En un nuevo episodio del culebrón del juicio por la expropiación de la petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Gobierno de EE.UU. decidió entrar al proceso y pidió a la jueza del caso no publicar aún su decisión sobre la entrega de las acciones de la compañía a los beneficiarios del fallo del caso, mientras el Departamento de Justicia se prepara para presentar una “declaración de interés”.
“El Gobierno solicita respetuosamente que el tribunal reserve la decisión sobre la moción pendiente de medida cautelar y entrega hasta que EE.UU. haya tenido la oportunidad de presentar una declaración de interés al respecto”, dice una carta firmada por Damian Williams, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
BidenPreska
En la misiva, enviada a Loretta Preska —jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York—, se aclara que esa declaración de interés, en caso de que se autorice hacerla, sería presentada a más tardar el 6 de noviembre de 2024, un día después de los comicios presidenciales en el país norteamericano.
En estos procesos es común que los países presenten su opinión acerca de la causa cuando está involucrado un Estado soberano como una de las partes. Esto se conoce como ‘amicus curiae'(‘amigo de la corte’, en latín) y ya por este juicio sobre la expropiación de YPF, presentaron sus escritos a favor de Argentina, en febrero pasado, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador.
Segun expertos, EE.UU. va a recomendar a la jueza Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo”, puesto que “las relaciones de dos naciones amigas deben ser consideradas. EE.UU. “sabe muy bien que una nación soberana amiga”, que es Argentina, “violó las leyes de los mercados de capitales locales” y, por este motivo, no descarta que sugiera a la jueza “que nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”.
El año pasado, Preska condenó al Estado argentino a pagar una indemnización récord de 16.099 millones de dólares, al considerar que la reestatización de YPF, ocurrida en 2012, violó el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios. En el proceso, no obstante, la petrolera fue excluida de la demanda.
Alberto FernándezMilei
Los beneficiarios fueron los bufetes británicos Burford Capital y Eton Capital, dos ‘fondos buitre’ que compraron los derechos de litigio de exaccionistas minoritarios de la petrolera.
Los fondos solicitaron que Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago, mientras se lleva a cabo de manera paralela el proceso de apelación en laCorte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.La defensa del país suramericano se negó y los demandantes dieron inicio a un nuevo proceso para detectar activos que puedan ser embargados.
La semana pasada, se conoció que Preska emitió una orden, concedida a pedido de Burford Capital, para que le sean entregados correos electrónicos, chats de WhatsApp* y otro tipo de comunicaciones de altos funcionarios de Argentina, tanto de la actual administración de Javier Milei como del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).
Con esa solicitud se busca probar la figura del ‘alter ego’. Es decir, los fondos pretenden demostrar que hay varias compañías estatales argentinas (Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Banco Central, ARSA y Enarsa) que son un ‘alter ego’ del Estado, para así embargar activos de esas empresas y cobrar lo estipulado en la sentencia.
La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU., Loretta Preska, rechazó este lunes una demanda colectiva contra Argentina por 1.400 millones de dólares, que habían interpuesto varias empresas por los llamados bonos del ‘Cupón PBI’.
“Por las razones expuestas a continuación, se concede la moción de la República y se rechaza la moción contraria de los demandantes”, sentenció la jueza Preska en el fallo , que podría ser apelado y llevado a una segunda instancia durante los próximos 30 días por las empresas que iniciaron la demanda.
La sentencia a favor de Buenos Aires desconoció así la demanda que presentaron en EE.UU. los fondos de inversión: Aurelius Capital, Novoriver SA, ACP Master, Capital Partners, Adona LLC, Egoz LLC, Mastergen, Erythrina, WASO Holding Corporation, Ape Group SPA, Icaro SRL, y Elazar Romano.
La disputa legal por los bonos del llamado cupón ligado al producto bruto interno (PBI), comenzó en 2019, cuando los inversores de EE.UU. consideraron que el Estado argentino los habría perjudicado por modificar la metodología para calcular el mencionado indicador, lo que provocó que en 2013 se pagaran menos intereses de los que hubieran recibido sin esa reforma.
Los bonos por el ‘Cupón PBI’ comenzaron a emitirse en 2005 como una medida de reestructuración para pagar la deuda externa, luego que el país cayera en ‘default’ en 2001. Este instrumento financiero estipulaba que Argentina debía pagar intereses a los bonistas hasta el 2035, cuando el país registrara un crecimiento anual superior al 3,25 %.
