El 24 de marzo fue declarado el “Día de la Memoria, Verdad y la Justicia” y desde 2006 es feriado nacional. Si de memoria y de verdad se trata, es imprescindible recordar la profunda y caótica crisis que a principios de 1976 atravesaba el país por la degradación y el vacío de poder, la corrupción y la violencia diaria de un terrorismo apabullante. Pocos hechos en nuestra historia como aquel golpe militar fueron tan previsibles e impulsados por la gran mayoría de la dirigencia política.

A aquella situación se llegó después de la irresponsable y ominosa ley amnistía de mayo de 1973 que, votada por aclamación en el Congreso, liberó a más de 2000 terroristas, la mayoría condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces intachables. Entre otros el Dr. Jaime Smart, hoy preso condenado a perpetuidad, y el Dr. Jorge Quiroga, arteramente asesinado por terroristas del ERP. Los amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero baño de sangre.

Sin embargo, se ha hecho del 24 de marzo de 1976 una historia sesgada, alimentada con recursos del Estado. La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de entonces, que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio, que las fuerzas armadas asumieran el poder. Esta afirmación no es retórica. Si de memoria se trata podemos recordar que la guerra de los ’70 fue extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig, etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos hasta sumar un total de 20.642 entre 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder para convertir a nuestra República en un estado totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales. Por otro lado las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión subversiva de un terrorismo urbano, clandestino y sin uniforme. Lo hacían en defensa del Estado, en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Italo Luder y refrendados por todos sus ministros. El propio Perón en ocasión del ataque al regimiento de Azul en 1974, dijo: “A los terroristas hay que eliminarlos uno a uno para bien de la República”. El propio Perón introdujo los métodos ilegales de represión con la denominada Triple A. Luego las fuerzas armadas y de seguridad ejecutaron la orden de aniquilar el accionar terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales.

Quiroga

Aramburu

Sacheri

Rucci

Viola

Ibarzábal

Salustro

Mr Roig

Smart

Larrabure

Si de verdad y justicia se trata, podemos verificar que a partir del gobierno de Néstor Kirchner, con la necesaria complicidad del Congreso y la Corte Suprema, se produjo la grosera demolición del orden jurídico, iniciándose una persecución vengativa y discriminatoria contra integrantes de la fuerzas armadas y de seguridad y también civiles y religiosos, acusados de delitos de “lesa humanidad”. Los jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, finalmente corruptos, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos”. Estos jueces no imparten justicia sino instrumentan la venganza, y mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales mantienen en las cárceles a cientos de presos, la mayor parte sin condena. Esta población vulnerable, cuyo promedio de edad es de 75 años, es groseramente discriminada y se puede afirmar, sin eufemismos, que se trata de una población descartada de la sociedad, condenada a morir en la cárcel. Ya han muerto 490, últimamente a razón de dos por semana.

Martínez de Perón

Perón

Luder

Kirchner

En consonancia con estas reflexiones, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en un dictamen emitido el 25 de agosto de 2005, en forma contundente se pronunció declarando la inconstitucionalidad de la doctrina judicial que dio origen a esta parodia de juicios. También hace un par de años, un grupo destacado de juristas argentinos (Juan Ramón Aguirre Lanari; Julio E. Altamira Gigena; Jaime Anaya; Gregorio Badeni; Alberto Bianchi; Juan Carlos Cassagne; Siro M.A. De Martini; Daniel Funes de Rioja; Guillermo Ledesma; Roberto Luqui; Daniel Sabsay; Alfonso Santiago y Jorge Vanossi) manifestó: “En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos y onerosas indemnizaciones.”

Recordar el 24 de marzo sin tener en cuenta estas consideraciones no es ni memoria ni verdad ni justicia, simplemente hipocresía. Esto debe terminar. Poner punto final a esta ignominia, que denigra a nuestra generación, debería ser preocupación de este gobierno de cara a las próximas elecciones. No existen obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y en América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos internos. Es indispensable restaurar la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico, premisas necesarias para consolidar la paz interior, objetivo que debe ser política de estado de un buen gobierno.

El doctor Alberto Solanet es Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia