La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia manifiesta que el fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia constituye un regreso a la legalidad luego de un largo período en el cual el Derecho estuvo puesto al servicio de intereses políticos e ideológicos. El principio de la ley más benigna, reconocido legal, convencional y constitucionalmente, no establece distingo de delitos, por lo que su negativa a ser aplicada a personas acusadas de aquellos a los que se denomina de “lesa humanidad”, constituye una discriminación inaceptable. Por otra parte, consideramos necesario recordar una vez más, que lo que se juzga en el caso “Muiña” y tantos otros, por hechos ocurridos en la década del 70, no constituyen crímenes de lesa humanidad, ya que esa categoría delictual fue incorporada a la legislación argentina por la ley 25.390 del 9 de enero de 2007, siendo que el Art. 24 de dicho Estatuto, prohíbe a los Estados su aplicación retroactiva, respetando así el principio de legalidad, también conculcado por mas de una década. Se puede criticar el contenido de la ley 24.390 del “2×1”, pero nunca su aplicación irrestricta a todos los que ella beneficia. Quienes critican el fallo lo hacen desde posiciones ideologizadas, movidos por el rencor, por intereses políticos o especulaciones electorales. No podemos sino celebrar el volver a contar con fallos –y nada menos que de nuestro más alto Tribunal- inspirados en el interés de la ley y que honran además, en el caso, principios y valores que han de estar siempre por encima de las pasiones o intereses del momento.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia manifiesta que el fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia constituye un regreso a la legalidad luego de un largo período en el cual el Derecho estuvo puesto al servicio de intereses políticos e ideológicos. El principio de la ley más benigna, reconocido legal, convencional y constitucionalmente, no establece distingo de delitos, por lo que su negativa a ser aplicada a personas acusadas de aquellos a los que se denomina de “lesa humanidad”, constituye una discriminación inaceptable. Por otra parte, consideramos necesario recordar una vez más, que lo que se juzga en el caso “Muiña” y tantos otros, por hechos ocurridos en la década del 70, no constituyen crímenes de lesa humanidad, ya que esa categoría delictual fue incorporada a la legislación argentina por la ley 25.390 del 9 de enero de 2007, siendo que el Art. 24 de dicho Estatuto, prohíbe a los Estados su aplicación retroactiva, respetando así el principio de legalidad, también conculcado por mas de una década. Se puede criticar el contenido de la ley 24.390 del “2×1”, pero nunca su aplicación irrestricta a todos los que ella beneficia. Quienes critican el fallo lo hacen desde posiciones ideologizadas, movidos por el rencor, por intereses políticos o especulaciones electorales. No podemos sino celebrar el volver a contar con fallos –y nada menos que de nuestro más alto Tribunal- inspirados en el interés de la ley y que honran además, en el caso, principios y valores que han de estar siempre por encima de las pasiones o intereses del momento.
En este sitio tratamos de volcar los hechos y la realidad que vivimos los PP, Prisioneros Ilegales o como se nos quiera llamar y por supuesto nuestras respectivas familias. Así nos esforzamos por documentar lo más fielmente posible la verdad que ocultan los tan abundantes hipócritas que pueblan este territorio, llamado Argentina. Según el tema son los sentimientos. Hay días en los que aflora el odio, otros el dolor, o la tristeza. Pero, y siempre hay un pero, también están los días en los que a raíz de actos nobles, todo se ilumina y nuestras mentes y espíritus sienten que aún a pesar de todo lo malo que nos pueda pasar, la vida vale la pena vivirla hasta el último instante.
