Según diversos medios de comunicación, algunos funcionarios del gobierno actual seguros de la victoria Fernández-Fernández estarían pensando en irse a vivir a otro país después del 10 diciembre próximo, con el argumento de evitar la persecución judicial, pero en realidad es beneficiar de la impunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funcioneshttps://www.clarin.com/politica/funcionarios-obligados-pensar-irse-vivir-pais_0_5r3oTlLz.html Al parecer la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Sra. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y el Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) no creen en la justicia argentina ni en sus jueces que hasta la fecha están trabajando con ellos. Confirman así la politización de los miembros del poder judicial porque los jueces de hoy no serán los mismos cuando asuma otro gobierno (intereses personales obliga)
– Los tres funcionarios deben asumir las responsabilidades de sus decisiones administrativas, políticas, jurídicas, ante la justicia argentina si son denunciados, no cubrirse detrás de tesis inoperantes de venganza para huir del territorio nacional. En ningún país los ex ministros o altos funcionarios de gobierno, gozan de inmunidades al abandonar sus cargos, de lo contrario sería una recompensa a la impunidad.
La Sra. Alonso, la Sra. Bullrich y el Sr. Federici, por acción u omisión son responsables de la violación de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas (ex agentes del Estado, sacerdotes, abogados, médicos, académicos, ex jueces, fiscales, académicos…) que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de los grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas y no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la democracia o la justicia.
– Hoy, esos hombres y mujeres, mayores de 70 años, en su mayoría enfermos, son acusados de lesa humanidad por el mismo Estado. La justicia federal les aplica ilegalmente la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la suspensión de garantías, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso. Suspende derechos previsionales, a la salud, estudios….
La Sra. Alonso pese a disponer de recursos humanos, financieros y poder político, no cumplió de manera concreta, objetiva, con las funciones asignadas en la lucha contra la corrupción. Esos delitos no disminuyeron, están en fuerte aumento como lo demuestran los informes de Transparencia Internacional, la OCDE y los procesos judiciales en curso. La percepción elevada por parte de la sociedad de la existencia de corrupción en la justicia, las instituciones del Estado, los altos funcionarios, no llegó a sensibilizar la atención de la Sra. Alonso. Así beneficiando de esa decisión política, los magistrados del fuero federal sin ser investigados por sus patrimonios personales pudieron violar los derechos humanos de los prisioneros políticos de los años 70.
AlonsoFedericiBullrich
En esa misma dirección actuó la UIF quien jamás consideró pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado, y al contrario se mostró (se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanidad. A la fecha, el Sr. Federici presidente de la UIF, no procedió a levantar las restricciones a nivel nacional, regional e internacional contra esas personas denunciadas, impidiéndoles realizar operaciones financieras, bancarias en el país o al extranjero.
La Sra. Bullrich, ministro de seguridad, mantiene resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las FFSS federales ilegalmente acusado de lesa humanidad. Nunca se preocupó por ello, siempre aplicó su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones.
– Cada responsable de las instituciones federales de seguridad y de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) si siguen la lógica de los miembros del gobierno, también tendrán que irse del país con la ministra de tutela o responder ante la justicia por sus complicidades en la violación de los derechos humanos del personal a cargo: actuaron sabiendo que las disposiciones del Ministerio de Seguridad eran y son ilegales, obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los abandonaron, sino que fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan.
– El presidente de la CRJPPF, con argumentos falaces e inoperantes, se aferra a negar el derecho a los haberes de retiro a numerosas personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad cubriéndose detrás de resoluciones y disposiciones ilegales del Ministerio de Seguridad. Nunca se interesó por los derechos humanos del personal afectado por esas resoluciones. Busca asumir roles judiciales, policiales, de investigación u otras alejadas de una caja previsional. Ante la CRJPPF el afiliado afectado por esas resoluciones está en la imposibilidad de obtener sus derechos porque siempre hay un argumento para negarlo y poco importa los principios legales, constitucionales o convencionales.
La Sra. Bullrich, su gabinete, la Sra. Alonso, el Sr. Federici, los responsables de las FFSS y el presidente de la CRJPPF, deben ser denunciados ante la justicia argentina, extranjera, los organismos internacionales. Un fiscal o juez honesto, puede intervenir de oficio, disponiendo preventivamente que esas personas no quiten el territorio nacional, secuestrar sus pasaportes, suspender sus derechos previsionales, embargar cuentas y bienes, ordenar iniciar sumarios administrativos, prohibir la portación de armas, uniformes y reconocimiento de jerarquías.
– La declaración de la Sra. Bullrich que no se irá del país, es solo una estrategia de comunicación para engañar la sociedad, la justicia y a los funcionarios subordinados que los abandonará a su suerte…la ministra sabe lo que es vivir en la clandestinidad, en otro país. Poco importa la camaradería circunstancial si hay que subsistir.
En Europa, esas personas, si la posibilidad se presenta, serán denunciadas por violación a los derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los prisioneros políticos. Paris, 24 septiembre 2019. CasppaFrance
Tres ejemplos de cómo funciona la impunidad y la corrupción en la justicia pese a las promesas de gobierno de erradicar ese flagelo (como la pobreza y la inseguridad jurídica) En cualquier país democráticamente serio estaría en las primeras páginas de los diarios, pero en Argentina, no. Nadie se sorprende, ni se alarma, cuando en realidad lo que está juego es el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la constitución nacional y los compromisos adquiridos por la Argentina.
Si los jueces, fiscales y otros magistrados no respetan los principios jurídicos, no obedecen a las decisiones judiciales, como exigir las obligaciones que no asumen a los otros ciudadanos.
