El Senado de Argentina aprobó este miércoles en general el proyecto de la ley Bases, una extensa iniciativa que impulsa el Gobierno de Javier Milei con el objetivo de profundizar el ajuste y desregular la economía. La Cámara alta se dispone ahora a tratar el texto por capítulos, y luego se debatirá el proyecto de reformas fiscales.
Milei
Tras más de 10 horas de debate, y en medio de un clima de tensión por las protestas en las inmediaciones del Congreso, el proyecto de ley Bases cosechó 36 votos a favor y 36 en contra. Tal como lo establece el reglamento, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, definió la votación con un voto favorable que desempató la definición.
Más allá del avance de la iniciativa, el dictamen aprobado en el Senado deberá retornar a la Cámara de Diputados, debido a una serie de cambios que se realizaron en el texto original.
Mientras se realizaba la sesión legislativa, afuera se llevaban a cabo masivas protestas convocadas por partidos de oposición, sindicatos y organizaciones sociales que reclamaban “que se caiga” la ley Bases. El repudio de estos sectores al proyecto tiene que ver con que contiene una reforma laboral, impulsa privatizaciones y más despidos, promueve la explotación de recursos naturales a empresas extranjeras, entre otros puntos polémicos.
Villarruel
El edificio parlamentario, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, estuvo desde temprano rodeado por un fuerte operativo policial. Hubo momentos de enfrentamientos entre efectivos de seguridad y manifestantes, varios de los cuales fueron reprimidos con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.
Incluso un diputado de la oposición resultó herido en medio de los forcejeos.
La Policía Federal Argentina atacó con gas pimienta al legislador peronista Carlos Castagneto, que acompañaba las protestas contra la ley de Bases y debió ser atendido por paramédicos. También resultaron afectados Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés, todos del bloque de Unión por la Patria (UxP), que no acompañó la ley.
Videos publicados en las redes sociales dan cuenta del momento en que varios diputados se identifican claramente frente a los agentes policiales que, pese a ello, deciden descargar gases lacrimógenos, en interés de desalojarles del sitio.
Algunos manifestantes respondieron las agresiones con piedrazos y bombas molotov. Incluso un vehículo del medio Cadena 3 resultó incendiado. Y hubo al menos 29 detenidos.
MoreauSagasti
Mientras se desarrollaban los desmanes en las calles, la senadora nacional de UxP Anabel Fernández Sagasti responsabilizó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, “por la integridad física de todos los ciudadanos y ciudadanas” que estaban “manifestándose democráticamente”. Y cuestionó a Villarruel por “militarizar el Senado”.
Por su parte, el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedrosolicitó una moción de orden en el recinto para que los miembros del bloque peronista pudieran ir dialogar con las fuerzas de seguridad a cargo del operativo, a fin de detener la represión. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y el debate continuó.
Ante los disturbios, el gobierno argentino acusó a los manifestantes que protestaban contra la ‘Ley de Bases’ de intentar “perpetrar un golpe de Estado“, según se lee en un comunicado publicado en X por la oficina del presidente Milei.
En el texto, el organismo felicitó “a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo” a los ciudadanos –que tachó de “grupos terroristas”– que manifestaron su disidencia contra la política oficial.
También se pronunció en las redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Fuimos a proteger el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios. Nosotros respondimos de manera inmediata. Ahora pagarán uno por uno los daños causados y el auto quemado de Cadena 3, con una causa que no será leve. Porque con nosotros el que las hace, las paga”, manifestó la funcionaria desde su cuenta de X.
A minutos de la votación, continuaba la conflictividad en las inmediaciones del Congreso. Y en varios barrios comenzaron a autoconvocarse ciudadanos para realizar ‘cacerolazos’ en contra de la normativa libertaria.
“Milei, basura, vos sos la dictadura”, cantaban vecinos del barrio de Almagro, en Buenos Aires.