Nos referimos a lo ocurrido con JOSE FELIX MADRID, policía con arresto domiciliario, en quien la tragedia y la iniquidad se cebaron al extremo, haciendo que en el ocaso de su vida quede al borde de la indigencia total (1). Luego de publicar sobre su situación, se produjo el milagro y una vez más estuvo a cargo de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA. Ayer sábado 29 de abril los doctores EMILIO HARDOY Y CARLOS BOCH, viajaron a la ciudad de La Plata llegaron hasta la vivienda donde reside MADRID con su nieto URIEL. Portaban comestibles y dinero en efectivo, producto de una colecta organizada en forma muy urgente en cuando se enteraron de la situación desesperada de este hombre-policía. Sabemos que se está organizando ayuda por parte de otra gente, pero en este caso, esta se requería en forma muy urgente. El auxilio tenía que llegar ¡Ya! Lamentamos nuestra limitación para manifestar lo que sentimos y todo lo que nos trasmitió MADRID con su, para él increíble experiencia humanitaria vivida. Así no poderles decir nada más que GRACIAS, ante la actuación de ayer, hoy y siempre de los miembros de esta Asociación. Ellos con hechos, demuestran ser hombres y mujeres de bien, que permanentemente nos expresan: PRESENTE, USTEDES NO ESTAN SOLOS.
La Fuerza de los Dignos reunió a organizaciones y otras personas para trabajar en el caso de los Presos Políticos.
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Hoy, organizado por el grupo La Fuerza de los Dignos, varias agrupaciones nos reunimos a trabajar por los Presos Políticos, con la hospitalidad del Círculo Naval.
También se participó para tratar la temática del reconocimiento histórico a las víctimas del terrorismo.
Justicia y Concordia; AFYAPPA, AFAVITA; Unión de Promociones; Pacificación General Definitiva, Centro de Estudios Salta, Hijos y Nietos de Presos Políticos, La Otra Campana, Profesionales independientes, periodistas, escritores, cineastas, la Sra. Jovina Luna, UPMAC, convocados por el grupo mencionado, con la presencia de los diputados Alfredo Olmedo (Nacional) y Raúl Zapata (provincia de Salta)
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia ha solicitado formalmente a la Señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el veto de la ley aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, que obliga“incorporar de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires el término «dictadura cívico-militar» y el número de 30.000 junto a la expresión desaparecidos cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”
La insólita sanción de esta ley, de contenido esencialmente falaz, tiene el propósito, en forma ostensible, de reavivar enfrentamientos de hace cuarenta años y alentar odios en momentos en que el gobierno nacional debiera tratar de unir a los argentinos. Por lo demás obliga a mentir a quienes deban cumplirla, so pena de caer en la ilegalidad.
Carlos Bosch- Secretario Alberto Solanet- Presidente
¿Es Justicia y Concordia una asociación de idiotas?
Tuve la oportunidad de leer las presentaciones que la mencionada entidad elevó a la Secretaría de Derechos Humanos, por ende, a su titular, el licenciado Claudio Avruj. Traté -pese a mi ignorancia legal- de descubrir los conceptos que podrían ser oscuros para la comprensión de una persona que desconociera el tema en cuestión. Pero fui más allá: Pretendí borrar la fatídica historia reciente llena de falacias y aberraciones jurídicas que el kirchnerismo supo conseguir. Punto final, obediencia debida, carga de la prueba, indefensión. Fuera. Todo fuera, para centrarme en el escrito.
Dos más dos es cuatro y mi tía cocinaba muy bien.
No me sorprenden las respuestas sistemáticas de los funcionarios argentinos. Tiempo atrás -tan atrás que casi no recuerdo- escribí una carta cuyos destinatarios fueron todos (si, todos) los diputados y senadores actuantes en el caso de Claudio Kussman y otros tantos imputados por los mal llamados casos de lesa humanidad, las condiciones y la evidencia nula con las que se los tomaba como rehenes. De todos (Si, todos) los diputados y senadores del país, solo recibí un email del legislador Asseff -perdón, del asistente del asistente del mencionado político- en donde me manifestaba que su equipo, muy preocupado por las instalaciones carcelarias, estaba al borde de presentar un proyecto para que los edificios fueran mejorados. Cruel caso donde los diputados y senadores me tomaron por idiota.
¡Oh, sorpresa!