1-La jueza comercial de primera instancia Marta Cirulli no quiere investigar a las empresas de la familia del presidente Macri
Tras idas y vueltas, ordenan peritar los libros de los Macri Luego de meses de órdenes y apelaciones, la jueza Marta Cirulli dio curso al pedido de la fiscal general Boquin para que el cuerpo de contadores de la Corte Suprema revise los balances contables de las firmas Socma y Sideco. A mediados de mayo, la magistrada Cirulli firmó un escrito en el que sostenía que no había elementos nuevos en la causa para iniciar una investigación por presunto vaciamiento de la empresa Correo Argentino SA ni para ordenar una pericia contable de los libros de Sideco y Socma, como informó este medio. Debido a esa decisión, esta semana la fiscal general Gabriela Boquin denunció a la magistrada ante la Cámara Comercial por “grave desobediencia”. Se basa en que Cirulli tenía desde abril una orden de este tribunal superior para comenzar la investigación por presunto vaciamiento y ordenar la realización de la pericia.https://www.perfil.com/noticias/politica/tras-idas-y-vueltas-ordenan-peritar-los-libros-de-los-macrin.phtml
– La conducta de la Sra. Cirulli en otra actividad profesional seria sancionada severamente por ejercer incorrectamente su función. En la justicia no. Nadie controla, en realidad y seriamente, sus actividades profesionales. Si no respeta las obligaciones procesales no es grave, si lo es si es cometido por el ciudadano que no goza de sus privilegios e inmunidades. ¿Como no sospechar de la corrupción en la justicia en un caso donde están en juego las empresas del presidente Macri? Demostrar lo contrario sería haber realizado de manera urgente las diligencias judiciales que se imponen sin argumentos falaces para frenar los procedimientos. La gestión judicial en estas causas por parte de la jueza Cirulli es un paradigma a evitar si no se quiere asociar a corrupción e impunidad judicial.
2-El fiscal federal Carlos Stornelli, abusando de su ilegal inmunidad niega presentarse a declarar ante la justicia.
Pese a que la Cámara Federal confirmó la declaración de su rebeldía, las opiniones del ministro de la Justicia, de un miembro de la CSJN, de numerosas personalidades, de la responsable de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso afirmando que “Stornelli debe presentarse ante Ramos Padilla”, pero nada perturba al Sr. Stornelli quien haciendo uso de su ilegal inmunidad e impunidad, considerándose un no-justiciable, hace caso omiso a las veces que fue citados por un juez federal, a las decisiones de la Cámara, recomendaciones y a los principios legales que debe asumir.
– Ese argumento es inoperante porque significaría reconocer que hay corrupción en la justicia y no desde ahora. Que empresas influencia en la justicia ¿Quiénes son los autores de esos hechos? De lo contrario son simples comentarios sin valor ni seriedad.
– ¿Porque el fiscal Stornelli no presenta ante la justicia federal, sabiendo que por su ilegal inmunidad no se lo puede detener? Cual es el miedo de ir declarar si no tiene nada que ocultar. Cualquier ciudadano desobedeciendo un acto judicial, oponiéndose públicamente a la decisión de un juez federal, estaría desde la primera rebeldía, esposado, detenido o declarado rebelde, con captura nacional e internacional.http://www.telam.com.ar/notas/201905/361083-el-fiscal-stornelli-debe-presentarse-ante-ramos-padilla-dice-laura-alonso.html
3-El juez Juan Carlos Gemignani comete un delito y es premiado. La impunidad personalizada.
Luego de haber cometido un delito como numerosas otras acusaciones (abuso de poder, maltrato laboral) y para evitar la decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura el Sr. Gemignani renunció a la presidencia de la Cámara de Casación. En un vergonzoso texto sin asumir la responsabilidad de sus actos, queriendo transformarlo en acto de coraje, el camarista argumentó que “Con el fin de contribuir al mejor funcionamiento de la Cámara Federal de Casación, he decidido declinar el cargo de presidente de la misma, convencido que la trascendente misión jurisdiccional que se nos encomienda excede todo cargo“, https://www.ambito.com/gemignani-renuncio-la-presidencia-la-camara-casacion-n5033468 cuando en realidad debió renunciar directamente a la función de magistrado que no hace honor manteniéndose en el cargo. Mostrando así su impunidad como miembro del Poder Judicial.
Esta situación es el ejemplo de una sanción superficial cuando debería estar sumariado, procesado, condenado y exonerado de la justicia. Se los cambia de puesto o se reduce privilegios. Idéntica conducta a la del Sr Gemignani es la de todos los jueces del fuero federal que violan impunemente los derechos humanos principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas que en los años 70 defendieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques terroristas y hoy estas ilegalmente acusados de lesa humanidad, y nadie dice nada. Estas victimas no tienen los privilegios, ni gozan de la impunidad de los miembros del Poder Judicial donde la corrupción es la reina de las virtudes. Paris, 25 mayo 2019. CasppaFrance.
En momentos que el gobierno lanza su Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023), que el presidente de la CSJN afirma que la justicia sufre una crisis de legitimidad y perdida confianza por parte de la sociedad, que la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso se niega a asumir sus deberes para los cuales fue designada por el Poder Ejecutivo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el 15 abril pasado, entre numerosos procesamientos, la falta de merito al Sr. Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, al « Declarar la falta de mérito para ordenar el procesamiento, así como también para sobreseer a Angel Jorge Antonio Calcaterra, de las restantes condiciones personales obrantes en el exordio, en orden a los hechos por los que fuera indagado y sin perjuicio de la prosecución de la investigación (artículo 309 del Código Procesal Penal) » https://www.cij.gov.ar/nota-34132-El-juez-Mart-nez-de-Giorgi-proces–a-Julio-De-Vido–Jos–L-pez–Ricardo-Jaime-y-otros-imputados-en-la-causa-por-el-soterramiento-del-tren-Sarmiento.html.
El juez federal De Giorgi, consideró que en relación al Sr. Calcaterra, hay : Ausencia de pruebas que avalen la sospecha. Expresó que en su imputación se le endilga haber ejercido un poder de representación de esas empresas en el expediente de la licitación y/o en reuniones en la Secretaría de Transporte, pero que existe una visible diferencia entre sobornar a un funcionario público mediante un circuito de empresas off shore y transferencias desde cuentas bancarias del exterior y el hecho de asistir a reuniones por cuestiones operativas y técnicas en un Ministerio Público. Que esa intervención nunca podría ser interpretada como un intento de direccionamiento.