Los abogados de Argentina alegan que la modificación en el cálculo del PBI fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país. Por tal motivo, decidieron tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993, como se inició el pago de estas bonificaciones.
Sin estos cambios, señalaron los representantes legales de Argentina, los retornos de los cupones del PBI se habrían ajustado con base en un parámetro desactualizado sobre el crecimiento de la economía y sin vínculo con la expansión real de esa nación suramericana.
“Tanta cosa antigua que se pone de moda que sería bueno que
volvieran la ética, la vergüenza, la inteligencia y la honestidad”.
Groucho Marx
Parto de mi adhesión, en general, a las propuestas de cambio que, tan disruptivamente, ha planteado el Presidente a la sociedad y, además, soy paciente, pero confieso que algunos sugestivos detalles me hacen ruido. La presencia en los principales escalones de su administración de personajes sumamente cuestionables, tan prolijamente inventariados por Hugo Alconada Mom y Carlos Pagni en sus notas en La Nación, convierten a ese ruido en algo que huele mal, tal como describió William Shakespeare el clima de la corte en “Hamlet”.
Cuando vemos cuántos ex colaboradores de los Fernández y de Massa quedaron a cargo de reparticiones y cajas claves del Estado (Secretaría de Minería, AFIP, AySA, PAMI, Aduana, Aerolíneas Argentinas, Casa de la Moneda, Derechos Humanos vengativos, tuertos y ladrones, etc.) surge la duda acerca de la real decisión de limpiar a la Argentina de corrupción que declama la administración libertaria. Con toda urgencia, Javier Milei debería recordar la conocida frase de Lee Kwan Yew, ex Primer Ministro de Singapur: “Si quieres derrotar a la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”.
A riesgo de resultar reiterativo, insisto en que el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, es un caso paradigmático. No sólo ha insistido públicamente en la falsa hipótesis del suicidio del Fiscal Alberto Nisman, de cuyo asesinato –lo determinó la Justicia- el jueves se cumplieron 9 años sin que se haya identificado, juzgado y condenado a sus autores materiales e intelectuales, sino que, más recientemente, suscribió la teoría del lawfare y adujo falta de pruebas de la culpabilidad de Cristina Fernández en la causa Vialidad, donde fue condenada por corrupción. Fue abogado de uno de los imputados –Sergio Taselli- en la causa Cuadernos, del destituido y condenado Juez Walter Bento y hasta de José Alperovich, ex Gobernador de Tucumán, ante la acusación de violación que formuló su sobrina.
Mis quejas respecto a Cúneo Libarona no pasan por su anterior desempeño profesional, que lo ubicó tan cerca del kirchnerismo, sino por su inexplicable quita de la facultad de querellar a la Unidad de Investigación Financiera y a la Oficina Anticorrupción, organismos que Milei había prometido profesionalizar en su gestión e independizar del Ejecutivo, algo sonoramente incumplido. Sostengo que los principales damnificados por el imprescindible ajuste de la economía (la clase media) sólo estarán dispuestos a tolerarlo si los responsables del monumental saqueo al que fue sometido el país, causa eficiente de este pesado presente, que diariamente hacen gala de sus fortunas en el Calafate, en Madrid, en Marbella, etc., son llevados a Tribunales, juzgados y condenados; para lograrlo, el rol de UIF y de la OA resulta irremplazable y evitaría oscuros pactos de impunidad.
No lo conozco, y no pongo su honorabilidad en duda, pero me pregunto el por qué del “raro” nombramiento de Andrés de la Cruz como Subprocurador del Tesoro. Ese organismo tiene hoy como uno de sus principales temas el juicio en el cual la Juez Loretta Preska condenó a nuestro país a pagar la enorme suma de US$ 16.100 millones. Parte de ese dinero terminará en los bolsillos de los Kirchner a través de sus testaferros, los Eskenazy, ex titulares del 25% de YPF y dueños del Banco de Santa Cruz, a través del cual circularon los desaparecidos fondos de la Provincia, de los que se apropió el difunto patriarca, don Néstor. Que De la Cruz haya sido abogado de esos prestanombres debiera encender luces rojas en el tablero de mando de Milei, porque también huele a podrido.
