Luego de las impactantes declaraciones del presidente de la SCJ de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari,precisando que en los tribunales federales se dan situaciones de “abuso del proceso judicial penal”, “causas armadas artificialmente”, “espías”, “escuchas” y “complicidades” de algunos magistrados y fiscales que, dijo, llevan “a un panorama deplorable“, autoridades nacionales, provinciales y judiciales realizaron fuertes críticas contra esas afirmaciones.
El ministro de la (in)justicia Germán Garavano declaró “que las expresiones del magistrado fueron “desilusionantes e inadecuadas”, “hizo una declaración política” Además, le sugirió que presente la denuncia ante la Justicia. “Fue una afirmación temeraria. Sería bueno que explique los alcances y los casos. Cuando un funcionario toma conocimiento de un delito, debe hacer la denuncia” https://www.lanacion.com.ar/politica/german-garavano-critico-al-presidente-corte-bonaerense-nid2268496
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (amfjn), en su comunicado N°54/2019, “…señala que el accionar de los magistrados debe mantenerse ajeno a posiciones oficialistas u opositoras con reflejo en la escena política nacional y dejar siempre en claro que deben mantener su necesaria independencia como miembros de los Poderes Judiciales independientes, parte indisoluble del diseño republicano y democrático que establece la Constitución Nacional…” http://www.amfjn.org.ar/2019/07/17/ante-las-manifestaciones-del-presidente-de-la-suprema-corte-de-la-provincia-de-buenos-aires-comunicado-nro-054-2019/
Esas críticas son sorprendentes porque en otras oportunidades miembros de la CSJN, magistrados y fiscales no solo del fuero federal, realizaron declaraciones públicas, participan en actos políticos, son militantes reconocidos, y nunca recibieron la mínima observación por parte de estas mismas autoridades. No se puede ignorar, ocultar, negar, los problemas en la justicia federal.
Recordando los casos de jueces federales actuales o recientemente ocupando esa función (Sergio Torres, Carlos Rozanski, Daniel Rafecas, Ramos Padilla…) que intervienen en actos políticos, participan en manifestaciones apoyando sectores que reivindican la lucha armada de los 70, realizan declaraciones extra judiciales (Eugenio Zaffaroni,Ricardo Lorenzetti…), y magistrados que fueron miembros de grupos terroristas de los 70 ( Ricardo Lorenzetti y otros). En realidad, los jueces del fuero federal hacen política por intermedio de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJuFe), por otra parte, tienen a su cargo las investigaciones y juicios de la lucha contra el narcotráfico con sus delitos conexos, cuando en realidad los mismos aumentaron considerablemente en el país.
En cuanto a las declaraciones del Sr. De Lázzari, la única pregunta que se debe realizar es si mintió o cometió algún delito, la respuesta es lógicamente negativa. Pero, sobre todo no se debe olvidar que las mismas palabras tan criticadas que expresó el presidente de la SCJ fueron realizadas en varias ocasiones por el presidente de la CSJN, el ministro Garavano, el fiscal federal Delgado, el presidente de la República (inseguridad jurídica pacto de 10 puntos).
El ministro de Justicia, German Garavano en una entrevista radial al ser consultado sobre la decisión de la CSJN de solicitar los autos principales con carácter de urgente al TOF 5, en la causa de la Sra. Kirchner, el miembro del gobierno nacional, expresó entre otras alarmantes declaraciones que:
– “Es un fallo muy inusual. Tiene un condimento político muy grande. Es una decisión de la Corte muy escueta. Lo que preocupa es que esto impide la realización de un juicio oral y nuestra Justicia siempre ha tenido una tendencia a no hacer los juicios orales. Ese es uno de los grandes déficits”
El Presidente de la CSJN: en su discurso de apertura del año judicial 2019: declaró que los argentinos están perdiendo confianza en el Poder Judicial, existe una crisis de legitimidad, como jueces no deben buscar el poderhttps://drive.google.com/file/d/1sQ4JfImlBROxrD5tDsk1ePjyGXrVHAGg/viewy otras declaraciones en diversos foros.