La ley Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, nombre original del proyecto, fue presentada por Milei apenas asumió en diciembre pasado, pero naufragó durante seis meses por falta de acuerdos entre el Ejecutivo, el bloque oficialista y la llamada oposición ‘dialoguista’, única que podía garantizar los votos necesarios al Gobierno.
A lo largo de estos seis meses, el proyecto cambió radicalmente, ya que al principio fue bautizado como “ley ómnibus” porque contenía 664 artículos que modificaban por completo el funcionamiento del país en materia económica, laboral, administrativa, energética y social.
Sin embargo, el Gobierno libertario debió negociar cambios radicales para poder avanzar con el proyecto en la Cámara de Diputados, modificó artículos, quitó otros tantos y dejó solo 232 de los capítulos contenidos en el texto original.
Incluso este miércoles, a horas de la votación, el oficialismo aceptó cambios en algunos aspectos clave que generaban impugnaciones de varios senadores. La Casa Rosada accedió al pedido de eliminar tres empresas públicas de la lista que desea privatizar: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).
El Gobierno también debió resignar su intención de eliminar la ley de moratoria previsional, que sirve para que más trabajadores puedan jubilarse aunque no tengan los aportes suficientes. Y aceptó un pedido para terminar de financiar obras públicas en las provincias que se encuentren avanzadas en un 80 % de su concreción, y aquellas que tengan asegurados créditos de organismos internacionales.
Asimismo, efectuó una serie de nuevas modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más controversiales. Dicho apartado les permite a los beneficiarios, es decir, los grandes inversores, disponer libremente del 20 % de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40 % al segundo año y del 100 % a partir del tercero.
Javier Milei ha anunciado la creación del Consejo de Mayo cuando se apruebe la ley Bases y el paquete fiscal, según lo manifestó durante un discurso pronunciado ayer sábado en la provincia de Córdoba con motivo de la conmemoración del 214.º aniversario de la Revolución de Mayo.
“El 25 de mayo es una fecha histórica, pero es una fecha especialmente importante porque mayo es mucho más que una fecha en el calendario, es una doctrina, es un conjunto de ideas que representan lo mejor de la tradición argentina. Es una idea que se resume en dos principios: libertad y democracia”, comenzó el mandatario.
“Una idea que surgió de la voluntad de un pequeño grupo de hombres que decidieron romper con las cadenas de la tiranía. Aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por la patria sabían que para ser libres, primero teníamos que ser independientes”, agregó.
Mientras el presidente leía las primeras líneas de su discurso, la gente comenzó a gritar “ley de bases, ley de bases”, en reclamo a la aprobación del proyecto que era condición necesaria para la firma del Pacto de Mayo que finalmente se frustró.
“Luego de la firma, cuando estén sancionadas la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno creará el Consejo de Mayo”, declaró, detallando que estará integrado por un representante gubernamental, uno de las provincias, un diputado, un senador, uno de los sindicatos y uno de los empresarios. El nuevo organismo “tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley adoptados en el acuerdo de mayo”, aclaró.
En este sentido, señaló que, en cuanto el Congreso apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, se llevará a cabo una “reducción significativa” de impuestos, y empezaría con suprimir el denominado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que él mismo había incrementado.
El Impuesto PAIS, que se creó en 2019, es un tributo sobre ciertas operaciones con divisas extranjeras. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, se trata de un “impuesto de emergencia” para aplicar a nivel nacional durante “cinco períodos fiscales”.
“Tengo claro que estos cinco meses han sido difíciles para todos, sobre todo para los argentinos que heroicamente están poniendo el cuerpo por la tierra. Pero también han sido difíciles para buena parte de la política, empresarial y sindical argentina”, continuó. “Se ha cerrado un ciclo que ha sido un estrepitoso fracaso, y terminó”, añadió.
Pocas horas antes, Milei participó con algunos de sus ministros en tradicional tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que ofició el arzobispo de la capital argentina, Jorge García Cuerva.
