Durante los últimos treinta y seis meses, Brasil se ha visto atrapado por un escándalo que comenzó con una compañía petrolera estatal y creció envolviendo a empresarios, e incluso a presidentes.
La manera más simple de observar el problema es que se trata de un escándalo directo de corrupción, aunque implica millones de dólares en sobornos y más de 80 políticos y miembros de la élite empresarial.
Pero a medida que los brazos de la investigación apodada Operación Lavado de coches avanzaba, otros escándalos surgieron.
Esto ha llevado a algunos de los que se han encontrado acusados alegando que son las víctimas de movidas políticas, diseñadas para prohibir su cargo.
La Operación Lavado de Coche comenzó en marzo de 2014 como una investigación sobre las acusaciones de que las mayores constructoras de Brasil cobraban ciertos extras a la petrolera estatal Petrobras por sus contratos de construcción.
Los investigadores acusaron a los directores de la firma -el nombre de la compañía más ética del mundo de petróleo y gas en el 2008- de extraer el dinero extra como un soborno para la adjudicación del contrato.
De por si esto ya es bastante grave, pero luego el Partido de los Trabajadores se encontró arrastrado al escándalo de la corrupción en medio de acusaciones de haber canalizado algunos de estos fondos para pagar a políticos y comprar sus votos y ayudar con campañas políticas.
Entre los acusados en el escándalo se encontraban decenas de políticos, y Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de la República, mais conhecido como “Lula”.
Tres años después de iniciada la investigación, Lula fue declarado culpable de la primera de las cinco acusaciones contra él: La aceptación de un departamento frente a la playa regalado por la firma de ingeniería OEA a cambio de su ayuda en la obtención de contratos con Petrobras.
Él ha sido condenado a nueve años y medio de prisión, aunque no será encarcelado hasta el resultado de una apelación.
Pero Lula, que niega todos los cargos, dice que la investigación y el juicio fueron motivados políticamente para impedir que se presentara a la presidencia nuevamente en las próximas elecciones.
Lula no es el único funcionario o ex funcionario que le está haciendo frente a la investigación en este momento: las dos personas que siguieron sus pasos en la casa de gobierno se enfrentan a acusaciones de corrupción por su cuenta.
El fiscal general ha acusado al actual presidente Michel Temer -el ex vicepresidente que asumió el cargo en agosto del año pasado- de recibir dinero del jefe de la gigantesca empresa de carnicería JBS, que ya está implicada en un escándalo de corrupción.
Los cargos han sido entregados a un juez del Tribunal Supremo que ahora debe decidir si el caso puede ser enviado a la cámara baja del parlamento, que decidirá si o no levantar su inmunidad presidencial.
Sr. Temer niega todos los cargos.
También están las acusaciones separadas que cayeron sobre su predecesora Dilma Rousseff -que siguió a Lula en el cargo después de haber cumplido dos mandatos- acusada en agosto de 2016.
Totalmente por separado de las acusaciones de la Operación Lavado de Coche, la Sra. Rousseff -una aliada cercana de Lula- se encontró en problemas por presuntamente transferir fondos entre los varios presupuestos del gobierno, lo cual es ilegal bajo la ley brasileña.
Ella argumentó que esto era una práctica común entre los presidentes, pero sus críticos dijeron que ella estaba tratando de tapar los déficits en los programas sociales populares para aumentar sus posibilidades de ser reelegida en 2014.
Rousseff luchó contra las acusaciones, argumentando que sus rivales de extracciones de derecha habían estado tratando de sacarla de su cargo desde su reelección.
Pero perdió -y su vicepresidente, Sr. Temer, del partido de centroderecha del PMDB, fue puesto a cargo hasta enero de 2019, cuando un nuevo presidente será elegido en una votación el próximo año asumirá el cargo.
Sin embargo, los partidarios de la Sra. Rousseff posponen otra teoría cuando se trata de su caída de la gracia: ellos alegan que los rivales políticos la querían ir porque ella no los protegería de la onda expansiva del caso lavado de autos.