Nadie solicito al presidente de la CSJN, al Ministro de Justicia, al Fiscal Delgado que realicen una denuncia, que muestren pruebas o que presenten casos testigos. El mismo ministro de justicia no denunció los casos que hace alusión. Es aún más grave porque en ningún momento ni el gobierno, la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (amfjn) o el ministro Garavano, se preocuparon o denunciaron la impunidad de los jueces federal al violar los derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y convencionales a más de 3000 personas ilegalmente acusadas de lesa humanidad. Ni el Estado de derecho o las Obligaciones Positivas fueron reconocidas a este grupo nacional.
La actitud del gobierno nacional y provincial muestran que buscan no solo el control político de la justicia, cuando él mismo denuncia la influencia de la política en las decisiones judiciales. Intenta imponer una doctrina del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, y los jueces que no lo aceptan solo queda la renuncia o juicio político. Esta metodología del Poder Ejecutivo Nacional demuestra una vez más la decisión política y la complicidad de la justicia para que se inicien juicios y condenar a vida, a médicos, abogados, académicos, sacerdotes, magistrados, ex agentes del Estado que, en los años 70, defendieron las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el Poder por las armas, los que no defendían los derechos humanos, la justicia o la democracia. Al contrario, los autores de esos crímenes y delitos contra el Estado, las personas y la sociedad, son reconocidos como victimas o héroes por la justicia y el gobierno. Paris, 19 julio 2019, CasppaFrance
Luego de las graves acusaciones del juez Eduardo De Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sobre las ilegalidades en el fuero federal https://www.facebook.com/casppa01/posts/670963480053255 que son métodos y conductas conocidas en Argentina, los cuales no sorprenden la sociedad, el universo político, el Poder Judicial de la Nación, los medios de comunicación, ni al ciudadano comprometido con la justicia y la verdad. Pese a ello la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y su Procurador General, respondieron a esas denuncias de manera sorprendente:
“Cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no, uno es cómplice y es un delito“, afirmó la gobernadora Vida, agregando que: “Si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones, está obligado a denunciarlo. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial“, https://www.pagina12.com.ar/206542-vidal-redoblo-el-apriete-al-titular-del-poder-judicial , por su parte,
El procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, dispuso dos diligencias:
a)Dar intervención a la Secretaría de Política Criminal de la Procuración, “a fin de dar intervención al señor fiscal general del departamento judicial de La Plata, doctor Héctor Vogliolo“. Es decir, que la justicia investigue si las graves palabras del juez supremo tienen algún asidero.
A esas declaraciones virtuosas, en plena campaña electoral, sobre imposibles ilícitos en la justicia y la responsabilidad de los funcionarios, la Sra. Marina Sánchez Herrero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, manifestó que: “…El análisis es jurídico y desde el concepto de república. Estamos tratando de no convertirnos en lo que criticamos. No vamos a hablar desde la política, vamos a hablar desde el Estado de Derecho“, agregando que: “Lo que él afirmó es que el sistema judicial está en jaque, algo que es muy grave. Nosotros como sociedad nos merecemos que la Justicia funcione bien y respetándose las garantías constitucionales, la única forma de lograrlo es despojando cualquier duda” https://www.infobae.com/politica/2019/07/17/la-vicepresidenta-del-consejo-de-la-magistratura-le-exigio-al-titular-de-la-corte-bonaerense-que-presente-pruebas/
Es preocupante como estos tres personajes hablan de justicia, Estado de derecho, garantías constitucionales, porque en sus proprias declaraciones están sus contradicciones que ellas si violan los principios que dicen defender. Cometen numerosos delitos voluntariamente.
Recordando los principios del Estado de derecho: La Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la cual la Argentina es país observadorhttps://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=36 redactó un instrumento operativo para evaluar el nivel de cumplimiento del Estado de derecho, elaborando para ello la lista de criterios del Estado de derecho[1] , basada en cinco elementos fundamentales y subdividida en preguntas detalladas. Esos criterios son:
1- El principio de legalidad (la garantía del derecho internacional en el derecho interno, excepciones en situaciones de urgencia…)
2- La seguridad jurídica (no retroactividad penal, nullum crimen, nulla poena sine lege, estabilidad y coherencia del derecho…)
3- La prevención del abuso de poder
4- La igualdad ante la ley y la no discriminación (igualdad ante la ley…)
5- El acceso a la justicia (independencia, imparcialidad, debido proceso, presunción de inocencia…)
Hay una destrucción del Republica por la inseguridad jurídica, la corrupción, la impunidad en la justicia, la influencia de la política en los fallos judiciales, no se respetan los criterios del Estado de derecho. Así lo manifestaron el presidente de la CSJN, el ministro de justicia de la Nación, varios fiscales…y ahora la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el procurador general de esa provincia y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura consideran que esas afirmaciones son inexistentes. ¿Significa entonces que el juez Carlos Rosenkrantz, Germán Garavano y Federico Delgado, entre otros, mienten?
