Es habitual leer o escuchar a individuos que, ya sea por ignorancia supina, por el desgaste psico-político inoculado desde 1983, o por mero fanatismo de barricada, se permiten opinar con descarada liviandad sobre la historia reciente de los argentinos y su guerra civil de los setenta.
Sus “argumentos”, escasos y reciclados hasta el hartazgo, se reconocen al vuelo por el manierismo presuntuoso con que recitan frases vacías: “hacer la guerra con jueces” o la muletilla exótica de que Italia derrotó a las Brigate Rosse gracias a su poder judicial. A eso se suman confusiones grotescas —cuando no directamente mala leche— como el desvarío banal de equiparar una guerra interna que dejó 8.000 muertos con la palabra genocidio. La repetición de semejante barbarie retórica nos permite identificar al instante si estamos frente a un ignorante con diploma o a un devoto de la tilinguería progre, esa que confunde ideología con piedad mal digerida.
Conviene revisar, sin anestesia, las raíces de esta verborragia adulterada, porque, primero, ¿Qué significa hacer la guerra con jueces?
En Argentina, ya había un antecedente doloroso: el asesinato del juez Jorge Quiroga, miembro de la Cámara Federal Penal. ¿Su crimen? Dictar fallos ajustados a derecho contra subversivos que secuestraban y asesinaban. ¿Su destino? Ejecutado por la guerrilla en plena democracia. Y cuando Cámpora desata la amnistía y fulmina la existencia misma de esa Cámara, se inicia una cacería de brujas contra sus miembros. ¿De verdad creen que alguien iba a postularse para sentarse en ese polvorín?, ¿Qué juez, salvo que tuviera una tendencia patológica al suicidio, osaría hacerse cargo de juzgar terroristas a los que les daba tanto matar a un pobre policía de consigna en una esquina como a un juez federal?
El otro argumento que se nos quiere vender es que Italia resolvió el problema de las Brigadas Rojas con elegancia judicial. Se repite la cita del general Dalla Chiesa como si fuera el catecismo de la juridicidad. Pero el argumento se desploma solo: comparar a las BR con las “orgas” argentinas es una torpeza intelectual. Basta una cuenta elemental, para pulverizar la falacia. Ahí es donde la ignorancia de quienes repiten el “argumento” se exhibe como una herida abierta. No es necesario apelar a informes de inteligencia ni a mitologías conspirativas: los propios textos de las “orgas” lo reconocen. Según sus propias cifras, Montoneros llegó a contar con cerca de 10.000 combatientes y milicianos —los simpatizantes eran legión, pero eso ya es otra espuma.
Si aun así se prefiere trabajar con fuentes externas menos teñidas de épica revolucionaria, los archivos del Departamento de Estado ofrecían otro panorama: alrededor de 4.300 operativos en condiciones de entrar en acción, de los cuales el 7% —oficiales y suboficiales— había recibido instrucción militar en Cuba. A ese núcleo habría que sumarle una reserva de al menos seiscientos efectivos más, cifra modesta en apariencia, pero significativa si se aplica un criterio táctico serio de guerra de cuarta generación.
Porque toda guerrilla que pretenda eficacia requiere un aparato de soporte logístico —sanidad, mantenimiento de armas, abastecimiento— que funcione como retaguardia. Y la proporción clásica es de cuatro o cinco a uno. Ergo, el número real de Montoneros rondaba los 25.000 integrantes. No eran amateurs de la protesta callejera. Eran una amenaza estructurada, por parte de una banda que entendía la política como un ejercicio con balas.
El ERP, con menos efectivos, pero más organizado que Montoneros, trazó un plan para controlar el monte tucumano y desde allí militarizar el noroeste argentino. El intento fracasó, sí, pero no por falta de preparación ni de ambición. De no haberse sumado el Ejército a la contención armada, habría bastado que declararan la región zona beligerante para obtener reconocimiento internacional y el aplauso garantizado de Cuba, China y media África.