Comencé esta columna diciendo que apoyo las políticas liberalizadoras de la economía del Presidente, y a las pruebas me remito: en un ya lejano 2005 escribí una nota, a la que titulé: “Los argentinos y los zapatos” (http://tinyurl.com/2ebp59s4) y en la cual traté de explicar a mis conciudadanos de qué se trataba la razonable apertura de la economía y cómo podía beneficiar a toda la sociedad.
Los últimos fueron veinte años de populismo suicida durante los cuales se nos educó creyendo que la luz, el gas, el agua y el transporte, éste especialmente en el AMBA, eran algo que no debíamos pagar; tan gratis creíamos que era la energía que nadie dudaba en derrocharla, hasta para calentar la pileta de natación o dejar el aire acondicionado encendido en su ausencia. Con la inminente quita de subsidios (aportados éstos por el Estado con endeudamiento, emisión e inflación), el consumo reaccionará, como debe ser, con una masiva economía de electricidad, ya que quien quiera dilapidarla tendrá que pagar por ella lo que realmente vale. Ya hemos visto como la fuerte caída de la demanda redujo los precios de la carne, y ese mismo efecto se reproducirá en todos los órdenes, hasta con los alquileres. Cualquiera podrá pedir por sus bienes, productos o servicios lo que mejor le parezca, pero el precio real surgirá cuando las apetencias del vendedor o proveedor confluyan con las posibilidades económicas del comprador: las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas.
Por supuesto, y no sólo en ese tema, el Estado debe tener un fuerte rol de control para evitar cartelizaciones y abusos, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y del servicio de Protección al Consumidor, organismos que existen en todos los países liberales del mundo.
“La ceguera biológica impide ver; la ceguera ideológica impide pensar”.
Octavio Paz
Quien crea que lo que sucede en Ecuador es sólo una violentísima guerra entre bandas de narcotraficantes que se disputan mercados y rutas comerciales, asociadas a los grandes cárteles mexicanos y colombianos, se equivocará de medio a medio. Más allá de lo anecdótico y puntual que aparece en la superficie, y como lo prueba la detención de venezolanos por participar en las acciones terroristas, se trata de la más infame reacción del “socialismo del siglo XXI” ante una ola que, como siempre ha sucedido en nuestra historia continental, recorre toda su geografía y hoy lo lleva a la derrota. En resumen, desde Quito y Guayaquil llegan avisos que deben encender luces rojas en los tableros de mando de los países de la región, ya que muchos de ellos ya están siendo agredidos por el narcoterrorismo transnacional, apoyado y financiado por las dictaduras bolivarianas y por Rusia e Irán, en una nueva versión de su guerra general con Estados Unidos.
El Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que reúnen a quienes pretendían extender el mito de la “Patria Grande” y habían conseguido instalar foros como la Unasur y la CELAC, no están dispuestos a admitir su fracaso. Tras los triunfos de Gabriel Boric y Gustavo Petro, creyeron que la historia los favorecería, pero las sociedades están demostrando que están hartas de los populismos saqueadores que hoy sólo consiguen subsistir en la Nicaragua de Daniel Ortega, en la Cuba de Miguel Díaz-Canel, en la Venezuela de Nicolás Maduro y, algo, en la Honduras de Xiomara Castro.
Y fueron castigados duramente en los plebiscitos constitucionales de Chile, en las elecciones provinciales de Colombia y en los cruciales ballotages de Argentina y Ecuador, y están sumamente complicados en Bolivia por la pelea interna del MAS (que enfrenta a Evo Morales con el Presidente Luis Arce), en Perú, cuyos procesos políticos tienen décadas de inestabilidad y han llevado a la cárcel, o al suicidio, a muchos mandatarios, y hasta en México, hoy presidido por Andrés Manuel López Obrador, tal como se verá en las próximos comicios presidenciales. Por supuesto, perdieron El Salvador a manos de Nayib Bukele, y nunca lograron éxito alguno en Paraguay o Uruguay; y Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva volvió al poder después de un oscuro trámite judicial, dispone de fuertes instituciones legislativas dispuestas a impedir cualquier deriva autoritaria.
Las noticias provenientes de este tan sufrido continente relatan rivalidades entre distintos grupos de narcomenudeo y, hasta allí, nada que ignoremos los argentinos, que todos los días vemos a Rosario y a tantos otros lugares del país desangrarse en manos de criminales; de la desidia y la innegable complicidad de políticos, jueces, fiscales, policías, financistas y empresarios, obtienen la protección necesaria para matar con impunidad a sus competidores y sembrar un indiscriminado terror, casi siempre desde el interior de las cárceles, donde inexplicablemente acceden a celulares.