La independencia de la justicia sobre todo en el fuero federal es inexistente. Los jueces hacen política, negocian sus fallos por privilegios personales o profesionales, saben decidir en justicia en el momento político oportuno. Los jueces participan en actos políticos con los denunciantes en causas que están bajo su responsabilidad.
Los jueces en sus fallos no son ni objetivos, ni parciales o independientes de la influencia política u otros motivos, porque violan de manera planificada y sistemática la CN, hacen decir lo que la carta magna no dice ni manifiesta en sus objetivos, dictando resoluciones que van contra los principios constitucionales, violando las garantías fundamentales y los derechos humanos de magistrados, médicos, abogados, empresarios, sacerdotes, ex agentes del Estado que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el poder por la armas. La CN o las Convenciones firmadas por la Argentina, no contemplan la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la prisión preventiva ilimitada, la analogía penal, la suspensión de garantías permanente, utilizar falsos testimonios, ignorar la prescripción, el debido proceso…pero los jueces federales lo aplican en los ilegales juicios de lesa humanidad contra más de 3000 personas. ¿No es armar causas, abusar del poder, cometer delitos?
Para ir más lejos,
La gobernadora María Eugenia Vidal es proclive a no denunciar un delito si políticamente es rentable.
Así, apoyó la ley 14910 de la historia oficial pese a ser inconstitucional, violatorios de convenciones internacionales. La ley no determina la historia, es imponer una mentira oficial de manera coercitiva. La gobernadora (ni el Procurador General) no podía ignorar las obligaciones positivas y los principios fundamentales del Estado de derecho con esa Ley, que “la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH transmitió al Estado argentino una solicitud de información por dicha ley. En ella advierte que el texto “podría afectar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información“. La determinación de una verdad oficial clausura la investigación, el análisis y el debate respecto a la búsqueda incesante de lo sucedido” Proyecto presentado el 27mars2019, https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/19-20D851012019-03-2716-57-46.pdf
Guarda silencio y comparte las acciones de las llamadas organizaciones de derechos humanos que en la Provincia de Buenos Aires cometen numerosos delitos (persecución política, escraches, amenazas, daños, impiden la libre circulación de personas), violan la CN y Convenciones Internacionales, contra los ilegalmente acusados de lesa humanidad. El Procurador General Conte Grand no intervino ante los delitos de acción pública. Los autores de esos delitos hacen publico (medios, redes sociales, radios) sus futuras acciones delictuosas. Las autoridades judiciales y policiales no impiden esos hechos.
Porque esos funcionarios que ahora quieren denunciar e investigar al presidente de la SCJ no lo hicieron o lo hacen con los jueces, fiscales y funcionarios que violan los principios de legalidad, constitucionales, convencionalidad con los hombres y mujeres acusadas ilegalmente de lesa humanidad, las cuales reúnen las condiciones de prisioneros políticos. Salvo a vivir en otro mundo pueden declarar que ignoraban esos hechos.
El Sr Sergio Torres, ex juez federal y miembro de la SCJ, puede brindar a la gobernadora Vidal, al procurador general Conte Grand y a la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Marina Sánchez Herrero, testimonio de cómo se arman las causas en los juzgados federales y los métodos utilizados, es uno de los precursores sobre las conductas en el fuero federal que denuncia el juez Eduardo De Lázzari
Es decir, que la Sra. Vidal como el Sr. Conte Grand no pueden argumentar no haber tenido conocimiento de esos delitos y al no lo denunciarlos, son cómplices de esas infracciones penales, como declaró la misma gobernadora Vidal. Paris, 17 julio 2019. CasppaFrance
En la justicia federal si existe influencia política, corrupción e impunidad. El Sr. Eduardo De Lázzari tiene razón.