A todo esto, ¿Cuál era, verdaderamente, la realidad italiana? Las Brigate Rosse, entre 1969 y 1988 mataron a 342 personas. Magistrados, periodistas, militares. Heridos y mutilados, más de mil. Era un movimiento con, aproximadamente, ochenta combatientes en su momento pico, que iban rotando a medida que las bajas se acumulaban; entrenados en Irlanda o Libia, más aptos para emboscadas con asesinato o secuestro incluido, que para operaciones militares serias. Lo más “importante” que lograron fue el asesinato de Aldo Moro. ¿Y cómo se los combatió?, no solo por acción de la justicia que se centró en los jefes, el resto se hizo a base de delaciones, traiciones internas y ejecuciones extrajudiciales encubiertas por el mismísimo Partido Comunista Italiano a quien le convenía sobremanera que le quitaran ese tábano del hombro. Solo un ejemplo: en 1968 en Chiavari, 71 delegados de diversas organizaciones de la izquierda extraparlamentaria fundaron las BR; en 1990, cuarenta y cinco de ellos habían “desaparecido” sin dejar rastro. Gianluca Codrini afirma, quizás exageradamente, en su libro, “Io, un ex brigatista”, que más de cien brigadistas descansan en el fondo del Mar Ligur a 40 km de la base naval de La Spezia.
Así que no, si bien hubo algunos jueces decididos, no fue solo una épica de jueces valerosos ni una sinfonía de justicia celestial. Fue una guerra sucia, versión bolsillo, sí, pero con la misma receta de manual usada por Francia en sus colonias: la diosa Temis blandiendo su balanza y espada, rodeada de extras con toga negra, “Medaglia dell’Ordine” reluciente en el pecho y el Tocco calzado en la cabeza; mientras los chicos del AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna), reclutaban fascistas de Ordine Nero y mafiosos de la N’Dragheta, para que eliminaran a los “brigatisti” de a pie, sin perder tiempo en leer el expediente.
Lo demás, como siempre, es literatura barata para quien todavía cree que, en el primer mundo, los cuentos de hadas judiciales son reales.
El 24 de marzo fue declarado el “Día de la Memoria, Verdad y la Justicia” y desde 2006 es feriado nacional. Si de memoria y de verdad se trata, es imprescindible recordar la profunda y caótica crisis que a principios de 1976 atravesaba el país por la degradación y el vacío de poder, la corrupción y la violencia diaria de un terrorismo apabullante. Pocos hechos en nuestra historia como aquel golpe militar fueron tan previsibles e impulsados por la gran mayoría de la dirigencia política.
A aquella situación se llegó después de la irresponsable y ominosa ley amnistía de mayo de 1973 que, votada por aclamación en el Congreso, liberó a más de 2000 terroristas, la mayoría condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces intachables. Entre otros el Dr. Jaime Smart, hoy preso condenado a perpetuidad, y el Dr. Jorge Quiroga, arteramente asesinado por terroristas del ERP. Los amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero baño de sangre.
Sin embargo, se ha hecho del 24 de marzo de 1976 una historia sesgada, alimentada con recursos del Estado. La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de entonces, que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio, que las fuerzas armadas asumieran el poder. Esta afirmación no es retórica. Si de memoria se trata podemos recordar que la guerra de los ’70 fue extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig, etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos hasta sumar un total de 20.642 entre 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder para convertir a nuestra República en un estado totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales. Por otro lado las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión subversiva de un terrorismo urbano, clandestino y sin uniforme. Lo hacían en defensa del Estado, en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Italo Luder y refrendados por todos sus ministros. El propio Perón en ocasión del ataque al regimiento de Azul en 1974, dijo: “A los terroristas hay que eliminarlos uno a uno para bien de la República”. El propio Perón introdujo los métodos ilegales de represión con la denominada Triple A. Luego las fuerzas armadas y de seguridad ejecutaron la orden de aniquilar el accionar terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales.
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Quiroga
Aramburu
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Sacheri
Rucci
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Viola
Ibarzábal
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Salustro
Mr Roig
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Smart
Larrabure
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Si de verdad y justicia se trata, podemos verificar que a partir del gobierno de Néstor Kirchner, con la necesaria complicidad del Congreso y la Corte Suprema, se produjo la grosera demolición del orden jurídico, iniciándose una persecución vengativa y discriminatoria contra integrantes de la fuerzas armadas y de seguridad y también civiles y religiosos, acusados de delitos de “lesa humanidad”. Los jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, finalmente corruptos, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos”. Estos jueces no imparten justicia sino instrumentan la venganza, y mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales mantienen en las cárceles a cientos de presos, la mayor parte sin condena. Esta población vulnerable, cuyo promedio de edad es de 75 años, es groseramente discriminada y se puede afirmar, sin eufemismos, que se trata de una población descartada de la sociedad, condenada a morir en la cárcel. Ya han muerto 490, últimamente a razón de dos por semana.