No me sorprende entonces que el Secretario Avruj haya deslindado esa responsabilidad en el Doctor Schapira, quien como marca la tradición de nuestros funcionarios, habrá leído el escrito presentado por Justicia y Concordia mientras veía la telenovela de la tarde. Para juzgar mis palabras como irresponsables, es mejor leer en secuencia los despachos en cuestión, que me hiciera llegar la incansable Andrea Palomas Alarcón, quien no debe tener tiempo para culebrones o partidos de golf. Le aseguro, si yo entendí la denuncia de Justicia y Concordia, aquel que tiene la tarea de asumir la responsabilidad de situaciones que son de vida o muerte, bien puede hacerlo mejor que yo.
Tal vez es hora que en un organismo de derechos humanos actúe alguien que en verdad este en pleno conocimiento de los derechos humanos, para dar por tierra mi sospecha que muchos funcionarios son nombrados por decretos excepcionales… pero, los funcionarios nos toman por idiotas.
En primer lugar, observamos la denuncia que hizo la Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia al Secretario de Derechos Humanos, Lic. Claudio Bernardo Avruj en septiembre de 2016.
Ante la respuesta (similar a las dadas por el gobierno anterior) Justicia y Concordia emitió una nueva denuncia. Queda discernir si la Secretaria de Derechos Humanos lee y analiza las denuncias o es una costumbre “internacional” adaptada la de copiar y pegar escritos cuya conexión con lo peticionado es nula.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, con motivo del acto conmemorativo del llamado “Día de la Memoria, Verdad y Justicia” manifiesta que lo allí ocurrido no hizo mas que profundizar el odio entre los argentinos. Los responsables del acto, revindicaron fuertemente a las organizaciones subversivas y su accionar terrorista en la guerra de los setenta. Nuestra Asociación deplora las expresiones vertidas desde la tribuna que incitó a la violencia, con el riesgo que ello implica, a la par que reclamamos a la dirigencia política, a los empresarios, a la justicia y a la Iglesia, que no pueden permanecer al margen e ignorar esta realidad. Quienes gobiernan la República están obligados a proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista.
Carlos Bosch, Secretario – Alberto Solanet, Presidente
Que en este país la ley no es igual para todos es un hecho que resulta ocioso demostrar. Mas, una cosa es que ello suceda a pesar de la impotencia e indignación de la ciudadanía y, otra, que lo sea con su aval o indiferencia cómplice. Sobre todo, teniendo en cuenta que, más que las típicas diferencias entre “hijos y entenados” que se hace siempre desde el poder, lo que aquí se promueve y tolera son cosas mucho más graves. Es claro que el conjunto del Poder Judicial argentino (con las excepciones de rigor) distingue, por lo menos, tres categorías de argentinos a la hora de hacer valer la ley: los ciudadanos de primera (o los que están en el poder), los de segunda (los que no están en el poder ni cerca de él) y los de cuarta (los militares). Estos, junto a su institución (que antes era de todos los argentinos) fueron y son sometidos a un proceso sistemático de vejación y demolición a partir de la asunción a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. Un gesto clave, por su simbolismo, que marca el inicio de esta operación política contra las FFAA, es la humillación que Kirchner infringe al jefe del Ejército, Gral. Roberto Bendini (y al Ejército todo), cuando le ordena que suba al banquito y baje el cuadro del Gral. Videla que se exhibía en el Colegio Militar de la Nación. Humillación gratuita si las hay, porque bien podría haberlo hecho descolgar, discretamente, el día anterior al acto. Pero no, lo hizo como lo hizo porque buscaba un efecto épico. Los “progres”, por supuesto, agradecidos (tienen una efeméride “revolú” más, para evocar). Ahora bien (decía un amigo), “lo valiente hubiese sido que Kirchner (no le pidamos descolgar el cuadro) hubiese formulado por lo menos una tímida opinión contra Videla, cuando éste era presidente”. Pero nada, ni un amague. No hay una sola palabra “pinguina” registrada en siete años de dictadura. También podrían haber asistido profesionalmente (muchos abogados lo hicieron) a algún preso político (a Menem, por ejemplo). Pero, más allá de la anécdota, lo grave e inconcebible desde punto de vista estratégico-nacional es el que públicamente un jefe de Estado debilite a la Nación, al tratar como a un pelele al principal mando militar del país (Gral. Bendini). ¿Con qué autoridad moral y profesional podrá éste último, en caso de guerra, conducir a sus subordinados?