Hay otro escándalo que involucra personalidades del más alto nivel: Odebrecht, que también ha sido descubierto en la Operación Lavado de Coche.
El gigante brasileño de la construcción, que es el conglomerado de construcción más grande de América Latina, ha admitido sobornar a funcionarios para asegurar contratos en Brasil y otros países sudamericanos.
¿Una de las empresas envueltas en soborno? Petrobras.
De hecho, su ex director general, Marcelo Odebrecht, quien cumple 19 años de prisión por corrupción, fue declarado culpable de pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de conseguir y otorgar contratos e influencia política.
Él y otros 76 funcionarios de Odebrecht están colaborando al brindar información a los investigadores como parte de un acuerdo para rebajar penas.
El Sr. Odebrecht también puede derribar a otro presidente: dice que parte de los $ 48 millones que donó a las campañas de la Sra. Rousseff y del Sr. Temer en las elecciones presidenciales brasileñas de 2014 era ilegal.
Esto está siendo investigado por el tribunal electoral brasileño. Si se encuentra algún fraude, sus campañas podrían ser anuladas, lo que significa que el Sr. Temer sería destituido.
Tanto el Sr. Temer como la Sra. Rousseff niegan todas las acusaciones de fraude.
Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, fue declarado culpable hoy miércoles por cargos de corrupción y lavado de dinero, y ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel.
Las autoridades alegaron que una empresa de construcción dio a Lula da Silva un apartamento triplex frente a la playa como parte de soborno.
La fiscalía tomó parte de la investigación de lavado de dinero de Petrobras, la petrolera estatal de Brasil.La investigación, llamada “Car Wash” en referencia a los servicios de lavado de autos en las gasolineras, descubrió una operación generalizada de soborno.
Da Silva, de 71 años, se declaró inocente y dijo que la fiscalía estaba motivada políticamente. Da Silva podría apelar la decisión.
Todavía enfrenta causas de corrupción, obstrucción a la justicia y cargos de lavado de dinero en otros cuatro casos judiciales.
Nacido en una familia obrera, da Silva abandonó la escuela y comenzó a trabajar a los 12 años. Insatisfecho con la falta de representación política de la clase trabajadora en Brasil, decidió involucrarse en la política.
Universalmente conocido como Lula, es miembro fundador del único partido socialista brasileño, Partido dos Trabalhadores, (el Partido de los Trabajadores).
Ganó dos mandatos como presidente, sirviendo desde octubre de 2002 hasta enero de 2011. Fue amigo del último líder cubano Fidel Castro, quien apoyó su carrera política.
Dejó el cargo con un 90% de aprobación, pero fue interrogado por la policía sobre las acusaciones de corrupción en marzo de 2016.
La esposa de Da Silva, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue acusada. Ella murió en febrero.
Fuente y colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
“El más terrible de los sentimientos es el de la esperanza perdida”.
Federico García Lorca
Hoy, el mundo está mejor, ya que un canalla, Fidel Castro, finalmente, se fue al infierno anoche. Fue el responsable, con elChe Guevara, de la ola de sangre y fuego que arrasó nuestro continente, y hundió a su país en la miseria durante casi seis décadas. Que Lucifer lo acoja en su seno.
A un año de la asunción de Mauricio Macri, estamos en un momento muy complicado de la economía, a pesar de la merma en la inflación y a conservar el Gobierno elevados índices de aprobación de su gestión, ya que el gasto público continúa en alza, la actividad no arranca, el consumo cae, crece el endeudamiento en pesos y en dólares, el plan de obra pública no avanza y hay una perceptible parálisis en la gestión de la administración pública, producto de la inexperiencia burocrática de los nuevos funcionarios. La presión impositiva bate records históricos y mundiales, y el voraz Estado recaudador y pseudo benefactor frustra la posibilidad de recibir inversiones (en realidad, las ahuyenta) y asfixia las iniciativas, sin ofrecer los servicios y beneficios a los que la población accede en otros países, lo cual la obliga a contratarlos privadamente, duplicando sus costos.