En vísperas de su llegada a Córdoba, la provincia se vio envuelta en protestas encabezadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los manifestantes intentaron bloquear el acceso al aeropuerto local para mostrar su rechazo a la visita del presidente. Al parecer, se produjeron enfrentamientos entre la gente y la Policía, que, según reportes, utilizó gases lacrimógenos contra la multitud.
El anuncio de Milei sobre la creación del Consejo de Mayo se da tras el fracaso del Pacto de Mayo, las tensiones en el Gobierno y con la Ley Bases y el paquete fiscal trabados en el Senado del país latinoamericano.
El proyecto en cuestión, junto con un paquete de reformas fiscales, está siendo discutido en comisiones, pero el dictamen para la votación definitiva se ha demorado por una infinidad de observaciones de la oposición. Además, en caso de sufrir modificaciones, algo que probablemente ocurra, el documento deberá volver a ser analizado.
Por eso, desde el Ejecutivo argentino reconocieron en días previos que el Pacto podría ser refrendado en junio o julio, en alguna otra fecha patria pero una vez que la normativa oficialista sea avalada por el Poder Legislativo.
La iniciativa, también conocida como ‘ley ómnibus’ por su extensión y diversidad de abordajes, permite una reforma del Estado, laboral, fiscal y previsional; habilita las privatizaciones; otorga facilidades y beneficios para grandes inversores, entre otros puntos que generan resistencia.
Luego de cuatro meses del mandato del presidente Milei ya comienzan a perfilarse algunas pautas del rumbo por el que está conduciendo a la nación aunque aún no se vislumbra el puerto de destino.
Ha quedado claro que su plan económico es de orden básicamente financiero y se centra en eliminar el déficit fiscal a cualquier costo, haciendo desaparecer los pesos del mercado para bajar la inflación y sin considerar las consecuencias de la caída de la producción, el quiebre de comercios y empresas, el aumento del desempleo y el derrumbe del producto bruto interno. Todos estos “daños colaterales” serán luego compensados por un posterior crecimiento que supuestamente hará subir la economía como “pedo de buzo” según la grosera e inapropiada expresión pública del señor presidente.
Sin embargo, el proceso de restringir los fondos públicos indiscriminadamente y asignar partidas con el presupuesto del año 2023 sin considerar el incremento motivado por una inflación del 211 por ciento significa, en la práctica, desfinanciar a toda las áreas del Estado y generar múltiples problemas como los que ya se manifestaron con el caso de la educación universitaria.
Cuando analizamos con el equipo económico de Nueva Unión Ciudadana los ajustes a realizar según nuestro plan de gobierno consideramos tres grandes categorías, a saber, gastos que consideramos superfluos, gastos meramente políticos y gastos esenciales para el funcionamiento del Estado. Por eso coincidimos con el actual gobierno en el cierre de organizaciones con objetivos ideológicos o de adoctrinamiento tales como el INADI o el canal PAKA PAKA, así como la disminución en el número de ministerios y de estructuras burocráticas pero preservamos las que sostienen las funciones básicas del Estado tales como la sanidad, la justicia, la seguridad, la defensa, la educación y el servicio exterior de la nación así como los recursos para jubilaciones, pensiones y beneficios sociales. Del mismo modo, analizamos cuidadosamente la obra pública, dando prioridad a las estructuras que contribuyen a mejorar los servicios y apoyar la producción (tales como represas, puertos y mantenimiento de rutas y vías navegables) y estudiamos la situación financiera de las empresas públicas considerando aquellas que tienen valor estratégico y que son esenciales para nuestra soberanía e independencia por lo que no representan un costo sino una inversión.
En cambio, lo realizado por el actual gobierno es tan rudimentario como indiscriminado, aplicando cortes en todas las áreas, proponiendo la venta de todas las empresas públicas y simplemente licuando las remuneraciones de la clase pasiva hasta llevarla a niveles de indigencia.