El Presidente Daniel Noboa Azim ha respondido con dureza a la irracional violencia que azota a su país, donde los vándalos –sin duda inspirados por el ex Presidente Rafael Correa, condenado por corrupción y refugiado en Bélgica- tomaron por asalto canales de televisión y universidades, retienen y asesinan rehenes y amenazan públicamente al Estado ecuatoriano; suspendió las garantías ciudadanas y ordenó a las fuerzas armadas intervenir en las operaciones antiterroristas, a las que calificó como “conflicto armado interno”, una instrucción que fue acatada por los uniformados sin cuestionamiento alguno.
Eso obliga a preguntarse qué sucederá en Argentina, donde la Ley de Defensa, por inspiración del kirchnerismo vengativo y asociado a los narcos, les impide actuar dentro del territorio nacional, salvo que se trate de la invasión de un ejército oficial extranjero, cuando debamos enfrentar una guerra total contra los mismos enemigos, aquí sumados a los antiguos terroristas de Montoneros y ERP, los peruanos de Sendero Luminoso y de tantas otras organizaciones subversivas que combatieron al Estado argentino y fueron derrotadas en el campo militar.
En otro orden de cosas, en el juicio que la Argentina perdió en los tribunales de Nueva York, la Juez Loretta Preska rechazó un pedido para diferir hasta el 20 de febrero el plazo para ofrecer garantías y, así, evitar el embargo de los bienes que puedan identificarse como de propiedad del Estado, condenado al pago de la monumental suma de US$ 16.100 millones. Hace muchos años, en una nota a la que titulé “Cristinita, ¿otros US$ 5000 millones?” (http://tinyurl.com/yckfmfj9) expliqué por qué los Kirchner, siempre a través de sus testaferros, la familia Eskenazi, volvería a robar esa enorme suma. Espero que algunos de los más corajudos fiscales federales tome ya cartas en el asunto y denuncie penalmente a los responsables de tamaño saqueo.
Y también ansío que, así como ha aceptado modificar algunos puntos del paquete legislativo que envió al H° Aguantadero para su discusión, Javier Milei también ordene a su Ministro de Justicia dar marcha atrás con la prohibición a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Investigación Financiera de actuar como querellantes en las causas por corrupción. Me parece absolutamente inaceptable que, para justificar tamaño dislate, Mariano Cúneo Libarona haya utilizado argumentos tales como la constancia de persecución política a opositores, o sea, al lawfare, un invento kirchnerista para intentar auto-absolverse.
La jueza estadounidense Loretta Preska habría rechazado este jueves la solicitud que había realizado el Gobierno argentino para extender el plazo que habilita los embargos de bienes del país sudamericano en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) realizada en 2012.
Argentina pretendía que el plazo para presentarles garantías a los acreedores, que venció la víspera, se ampliara para darle tiempo al Gobierno de Javier Milei, que apenas lleva un mes de gestión, de estar en condiciones de enfrentar el proceso.
PreskaMilei
Sin embargo, la jueza mantuvo la fecha límite, lo que implica que los demandantes podrían iniciar los embargos desde hoy mismo para cobrar una deuda multimillonaria.
Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, condenó el año pasado a Argentina a pagar una indemnización récord de 16.099 millones de dólares al considerar que la reestatización de 2012 violó el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios.
Los beneficiarios fueron el bufete inglés Burford Capital y Eton Capital, dos bien o mal llamados ‘fondos buitre’ que compraron los derechos de litigio de exaccionistas minoritarios de YPF, que demandaron a Argentina y que, según la jueza, deben recibir una compensación de 14.385 y 1.714 millones de dólares, respectivamente.
De esta forma, ambas firmas pueden iniciar el embargo y la ejecución de bienes que el país sudamericano tenga en el extranjero, a pesar de que está en marcha un proceso de apelación de la sentencia.
El 3 de mayo de 2012, el Congreso argentino convirtió en ley el proyecto de nacionalización del 51 % de Repsol YPF, que había enviado la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cristina Fernández de Kirchner
A partir de ese momento empezó un pleito legal con la multinacional Repsol, propietaria de YPF desde su privatización, en 1999. Para entonces, Argentina ya le había pagado a Repsol 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la “renacionalización” de la compañía de hidrocarburos y energías renovables.