Claro que todos esos males tienen su raíz en décadas de prácticas populistas, que hacen que hoy la Argentina, uno de los territorios del globo más favorecidos -no dije ricos- con recursos naturales, haya construido un núcleo duro de pobreza, por cierto difícilmente erradicable en el corto plazo. Pero no veo aún un plan para terminar con esa situación estableciendo metas más lejanas mediante políticas de estado que incluyan la aplicación de correctivos inmediatos, acompañados por la planificación del futuro a diez, veinte y treinta años.
Una porción importante del gasto público hoy está destinado, como es natural, a atender a las necesidades más urgentes y a paliar la conflictividad social, derivadas de la crisis heredada a la cual no se le encuentra una solución, mediante la masiva distribución de planes sociales; esta misma semana, fue incrementado en $ 30.000 millones. Entre esos planes hay muchas variantes, como la asignación universal por hijo, el trabajo en cooperativas, etc., pero todos tienen defectos remarcables, amén de permitir, por la falta de controles eficientes y por la tercerización de la distribución, la persistencia de nichos de corrupción.
Esos verdaderos subsidios tienen, en verdad, enormes falencias e inconvenientes, ya que no sólo tienden a consolidar la pobreza, manteniendo bajo esa línea a generaciones enteras (los montos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas) sino que, además y ante el riesgo de perder esos “derechos”, aún quienes tienen vocación de trabajar lo hacen “en negro”, incrementando la informalidad de nuestra economía, que ya alcanza al 40%, que no paga impuestos ni cargas sociales. Por otra parte, pensemos en cuántos de esos subsidios -“Argentina Trabaja”, por ejemplo- impiden a quienes acceden a ellos perfeccionarse, en un momento caracterizado, mundialmente, como “el siglo del conocimiento”.
Dado el crítico escenario actual, no resulta lógico pretender que esa asignación de recursos públicos se detenga, ya que quedarían en la más absoluta intemperie los sectores más vulnerables, que generarían comprensibles dificultades a toda la sociedad. Pero sí podemos realizar algunos cambios beneficiosos, ya que algunos de los planes sociales funcionan como verdaderos empleos públicos encubiertos y, en general, resultan innecesarias e inútiles las tareas que se encomiendan: pintadas, cortes de pasto, reparaciones de construcciones, etc..
El progreso tecnológico y la globalización está haciendo que las personas que realizan funciones repetitivas sean reemplazadas por robots, y el mercado laboral impone cada vez mayor perfeccionamiento y especialización a los trabajadores. En la Argentina, hemos visto recientemente insensatas reacciones frente a un futuro que ya está aquí y, nos guste o no, es imparable: el rechazo de los camioneros de Moyano a la distribución electrónica de documentación bancaria, o el de los taxistas de Viviani a aplicaciones como Uber, Easy o Cabify, son algunos ejemplos.
Entonces, al revés de tantos políticos y economistas, propongo al Gobierno que cambiemos algunas figuritas. Sin disminuir en lo inmediato la cantidad de pesos destinados a paliar esta recurrente emergencia, reemplacemos para siempre, en lo social, gasto por inversión. Es decir, sigamos pagando planes, pero que éstos sirvan para transformar no sólo a quienes los reciben sino a la sociedad toda. Me refiero a que el pago de las asignaciones mensuales tenga su correlato en educación pero, en especial, en escuelas técnicas, cualquiera sea el nivel al que cada beneficiario acceda, y se verifique su cumplimiento mediante la permanente evaluación de su rendimiento y su evolución. A pesar de que son obvios los beneficios que este cambio -¿Cambiemos?- traería aparejados, en especial para los llamados “ni-ni”, es decir, para aquéllos que no trabajan ni estudian y que en el Conurbano son legión, tal vez convenga recordarlos.