La respuesta más frecuente a tales objeciones es marcar las culpas del gobierno anterior, que por cierto las tiene y que llevaron a que perdiera las elecciones y generara una insatisfacción generalizada, pero nadie esperaba que el nuevo gobierno actuara agravando los problemas o procediendo con una insensibilidad y una falta de empatía brutal.
En materia de política exterior resulta saludable que hayamos dejado de apoyar a regímenes totalitarios y de asociarnos a las dictaduras de la izquierda regional tales como Venezuela y Cuba. También celebramos que se reivindique nuestra condición de país democrático, occidental y cristiano. Pero nuevamente el gobierno cae en actitudes desaforadas y sobreactuaciones como declarar alineamientos que afectan nuestra soberanía e inmiscuirnos en conflictos bélicos ajenos que no estamos preparados para afrontar con riesgos para nuestra seguridad y sin justificaciones prácticas. Como en casi todos los frentes estas actitudes responden a los intereses y puntos de vista personales del presidente y no son consensuados ni debatidos en el Congreso ni en el propio Servicio Exterior.
En un análisis anterior habíamos anticipado las dificultades que tendría el gobierno para sostener un Decreto de Necesidad y Urgencia que por su magnitud representaba una asunción de tareas legislativas que son ajenas al ejecutivo. También sostuvimos la inviabilidad de la Ley de Bases que en un solo paquete pretendía introducir cambios fundamentales en las más variadas materias sin mayor debate. Esto sufrió un choque con la realidad que ha llevado a reformular dicha Ley, reduciéndola y buscando consensuar los intereses en pugna como corresponde a una sociedad civilizada. Allí donde se impusieron las reformas sin otro criterio que la liberación de variables, como sucedió en el caso de las empresas de salud prepagas, el gobierno tuvo que retroceder no solo en sus decisiones sino también en su fundamentalismo doctrinario.
El último y más sonado choque con la realidad fue la reciente manifestación de cientos de miles de estudiantes que consideraron que la educación pública y en particular el funcionamiento de las universidades estaba amenazado. Más allá de exageraciones argumentativas propias del ánimo confrontativo que ha impuesto el presidente como marca registrada y que genera similares reacciones en sus oponentes, lo cierto es que el desfinanciamiento de las universidades, como de muchas otras áreas del Estado, en un hecho que será necesario corregir.
Sin embargo, esta masiva manifestación ha permitido que surja un fenómeno muy riesgoso para la salud de la república y que consideramos imprescindible remarcar. La actitud del gobierno ha permitido e impulsado un escenario propicio para ser aprovechado por personajes indeseables del ámbito de la política y del ámbito sindical e incluso de organizaciones que perdieron su razón de ser como las Madres de Plaza de Mayo, que se sumaron a la legítima manifestación estudiantil para recobrar un protagonismo que no merecen.
Esta situación que Milei ha provocado, inadvertida o deliberadamente, permitiendo que reaparezca lo peor de la oposición quizás con el objetivo de aglutinar al resto de la sociedad alrededor suyo, nos recuerda lamentablemente al gobierno de Macri que se empeñó en subir al ring a Cristina Fernández para polarizar y terminó siendo derrotado por ella valiéndose de la figura de Alberto Fernández y del hartazgo de la sociedad de un plan de ajuste sin progreso.
Tenemos que evitar por todos los medios que la insensatez de Javier Milei y su egolatría y narcisismo permitan que el kirchnerismo vuelva a ser una opción.
Para ello es fundamental que el presidente recapacite y reconsidere sus planes y su estilo y tenemos que generar alternativas para un eventual fracaso que no nos remitan a las instancias perimidas y obsoletas del populismo progresista de la izquierda retrógrada y anticuada.
Proponemos unir y consensuar una opción democrática y republicana, defensora de la vida y de la soberanía nacional, que presente planes económicos basados en el desarrollo y la producción, que genere empleos genuinos para terminar con los planes sociales en forma orgánica, que recupere el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, que actúe en política internacional atendiendo exclusivamente a los intereses nacionales y especialmente que procure alcanzar consensos para gobernar para todos los argentinos dejando afuera solamente a los delincuentes y los corruptos a los que todos vituperan pero nadie tiene el valor de condenar, confiscar y encarcelar.