Es difícil encontrar, en el antes y en el ahora, un presidente que desprestigie así a su jefe del Ejército (según mi amigo, más difícil todavía sería encontrar un general que cumpla una orden semejante).
De todo esto, como es notorio, ha tomado atenta nota la Justicia argentina. De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuviera ningún empacho en apuñalar al estado de derecho en la Argentina al posibilitar que los militares no sean sujetos de la aplicación de derechos humanos básicos, tales como irretroactividad de la ley, prescripción del delito, cosa juzgada, indulto, leyes de obediencia debida y punto final, prisión domiciliara por edad, etc. Quién hubiera imaginado que en la Argentina, en pleno siglo XXI, se podría desquiciar tan groseramente el derecho. Sin embargo, en las barbas de ciudadanos comunes, abogados y profesores de las facultades de abogacía de todo el país, así se procede. Salvo algunas honrosas excepciones (como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia), los doctores hacen un estruendoso “mutis por el foro”.
Ciudadanos de primera son, entre otros, magistrados cuyos departamentos se alquilan a prostíbulos o funcionarios que no pueden explicar sus fortunas. Caso muy distinto es el del señor Julio Alberto Poch. Este oficial retirado de la Marina lleva años preso porque un compañero de trabajo (holandés), dijo que, en una cena de camaradas, en la isla de Bali (al este de Java), Julio Poch afirmó que desde el avión que él piloteaba se arrojaron al mar a detenidos de la ESMA. Julio Poch y siete personas que estaban junto al denunciante en la mesa negaron enfáticamente esa versión. Además, está probado que Poch nunca navegó ese tipo de aviones. No existe, absolutamente, prueba alguna que lo incrimine. No quiero dar ideas; pero que fácil es encarcelar a un militar! Uno denuncia que el fulano le contó que torturaba en la época de la dictadura y marche preso! (Torquemada, era más sutil). Poch no necesitó de trámite de extradición del Gobierno argentino. Voluntariamente accedió a ser investigado por el juez Sergio Torres. Por ello, Poch es inocente en los dos sentidos del término; por un lado, porque no hizo nada de aquello de lo que se lo acusa y, por el otro, porque no tiene aún conciencia de que, para esta justicia, su condición es la de un “ciudadano de cuarta”.
El profesor Mauricio Ortín publicó este artículo, por vez primera en el diario El Tribuno
REGRESO A LA LEGALIDAD
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia manifiesta que el fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia constituye un regreso a la legalidad luego de un largo período en el cual el Derecho estuvo puesto al servicio de intereses políticos e ideológicos. El principio de la ley más benigna, reconocido legal, convencional y constitucionalmente, no establece distingo de delitos, por lo que su negativa a ser aplicada a personas acusadas de aquellos a los que se denomina de “lesa humanidad”, constituye una discriminación inaceptable. Por otra parte, consideramos necesario recordar una vez más, que lo que se juzga en el caso “Muiña” y tantos otros, por hechos ocurridos en la década del 70, no constituyen crímenes de lesa humanidad, ya que esa categoría delictual fue incorporada a la legislación argentina por la ley 25.390 del 9 de enero de 2007, siendo que el Art. 24 de dicho Estatuto, prohíbe a los Estados su aplicación retroactiva, respetando así el principio de legalidad, también conculcado por mas de una década. Se puede criticar el contenido de la ley 24.390 del “2×1”, pero nunca su aplicación irrestricta a todos los que ella beneficia. Quienes critican el fallo lo hacen desde posiciones ideologizadas, movidos por el rencor, por intereses políticos o especulaciones electorales. No podemos sino celebrar el volver a contar con fallos –y nada menos que de nuestro más alto Tribunal- inspirados en el interés de la ley y que honran además, en el caso, principios y valores que han de estar siempre por encima de las pasiones o intereses del momento.