Los ‘fondos buitre’ denunciaron que el Gobierno tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa, como lo fijaba el estatuto, y no solo por el 51% de la compañía, que fue lo que estatizó.
Preska les dio la razón en un fallo que perjudica a un país que está sumido en una grave crisis económica, con cifras récord de inflación, pobreza y devaluación y sin reservas suficientes para pagar la multimillonaria deuda.
Biden, la causa de YPF y una petición a la jueza
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“El Gobierno solicita respetuosamente que el tribunal reserve la decisión sobre la moción pendiente de medida cautelar y entrega hasta que EE.UU. haya tenido la oportunidad de presentar una declaración de interés al respecto”, dice una carta firmada por Damian Williams, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
En la misiva, enviada a Loretta Preska —jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York—, se aclara que esa declaración de interés, en caso de que se autorice hacerla, sería presentada a más tardar el 6 de noviembre de 2024, un día después de los comicios presidenciales en el país norteamericano.
En estos procesos es común que los países presenten su opinión acerca de la causa cuando está involucrado un Estado soberano como una de las partes. Esto se conoce como ‘amicus curiae'(‘amigo de la corte’, en latín) y ya por este juicio sobre la expropiación de YPF, presentaron sus escritos a favor de Argentina, en febrero pasado, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador.
Segun expertos, EE.UU. va a recomendar a la jueza Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo”, puesto que “las relaciones de dos naciones amigas deben ser consideradas. EE.UU. “sabe muy bien que una nación soberana amiga”, que es Argentina, “violó las leyes de los mercados de capitales locales” y, por este motivo, no descarta que sugiera a la jueza “que nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”.
El año pasado, Preska condenó al Estado argentino a pagar una indemnización récord de 16.099 millones de dólares, al considerar que la reestatización de YPF, ocurrida en 2012, violó el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios. En el proceso, no obstante, la petrolera fue excluida de la demanda.
Los beneficiarios fueron los bufetes británicos Burford Capital y Eton Capital, dos ‘fondos buitre’ que compraron los derechos de litigio de exaccionistas minoritarios de la petrolera.
Los fondos solicitaron que Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago, mientras se lleva a cabo de manera paralela el proceso de apelación en laCorte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.La defensa del país suramericano se negó y los demandantes dieron inicio a un nuevo proceso para detectar activos que puedan ser embargados.
La semana pasada, se conoció que Preska emitió una orden, concedida a pedido de Burford Capital, para que le sean entregados correos electrónicos, chats de WhatsApp* y otro tipo de comunicaciones de altos funcionarios de Argentina, tanto de la actual administración de Javier Milei como del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).
Con esa solicitud se busca probar la figura del ‘alter ego’. Es decir, los fondos pretenden demostrar que hay varias compañías estatales argentinas (Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Banco Central, ARSA y Enarsa) que son un ‘alter ego’ del Estado, para así embargar activos de esas empresas y cobrar lo estipulado en la sentencia.
PrisioneroEnArgentina.com
Setiembre 10, 2024
Tribunal de EE.UU. falla a favor de Argentina y evita indemnización por 1.400 millones de dólares
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La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU., Loretta Preska, rechazó este lunes una demanda colectiva contra Argentina por 1.400 millones de dólares, que habían interpuesto varias empresas por los llamados bonos del ‘Cupón PBI’.
“Por las razones expuestas a continuación, se concede la moción de la República y se rechaza la moción contraria de los demandantes”, sentenció la jueza Preska en el fallo , que podría ser apelado y llevado a una segunda instancia durante los próximos 30 días por las empresas que iniciaron la demanda.
La disputa legal por los bonos del llamado cupón ligado al producto bruto interno (PBI), comenzó en 2019, cuando los inversores de EE.UU. consideraron que el Estado argentino los habría perjudicado por modificar la metodología para calcular el mencionado indicador, lo que provocó que en 2013 se pagaran menos intereses de los que hubieran recibido sin esa reforma.
Los bonos por el ‘Cupón PBI’ comenzaron a emitirse en 2005 como una medida de reestructuración para pagar la deuda externa, luego que el país cayera en ‘default’ en 2001. Este instrumento financiero estipulaba que Argentina debía pagar intereses a los bonistas hasta el 2035, cuando el país registrara un crecimiento anual superior al 3,25 %.