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Calcaterra
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Martínez Di Giorgi
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Alonso
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Macri
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Esa extraňa esa decisión en un caso de corrupción con ramificaciones internacionales, donde la situación judicial del Sr Angelo Calcaterra frágil y confusa, merece una instrucción más profunda antes de confirmar una resolución que el juez no puede ignorar tiene un impacto en la sociedad nacional e internacional, sobretodo teniendo presente que actualmente el delito de corrupción es la vitrina de la Argentina a nivel mundial. Esperemos que los resultados de la prosecución de la investigación aporten satisfacción y justicia a las partes. Paris, 18 abril 2019. CasppaFrance.
El ingeniero Macri, un presidente ausente, amante de las vacaciones, que en realidad no gobierna, no controla nada ni nadie, acompaňa el movimiento. Ante la inflación descontrolada, la ausencia de inversiones extranjeras, el aumento de la pobreza, las carencias en los sistemas de salud, una educación deficiente, la criminalidad creciente, una corrupción institucionalizada, la justicia politizada, manifestaciones y cortes de rutas cotidianas….Propone soluciones milagrosas como el baile, el amor, la esperanza, la confianza. Sufrir en silencio que pronto terminará esta situación es su consigna. Nunca se interesó a la situación de los Prisionero Políticos, ni recibió sus familias o respondió a las solicitaciones. Por su silencio e inacción, es complice de la violación de los derechos humanos de más de 3000 personas y sus familias.
Sus ministros, su familia y otros están en la misma linea :
La Ministra de Seguridad, (a) Carolina Serrano, además de esa cartera, quiere ser de justicia, de relaciones exteriores y de economía. Es extraňo que de lo que sabe no habla : su responsabilidad como ex combatiente del grupo terrorista Montoneros. Con su silencio apoya la violación de los derechos humanos a los ex agentes del Estado y representantes de la sociedad de los 70, que impidieron que su organización asuma el poder por las armas.
Nunca se interesó a los funcionarios que dependen de su ministerio acusados ilegalmente de lesa humanidad, no recibió a las familias de los prisioneros políticos ni respondió cartas, mails, mensajes, requieriendo su intervención. Al contrario, mantiene resoluciones ilegales e inconstitucionales contra los ex agentes y sus beneficiarios como suspender los haberes de retiros en forma ilimitada (Res. 11/2013) sin intervencion de la justicia, dispone que se apliquen disposiciones más extrictas con las familias de los prisioneros políticos de su ministerio. Solo le importa la comunicación, lo superficial, para postularse como vice presidenta en las próximas elecciones.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, observa pasivament como se violan los derechos humanos de más de 3000 porque políticamente es rentable. Al contrario, junto con su Secretario de Derechos Humanos de la Nacion, rápidamente se solidarizan con las organizaciones reivindicando la violencia de los 70, los reciben y los acompaňan en sus requerimientos. Esa política es un excelente producto marketing que se vende a nivel nacional e internacional. Garavano y Claudio Avruj, nunca se manifestaron públicamente por la situación que viven los Prisioneros Políticos, no pueden ignorar, salvo abusar de la inteligencia humana, que a esas personas se les violan sus derechos humanos. Con su silencio son complices de esa violación. Todos los requerimientos para una intervención que garantice y protega los principios fundamentales, restan en silencio.
La Sra. Laura Alonso, responsable de la Oficina Anti Corrupción, se niega a asumir sus deberes para los cuales fue designada por el Poder Ejecutivo, cuando actualmente el delito de corrupción es la vitrina internacional de la Argentina.
Entre sus sorprendentes argumentos para justificar su decisión de no investigar a los funcionarios del gobierno del ingeniero Macri, declaró que : “En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas para que (no) me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción”, la decisión la tomó a raíz de las múltiples “acusaciones personales” que recibió “durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos”, “preserva cualquier tipo de sospecha o duda de la actuación que nosotros podamos tener en la causas contra los funcionarios del actual gobierno” https://www.iprofesional.com/legales/290142-Insolita-excusa-por-la-que-Laura-Alonso-se-niega-a-investigar-a-Macri. La irresponsabilidad de la Sra Laura Alonso debe ser denunciada ante la justicia argentina, los organismos internacionales y particularmente a la OCDE que presentó recientemente 195 recomendaciones a la Argentina. Debe renunciar o el Poder Ejecutivo solicitar su demisión.
La seňora Juliana Awada, esposa del presidente ¿es la nueva canciller argentina o cumple misiones diplomáticas especiales? Realizó visitas «privadas» a Paris, Nueva York, Rio de Janeiro. Utilizó recursos humanos y logísticos del Estado.
En la reciente « visita muy especial » a la Embajada del Libano en Argentina, con el embajador acreditado de ese pais : dialogaron sobre la buena relación entre el Líbano y la Argentina, la presencia de la comunidad libanesa en el país, y las contribuciones de los libaneses y sus descendientes al desarrollo de la Argentina”.http://rouge.perfil.com/2019-04-15-129417-juliana-awada-visito-la-embajada-libanesa/ Es decir de las relaciones bilaterales, sector específico del ministerio de relaciones exteriores y culto. ¿Durante la entrevista con el embajador del Libano habló en nombre de la Argentina ?. ¿Es de la diplomacia paralela?
La Sra Awada no tiene ninguna función en el gobierno, no fue electa por nadie, ni dispone de un mandato político de Estado. Nunca se interesó o manifestó públicamente sobre la grave situación que viven los Prisioneros Políticos y sus familias, jamás las recibió o contestó sus cartas. Habría que interesarse a las empresas de la familia Awada para conocer la situación laboral, fiscal, impositiva y si no hubo conflicto de intereses bajo la presidencia de Mauricio Macri.
