Estados Unidos sigue defendiendo las protecciones constitucionales para la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero informes recientes y observaciones en Los Angeles y Washington sugieren que estos derechos enfrentan una creciente presión.
Desgaste sutil, no supresión manifiesta es lo que descubre un análisis de Poynter publicado el 14 de agosto de 2025, los periodistas en EE. UU. están experimentando lo que reporteros extranjeros describen como las “primeras grietas” en la libertad de prensa: demoras en las solicitudes de registros públicos, fuentes con miedo a hablar y artículos archivados por ser “demasiado políticos”. No se trata de prohibiciones absolutas, sino de presiones burocráticas y culturales que pueden llevar a la autocensura.
Hay una preocupación de los organismos de control globales. Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones internacionales han advertido que EE. UU. no es inmune a la tendencia global de deterioro de la libertad de prensa. Su Índice Mundial de Libertad de Prensa anual señala que, si bien los periodistas estadounidenses operan en un entorno relativamente más seguro, la normalización de la vigilancia, la desinformación y la hostilidad política hacia los medios de comunicación es motivo de preocupación.
Las protecciones legales son aún sólidas, pero puestas a prueba. La Primera Enmienda sigue siendo una poderosa salvaguardia, y los tribunales, en general, han defendido los derechos de los periodistas. Sin embargo, grupos de defensa argumentan que la retórica política y la aplicación selectiva de las leyes, especialmente en relación con las protestas y la denuncia de irregularidades, pueden inhibir la libertad de expresión incluso sin censura formal.
Así pues, si bien Estados Unidos no viola actualmente la libertad de prensa en sentido legal, existe una creciente inquietud por la fragilidad de estas libertades en la práctica. Como lo expresó un periodista extranjero: “El silencio comienza lentamente y se extiende rápidamente”. En cuanto a los derechos civiles, Estados Unidos ofrece una visión cruel alarmante, pisoteando el estado de derecho y desobedeciendo su propia Constitución.
Por otro lado, Estados Unidos ha reconocido formalmente la creciente preocupación por el historial de derechos humanos de Argentina, citando preocupantes avances en materia de libertad de prensa, represión de protestas y rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. La evaluación, detallada en el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE. UU., refleja una crítica cautelosa pero incisiva a la administración del presidente Javier Milei.
El informe destaca un fuerte aumento de la violencia y el acoso contra periodistas. Entre enero y septiembre de 2024, organizaciones de la sociedad civil documentaron 108 incidentes, que abarcaron desde agresiones físicas a oficinas de medios de comunicación hasta amenazas contra reporteros que cubrían protestas. Si bien la Constitución argentina garantiza la libertad de expresión, los organismos de control afirman que la retórica cada vez más hostil de la administración Milei hacia la prensa ha tenido un efecto disuasorio.
El derecho a la protesta también ha sido objeto de escrutinio. El Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch señala nuevas barreras legales y administrativas para la reunión pacífica, incluyendo el despliegue de fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones y la criminalización de ciertas tácticas de protesta. Los críticos argumentan que estas medidas afectan desproporcionadamente a sindicatos, grupos indígenas y movimientos sociales que se oponen a las políticas de austeridad.
A pesar de estas preocupaciones, el tono del informe estadounidense sigue siendo notablemente moderado. Bajo la administración Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, el Departamento de Estado ha acortado y revisado sus evaluaciones anuales de derechos humanos, omitiendo categorías como la violencia de género y la discriminación sistémica. Los analistas afirman que este cambio refleja un realineamiento político más amplio que minimiza los abusos en gobiernos aliados o ideológicamente alineados.
Aun así, el reconocimiento de los desafíos de Argentina en materia de derechos humanos indica que Washington está observando de cerca. “Estados Unidos está enviando un mensaje, aunque sea discreto”, afirmó María Soledad Quiroz, analista jurídica residente en Buenos Aires. Es un recordatorio de que las normas democráticas y las libertades civiles siguen bajo la lupa internacional.
Mientras Argentina navega por la turbulencia económica y la creciente polarización política, es improbable que la atención internacional sobre su historial de derechos humanos disminuya. Para muchos observadores, la pregunta no es si se están produciendo abusos, sino si se rendirán cuentas.