Desde el partido Nueva Unión Ciudadana y el espacio político ENCENDER estamos dispuestos a sumarnos a cualquier iniciativa en tal sentido como uno más en la magna tarea de hacer de la Argentina un País como Dios Manda.
* JUAN CARLOS NEVES
Presidente de NUEVA UNIÓN CIUDADANA
Coordinador de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha)
La Ley Bases de Milei logra aprobación en el Senado
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Tras más de 10 horas de debate, y en medio de un clima de tensión por las protestas en las inmediaciones del Congreso, el proyecto de ley Bases cosechó 36 votos a favor y 36 en contra. Tal como lo establece el reglamento, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, definió la votación con un voto favorable que desempató la definición.
Más allá del avance de la iniciativa, el dictamen aprobado en el Senado deberá retornar a la Cámara de Diputados, debido a una serie de cambios que se realizaron en el texto original.
Mientras se realizaba la sesión legislativa, afuera se llevaban a cabo masivas protestas convocadas por partidos de oposición, sindicatos y organizaciones sociales que reclamaban “que se caiga” la ley Bases. El repudio de estos sectores al proyecto tiene que ver con que contiene una reforma laboral, impulsa privatizaciones y más despidos, promueve la explotación de recursos naturales a empresas extranjeras, entre otros puntos polémicos.
El edificio parlamentario, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, estuvo desde temprano rodeado por un fuerte operativo policial. Hubo momentos de enfrentamientos entre efectivos de seguridad y manifestantes, varios de los cuales fueron reprimidos con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.
Incluso un diputado de la oposición resultó herido en medio de los forcejeos.
La Policía Federal Argentina atacó con gas pimienta al legislador peronista Carlos Castagneto, que acompañaba las protestas contra la ley de Bases y debió ser atendido por paramédicos. También resultaron afectados Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés, todos del bloque de Unión por la Patria (UxP), que no acompañó la ley.
Videos publicados en las redes sociales dan cuenta del momento en que varios diputados se identifican claramente frente a los agentes policiales que, pese a ello, deciden descargar gases lacrimógenos, en interés de desalojarles del sitio.
Algunos manifestantes respondieron las agresiones con piedrazos y bombas molotov. Incluso un vehículo del medio Cadena 3 resultó incendiado. Y hubo al menos 29 detenidos.
Mientras se desarrollaban los desmanes en las calles, la senadora nacional de UxP Anabel Fernández Sagasti responsabilizó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, “por la integridad física de todos los ciudadanos y ciudadanas” que estaban “manifestándose democráticamente”. Y cuestionó a Villarruel por “militarizar el Senado”.
Por su parte, el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedrosolicitó una moción de orden en el recinto para que los miembros del bloque peronista pudieran ir dialogar con las fuerzas de seguridad a cargo del operativo, a fin de detener la represión. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y el debate continuó.
Ante los disturbios, el gobierno argentino acusó a los manifestantes que protestaban contra la ‘Ley de Bases’ de intentar “perpetrar un golpe de Estado“, según se lee en un comunicado publicado en X por la oficina del presidente Milei.
En el texto, el organismo felicitó “a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo” a los ciudadanos –que tachó de “grupos terroristas”– que manifestaron su disidencia contra la política oficial.
También se pronunció en las redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Fuimos a proteger el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios. Nosotros respondimos de manera inmediata. Ahora pagarán uno por uno los daños causados y el auto quemado de Cadena 3, con una causa que no será leve. Porque con nosotros el que las hace, las paga”, manifestó la funcionaria desde su cuenta de X.
A minutos de la votación, continuaba la conflictividad en las inmediaciones del Congreso. Y en varios barrios comenzaron a autoconvocarse ciudadanos para realizar ‘cacerolazos’ en contra de la normativa libertaria.