Los jueces sufren la crisis de legitimidad y la perdida de confianza de la sociedad argentina como lo recordó el Dr. Carlos Rosenkrantz en el discurso de apertura del aňo judicial 2019. El presidente de la CSJN no puede ejercer plenamente su poder porque es prisionero de sus colegas que realizan un permanente golpe de estado judicial y deslegitiman sus actos. El poder judicial y sus magistrados, son los primeros responsables en la violación de los derechos humanos de los prisioneros políticos y sus familias. Ningún magistrado denunció públicamente los ilegales procesos de lesa humanidad y los inconstitucionales fallos de los diversos tribunales. También, son los que pueden modificar la situación ilegal que ellos mismos instalaron, si no piensan en terminos politicos sino juridicos.
Los directores del Servicio Penitenciario Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Polícia de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional, Jefe de la Polícia Federal, obedecen ciegamente a las ordenes ilegales de los jueces y autoridades políticas. Ninguno se opone argumentando principios constitucionales y convencionales que protegen y garantizan los derechos humanos a su personal, al contrario colaboran en su violación. No puden argumentar el deber de obediencia cuando se los acuse de delitos de lesa humanidad. En ningún momento de preocuparon por la situación de su personal acusado de lesa humanidad y de sus familias. Nunca las recibieron ni respondieron a sus demandas de asistencia. Estos altos funcionarios son los responsable directos de la violación de los derechos humanos en la vida cotidiana de los Prisioneros Políticos.
En ese contexto de inestabilidad, inseguridad y desorden, las organizacion mal llamadas de derechos humanas agreden sin limite la justicia, el gobierno y sus adversarios ideológicos, sin que nadie se oponga jurídicamente. El ejemplo, es la Sra. Bonafini que desafía abiert
amente a la justicia. ¿Cómo es posible que ningún juez pueda llevar a cabo diligencias judiciales en los locales de Madres de Plaza de Mayo ?, ni aún con el apoyo de las fuerzas policiales del Ministerio de Seguridad. Solo en Argentina puede ocurrir esa situación. Los jueces mantienen un silencio absoluto frente a los actos burlescos de la Sra Bonifini pero prefieren no tener problemas políticos o ser investigados. Si al contrario esos mismos jueces ordenan detener un ex agente del Estado o represente de la sociedad de los 70, se utiliza todo el poder a su disposición para hacer respetar la ley sin excepción, y los funcionarios de policía, gendarmería, prefectura o PSA, no miden sus fuerzas para llevar a cabo la decisión de los jueces. Ellos y el SPF cumplen una orden, argumentarán como excusa.
El gobierno, sus ministros, los jueces y los otros, saben que la sola forma de escuchar a los Prisioneros Políticos es la relación de fuerza. Contestar, hacer ruido (como dice el Papa Francisco), enviar mails, cartas, mensajes, al presidente, sus ministros, parlamentarios, a los medios… Organizar manifestaciones, demostrar descontento en todo tiempo y lugar. La solución no vendrá ni por milagro, ni por el tiempo o por voluntad personal del gobierno o la justicia, solo la presión los llamará a la reflexión y considerar la situación de los Prisioneros Políticos. ¿Argentina quizás merece eso, no? No tengamos miedo. Paris, 16 abril 2019. CasppaFrance.
La plata del Estado vuelve al Estado cuando se trata de contratos de obras públicas. Lo malo es que el Estado es un selecto grupo de funcionarios. ¿Quién devuelve gentilmente una porción de las ganancias para agradecer la generosidad de esos funcionarios?
Doscientos billones de dólares del dinero público en manos de un hombre, hace de este a un hombre poderoso y peligroso. Desde el año 2003 hasta el año 2015, el super ministro del Kirchnerismo, Julio De Vido, manejó semejante cifra del Presupuesto Nacional. Cuando una persona se encuentra en tal situación de poder, todas las ventanas se abren. Cuando el poder se derrite como cubos de hielo, es agua entre los dedos. En el primer de los casos, los empresarios se convierten en los juglares del trono en busca de conveniencias económicas. En el caso final, son los primeros en abandonar el barco. Son siempre, claro, los aventajados en conseguir chalecos salvavidas.
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Aldo B. Roggio
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Ángelo Calcaterra
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Carlos G. Wagner
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Carlos Mundin
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Doménico Ghella
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Laura Alonso, quien -ostentando el largo cargo de Secretaria de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción- lidera la Oficina Anticorrupción que vincula a De Vido con hechos de corrupción. La lista va desde la causa Skanska, atravesando por Belgrano Cargas, hasta la adquisición de desechos ferroviarios a Portugal y a España y la ruta del dinero K, denuncia que involucra a Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, entre otros.
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José Cortellone
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Juan Manuel Touceda
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Paolo Rocca
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Ramón Castro
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Julio De Vido
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Oderbrecht, la constructora brasileña incriminada en Brasil y Estados Unidos hizo obras en la era kirchnerista en sociedad con Benito Roggio e Hijos -empresa contratista de obras, dirigida por Aldo Benito Roggio-, Supercemento, propiedad de José Cartellone (quien se adjudicara la construcción de la autopista Federal Ruta Nacional 33), la empresa italiana Ghella SpA, cuyo titular es Doménico Ghella, la española Comsa (con presencia en más de veinte países y dirigida en Argentina por Ramón Castro y que construirá un desvío de casi trece millas en el trayecto Constitución-Mar del Plata, para que el ramal pase por Chascomús) y Iecsa, la constructora que le pertenecía a Angelo Calcaterra, el primo del actual presidente Mauricio Macri. Además, Odebrecht subcontrató aquí a BTU (Propiedad de Carlos Mundin), Techint (Paolo Rocca), Contreras Hermanos (Cuyo máximo responsable es Juan Manuel Touceda) y Esuco S.A. (que cuenta con la presidencia de Carlos Wagner). Todas estas empresas pasaron por las manos del kirchnerista -ahora anti cristinista- Julio de Vido. En honor a la justicia, los delitos deben ser probados. De Vido merece acceso a una justa defensa y que no le suceda como por ejemplo… a ver… (la presión de citar un ejemplo en forma veloz…) los imputados en casos de lesa humanidad. Pero -hay que acotar- si De Vido es encontrado culpable, es interesante pensar en quien alimentó su ambición.