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Martínez de Perón
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Perón
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Luder
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Kirchner
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En consonancia con estas reflexiones, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en un dictamen emitido el 25 de agosto de 2005, en forma contundente se pronunció declarando la inconstitucionalidad de la doctrina judicial que dio origen a esta parodia de juicios. También hace un par de años, un grupo destacado de juristas argentinos (Juan Ramón Aguirre Lanari; Julio E. Altamira Gigena; Jaime Anaya; Gregorio Badeni; Alberto Bianchi; Juan Carlos Cassagne; Siro M.A. De Martini; Daniel Funes de Rioja; Guillermo Ledesma; Roberto Luqui; Daniel Sabsay; Alfonso Santiago y Jorge Vanossi) manifestó: “En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos y onerosas indemnizaciones.”
Recordar el 24 de marzo sin tener en cuenta estas consideraciones no es ni memoria ni verdad ni justicia, simplemente hipocresía. Esto debe terminar. Poner punto final a esta ignominia, que denigra a nuestra generación, debería ser preocupación de este gobierno de cara a las próximas elecciones. No existen obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y en América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos internos. Es indispensable restaurar la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico, premisas necesarias para consolidar la paz interior, objetivo que debe ser política de estado de un buen gobierno.
El doctor Alberto Solanet es Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
Escribe Matías G. Sánchez Sorondo en Cartas de lectores diario La Nación.
El juez Quiroga
El 28 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del juez Jorge V. Quiroga, quien en 1974 fue asesinado por los terroristas del ERP Amador Fernández y Raúl Argemi, que cobardemente huyeron en moto. Fueron condenados y después amnistiados. Quiroga se desangró en la vereda y murió dos horas después en el hospital Rawson. Una placa lo recordaba en el edificio de Tribunales de la Capital Federal, pero los camaristas del fuero decidieron retirarla porque recordaba a un juez que regaló su vida a los argentinos por administrar justicia con mayúsculas.
Gracias a Dios soplan nuevos vientos en nuestra querida patria.
LA FARSA DEL PARALELISMO JUDICIAL: MONTONEROS, ERP Y BRIGATE ROSSE
◘
Es habitual leer o escuchar a individuos que, ya sea por ignorancia supina, por el desgaste psico-político inoculado desde 1983, o por mero fanatismo de barricada, se permiten opinar con descarada liviandad sobre la historia reciente de los argentinos y su guerra civil de los setenta.
Sus “argumentos”, escasos y reciclados hasta el hartazgo, se reconocen al vuelo por el manierismo presuntuoso con que recitan frases vacías: “hacer la guerra con jueces” o la muletilla exótica de que Italia derrotó a las Brigate Rosse gracias a su poder judicial. A eso se suman confusiones grotescas —cuando no directamente mala leche— como el desvarío banal de equiparar una guerra interna que dejó 8.000 muertos con la palabra genocidio. La repetición de semejante barbarie retórica nos permite identificar al instante si estamos frente a un ignorante con diploma o a un devoto de la tilinguería progre, esa que confunde ideología con piedad mal digerida.
Conviene revisar, sin anestesia, las raíces de esta verborragia adulterada, porque, primero, ¿Qué significa hacer la guerra con jueces?
En Argentina, ya había un antecedente doloroso: el asesinato del juez Jorge Quiroga, miembro de la Cámara Federal Penal. ¿Su crimen? Dictar fallos ajustados a derecho contra subversivos que secuestraban y asesinaban. ¿Su destino? Ejecutado por la guerrilla en plena democracia. Y cuando Cámpora desata la amnistía y fulmina la existencia misma de esa Cámara, se inicia una cacería de brujas contra sus miembros. ¿De verdad creen que alguien iba a postularse para sentarse en ese polvorín?, ¿Qué juez, salvo que tuviera una tendencia patológica al suicidio, osaría hacerse cargo de juzgar terroristas a los que les daba tanto matar a un pobre policía de consigna en una esquina como a un juez federal?