El ministro de la (in)justicia Germán Garavano declaró “que las expresiones del magistrado fueron “desilusionantes e inadecuadas”, “hizo una declaración política” Además, le sugirió que presente la denuncia ante la Justicia. “Fue una afirmación temeraria. Sería bueno que explique los alcances y los casos. Cuando un funcionario toma conocimiento de un delito, debe hacer la denuncia” https://www.lanacion.com.ar/politica/german-garavano-critico-al-presidente-corte-bonaerense-nid2268496
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (amfjn), en su comunicado N°54/2019, “…señala que el accionar de los magistrados debe mantenerse ajeno a posiciones oficialistas u opositoras con reflejo en la escena política nacional y dejar siempre en claro que deben mantener su necesaria independencia como miembros de los Poderes Judiciales independientes, parte indisoluble del diseño republicano y democrático que establece la Constitución Nacional…” http://www.amfjn.org.ar/2019/07/17/ante-las-manifestaciones-del-presidente-de-la-suprema-corte-de-la-provincia-de-buenos-aires-comunicado-nro-054-2019/
Recordando los casos de jueces federales actuales o recientemente ocupando esa función (Sergio Torres, Carlos Rozanski, Daniel Rafecas, Ramos Padilla…) que intervienen en actos políticos, participan en manifestaciones apoyando sectores que reivindican la lucha armada de los 70, realizan declaraciones extra judiciales (Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti…), y magistrados que fueron miembros de grupos terroristas de los 70 ( Ricardo Lorenzetti y otros). En realidad, los jueces del fuero federal hacen política por intermedio de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJuFe), por otra parte, tienen a su cargo las investigaciones y juicios de la lucha contra el narcotráfico con sus delitos conexos, cuando en realidad los mismos aumentaron considerablemente en el país.
En cuanto a las declaraciones del Sr. De Lázzari, la única pregunta que se debe realizar es si mintió o cometió algún delito, la respuesta es lógicamente negativa. Pero, sobre todo no se debe olvidar que las mismas palabras tan criticadas que expresó el presidente de la SCJ fueron realizadas en varias ocasiones por el presidente de la CSJN, el ministro Garavano, el fiscal federal Delgado, el presidente de la República (inseguridad jurídica pacto de 10 puntos).
– “Es un fallo muy inusual. Tiene un condimento político muy grande. Es una decisión de la Corte muy escueta. Lo que preocupa es que esto impide la realización de un juicio oral y nuestra Justicia siempre ha tenido una tendencia a no hacer los juicios orales. Ese es uno de los grandes déficits”
– “evidentemente la política influye demasiado en la Justicia” y que “hoy parecería que muchas cosas pueden estar influidas por las cuestiones políticas, como ha pasado en la Argentina durante los últimos 20 años“. https://radiomitre.cienradios.com/german-garavano-posible-retraso-del-juicio-cristina-gran-condimento-politico/ y https://www.perfil.com/noticias/politica/german-garavano-cuestiono-decision-corte-que-favorece-cristina-kirchner-dijo-tiene-condimento-politico.phtml
Nadie solicito al presidente de la CSJN, al Ministro de Justicia, al Fiscal Delgado que realicen una denuncia, que muestren pruebas o que presenten casos testigos. El mismo ministro de justicia no denunció los casos que hace alusión. Es aún más grave porque en ningún momento ni el gobierno, la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (amfjn) o el ministro Garavano, se preocuparon o denunciaron la impunidad de los jueces federal al violar los derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y convencionales a más de 3000 personas ilegalmente acusadas de lesa humanidad. Ni el Estado de derecho o las Obligaciones Positivas fueron reconocidas a este grupo nacional.
La actitud del gobierno nacional y provincial muestran que buscan no solo el control político de la justicia, cuando él mismo denuncia la influencia de la política en las decisiones judiciales. Intenta imponer una doctrina del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, y los jueces que no lo aceptan solo queda la renuncia o juicio político. Esta metodología del Poder Ejecutivo Nacional demuestra una vez más la decisión política y la complicidad de la justicia para que se inicien juicios y condenar a vida, a médicos, abogados, académicos, sacerdotes, magistrados, ex agentes del Estado que, en los años 70, defendieron las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques armados de grupos terroristas que intentaron tomar el Poder por las armas, los que no defendían los derechos humanos, la justicia o la democracia. Al contrario, los autores de esos crímenes y delitos contra el Estado, las personas y la sociedad, son reconocidos como victimas o héroes por la justicia y el gobierno. Paris, 19 julio 2019, CasppaFrance
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 19, 2019
Las inoperantes declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal y de su Procurador General Julio Conte Grand.
