funcionarios de primer nivel involucrados, están transformando al Lava Jato en un verdadero tsunami internacional que nadie sabe dónde terminará, ni cuál será su costo.
Otro vuelco, el primero propio, se refiere al reducido índice de inflación de enero, un mes tradicionalmente malo para esta medición, que sorprendió a todos los economistas. Anualizando los logros de los últimos siete meses en la materia, resulta claro que el Gobierno y el Banco Central han conseguido domeñar este flagelo, que tantos pobres produce; además, resultará un dato clave al momento de negociar las paritarias, salvo aquéllas que se celebrarán con los gremios de marcada dirigencia kirchnerista, en especial los maestros. Pero creo que, si los diferentes gobiernos provinciales se mantienen firmes, surgirá una importante disidencia dentro de los distintas agrupaciones que permitirán el comienzo de las clases en tiempo y forma, y lo mismo sucederá con el subterráneo capitalino y sus salvajes “metrodelegados”. Cada vez serán más quienes estén dispuestos a desobedecer directivas claramente desestabilizadoras.
El dato de la inflación, sumado al éxito del blanqueo y a la proximidad del ingreso de ingentes divisas provenientes de las exportaciones de granos, acompañado por la favorable opinión de los grandes operadores de los mercados de crédito internacionales (Morgan Stanley dijo, el viernes, que Argentina enderezará su economía y atraerá US$ 230 mil millones), permiten afirmar que el Gobierno está haciendo muy bien las cosas en ese terreno. Estoy seguro que el país volverá a crecer este año, aunque será muy difícil que ese crecimiento sea parejo para todas las áreas de actividad, en la medida en que muchas de ellas dependen de la marcha de nuestro principal socio comercial, Brasil, inmerso en una crisis económica y política de incierto futuro.
Y, finalmente, el marcado revuelco que significa la permanente presencia en los medios de difusión masiva, que hoy hasta editorializan sobre la cuestión de los presos políticos pese a haberla ignorado durante los últimos catorce años. Obviamente, ese cambio de actitud responde a un nuevo interés social, reflejado en el rating y en los cientos de cartas de lectores que publican los diarios de mayor circulación, que piden una solución inmediata de este grave condicionamiento de nuestra joven democracia.
Resulta inexplicable que, mientras rivales seculares como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Polonia y Rusia, que combatieron en guerras terribles y sanguinarias, pudieron sólo siete años después de la Segunda Guerra Mundial (en la que murió el equivalente a toda nuestra población) sentar las bases para la actual Comunidad Europea, y Estados Unidos y Japón se convirtieron en fuertes aliados después de los bombardeos atómicos, nosotros sigamos inmersos en una contienda que ya debiéramos haber debido dejar atrás, cerrando las heridas que, sin duda, causaron esas décadas violentas.
Pero no podremos hacerlo hasta que cese la venganza, y todos podamos estudiar nuestra historia analizando crudamente los hechos tal como sucedieron, sin enmascararlos detrás de posturas ideológicas, y sin tergiversar lo que pasó en nombre de un sesgado relato que, a esta altura, huele irremediablemente a moho.
Bs.As., 11 Feb 17
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 11, 2017
La Re-Involución Bolivariana
Maduro y los billetes de cien bolívares.
Mientras la embajada de Estados Unidos en Venezuela, desde septiembre pasado, informó que solo se aceptarán billetes en dólares y tarjetas emitidas por bancos estadounidenses (¿Visión de futuro?) para cualquier trámite en sus instalaciones, el bolívar pareciera ser una especie en extinción.
El billete de mayor denominación en Venezuela, el de 100 bolívares (Unos 10 centavos de dólar americano), quedará sin valor a partir del viernes y será sustituido por una moneda. Las autoridades han justificado la medida como una acción de lucha frente al contrabando.
En los últimos días, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado que mafias en la frontera entre Colombia y Venezuela acaparan bolívares (principalmente, el billete de 100) para adquirir bienes subsidiados en Venezuela que luego revenden en Colombia con enormes ganancias. La medida gubernamental buscaría crear dificultades para dichos especuladores, que habrán quedado en posesión de un gran volumen de billetes a punto de salir en circulación.
No obstante, el sorpresivo anuncio del presidente Maduro en televisión puede provocar un caos en los próximos días en las entidades bancarias, mientras los ciudadanos cambian sus billetes o los ingresan en sus cuentas bancarias. La semana próxima entrarían progresivamente en vigor nuevos billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000.
La medida de introducir un nuevo sistema monetario, supone la admisión de la devaluación del bolívar y la elevada inflación, la más alta del mundo. “He ordenado al ministro del Interior, Néstor Reverol, que haga una reunión con la asociación bancaria de Venezuela y coordinen la retirada del billete de 100 bolívares en 72 horas”, dijo Maduro el domingo pasado en su programa semanal de televisión.
“Hay que seguir golpeando a las mafias. En los próximos días vamos a continuar este conjunto de decisiones para defender a nuestro país del ataque que se nos hace desde Colombia”, agregó Maduro, sin clarificar si planea golpearse a sí mismo. El gobierno justifica la crisis económica que atraviesa el país en una “guerra económica” del sector empresarial y de países extranjeros.
Nicolás Maduro anunció en la semana que se reuniría con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para exigir que derogue una resolución que permite que el bolívar se cambie libremente del lado colombiano de la frontera, en las ciudades de Cúcuta y Maicao. Allí llegan muchos venezolanos deseosos de obtener dólares a cambio de sus bolívares, ya que en Venezuela rige un estricto control cambiario que restringe la venta de divisas a particulares.
El presidente Maduro dijo que una vez que caduque el periodo de tres días, habrá 10 más para que las personas puedan canjear sus billetes de 100 bolívares por monedas de la misma denominación o depositarlos en sus cuentas. Según cifras del Banco Central de Venezuela la mayoría de los billetes en circulación son de 100 bolívares, por lo que muchos consideran que la medida dictada por Maduro complicaría aún más el manejo de efectivo en el país.
El billete de mayor denominación, el de 100, equivale actualmente a diez centavos de la moneda norteamericana, de acuerdo al cambio oficial. Según el paralelo en el mercado negro, apenas tiene un valor de dos centavos de dólar. El nuevo billete de mayor denominación, el de 20.000 bolívares, equivaldrá a unos 30 dólares calculados al mayor tipo de cambio oficial, de unos 664 bolívares, pero apenas podrá comprar unos 4,5 dólares en el mercado paralelo.
La situación podría generar un caos los próximos días en Venezuela. En las últimas semanas ya se han generado problemas de acceso al dinero en efectivo, algo que podría aumentar con la retirada del billete de mayor valor, sobre todo si la entrada en paralelo de los nuevos billetes no es efectiva. La pregunta del millón (O de los cien bolívares) es quien va a aceptar en los próximos tres días -precisamente- billetes de cien bolívares.
La inflación hace que los venezolanos se vean obligados a cargar con grandes cantidades de billetes para realizar cualquier transacción menor como comprar alimentos o pagar un transporte. En muchos casos, y para no perder tiempo, los comerciantes venezolanos pesas los bolívares en vez de contarlos. Sin dudas, el pueblo venezolano debe adaptarse a estas contingencias. Todo sea por la Revolución, así esta nunca hubiera existido más que en los bolsillos de Chávez, Madura y la verdadera mafia que hoy merodea en el Palacio de Miraflores.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 12, 2016