El otro argumento que se nos quiere vender es que Italia resolvió el problema de las Brigadas Rojas con elegancia judicial. Se repite la cita del general Dalla Chiesa como si fuera el catecismo de la juridicidad. Pero el argumento se desploma solo: comparar a las BR con las “orgas” argentinas es una torpeza intelectual. Basta una cuenta elemental, para pulverizar la falacia. Ahí es donde la ignorancia de quienes repiten el “argumento”
se exhibe como una herida abierta. No es necesario apelar a informes de inteligencia ni a mitologías conspirativas: los propios textos de las “orgas” lo reconocen. Según sus propias cifras, Montoneros llegó a contar con cerca de 10.000 combatientes y milicianos —los simpatizantes eran legión, pero eso ya es otra espuma.
Si aun así se prefiere trabajar con fuentes externas menos teñidas de épica revolucionaria, los archivos del Departamento de Estado ofrecían otro panorama: alrededor de 4.300 operativos en condiciones de entrar en acción, de los cuales el 7% —oficiales y suboficiales— había recibido instrucción militar en Cuba. A ese núcleo habría que sumarle una reserva de al menos seiscientos efectivos más, cifra modesta en apariencia, pero significativa si se aplica un criterio táctico serio de guerra de cuarta generación.
Porque toda guerrilla que pretenda eficacia requiere un aparato de soporte logístico —sanidad, mantenimiento de armas, abastecimiento— que funcione como retaguardia. Y la proporción clásica es de cuatro o cinco a uno. Ergo, el número real de Montoneros rondaba los 25.000 integrantes. No eran amateurs de la protesta callejera. Eran una amenaza estructurada, por parte de una banda que entendía la política como un ejercicio con balas.
El ERP, con menos efectivos, pero más organizado que Montoneros, trazó un plan para controlar el monte tucumano y desde allí militarizar el noroeste argentino. El intento fracasó, sí, pero no por falta de preparación ni de ambición. De no haberse sumado el Ejército a la contención armada, habría bastado que declararan la región zona beligerante para obtener reconocimiento internacional y el aplauso garantizado de Cuba, China y media África.
A todo esto, ¿Cuál era, verdaderamente, la realidad italiana? Las Brigate Rosse, entre 1969 y 1988 mataron a 342 personas. Magistrados, periodistas, militares. Heridos y mutilados, más de mil. Era un movimiento con, aproximadamente, ochenta combatientes en su momento pico, que iban rotando a medida que las bajas se acumulaban; entrenados en Irlanda o Libia, más aptos para emboscadas con asesinato o secuestro incluido, que para operaciones militares serias. Lo más “importante” que lograron fue el asesinato de Aldo Moro. ¿Y cómo se los combatió?, no solo por acción de la justicia que se centró en los jefes, el resto se hizo a base de delaciones, traiciones internas y ejecuciones extrajudiciales encubiertas por el mismísimo Partido Comunista Italiano a quien le convenía sobremanera que le quitaran ese tábano del hombro. Solo un ejemplo: en 1968 en Chiavari, 71 delegados de diversas organizaciones de la izquierda extraparlamentaria fundaron las BR; en 1990, cuarenta y cinco de ellos habían “desaparecido” sin dejar rastro. Gianluca Codrini afirma, quizás exageradamente, en su libro, “Io, un ex brigatista”, que más de cien brigadistas descansan en el fondo del Mar Ligur a 40 km de la base naval de La Spezia.
Así que no, si bien hubo algunos jueces decididos, no fue solo una épica de jueces valerosos ni una sinfonía de justicia celestial. Fue una guerra sucia, versión bolsillo, sí, pero con la misma receta de manual usada por Francia en sus colonias: la diosa Temis blandiendo su balanza y espada, rodeada de extras con toga negra, “Medaglia dell’Ordine” reluciente en el pecho y el Tocco calzado en la cabeza; mientras los chicos del AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna), reclutaban fascistas de Ordine Nero y mafiosos de la N’Dragheta, para que eliminaran a los “brigatisti” de a pie, sin perder tiempo en leer el expediente.
Lo demás, como siempre, es literatura barata para quien todavía cree que, en el primer mundo, los cuentos de hadas judiciales son reales.