Funcionarios del gobierno Macri que piensan irse del país. ¿Búsqueda de impunidad?
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Según diversos medios de comunicación, algunos funcionarios del gobierno actual seguros de la victoria Fernández-Fernández estarían pensando en irse a vivir a otro país después del 10 diciembre próximo, con el argumento de evitar la persecución judicial, pero en realidad es beneficiar de la impunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones https://www.clarin.com/politica/funcionarios-obligados-pensar-irse-vivir-pais_0_5r3oTlLz.html Al parecer la Sra. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Sra. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y el Sr. Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) no creen en la justicia argentina ni en sus jueces que hasta la fecha están trabajando con ellos. Confirman así la politización de los miembros del poder judicial porque los jueces de hoy no serán los mismos cuando asuma otro gobierno (intereses personales obliga)
– Los tres funcionarios deben asumir las responsabilidades de sus decisiones administrativas, políticas, jurídicas, ante la justicia argentina si son denunciados, no cubrirse detrás de tesis inoperantes de venganza para huir del territorio nacional. En ningún país los ex ministros o altos funcionarios de gobierno, gozan de inmunidades al abandonar sus cargos, de lo contrario sería una recompensa a la impunidad.
La Sra. Alonso, la Sra. Bullrich y el Sr. Federici, por acción u omisión son responsables de la violación de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas (ex agentes del Estado, sacerdotes, abogados, médicos, académicos, ex jueces, fiscales, académicos…) que en los años 70 protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques armados de los grupos terroristas que buscaban tomar el poder por las armas y no luchaban por los derechos humanos, el Estado de derecho, la democracia o la justicia.
– Hoy, esos hombres y mujeres, mayores de 70 años, en su mayoría enfermos, son acusados de lesa humanidad por el mismo Estado. La justicia federal les aplica ilegalmente la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la suspensión de garantías, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No reconoce la prescripción, la amnistía, el debido proceso. Suspende derechos previsionales, a la salud, estudios….
La Sra. Alonso pese a disponer de recursos humanos, financieros y poder político, no cumplió de manera concreta, objetiva, con las funciones asignadas en la lucha contra la corrupción. Esos delitos no disminuyeron, están en fuerte aumento como lo demuestran los informes de Transparencia Internacional, la OCDE y los procesos judiciales en curso. La percepción elevada por parte de la sociedad de la existencia de corrupción en la justicia, las instituciones del Estado, los altos funcionarios, no llegó a sensibilizar la atención de la Sra. Alonso. Así beneficiando de esa decisión política, los magistrados del fuero federal sin ser investigados por sus patrimonios personales pudieron violar los derechos humanos de los prisioneros políticos de los años 70.
En esa misma dirección actuó la UIF quien jamás consideró pertinente interesarse a las exorbitantes declaraciones juradas patrimoniales (bienes, inversiones, donaciones y ahorros) de los jueces federales y de otros funcionarios del Estado, y al contrario se mostró (se muestra) inflexible cuando se trata de denunciar por financiamiento del terrorismo a los ex agentes del Estado acusados ilegalmente de lesa humanidad. A la fecha, el Sr. Federici presidente de la UIF, no procedió a levantar las restricciones a nivel nacional, regional e internacional contra esas personas denunciadas, impidiéndoles realizar operaciones financieras, bancarias en el país o al extranjero.
La Sra. Bullrich, ministro de seguridad, mantiene resoluciones contrarias a disposiciones constitucionales y convencionales que violan los derechos humanos del personal de las FFSS federales ilegalmente acusado de lesa humanidad. Nunca se preocupó por ello, siempre aplicó su autoridad, ordenando que las instituciones bajo sus ordenes respeten sus disposiciones.
– Cada responsable de las instituciones federales de seguridad y de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (CRJPPF) si siguen la lógica de los miembros del gobierno, también tendrán que irse del país con la ministra de tutela o responder ante la justicia por sus complicidades en la violación de los derechos humanos del personal a cargo: actuaron sabiendo que las disposiciones del Ministerio de Seguridad eran y son ilegales, obedecieron a las mismas sin interesarles las consecuencias legales sobre los ex agentes de sus respectivas instituciones. No solo los abandonaron, sino que fueron y son los primeros que los persiguen administrativamente, los privan de derechos, los discriminan.
– El presidente de la CRJPPF, con argumentos falaces e inoperantes, se aferra a negar el derecho a los haberes de retiro a numerosas personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad cubriéndose detrás de resoluciones y disposiciones ilegales del Ministerio de Seguridad. Nunca se interesó por los derechos humanos del personal afectado por esas resoluciones. Busca asumir roles judiciales, policiales, de investigación u otras alejadas de una caja previsional. Ante la CRJPPF el afiliado afectado por esas resoluciones está en la imposibilidad de obtener sus derechos porque siempre hay un argumento para negarlo y poco importa los principios legales, constitucionales o convencionales.
La Sra. Bullrich, su gabinete, la Sra. Alonso, el Sr. Federici, los responsables de las FFSS y el presidente de la CRJPPF, deben ser denunciados ante la justicia argentina, extranjera, los organismos internacionales. Un fiscal o juez honesto, puede intervenir de oficio, disponiendo preventivamente que esas personas no quiten el territorio nacional, secuestrar sus pasaportes, suspender sus derechos previsionales, embargar cuentas y bienes, ordenar iniciar sumarios administrativos, prohibir la portación de armas, uniformes y reconocimiento de jerarquías.
– La declaración de la Sra. Bullrich que no se irá del país, es solo una estrategia de comunicación para engañar la sociedad, la justicia y a los funcionarios subordinados que los abandonará a su suerte…la ministra sabe lo que es vivir en la clandestinidad, en otro país. Poco importa la camaradería circunstancial si hay que subsistir.