“Milei, basura, vos sos la dictadura”, cantaban vecinos del barrio de Almagro, en Buenos Aires.
La ley Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, nombre original del proyecto, fue presentada por Milei apenas asumió en diciembre pasado, pero naufragó durante seis meses por falta de acuerdos entre el Ejecutivo, el bloque oficialista y la llamada oposición ‘dialoguista’, única que podía garantizar los votos necesarios al Gobierno.
A lo largo de estos seis meses, el proyecto cambió radicalmente, ya que al principio fue bautizado como “ley ómnibus” porque contenía 664 artículos que modificaban por completo el funcionamiento del país en materia económica, laboral, administrativa, energética y social.
Sin embargo, el Gobierno libertario debió negociar cambios radicales para poder avanzar con el proyecto en la Cámara de Diputados, modificó artículos, quitó otros tantos y dejó solo 232 de los capítulos contenidos en el texto original.
Incluso este miércoles, a horas de la votación, el oficialismo aceptó cambios en algunos aspectos clave que generaban impugnaciones de varios senadores. La Casa Rosada accedió al pedido de eliminar tres empresas públicas de la lista que desea privatizar: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).
El Gobierno también debió resignar su intención de eliminar la ley de moratoria previsional, que sirve para que más trabajadores puedan jubilarse aunque no tengan los aportes suficientes. Y aceptó un pedido para terminar de financiar obras públicas en las provincias que se encuentren avanzadas en un 80 % de su concreción, y aquellas que tengan asegurados créditos de organismos internacionales.
Asimismo, efectuó una serie de nuevas modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más controversiales. Dicho apartado les permite a los beneficiarios, es decir, los grandes inversores, disponer libremente del 20 % de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40 % al segundo año y del 100 % a partir del tercero.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 16, 2024
Ahora, el Consejo de Mayo…
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“El 25 de mayo es una fecha histórica, pero es una fecha especialmente importante porque mayo es mucho más que una fecha en el calendario, es una doctrina, es un conjunto de ideas que representan lo mejor de la tradición argentina. Es una idea que se resume en dos principios: libertad y democracia”, comenzó el mandatario.
“Una idea que surgió de la voluntad de un pequeño grupo de hombres que decidieron romper con las cadenas de la tiranía. Aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por la patria sabían que para ser libres, primero teníamos que ser independientes”, agregó.
Mientras el presidente leía las primeras líneas de su discurso, la gente comenzó a gritar “ley de bases, ley de bases”, en reclamo a la aprobación del proyecto que era condición necesaria para la firma del Pacto de Mayo que finalmente se frustró.
“Luego de la firma, cuando estén sancionadas la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno creará el Consejo de Mayo”, declaró, detallando que estará integrado por un representante gubernamental, uno de las provincias, un diputado, un senador, uno de los sindicatos y uno de los empresarios. El nuevo organismo “tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley adoptados en el acuerdo de mayo”, aclaró.
En este sentido, señaló que, en cuanto el Congreso apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, se llevará a cabo una “reducción significativa” de impuestos, y empezaría con suprimir el denominado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)
que él mismo había incrementado.
El Impuesto PAIS, que se creó en 2019, es un tributo sobre ciertas operaciones con divisas extranjeras. Según la Administración Federal de Ingresos Públicos, se trata de un “impuesto de emergencia” para aplicar a nivel nacional durante “cinco períodos fiscales”.
“Tengo claro que estos cinco meses han sido difíciles para todos, sobre todo para los argentinos que heroicamente están poniendo el cuerpo por la tierra. Pero también han sido difíciles para buena parte de la política, empresarial y sindical argentina”, continuó. “Se ha cerrado un ciclo que ha sido un estrepitoso fracaso, y terminó”, añadió.
Pocas horas antes, Milei participó con algunos de sus ministros en tradicional tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que ofició el arzobispo de la capital argentina, Jorge García Cuerva.