EE. UU. denuncia preocupación por los derechos humanos en Argentina en medio de crecientes tensiones en su territorio
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Estados Unidos sigue defendiendo las protecciones constitucionales para la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero informes recientes y observaciones en Los Angeles y Washington sugieren que estos derechos enfrentan una creciente presión.
Desgaste sutil, no supresión manifiesta es lo que descubre un análisis de Poynter publicado el 14 de agosto de 2025, los periodistas en EE. UU. están experimentando lo que reporteros extranjeros describen como las “primeras grietas” en la libertad de prensa: demoras en las solicitudes de registros públicos, fuentes con miedo a hablar y artículos archivados por ser “demasiado políticos”. No se trata de prohibiciones absolutas, sino de presiones burocráticas y culturales que pueden llevar a la autocensura.
Hay una preocupación de los organismos de control globales. Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones internacionales han advertido que EE. UU. no es inmune a la tendencia global de deterioro de la libertad de prensa. Su Índice Mundial de Libertad de Prensa anual señala que, si bien los periodistas estadounidenses operan en un entorno relativamente más seguro, la normalización de la vigilancia, la desinformación y la hostilidad política hacia los medios de comunicación es motivo de preocupación.
Las protecciones legales son aún sólidas, pero puestas a prueba. La Primera Enmienda sigue siendo una poderosa salvaguardia, y los tribunales, en general, han defendido los derechos de los periodistas. Sin embargo, grupos de defensa argumentan que la retórica política y la aplicación selectiva de las leyes, especialmente en relación con las protestas y la denuncia de irregularidades, pueden inhibir la libertad de expresión incluso sin censura formal.
Así pues, si bien Estados Unidos no viola actualmente la libertad de prensa en sentido legal, existe una creciente inquietud por la fragilidad de estas libertades en la práctica. Como lo expresó un periodista
extranjero: “El silencio comienza lentamente y se extiende rápidamente”. En cuanto a los derechos civiles, Estados Unidos ofrece una visión cruel alarmante, pisoteando el estado de derecho y desobedeciendo su propia Constitución.
Por otro lado, Estados Unidos ha reconocido formalmente la creciente preocupación por el historial de derechos humanos de Argentina, citando preocupantes avances en materia de libertad de prensa, represión de protestas y rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. La evaluación, detallada en el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE. UU., refleja una crítica cautelosa pero incisiva a la administración del presidente Javier Milei.
El informe destaca un fuerte aumento de la violencia y el acoso contra periodistas. Entre enero y septiembre de 2024, organizaciones de la sociedad civil documentaron 108 incidentes, que abarcaron desde agresiones físicas a oficinas de medios de comunicación hasta amenazas contra reporteros que cubrían protestas. Si bien la Constitución argentina garantiza la libertad de expresión, los organismos de control afirman que la retórica cada vez más hostil de la administración Milei hacia la prensa ha tenido un efecto disuasorio.
El derecho a la protesta también ha sido objeto de escrutinio. El Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch señala nuevas barreras legales y administrativas para la reunión pacífica, incluyendo el despliegue de fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones y la criminalización de ciertas tácticas de protesta. Los críticos argumentan que estas medidas afectan desproporcionadamente a sindicatos, grupos indígenas y movimientos sociales que se oponen a las políticas de austeridad.
A pesar de estas preocupaciones, el tono del informe estadounidense sigue siendo notablemente moderado. Bajo la administración Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, el Departamento de Estado ha acortado y revisado sus evaluaciones anuales de derechos humanos, omitiendo categorías como la violencia de género y la discriminación sistémica. Los analistas afirman que este cambio refleja un realineamiento político más amplio que minimiza los abusos en gobiernos aliados o ideológicamente alineados.
Aun así, el reconocimiento de los desafíos de Argentina en materia de derechos humanos indica que Washington está observando de cerca. “Estados Unidos está enviando un mensaje, aunque sea discreto”, afirmó María Soledad Quiroz, analista jurídica residente en Buenos Aires. Es un recordatorio de que las normas democráticas y las libertades civiles siguen bajo la lupa internacional.
Mientras Argentina navega por la turbulencia económica y la creciente polarización política, es improbable que la atención internacional sobre su historial de derechos humanos disminuya. Para muchos observadores, la pregunta no es si se están produciendo abusos, sino si se rendirán cuentas.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 15, 2025