En Europa, esas personas, si la posibilidad se presenta, serán denunciadas por violación a los derechos humanos, principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los prisioneros políticos. Paris, 24 septiembre 2019. CasppaFrance
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Septiembre 24, 2019
Impunidad y corrupción de la justicia: todo sigue igual
Si los jueces, fiscales y otros magistrados no respetan los principios jurídicos, no obedecen a las decisiones judiciales, como exigir las obligaciones que no asumen a los otros ciudadanos.
1-La jueza comercial de primera instancia Marta Cirulli no quiere investigar a las empresas de la familia del presidente Macri
Tras idas y vueltas, ordenan peritar los libros de los Macri Luego de meses de órdenes y apelaciones, la jueza Marta Cirulli dio curso al pedido de la fiscal general Boquin para que el cuerpo de contadores de la Corte Suprema revise los balances contables de las firmas Socma y Sideco. A mediados de mayo, la magistrada Cirulli firmó un escrito en el que sostenía que no había elementos nuevos en la causa para iniciar una investigación por presunto vaciamiento de la empresa Correo Argentino SA ni para ordenar una pericia contable de los libros de Sideco y Socma, como informó este medio. Debido a esa decisión, esta semana la fiscal general Gabriela Boquin denunció a la magistrada ante la Cámara Comercial por “grave desobediencia”. Se basa en que Cirulli tenía desde abril una orden de este tribunal superior para comenzar la investigación por presunto vaciamiento y ordenar la realización de la pericia.https://www.perfil.com/noticias/politica/tras-idas-y-vueltas-ordenan-peritar-los-libros-de-los-macrin.phtml
– La conducta de la Sra. Cirulli en otra actividad profesional seria sancionada severamente por ejercer incorrectamente su función. En la justicia no. Nadie controla, en realidad y seriamente, sus actividades profesionales. Si no respeta las obligaciones procesales no es grave, si lo es si es cometido por el ciudadano que no goza de sus privilegios e inmunidades. ¿Como no sospechar de la corrupción en la justicia en un caso donde están en juego las empresas del presidente Macri? Demostrar lo contrario sería haber realizado de manera urgente las diligencias judiciales que se imponen sin argumentos falaces para frenar los procedimientos. La gestión judicial en estas causas por parte de la jueza Cirulli es un paradigma a evitar si no se quiere asociar a corrupción e impunidad judicial.
2-El fiscal federal Carlos Stornelli, abusando de su ilegal inmunidad niega presentarse a declarar ante la justicia.
Pese a que la Cámara Federal confirmó la declaración de su rebeldía, las opiniones del ministro de la Justicia, de un miembro de la CSJN, de numerosas personalidades, de la responsable de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso afirmando que “Stornelli debe presentarse ante Ramos Padilla”, pero nada perturba al Sr. Stornelli quien haciendo uso de su ilegal inmunidad e impunidad, considerándose un no-justiciable, hace caso omiso a las veces que fue citados por un juez federal, a las decisiones de la Cámara, recomendaciones y a los principios legales que debe asumir.
Se justifica con argumento de un mundo no judicial (sino delincuencial) para demostrar un inexistente complot por sus investigaciones “Tocó intereses muy grandes en el mundo empresarial y esos tipos se lo hicieron saber a la política, entonces para muchos Stornelli se volvió un tipo incómodo, que, si se lo puede correr del caso, mejor”, declara su abogado. https://www.perfil.com/noticias/politica/el-fiscal-entre-los-que-le-soltaron-la-mano-y-los-intereses-que-toco-en-la-causa-cuadernos.phtml
– Ese argumento es inoperante porque significaría reconocer que hay corrupción en la justicia y no desde ahora. Que empresas influencia en la justicia ¿Quiénes son los autores de esos hechos? De lo contrario son simples comentarios sin valor ni seriedad.
– ¿Porque el fiscal Stornelli no presenta ante la justicia federal, sabiendo que por su ilegal inmunidad no se lo puede detener? Cual es el miedo de ir declarar si no tiene nada que ocultar. Cualquier ciudadano desobedeciendo un acto judicial, oponiéndose públicamente a la decisión de un juez federal, estaría desde la primera rebeldía, esposado, detenido o declarado rebelde, con captura nacional e internacional.http://www.telam.com.ar/notas/201905/361083-el-fiscal-stornelli-debe-presentarse-ante-ramos-padilla-dice-laura-alonso.html
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3-El juez Juan Carlos Gemignani comete un delito y es premiado. La impunidad personalizada.
Luego de haber cometido un delito como numerosas otras acusaciones (abuso de poder, maltrato laboral) y para evitar la decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura el Sr. Gemignani renunció a la presidencia de la Cámara de Casación. En un vergonzoso texto sin asumir la responsabilidad de sus actos, queriendo transformarlo en acto de coraje, el camarista argumentó que “Con el fin de contribuir al mejor funcionamiento de la Cámara Federal de Casación, he decidido declinar el cargo de presidente de la misma, convencido que la trascendente misión jurisdiccional que se nos encomienda excede todo cargo“, https://www.ambito.com/gemignani-renuncio-la-presidencia-la-camara-casacion-n5033468 cuando en realidad debió renunciar directamente a la función de magistrado que no hace honor manteniéndose en el cargo. Mostrando así su impunidad como miembro del Poder Judicial.
Esta situación es el ejemplo de una sanción superficial cuando debería estar sumariado, procesado, condenado y exonerado de la justicia. Se los cambia de puesto o se reduce privilegios. Idéntica conducta a la del Sr Gemignani es la de todos los jueces del fuero federal que violan impunemente los derechos humanos principios constitucionales y convencionales de más de 3000 personas que en los años 70 defendieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques terroristas y hoy estas ilegalmente acusados de lesa humanidad, y nadie dice nada. Estas victimas no tienen los privilegios, ni gozan de la impunidad de los miembros del Poder Judicial donde la corrupción es la reina de las virtudes. Paris, 25 mayo 2019. CasppaFrance.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 26, 2019
Primera decisión judicial favorable para el primo del Presidente Macri
El juez federal De Giorgi, consideró que en relación al Sr. Calcaterra, hay : Ausencia de pruebas que avalen la sospecha. Expresó que en su imputación se le endilga haber ejercido un poder de representación de esas empresas en el expediente de la licitación y/o en reuniones en la Secretaría de Transporte, pero que existe una visible diferencia entre sobornar a un funcionario público mediante un circuito de empresas off shore y transferencias desde cuentas bancarias del exterior y el hecho de asistir a reuniones por cuestiones operativas y técnicas en un Ministerio Público. Que esa intervención nunca podría ser interpretada como un intento de direccionamiento.