A esas declaraciones virtuosas, en plena campaña electoral, sobre imposibles ilícitos en la justicia y la responsabilidad de los funcionarios, la Sra. Marina Sánchez Herrero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, manifestó que: “…El análisis es jurídico y desde el concepto de república. Estamos tratando de no convertirnos en lo que criticamos. No vamos a hablar desde la política, vamos a hablar desde el Estado de Derecho“, agregando que: “Lo que él afirmó es que el sistema judicial está en jaque, algo que es muy grave. Nosotros como sociedad nos merecemos que la Justicia funcione bien y respetándose las garantías constitucionales, la única forma de lograrlo es despojando cualquier duda” https://www.infobae.com/politica/2019/07/17/la-vicepresidenta-del-consejo-de-la-magistratura-le-exigio-al-titular-de-la-corte-bonaerense-que-presente-pruebas/
Es preocupante como estos tres personajes hablan de justicia, Estado de derecho, garantías constitucionales, porque en sus proprias declaraciones están sus contradicciones que ellas si violan los principios que dicen defender. Cometen numerosos delitos voluntariamente.
Recordando los principios del Estado de derecho: La Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la cual la Argentina es país observador https://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=36 redactó un instrumento operativo para evaluar el nivel de cumplimiento del Estado de derecho, elaborando para ello la lista de criterios del Estado de derecho[1] , basada en cinco elementos fundamentales y subdividida en preguntas detalladas. Esos criterios son:
1- El principio de legalidad (la garantía del derecho internacional en el derecho interno, excepciones en situaciones de urgencia…)
2- La seguridad jurídica (no retroactividad penal, nullum crimen, nulla poena sine lege, estabilidad y coherencia del derecho…)
3- La prevención del abuso de poder
4- La igualdad ante la ley y la no discriminación (igualdad ante la ley…)
5- El acceso a la justicia (independencia, imparcialidad, debido proceso, presunción de inocencia…)
Hay una destrucción del Republica por la inseguridad jurídica, la corrupción, la impunidad en la justicia, la influencia de la política en los fallos judiciales, no se respetan los criterios del Estado de derecho. Así lo manifestaron el presidente de la CSJN, el ministro de justicia de la Nación, varios fiscales…y ahora la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el procurador general de esa provincia y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura consideran que esas afirmaciones son inexistentes. ¿Significa entonces que el juez Carlos Rosenkrantz, Germán Garavano y Federico Delgado, entre otros, mienten?
La independencia de la justicia sobre todo en el fuero federal es inexistente. Los jueces hacen política, negocian sus fallos por privilegios personales o profesionales, saben decidir en justicia en el momento político oportuno. Los jueces participan en actos políticos con los denunciantes en causas que están bajo su responsabilidad.
Para ir más lejos,
La gobernadora María Eugenia Vidal es proclive a no denunciar un delito si políticamente es rentable.
Porque esos funcionarios que ahora quieren denunciar e investigar al presidente de la SCJ no lo hicieron o lo hacen con los jueces, fiscales y funcionarios que violan los principios de legalidad, constitucionales, convencionalidad con los hombres y mujeres acusadas ilegalmente de lesa humanidad, las cuales reúnen las condiciones de prisioneros políticos. Salvo a vivir en otro mundo pueden declarar que ignoraban esos hechos.
Es decir, que la Sra. Vidal como el Sr. Conte Grand no pueden argumentar no haber tenido conocimiento de esos delitos y al no lo denunciarlos, son cómplices de esas infracciones penales, como declaró la misma gobernadora Vidal. Paris, 17 julio 2019. CasppaFrance
[1] CDL-AD(2016)007-f Lista de criterios del Estado de derecho, comisión de Venecia, 106° sesión plenaria, (11-12 marzo 2016) francés, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f , inglés : https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 17, 2019