Organismos de derechos humanos y partidos de izquierda de Argentina reforzaron esta semana la campaña que llevan a cabo desde que el pasado 4 de enero el profesor Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Roque Villegas fueron detenidos y acusados de graves delitos basados en tuits y posteos en redes sociales. “Presos por tuitear”, es el lema de la estrategia para exigir la liberación de estos dos hombres que permanecen en cárceles de Jujuy, una provincia ubicada en el norte argentino. Las detenciones se basaron en una serie de tuits en los que Morandini, profesor universitario, hizo chistes sobre la vida privada del exgobernador Gerardo Morales. Villegas, en tanto, reposteó un ‘flyer’ que ya no está disponible y que recogía rumores en torno a una supuesta crisis matrimonial entre Morales y su esposa, la abogada Tulia Snopek, quien interpuso la denuncia en contra de los hombres hoy detenidos.

Luego de ser apresados, el juez Roberto Darío Assef les dictó una prisión preventiva de 60 días, lo que implica que podrían salir recién a principios de marzo, aunque existe el riesgo de que el proceso en su contra avance y permanezcan en prisión por tiempo indefinido. Morandini y Villegas enfrentan cargos por “daños” y “supresión y suposición del estado civil y de la identidad civil”, ya que la esposa del exgobernador los acusa de haber puesto en duda la paternidad de su hija. En un primer comunicado, las familias de los acusados advirtieron que la causa era “demencial” porque, a partir de un par de mensajes en redes sociales, les atribuyen delitos graves que habitualmente se imputan en casos de delitos de lesa humanidad.

“La persecución y la velocidad de actuación de la justicia parece seguir demostrando que la suma del poder público en la provincia de Jujuy continua en manos del exgobernador”, acusaron.

En las semanas posteriores a su detención, la justicia provincial también les prohibió a los familiares de Morandini y Villegas que mencionen al exgobernador, a su esposa y a la hija de ambos en sus redes sociales. Lo desproporcionado de caso derivó en la creación de una coordinadora nacional en la que ya participan 70 organizaciones que se movilizan por la libertad de ambos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones de derechos humanos de Argentina más respetadas a nivel internacional, advirtió que los acusados están involucrados en un proceso penal que, más allá del resultado final, trastocará sus vidas durante meses.

“Eso es justamente lo que busca esta articulación entre los poderes político y judicial en Jujuy: asustar, amedrentar y acallar”, denunció.

“Gerardo Morales se creé un monarca. En Argentina no estamos en dictadura. Defendamos el derecho a la libre expresión”, convocó la diputada izquierdista Vanina Biasi, en tanto que la diputada Natalia Morales se preguntó cuántos siglos de retroceso implica esta censura. “En Jujuy poco y nada cambió, solamente los nombres de los funcionarios. Te siguen metiendo preso de manera ilegal por publicar en redes una opinión”, lamentó por su parte el diputado Alejandro Vilca. Lucía Castro Olivera, pareja de Morandini, escribió una carta en la que explicó que en dos semanas ya lo han trasladado en cinco ocasiones a diversos centros de detención a pesar de que sus abogados solicitaron la libertad condicional. “No entendemos cuál es la peligrosidad de que él esté en libertad si ya tienen su teléfono, su clave y extrajeron la información. No hay ningún motivo para que siga detenido (…) eso es lo que estamos viviendo en Jujuy. Antes persiguieron a dirigentes sociales, sindicales, manifestantes, docentes, y ahora avanzan sobre los que se expresan en las redes sociales”, advirtió.