Facilitaría a los beneficiarios, a través del esfuerzo personal, acceder a trabajos formales y más calificados, con mejores salarios y con protección en materia de salud y de seguros y, sobre todo, recuperar las esperanzas al lograr salir de los asentamientos y villas en los cuales transcurren sus tristísimas vidas. La extensión de un programa como el que propongo servirá, sin duda, también para combatir el flagelo de la drogadicción, que se ha constituido en un trágico refugio para quienes carecen de expectativas, y en ampliar la base de los contribuyentes, lo cual permitiría disminuir la presión impositiva sobre el sector económico registrado.
Para concluir, una breve reflexión ante la desobediencia de la viuda de Kirchner a la citación del Juez Claudio Bonadío para cumplir un trámite obligatorio para todos los procesados. Aquí también me pregunto si no ha llegado la hora de cambiar figuritas porque algo similar ocurrió con Lula quien, intimado a presentarse ante un magistrado, se negó a hacerlo; el Juez Moro ordenó a la Policía su inmediata presentación. Pese a que, sin lugar a dudas, el ex Presidente tiene una popularidad mucho mayor que la viuda de Kirchner, el hecho no produjo incidente alguno en Brasil.
Aquí, jueces y funcionarios se aterran ante la posibilidad de incidentes que, ante una detención de Cristina,podrían generar sus seguidores. En el fondo, ocurre lo mismo con la famosa represión de la “protesta social”, nombre que hemos dado a las constantes interrupciones del tránsito, a los más desaforados agravios a la investidura presidencial y, en general, hasta a las huelgas salvajes de los servicios públicos. Parecen no comprender que esas minorías revoltosas están minando, todos los días, la imagen de un Presidente y de un Poder Judicial que se muestran débiles y temerosos y que, si la impunidad continúa, desaparecerán la gobernabilidad y la paz; en cambio, si ambos cumplen y aplican la ley a rajatabla, sus prestigios subirán como la espuma, impidiendo toda ensoñación golpista.
Guía para jueces argentinos sobre escándalos brasileños
Durante los últimos treinta y seis meses, Brasil se ha visto atrapado por un escándalo que comenzó con una compañía petrolera estatal y creció envolviendo a empresarios, e incluso a presidentes.
La manera más simple de observar el problema es que se trata de un escándalo directo de corrupción, aunque implica millones de dólares en sobornos y más de 80 políticos y miembros de la élite empresarial.
Pero a medida que los brazos de la investigación apodada Operación Lavado de coches avanzaba, otros escándalos surgieron.
Esto ha llevado a algunos de los que se han encontrado acusados alegando que son las víctimas de movidas políticas, diseñadas para prohibir su cargo.
La Operación Lavado de Coche comenzó en marzo de 2014 como una investigación sobre las acusaciones de que las mayores constructoras de Brasil cobraban ciertos extras a la petrolera estatal Petrobras por sus contratos de construcción.
Los investigadores acusaron a los directores de la firma -el nombre de la compañía más ética del mundo de petróleo y gas en el 2008- de extraer el dinero extra como un soborno para la adjudicación del contrato.
De por si esto ya es bastante grave, pero luego el Partido de los Trabajadores se encontró arrastrado al escándalo de la corrupción en medio de acusaciones de haber canalizado algunos de estos fondos para pagar a políticos y comprar sus votos y ayudar con campañas políticas.
Entre los acusados en el escándalo se encontraban decenas de políticos, y Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de la República, mais conhecido como “Lula”.
Tres años después de iniciada la investigación, Lula fue declarado culpable de la primera de las cinco acusaciones contra él: La aceptación de un departamento frente a la playa regalado por la firma de ingeniería OEA a cambio de su ayuda en la obtención de contratos con Petrobras.
Él ha sido condenado a nueve años y medio de prisión, aunque no será encarcelado hasta el resultado de una apelación.