Buenos Aires, mayo 5 de 2017
Carlos Bosch Alberto Solanet
Secretario Presidente
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
www.PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 8, 2017
Declaración de la Asociación de Abogados Por la Justicia y la Concordia
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia manifiesta que el fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia constituye un regreso a la legalidad luego de un largo período en el cual el Derecho estuvo puesto al servicio de intereses políticos e ideológicos. El principio de la ley más benigna, reconocido legal, convencional y constitucionalmente, no establece distingo de delitos, por lo que su negativa a ser aplicada a personas acusadas de aquellos a los que se denomina de “lesa humanidad”, constituye una discriminación inaceptable. Por otra parte, consideramos necesario recordar una vez más, que lo que se juzga en el caso “Muiña” y tantos otros, por hechos ocurridos en la década del 70, no constituyen crímenes de lesa humanidad, ya que esa categoría delictual fue incorporada a la legislación argentina por la ley 25.390 del 9 de enero de 2007, siendo que el Art. 24 de dicho Estatuto, prohíbe a los Estados su aplicación retroactiva, respetando así el principio de legalidad, también conculcado por mas de una década. Se puede criticar el contenido de la ley 24.390 del “2×1”, pero nunca su aplicación irrestricta a todos los que ella beneficia. Quienes critican el fallo lo hacen desde posiciones ideologizadas, movidos por el rencor, por intereses políticos o especulaciones electorales. No podemos sino celebrar el volver a contar con fallos –y nada menos que de nuestro más alto Tribunal- inspirados en el interés de la ley y que honran además, en el caso, principios y valores que han de estar siempre por encima de las pasiones o intereses del momento.
Buenos Aires, mayo 5 de 2017
Carlos Bosh Alberto Solanet
Secretario Presidente
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 5, 2017
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA
LOS BUENOS SAMARITANOS
En este sitio tratamos de volcar los hechos y la realidad que vivimos los PP, Prisioneros Ilegales o como se nos quiera llamar y por supuesto nuestras respectivas familias. Así nos esforzamos por documentar lo más fielmente posible la verdad que ocultan los tan abundantes hipócritas
que pueblan este territorio, llamado Argentina. Según el tema son los sentimientos. Hay días en los que aflora el odio, otros el dolor, o la tristeza. Pero, y siempre hay un pero, también están los días en los que a raíz de actos nobles, todo se ilumina y nuestras mentes y espíritus sienten que aún a pesar de todo lo malo que nos pueda pasar, la vida vale la pena vivirla hasta el último instante.
Nos referimos a lo ocurrido con JOSE FELIX MADRID, policía con arresto domiciliario, en quien la tragedia y la iniquidad se cebaron al extremo, haciendo que en el ocaso de su vida quede al borde de la indigencia total (1). Luego de publicar sobre su situación, se produjo el milagro y una vez más estuvo a cargo de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA. Ayer sábado 29 de abril los doctores EMILIO HARDOY Y CARLOS BOCH, viajaron a la ciudad de La Plata llegaron hasta la vivienda donde reside MADRID con su nieto URIEL. Portaban comestibles y dinero en efectivo, producto de una colecta organizada en forma muy urgente en cuando se enteraron de la situación desesperada de este hombre-policía. Sabemos que se está organizando ayuda por parte de otra gente, pero en este caso, esta se requería en forma muy urgente. El auxilio tenía que llegar ¡Ya! Lamentamos nuestra limitación para manifestar lo que sentimos y todo lo que nos trasmitió MADRID con su, para él increíble experiencia humanitaria vivida. Así no poderles decir nada más que GRACIAS, ante la actuación de ayer, hoy y siempre de los miembros de esta Asociación. Ellos con hechos, demuestran ser hombres y mujeres de bien, que permanentemente nos expresan: PRESENTE, USTEDES NO ESTAN SOLOS.
(1) https://prisioneroenargentina.com/index.php/2017/04/25/la-tragedia-de-un-hombre-policia/
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
@PrisioneroA
Por los Presos Políticos
La Fuerza de los Dignos reunió a organizaciones y otras personas para trabajar en el caso de los Presos Políticos.
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[/ezcol_1third] [ezcol_1third]También se participó para tratar la temática del reconocimiento histórico a las víctimas del terrorismo.