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Calcaterra
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Martínez Di Giorgi
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Alonso
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Macri
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Esa extraňa esa decisión en un caso de corrupción con ramificaciones internacionales, donde la situación judicial del Sr Angelo Calcaterra frágil y confusa, merece una instrucción más profunda antes de confirmar una resolución que el juez no puede ignorar tiene un impacto en la sociedad nacional e internacional, sobretodo teniendo presente que actualmente el delito de corrupción es la vitrina de la Argentina a nivel mundial. Esperemos que los resultados de la prosecución de la investigación aporten satisfacción y justicia a las partes. Paris, 18 abril 2019. CasppaFrance.
https://www.casppafrance.org/
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 18, 2019
Argentina 2019, sin brújula, perdida. ¿Hacia donde va ?
Sus ministros, su familia y otros están en la misma linea :
La Ministra de Seguridad, (a) Carolina Serrano, además de esa cartera, quiere ser de justicia, de relaciones exteriores y de economía. Es extraňo que de lo que sabe no habla : su responsabilidad como ex combatiente del grupo terrorista Montoneros. Con su silencio apoya la violación de los derechos humanos a los ex agentes del Estado y representantes de la sociedad de los 70, que impidieron que su organización asuma el poder por las armas.
Nunca se interesó a los funcionarios que dependen de su ministerio acusados ilegalmente de lesa humanidad, no recibió a las familias de los prisioneros políticos ni respondió cartas, mails, mensajes, requieriendo su intervención. Al contrario, mantiene resoluciones ilegales e inconstitucionales contra los ex agentes y sus beneficiarios como suspender los haberes de retiros en forma ilimitada (Res. 11/2013) sin intervencion de la justicia, dispone que se apliquen disposiciones más extrictas con las familias de los prisioneros políticos de su ministerio. Solo le importa la comunicación, lo superficial, para postularse como vice presidenta en las próximas elecciones.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, observa pasivament como se violan los derechos humanos de más de 3000 porque políticamente es rentable. Al contrario, junto con su Secretario de Derechos Humanos de la Nacion, rápidamente se solidarizan con las organizaciones reivindicando la violencia de los 70, los reciben y los acompaňan en sus requerimientos. Esa política es un excelente producto marketing que se vende a nivel nacional e internacional. Garavano y Claudio Avruj, nunca se manifestaron públicamente por la situación que viven los Prisioneros Políticos, no pueden ignorar, salvo abusar de la inteligencia humana, que a esas personas se les violan sus derechos humanos. Con su silencio son complices de esa violación. Todos los requerimientos para una intervención que garantice y protega los principios fundamentales, restan en silencio.
La Sra. Laura Alonso, responsable de la Oficina Anti Corrupción, se niega a asumir sus deberes para los cuales fue designada por el Poder Ejecutivo, cuando actualmente el delito de corrupción es la vitrina internacional de la Argentina.
Entre sus sorprendentes argumentos para justificar su decisión de no investigar a los funcionarios del gobierno del ingeniero Macri, declaró que : “En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas para que (no) me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción”, la decisión la tomó a raíz de las múltiples “acusaciones personales” que recibió “durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos”, “preserva cualquier tipo de sospecha o duda de la actuación que nosotros podamos tener en la causas contra los funcionarios del actual gobierno” https://www.iprofesional.com/legales/290142-Insolita-excusa-por-la-que-Laura-Alonso-se-niega-a-investigar-a-Macri. La irresponsabilidad de la Sra Laura Alonso debe ser denunciada ante la justicia argentina, los organismos internacionales y particularmente a la OCDE que presentó recientemente 195 recomendaciones a la Argentina. Debe renunciar o el Poder Ejecutivo solicitar su demisión.
La seňora Juliana Awada, esposa del presidente ¿es la nueva canciller argentina o cumple misiones diplomáticas especiales? Realizó visitas «privadas» a Paris, Nueva York, Rio de Janeiro. Utilizó recursos humanos y logísticos del Estado.
En la reciente « visita muy especial » a la Embajada del Libano en Argentina, con el embajador acreditado de ese pais : dialogaron sobre la buena relación entre el Líbano y la Argentina, la presencia de la comunidad libanesa en el país, y las contribuciones de los libaneses y sus descendientes al desarrollo de la Argentina”.http://rouge.perfil.com/2019-04-15-129417-juliana-awada-visito-la-embajada-libanesa/ Es decir de las relaciones bilaterales, sector específico del ministerio de relaciones exteriores y culto. ¿Durante la entrevista con el embajador del Libano habló en nombre de la Argentina ?. ¿Es de la diplomacia paralela?
La Sra Awada no tiene ninguna función en el gobierno, no fue electa por nadie, ni dispone de un mandato político de Estado. Nunca se interesó o manifestó públicamente sobre la grave situación que viven los Prisioneros Políticos y sus familias, jamás las recibió o contestó sus cartas. Habría que interesarse a las empresas de la familia Awada para conocer la situación laboral, fiscal, impositiva y si no hubo conflicto de intereses bajo la presidencia de Mauricio Macri.
Los jueces sufren la crisis de legitimidad y la perdida de confianza de la sociedad argentina como lo recordó el Dr. Carlos Rosenkrantz en el discurso de apertura del aňo judicial 2019. El presidente de la CSJN no puede ejercer plenamente su poder porque es prisionero de sus colegas que realizan un permanente golpe de estado judicial y deslegitiman sus actos. El poder judicial y sus magistrados, son los primeros responsables en la violación de los derechos humanos de los prisioneros políticos y sus familias. Ningún magistrado denunció públicamente los ilegales procesos de lesa humanidad y los inconstitucionales fallos de los diversos tribunales. También, son los que pueden modificar la situación ilegal que ellos mismos instalaron, si no piensan en terminos politicos sino juridicos.