En vísperas de su llegada a Córdoba, la provincia se vio envuelta en protestas encabezadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los manifestantes intentaron bloquear el acceso al aeropuerto local para mostrar su rechazo a la visita del presidente. Al parecer, se produjeron enfrentamientos entre la gente y la Policía, que, según reportes, utilizó gases lacrimógenos contra la multitud.
El anuncio de Milei sobre la creación del Consejo de Mayo se da tras el fracaso del Pacto de Mayo, las tensiones en el Gobierno y con la Ley Bases y el paquete fiscal trabados en el Senado del país latinoamericano.
El proyecto en cuestión, junto con un paquete de reformas fiscales, está siendo discutido en comisiones, pero el dictamen para la votación definitiva se ha demorado por una infinidad de observaciones de la oposición. Además, en caso de sufrir modificaciones, algo que probablemente ocurra, el documento deberá volver a ser analizado.
Por eso, desde el Ejecutivo argentino reconocieron en días previos que el Pacto podría ser refrendado en junio o julio, en alguna otra fecha patria pero una vez que la normativa oficialista sea avalada por el Poder Legislativo.
La iniciativa, también conocida como ‘ley ómnibus’ por su extensión y diversidad de abordajes, permite una reforma del Estado, laboral, fiscal y previsional; habilita las privatizaciones; otorga facilidades y beneficios para grandes inversores, entre otros puntos que generan resistencia.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 26, 2024
¿QUO VADIS MILEI?
○
Luego de cuatro meses del mandato del presidente Milei ya comienzan a perfilarse algunas pautas del rumbo por el que está conduciendo a la nación aunque aún no se vislumbra el puerto de destino.
Ha quedado claro que su plan económico es de orden básicamente financiero y se centra en eliminar el déficit fiscal a cualquier costo, haciendo desaparecer los pesos del mercado para bajar la inflación y sin considerar las consecuencias de la caída de la producción, el quiebre de comercios y empresas, el aumento del desempleo y el derrumbe del producto bruto interno. Todos estos “daños colaterales” serán luego compensados por un posterior crecimiento que supuestamente hará subir la economía como “pedo de buzo” según la grosera e inapropiada expresión pública del señor presidente.
Sin embargo, el proceso de restringir los fondos públicos indiscriminadamente y asignar partidas con el presupuesto del año 2023 sin considerar el incremento motivado por una inflación del 211 por ciento significa, en la práctica, desfinanciar a toda las áreas del Estado y generar múltiples problemas como los que ya se manifestaron con el caso de la educación universitaria.
Cuando analizamos con el equipo económico de Nueva Unión Ciudadana los ajustes a realizar según nuestro plan de gobierno consideramos tres grandes categorías, a saber, gastos que consideramos superfluos, gastos meramente políticos y gastos esenciales para el funcionamiento del Estado. Por eso coincidimos con el actual gobierno en el cierre de organizaciones con objetivos ideológicos o de adoctrinamiento tales como el INADI o el canal PAKA PAKA, así como la disminución en el número de ministerios y de estructuras burocráticas pero preservamos las que sostienen las funciones básicas del Estado tales como la sanidad, la justicia, la seguridad, la defensa, la educación y el servicio exterior de la nación así como los recursos para jubilaciones, pensiones y beneficios sociales. Del mismo modo, analizamos cuidadosamente la obra pública, dando prioridad a las estructuras que contribuyen a mejorar los servicios y apoyar la producción (tales como represas, puertos y mantenimiento de rutas y vías navegables) y estudiamos la situación financiera de las empresas públicas considerando aquellas que tienen valor estratégico y que son esenciales para nuestra soberanía e independencia por lo que no representan un costo sino una inversión.
En cambio, lo realizado por el actual gobierno es tan rudimentario como indiscriminado, aplicando cortes en todas las áreas, proponiendo la venta de todas las empresas públicas y simplemente licuando las remuneraciones de la clase pasiva hasta llevarla a niveles de indigencia.