Justicia y Concordia; AFYAPPA, AFAVITA; Unión de Promociones; Pacificación General Definitiva, Centro de Estudios Salta, Hijos y Nietos de Presos Políticos, La Otra Campana, Profesionales independientes, periodistas, escritores, cineastas, la Sra. Jovina Luna, UPMAC, convocados por el grupo mencionado, con la presencia de los diputados Alfredo Olmedo (Nacional) y Raúl Zapata (provincia de Salta)
Andrea Palomas Alarcón
www.PrisioneroEnArgentina.com
Abril 20, 2017
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]
[/ezcol_1third_end]COMO SE MATA A LOS PRESOS POLÍTICOS EN LA ARGENTINA HOY (2017)
Informe de la Asociación de Abogados de Justicia y Concordia.
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Justicia y Concordia, y la Solicitud de Veto a la Gobernadora de una Ley llena de Falacias
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia ha solicitado formalmente a la Señora Gobernadora de la Provincia
de Buenos Aires, el veto de la ley aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, que obliga “incorporar de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires el término «dictadura cívico-militar» y el número de 30.000 junto a la expresión desaparecidos cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”
La insólita sanción de esta ley, de contenido esencialmente falaz, tiene el propósito, en forma ostensible, de reavivar enfrentamientos de hace cuarenta años y alentar odios en momentos en que el gobierno nacional debiera tratar de unir a los argentinos. Por lo demás obliga a mentir a quienes deban cumplirla, so pena de caer en la ilegalidad.
Carlos Bosch- Secretario Alberto Solanet- Presidente
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 6, 2017
JUSTICIA y CONCORDIA. Las denuncias presentadas a Avruj
¿Es Justicia y Concordia una asociación de idiotas?
Dos más dos es cuatro y mi tía cocinaba muy bien.
No me sorprenden las respuestas sistemáticas de los funcionarios argentinos. Tiempo atrás -tan atrás que casi no recuerdo- escribí una carta cuyos destinatarios fueron todos (si, todos) los diputados y senadores actuantes en el caso de Claudio Kussman y otros tantos imputados por los mal llamados casos de lesa humanidad, las condiciones y la evidencia nula con las que se los tomaba como rehenes. De todos (Si, todos) los diputados y senadores del país, solo recibí un email del legislador Asseff -perdón, del asistente del asistente del mencionado político- en donde me manifestaba que su equipo, muy preocupado por las instalaciones carcelarias, estaba al borde de presentar un proyecto para que los edificios fueran mejorados. Cruel caso donde los diputados y senadores me tomaron por idiota.
¡Oh, sorpresa!
No me sorprende entonces que el Secretario Avruj haya deslindado esa responsabilidad en el Doctor Schapira, quien como marca la tradición de nuestros funcionarios, habrá leído el escrito presentado por Justicia y Concordia mientras veía la telenovela de la tarde. Para juzgar mis palabras como irresponsables, es mejor leer en secuencia los despachos en cuestión, que me hiciera llegar la incansable Andrea Palomas Alarcón, quien no debe tener tiempo para culebrones o partidos de golf. Le aseguro, si yo entendí la denuncia de Justicia y Concordia, aquel que tiene la tarea de asumir la responsabilidad de situaciones que son de vida o muerte, bien puede hacerlo mejor que yo.
Tal vez es hora que en un organismo de derechos humanos actúe alguien que en verdad este en pleno conocimiento de los derechos humanos, para dar por tierra mi sospecha que muchos funcionarios son nombrados por decretos excepcionales… pero, los funcionarios nos toman por idiotas.
En primer lugar, observamos la denuncia que hizo la Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia al Secretario de Derechos Humanos, Lic. Claudio Bernardo Avruj en septiembre de 2016.
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Ante la respuesta (similar a las dadas por el gobierno anterior) Justicia y Concordia emitió una nueva denuncia. Queda discernir si la Secretaria de Derechos Humanos lee y analiza las denuncias o es una costumbre “internacional” adaptada la de copiar y pegar escritos cuya conexión con lo peticionado es nula.