Los abogados de Argentina alegan que la modificación en el cálculo del PBI fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país. Por tal motivo, decidieron tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993, como se inició el pago de estas bonificaciones.
Sin estos cambios, señalaron los representantes legales de Argentina, los retornos de los cupones del PBI se habrían ajustado con base en un parámetro desactualizado sobre el crecimiento de la economía y sin vínculo con la expansión real de esa nación suramericana.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 2, 2024
¿ESTAREMOS EN DINAMARCA?
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“Tanta cosa antigua que se pone de moda que sería bueno que
volvieran la ética, la vergüenza, la inteligencia y la honestidad”.
Groucho Marx
Parto de mi adhesión, en general, a las propuestas de cambio que, tan disruptivamente, ha planteado el Presidente a la sociedad y, además, soy paciente, pero confieso que algunos sugestivos detalles me hacen ruido. La presencia en los principales escalones de su administración de personajes sumamente cuestionables, tan prolijamente inventariados por Hugo Alconada Mom y Carlos Pagni en sus notas en La Nación, convierten a ese ruido en algo que huele mal, tal como describió William Shakespeare el clima de la corte en “Hamlet”.
Cuando vemos cuántos ex colaboradores de los Fernández y de Massa quedaron a cargo de reparticiones y cajas claves del Estado (Secretaría de Minería, AFIP, AySA, PAMI, Aduana, Aerolíneas Argentinas, Casa de la Moneda, Derechos Humanos
vengativos, tuertos y ladrones, etc.) surge la duda acerca de la real decisión de limpiar a la Argentina de corrupción que declama la administración libertaria. Con toda urgencia, Javier Milei debería recordar la conocida frase de Lee Kwan Yew, ex Primer Ministro de Singapur: “Si quieres derrotar a la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”.
A riesgo de resultar reiterativo, insisto en que el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, es un caso paradigmático. No sólo ha insistido públicamente en la falsa hipótesis del suicidio del Fiscal Alberto Nisman, de cuyo asesinato –lo determinó la Justicia- el jueves se cumplieron 9 años sin que se haya identificado, juzgado y condenado a sus autores materiales e intelectuales, sino que, más recientemente, suscribió la teoría del lawfare y adujo falta de pruebas de la culpabilidad de Cristina Fernández en la causa Vialidad, donde fue condenada por corrupción. Fue abogado de uno de los imputados –Sergio Taselli- en la causa Cuadernos, del destituido y condenado Juez Walter Bento y hasta de José Alperovich, ex Gobernador de Tucumán, ante la acusación de violación que formuló su sobrina.
Mis quejas respecto a Cúneo Libarona no pasan por su anterior desempeño profesional, que lo ubicó tan cerca del kirchnerismo, sino por su inexplicable quita de la facultad de querellar a la Unidad de Investigación Financiera y a la Oficina Anticorrupción, organismos que Milei había prometido profesionalizar en su gestión e independizar del Ejecutivo, algo sonoramente
incumplido. Sostengo que los principales damnificados por el imprescindible ajuste de la economía (la clase media) sólo estarán dispuestos a tolerarlo si los responsables del monumental saqueo al que fue sometido el país, causa eficiente de este pesado presente, que diariamente hacen gala de sus fortunas en el Calafate, en Madrid, en Marbella, etc., son llevados a Tribunales, juzgados y condenados; para lograrlo, el rol de UIF y de la OA resulta irremplazable y evitaría oscuros pactos de impunidad.
No lo conozco, y no pongo su honorabilidad en duda, pero me pregunto el por qué del “raro” nombramiento de Andrés de la Cruz como Subprocurador del Tesoro. Ese organismo tiene hoy como uno de sus principales temas el juicio en el cual la Juez Loretta Preska condenó a nuestro país a pagar la enorme suma de US$ 16.100 millones. Parte de ese dinero terminará en los bolsillos de los Kirchner a través de sus testaferros, los Eskenazy, ex titulares del 25% de YPF y dueños del Banco de Santa Cruz, a través del cual circularon los desaparecidos fondos de la Provincia, de los que se apropió el difunto patriarca, don Néstor. Que De la Cruz haya sido abogado de esos prestanombres debiera encender luces rojas en el tablero de
mando de Milei, porque también huele a podrido.