La respuesta más frecuente a tales objeciones es marcar las culpas del gobierno anterior, que por cierto las tiene y que llevaron a que perdiera las elecciones y generara una insatisfacción generalizada, pero nadie esperaba que el nuevo gobierno actuara agravando los problemas o procediendo con una insensibilidad y una falta de empatía brutal.
En un análisis anterior habíamos anticipado las dificultades que tendría el gobierno para sostener un Decreto de Necesidad y Urgencia que por su magnitud representaba una asunción de tareas legislativas que son ajenas al ejecutivo. También sostuvimos la inviabilidad de la Ley de Bases que en un solo paquete pretendía introducir cambios fundamentales en las más variadas materias sin mayor debate. Esto sufrió un choque con la realidad que ha llevado a reformular dicha Ley, reduciéndola y buscando consensuar los intereses en pugna como corresponde a una sociedad civilizada. Allí donde se impusieron las reformas sin otro criterio que la liberación de variables, como sucedió en el caso de las empresas de salud prepagas, el gobierno tuvo que retroceder no solo en sus decisiones sino también en su fundamentalismo doctrinario.
El último y más sonado choque con la realidad fue la reciente manifestación de cientos de miles de estudiantes que consideraron que la educación pública y en particular el funcionamiento de las universidades estaba amenazado. Más allá de exageraciones argumentativas propias del ánimo confrontativo que ha impuesto el presidente como marca registrada y que genera similares reacciones en sus oponentes, lo cierto es que el desfinanciamiento de las universidades, como de muchas otras áreas del Estado, en un hecho que será necesario corregir.
Sin embargo, esta masiva manifestación ha permitido que surja un fenómeno muy riesgoso para la salud de la república y que consideramos imprescindible remarcar. La actitud del gobierno ha permitido e impulsado un escenario propicio para ser aprovechado por personajes indeseables del ámbito de la política y del ámbito sindical e incluso de organizaciones que perdieron su razón de ser como las Madres de Plaza de Mayo, que se sumaron a la legítima manifestación estudiantil para recobrar un protagonismo que no merecen.
Esta situación que Milei ha provocado, inadvertida o deliberadamente, permitiendo que reaparezca lo peor de la oposición quizás con el objetivo de aglutinar al resto de la sociedad alrededor suyo, nos recuerda lamentablemente al gobierno de Macri que se empeñó en subir al ring a Cristina Fernández para polarizar y terminó siendo derrotado por ella valiéndose de la figura de Alberto Fernández y del hartazgo de la sociedad de un plan de ajuste sin progreso.
Tenemos que evitar por todos los medios que la insensatez de Javier Milei y su egolatría y narcisismo permitan que el kirchnerismo vuelva a ser una opción.
Para ello es fundamental que el presidente recapacite y reconsidere sus planes y su estilo y tenemos que generar alternativas para un eventual fracaso que no nos remitan a las instancias perimidas y obsoletas del populismo progresista de la izquierda retrógrada y anticuada.
Proponemos unir y consensuar una opción democrática y republicana, defensora de la vida y de la soberanía nacional, que presente planes económicos basados en el desarrollo y la producción, que genere empleos genuinos para terminar con los planes sociales en forma orgánica, que recupere el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, que actúe en política internacional atendiendo exclusivamente a los intereses nacionales y especialmente que procure alcanzar consensos para gobernar para todos los argentinos dejando afuera solamente a los delincuentes y los corruptos a los que todos vituperan pero nadie tiene el valor de condenar, confiscar y encarcelar.
Desde el partido Nueva Unión Ciudadana y el espacio político ENCENDER estamos dispuestos a sumarnos a cualquier iniciativa en tal sentido como uno más en la magna tarea de hacer de la Argentina un País como Dios Manda.
* JUAN CARLOS NEVES
Presidente de NUEVA UNIÓN CIUDADANA
Coordinador de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha)
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 29, 2024