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PrisioneroEnArgentina.com
Abril 4, 2017
Declaración por el 24 de Marzo
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, con motivo del acto conmemorativo del llamado “Día de la Memoria, Verdad y Justicia” manifiesta que lo allí ocurrido no hizo mas que profundizar el odio entre los argentinos. Los responsables del acto, revindicaron fuertemente a las organizaciones subversivas y su accionar terrorista en la guerra de los setenta. Nuestra Asociación deplora las expresiones vertidas desde la tribuna que incitó a la violencia, con el riesgo que ello implica, a la par que reclamamos a la dirigencia política, a los empresarios, a la justicia y a la Iglesia, que no pueden permanecer al margen e ignorar esta realidad. Quienes gobiernan la República están obligados a proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista.
Carlos Bosch, Secretario – Alberto Solanet, Presidente
Argentinos de cuarta
Que en este país la ley no es igual para todos es un hecho que resulta ocioso demostrar. Mas, una cosa es que ello suceda a pesar de la impotencia e indignación de la ciudadanía y, otra, que lo sea con su aval o indiferencia cómplice. Sobre todo, teniendo en cuenta que, más que las típicas diferencias entre “hijos y entenados” que se hace siempre desde el poder, lo que aquí se promueve y tolera son cosas mucho más graves. Es claro
que el conjunto del Poder Judicial argentino (con las excepciones de rigor) distingue, por lo menos, tres categorías de argentinos a la hora de hacer valer la ley: los ciudadanos de primera (o los que están en el poder), los de segunda (los que no están en el poder ni cerca de él) y los de cuarta (los militares). Estos, junto a su institución (que antes era de todos los argentinos) fueron y son sometidos a un proceso sistemático de vejación y demolición a partir de la asunción a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. Un gesto clave, por su simbolismo, que marca el inicio de esta operación política contra las FFAA, es la humillación que Kirchner infringe al jefe del Ejército, Gral. Roberto Bendini (y al Ejército todo), cuando le ordena que suba al banquito y baje el cuadro del Gral. Videla que se exhibía en el Colegio Militar de la Nación. Humillación gratuita si las hay, porque bien podría haberlo hecho descolgar, discretamente, el día anterior al acto. Pero no, lo hizo como lo hizo porque buscaba un efecto épico. Los “progres”, por supuesto, agradecidos (tienen una efeméride “revolú” más, para evocar). Ahora bien (decía un amigo), “lo valiente hubiese sido que Kirchner (no le pidamos descolgar el cuadro) hubiese formulado por lo menos una tímida opinión contra Videla, cuando éste era presidente”. Pero nada, ni un amague. No hay una sola palabra “pinguina” registrada en siete años de dictadura. También podrían haber asistido profesionalmente (muchos abogados lo hicieron) a algún preso político (a Menem, por ejemplo). Pero, más allá de la anécdota, lo grave e inconcebible desde punto de vista estratégico-nacional es el que públicamente un jefe de Estado debilite a la Nación, al tratar como a un pelele al principal mando militar del país (Gral. Bendini). ¿Con qué autoridad moral y profesional podrá éste último, en caso de guerra, conducir a sus subordinados?
Es difícil encontrar, en el antes y en el ahora, un presidente que desprestigie así a su jefe del Ejército (según mi amigo, más difícil todavía sería encontrar un general que cumpla una orden semejante).
De todo esto, como es notorio, ha tomado atenta nota la Justicia argentina. De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuviera ningún empacho en apuñalar al estado de derecho en la Argentina al posibilitar que los militares no sean sujetos de la aplicación de derechos humanos básicos, tales como irretroactividad de la ley, prescripción del delito, cosa juzgada, indulto, leyes de obediencia debida y punto final, prisión domiciliara por edad, etc. Quién hubiera imaginado que en la Argentina, en pleno siglo XXI, se podría desquiciar tan groseramente el derecho. Sin embargo, en las barbas de ciudadanos comunes, abogados y profesores de las facultades de abogacía de todo el país, así se procede. Salvo algunas honrosas excepciones (como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia), los doctores hacen un estruendoso “mutis por el foro”.
El profesor Mauricio Ortín publicó este artículo, por vez primera en el diario El Tribuno
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 26, 2017