Comencé esta columna diciendo que apoyo las políticas liberalizadoras de la economía del Presidente, y a las pruebas me remito: en un ya lejano 2005 escribí una nota, a la que titulé: “Los argentinos y los zapatos” (http://tinyurl.com/2ebp59s4) y en la cual traté de explicar a mis conciudadanos de qué se trataba la razonable apertura de la economía y cómo podía beneficiar a toda la sociedad.
Los últimos fueron veinte años de populismo suicida durante los cuales se nos educó creyendo que la luz, el gas, el agua y el transporte, éste especialmente en el AMBA, eran algo que no debíamos pagar; tan gratis creíamos que era la energía que nadie dudaba en derrocharla, hasta para calentar la pileta de natación o dejar el aire acondicionado encendido en su ausencia. Con la inminente quita de subsidios (aportados éstos por el Estado con endeudamiento, emisión e inflación), el consumo reaccionará, como debe ser, con una masiva economía de electricidad, ya que quien quiera dilapidarla tendrá que pagar por ella lo que realmente vale. Ya hemos visto como la fuerte caída de la demanda redujo los precios de la carne, y ese mismo efecto se reproducirá en todos los órdenes, hasta con los alquileres. Cualquiera podrá pedir por sus bienes, productos o servicios lo que mejor le parezca, pero el precio real surgirá cuando las apetencias del vendedor o proveedor confluyan con las posibilidades económicas del comprador: las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas.
Por supuesto, y no sólo en ese tema, el Estado debe tener un fuerte rol de control para evitar cartelizaciones y abusos, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y del servicio de Protección al Consumidor, organismos que existen en todos los países liberales del mundo.
Bs.As., 20 Ene 24
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
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Twitter: @egavogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 19, 2024
QUIEN AVISA …
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“La ceguera biológica impide ver; la ceguera ideológica impide pensar”.
Octavio Paz
Quien crea que lo que sucede en Ecuador es sólo una violentísima guerra entre bandas de narcotraficantes que se disputan mercados y rutas comerciales, asociadas a los grandes cárteles mexicanos y colombianos, se equivocará de medio a medio. Más allá de lo anecdótico y puntual que aparece en la superficie, y como lo prueba la detención de venezolanos por participar en las acciones terroristas, se trata de la más infame reacción del “socialismo del siglo XXI” ante una ola que, como siempre ha sucedido en nuestra historia continental, recorre toda su geografía y hoy lo lleva a la derrota. En resumen, desde Quito y Guayaquil llegan avisos que deben encender luces rojas en los tableros de mando de los países de la región, ya que muchos de ellos ya están siendo agredidos por el narcoterrorismo transnacional, apoyado y financiado por las dictaduras bolivarianas y por Rusia e Irán, en una nueva versión de su guerra general con Estados Unidos.
Y fueron castigados duramente en los plebiscitos constitucionales de Chile, en las elecciones provinciales de Colombia y en los cruciales ballotages de Argentina y Ecuador, y están sumamente complicados en Bolivia por la pelea interna del MAS (que enfrenta a Evo Morales con el Presidente Luis Arce), en Perú, cuyos procesos políticos tienen décadas de inestabilidad y han llevado a la cárcel, o al suicidio, a muchos mandatarios, y hasta en México, hoy presidido por Andrés Manuel López Obrador, tal como se verá en las próximos comicios presidenciales. Por supuesto, perdieron El Salvador a manos de Nayib Bukele, y nunca lograron éxito alguno en Paraguay o Uruguay; y Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva volvió al poder después de un oscuro trámite judicial, dispone de fuertes instituciones legislativas dispuestas a impedir cualquier deriva autoritaria.
Las noticias provenientes de este tan sufrido continente relatan rivalidades entre distintos grupos de narcomenudeo y, hasta allí, nada que ignoremos los argentinos, que todos los días vemos a Rosario y a tantos otros lugares del país desangrarse en manos de criminales; de la desidia y la innegable complicidad de políticos, jueces, fiscales, policías, financistas y empresarios, obtienen la protección necesaria para matar con impunidad a sus competidores y sembrar un indiscriminado terror, casi siempre desde el interior de las cárceles, donde inexplicablemente acceden a celulares.