Los directores del Servicio Penitenciario Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Polícia de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional, Jefe de la Polícia Federal, obedecen ciegamente a las ordenes ilegales de los jueces y autoridades políticas. Ninguno se opone argumentando principios constitucionales y convencionales que protegen y garantizan los derechos humanos a su personal, al contrario colaboran en su violación. No puden argumentar el deber de obediencia cuando se los acuse de delitos de lesa humanidad. En ningún momento de preocuparon por la situación de su personal acusado de lesa humanidad y de sus familias. Nunca las recibieron ni respondieron a sus demandas de asistencia. Estos altos funcionarios son los responsable directos de la violación de los derechos humanos en la vida cotidiana de los Prisioneros Políticos.
En ese contexto de inestabilidad, inseguridad y desorden, las organizacion mal llamadas de derechos humanas agreden sin limite la justicia, el gobierno y sus adversarios ideológicos, sin que nadie se oponga jurídicamente. El ejemplo, es la Sra. Bonafini que desafía abiert
amente a la justicia. ¿Cómo es posible que ningún juez pueda llevar a cabo diligencias judiciales en los locales de Madres de Plaza de Mayo ?, ni aún con el apoyo de las fuerzas policiales del Ministerio de Seguridad. Solo en Argentina puede ocurrir esa situación. Los jueces mantienen un silencio absoluto frente a los actos burlescos de la Sra Bonifini pero prefieren no tener problemas políticos o ser investigados. Si al contrario esos mismos jueces ordenan detener un ex agente del Estado o represente de la sociedad de los 70, se utiliza todo el poder a su disposición para hacer respetar la ley sin excepción, y los funcionarios de policía, gendarmería, prefectura o PSA, no miden sus fuerzas para llevar a cabo la decisión de los jueces. Ellos y el SPF cumplen una orden, argumentarán como excusa.
El gobierno, sus ministros, los jueces y los otros, saben que la sola forma de escuchar a los Prisioneros Políticos es la relación de fuerza. Contestar, hacer ruido (como dice el Papa Francisco), enviar mails, cartas, mensajes, al presidente, sus ministros, parlamentarios, a los medios… Organizar manifestaciones, demostrar descontento en todo tiempo y lugar. La solución no vendrá ni por milagro, ni por el tiempo o por voluntad personal del gobierno o la justicia, solo la presión los llamará a la reflexión y considerar la situación de los Prisioneros Políticos. ¿Argentina quizás merece eso, no? No tengamos miedo. Paris, 16 abril 2019. CasppaFrance.
www.casspafrance.org
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 16, 2019
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LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE
Por FABIAN KUSSMAN.
La plata del Estado vuelve al Estado cuando se trata de contratos de obras públicas. Lo malo es que el Estado es un selecto grupo de funcionarios. ¿Quién devuelve gentilmente una porción de las ganancias para agradecer la generosidad de esos funcionarios?
Doscientos billones de dólares del dinero público en manos de un hombre, hace de este a un hombre poderoso y peligroso. Desde el año 2003 hasta el año 2015, el super ministro del Kirchnerismo, Julio De Vido, manejó semejante cifra del Presupuesto Nacional. Cuando una persona se encuentra en tal situación de poder, todas las ventanas se abren. Cuando el poder se derrite como cubos de hielo, es agua entre los dedos. En el primer de los casos, los empresarios se convierten en los juglares del trono en busca de conveniencias económicas. En el caso final, son los primeros en abandonar el barco. Son siempre, claro, los aventajados en conseguir chalecos salvavidas.
[ezcol_1fifth]Aldo B. Roggio
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Ángelo Calcaterra
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Carlos G. Wagner
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Carlos Mundin
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]Doménico Ghella
[/ezcol_1fifth_end]Laura Alonso, quien -ostentando el largo cargo de Secretaria de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción- lidera la Oficina Anticorrupción que vincula a De Vido con hechos de corrupción. La lista va desde la causa Skanska, atravesando por Belgrano Cargas, hasta la adquisición de desechos ferroviarios a Portugal y a España y la ruta del dinero K, denuncia que involucra a Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, entre otros.
[ezcol_1fifth]José Cortellone
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Juan Manuel Touceda
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Paolo Rocca
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Ramón Castro
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]Julio De Vido
[/ezcol_1fifth_end]Oderbrecht, la constructora brasileña incriminada en Brasil y Estados Unidos hizo obras en la era kirchnerista en sociedad con Benito Roggio e Hijos -empresa contratista de obras, dirigida por Aldo Benito Roggio-, Supercemento, propiedad de José Cartellone (quien se adjudicara la construcción de la autopista Federal Ruta Nacional 33), la empresa italiana Ghella SpA, cuyo titular es Doménico Ghella, la española Comsa (con presencia en más de veinte países y dirigida en Argentina por Ramón Castro y que construirá un desvío de casi trece millas en el trayecto Constitución-Mar del Plata, para que el ramal pase por Chascomús) y Iecsa, la constructora que le pertenecía a Angelo Calcaterra, el primo del actual presidente Mauricio Macri. Además, Odebrecht subcontrató aquí a BTU (Propiedad de Carlos Mundin), Techint (Paolo Rocca), Contreras Hermanos (Cuyo máximo responsable es Juan Manuel Touceda) y Esuco S.A. (que cuenta con la presidencia de Carlos Wagner). Todas estas empresas pasaron por las manos del kirchnerista -ahora anti cristinista- Julio de Vido. En honor a la justicia, los delitos deben ser probados. De Vido merece acceso a una justa defensa y que no le suceda como por ejemplo… a ver… (la presión de citar un ejemplo en forma veloz…) los imputados en casos de lesa humanidad. Pero -hay que acotar- si De Vido es encontrado culpable, es interesante pensar en quien alimentó su ambición.
Fabian Kussman
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 25, 2017