JOSE LUIS MILIA
josemilia_686@hotmail.com
Non nobis, Domine, non nobis. Sed Nomini tuo da gloriam.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 11, 2025
Historia sesgada del 24 de marzo
El 24 de marzo fue declarado el “Día de la Memoria, Verdad y la Justicia” y desde 2006 es feriado nacional. Si de memoria y de verdad se trata, es imprescindible recordar la profunda y caótica crisis que a principios de 1976 atravesaba el país por la degradación y el vacío de poder, la corrupción y la violencia diaria de un terrorismo apabullante. Pocos hechos en nuestra historia como aquel golpe militar fueron tan previsibles e impulsados por la gran mayoría de la dirigencia política.
A aquella situación se llegó después de la irresponsable y ominosa ley amnistía de mayo de 1973 que, votada por aclamación en el Congreso, liberó a más de 2000 terroristas, la mayoría condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces intachables. Entre otros el Dr. Jaime Smart, hoy preso condenado a perpetuidad, y el Dr. Jorge Quiroga, arteramente asesinado por terroristas del ERP. Los amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero baño de sangre.
Sin embargo, se ha hecho del 24 de marzo de 1976 una historia sesgada, alimentada con recursos del Estado. La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de entonces, que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio, que las fuerzas armadas asumieran el poder. Esta afirmación no es retórica. Si de memoria se trata podemos recordar que la guerra de los ’70 fue extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig, etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos hasta sumar un total de 20.642 entre 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder para convertir a nuestra República en un estado totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales. Por otro lado las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión subversiva de un terrorismo urbano, clandestino y sin uniforme. Lo hacían en defensa del Estado, en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Italo Luder y refrendados por todos sus ministros. El propio Perón en ocasión del ataque al regimiento de Azul en 1974, dijo: “A los terroristas hay que eliminarlos uno a uno para bien de la República”. El propio Perón introdujo los métodos ilegales de represión con la denominada Triple A. Luego las fuerzas armadas y de seguridad ejecutaron la orden de aniquilar el accionar terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales.
[ezcol_1fifth]Quiroga
Aramburu
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[/ezcol_1fifth_end]Si de verdad y justicia se trata, podemos verificar que a partir del gobierno de Néstor Kirchner, con la necesaria complicidad del Congreso y la Corte Suprema, se produjo la grosera demolición del orden jurídico, iniciándose una persecución vengativa y discriminatoria contra integrantes de la fuerzas armadas y de seguridad y también civiles y religiosos, acusados de delitos de “lesa humanidad”. Los jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, finalmente corruptos, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos”. Estos jueces no imparten justicia sino instrumentan la venganza, y mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales mantienen en las cárceles a cientos de presos, la mayor parte sin condena. Esta población vulnerable, cuyo promedio de edad es de 75 años, es groseramente discriminada y se puede afirmar, sin eufemismos, que se trata de una población descartada de la sociedad, condenada a morir en la cárcel. Ya han muerto 490, últimamente a razón de dos por semana.
[ezcol_1quarter]Martínez de Perón
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[/ezcol_1quarter_end]En consonancia con estas reflexiones, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en un dictamen emitido el 25 de agosto de 2005, en forma contundente se pronunció declarando la inconstitucionalidad de la doctrina judicial que dio origen a esta parodia de juicios. También hace un par de años, un grupo destacado de juristas argentinos (Juan Ramón Aguirre Lanari; Julio E. Altamira Gigena; Jaime Anaya; Gregorio Badeni; Alberto Bianchi; Juan Carlos Cassagne; Siro M.A. De Martini; Daniel Funes de Rioja; Guillermo Ledesma; Roberto Luqui; Daniel Sabsay; Alfonso Santiago y Jorge Vanossi) manifestó: “En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos y onerosas indemnizaciones.”
Recordar el 24 de marzo sin tener en cuenta estas consideraciones no es ni memoria ni verdad ni justicia, simplemente hipocresía. Esto debe terminar. Poner punto final a esta ignominia, que denigra a nuestra generación, debería ser preocupación de este gobierno de cara a las próximas elecciones. No existen obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y en América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos internos. Es indispensable restaurar la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico, premisas necesarias para consolidar la paz interior, objetivo que debe ser política de estado de un buen gobierno.
El doctor Alberto Solanet es Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
Envío: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 25, 2019
El Juez Quiroga
Escribe Matías G. Sánchez Sorondo en Cartas de lectores diario La Nación.
El juez Quiroga
Gracias a Dios soplan nuevos vientos en nuestra querida patria.
Matías G. Sánchez Sorondo
elalazandetata@gmail.com
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 2, 2017