El Presidente Daniel Noboa Azim ha respondido con dureza a la irracional violencia que azota a su país, donde los vándalos –sin duda inspirados por el ex Presidente Rafael Correa, condenado por corrupción y refugiado en Bélgica- tomaron por asalto canales de televisión y universidades, retienen y asesinan rehenes y amenazan públicamente al Estado ecuatoriano; suspendió las garantías ciudadanas y ordenó a las fuerzas armadas intervenir en las operaciones antiterroristas, a las que calificó como “conflicto armado interno”, una instrucción que fue acatada por los uniformados sin cuestionamiento alguno.
Eso obliga a preguntarse qué sucederá en Argentina, donde la Ley de Defensa, por inspiración del kirchnerismo vengativo y asociado a los narcos, les impide actuar dentro del territorio nacional, salvo que se trate de la invasión de un ejército oficial
extranjero, cuando debamos enfrentar una guerra total contra los mismos enemigos, aquí sumados a los antiguos terroristas de Montoneros y ERP, los peruanos de Sendero Luminoso y de tantas otras organizaciones subversivas que combatieron al Estado argentino y fueron derrotadas en el campo militar.
En otro orden de cosas, en el juicio que la Argentina perdió en los tribunales de Nueva York, la Juez Loretta Preska rechazó un pedido para diferir hasta el 20 de febrero el plazo para ofrecer garantías y, así, evitar el embargo de los bienes que puedan identificarse como de propiedad del Estado, condenado al pago de la monumental suma de US$ 16.100 millones. Hace muchos años, en una nota a la que titulé “Cristinita, ¿otros US$ 5000 millones?” (http://tinyurl.com/yckfmfj9) expliqué por qué los Kirchner, siempre a través de sus testaferros, la familia Eskenazi, volvería a robar esa enorme suma. Espero que algunos de los más corajudos fiscales federales tome ya cartas en el asunto y denuncie penalmente a los responsables de tamaño saqueo.
Y también ansío que, así como ha aceptado modificar algunos puntos del paquete legislativo que envió al H° Aguantadero para su discusión, Javier Milei también ordene a su Ministro de Justicia dar marcha atrás con la prohibición a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Investigación Financiera de actuar como querellantes en las causas por corrupción. Me parece absolutamente inaceptable que, para justificar tamaño dislate, Mariano Cúneo Libarona haya utilizado argumentos tales como la constancia de persecución política a opositores, o sea, al lawfare, un invento kirchnerista para intentar auto-absolverse.
Bs.As., 13 Ene 24
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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PrisioneroEnArgentina.com
Enero 12, 2024
Podrían comenzar embargos por expropiación de YPF
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Argentina pretendía que el plazo para presentarles garantías a los acreedores, que venció la víspera, se ampliara para darle tiempo al Gobierno de Javier Milei, que apenas lleva un mes de gestión, de estar en condiciones de enfrentar el proceso.
Sin embargo, la jueza mantuvo la fecha límite, lo que implica que los demandantes podrían iniciar los embargos desde hoy mismo para cobrar una deuda multimillonaria.
Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, condenó el año pasado a Argentina a pagar una indemnización récord de 16.099 millones de dólares al considerar que la reestatización de 2012 violó el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios.
Los beneficiarios fueron el bufete inglés Burford Capital y Eton Capital, dos bien o mal llamados ‘fondos buitre’ que compraron los derechos de litigio de exaccionistas minoritarios de YPF, que demandaron a Argentina y que, según la jueza, deben recibir una compensación de 14.385 y 1.714 millones de dólares, respectivamente.
De esta forma, ambas firmas pueden iniciar el embargo y la ejecución de bienes que el país sudamericano tenga en el extranjero, a pesar de que está en marcha un proceso de apelación de la sentencia.
El 3 de mayo de 2012, el Congreso argentino convirtió en ley el proyecto de nacionalización del 51 % de Repsol YPF, que había enviado la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A partir de ese momento empezó un pleito legal con la multinacional Repsol, propietaria de YPF desde su privatización, en 1999. Para entonces, Argentina ya le había pagado a Repsol 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la “renacionalización” de la compañía de hidrocarburos y energías renovables.
Los ‘fondos buitre’ denunciaron que el Gobierno tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa, como lo fijaba el estatuto, y no solo por el 51% de la compañía, que fue lo que estatizó.
Preska les dio la razón en un fallo que perjudica a un país que está sumido en una grave crisis económica, con cifras récord de inflación, pobreza y devaluación y sin reservas suficientes para pagar la multimillonaria deuda.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 12, 2024