Pero Lula, que niega todos los cargos, dice que la investigación y el juicio fueron motivados políticamente para impedir que se presentara a la presidencia nuevamente en las próximas elecciones.
Lula no es el único funcionario o ex funcionario que le está haciendo frente a la investigación en este momento: las dos personas que siguieron sus pasos en la casa de gobierno se enfrentan a acusaciones de corrupción por su cuenta.
El fiscal general ha acusado al actual presidente Michel Temer -el ex vicepresidente que asumió el cargo en agosto del año pasado- de recibir dinero del jefe de la gigantesca empresa de carnicería JBS, que ya está implicada en un escándalo de corrupción.
Los cargos han sido entregados a un juez del Tribunal Supremo que ahora debe decidir si el caso puede ser enviado a la cámara baja del parlamento, que decidirá si o no levantar su inmunidad presidencial.
Sr. Temer niega todos los cargos.
También están las acusaciones separadas que cayeron sobre su predecesora Dilma Rousseff -que siguió a Lula en el cargo después de haber cumplido dos mandatos- acusada en agosto de 2016.
Totalmente por separado de las acusaciones de la Operación Lavado de Coche, la Sra. Rousseff -una aliada cercana de Lula- se encontró en problemas por presuntamente transferir fondos entre los varios presupuestos del gobierno, lo cual es ilegal bajo la ley brasileña.
Ella argumentó que esto era una práctica común entre los presidentes, pero sus críticos dijeron que ella estaba tratando de tapar los déficits en los programas sociales populares para aumentar sus posibilidades de ser reelegida en 2014.
Rousseff luchó contra las acusaciones, argumentando que sus rivales de extracciones de derecha habían estado tratando de sacarla de su cargo desde su reelección.
Pero perdió -y su vicepresidente, Sr. Temer, del partido de centroderecha del PMDB, fue puesto a cargo hasta enero de 2019, cuando un nuevo presidente será elegido en una votación el próximo año asumirá el cargo.
Sin embargo, los partidarios de la Sra. Rousseff posponen otra teoría cuando se trata de su caída de la gracia: ellos alegan que los rivales políticos la querían ir porque ella no los protegería de la onda expansiva del caso lavado de autos.
Hay otro escándalo que involucra personalidades del más alto nivel: Odebrecht, que también ha sido descubierto en la Operación Lavado de Coche.
El gigante brasileño de la construcción, que es el conglomerado de construcción más grande de América Latina, ha admitido sobornar a funcionarios para asegurar contratos en Brasil y otros países sudamericanos.
¿Una de las empresas envueltas en soborno? Petrobras.
De hecho, su ex director general, Marcelo Odebrecht, quien cumple 19 años de prisión por corrupción, fue declarado culpable de pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de conseguir y otorgar contratos e influencia política.
Él y otros 76 funcionarios de Odebrecht están colaborando al brindar información a los investigadores como parte de un acuerdo para rebajar penas.
El Sr. Odebrecht también puede derribar a otro presidente: dice que parte de los $ 48 millones que donó a las campañas de la Sra. Rousseff y del Sr. Temer en las elecciones presidenciales brasileñas de 2014 era ilegal.
Esto está siendo investigado por el tribunal electoral brasileño. Si se encuentra algún fraude, sus campañas podrían ser anuladas, lo que significa que el Sr. Temer sería destituido.
Tanto el Sr. Temer como la Sra. Rousseff niegan todas las acusaciones de fraude.
Martin DiGiorgi
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 13, 2017
Lula Da Silva fue encontrado culpable por cargos de corrupción
Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, fue declarado culpable hoy miércoles por cargos de corrupción y lavado de dinero, y ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel.
Las autoridades alegaron que una empresa de construcción dio a Lula da Silva un apartamento triplex frente a la playa como parte de soborno.
La investigación, llamada “Car Wash” en referencia a los servicios de lavado de autos en las gasolineras, descubrió una operación generalizada de soborno.
La fiscalía tomó parte de la investigación de lavado de dinero de Petrobras, la petrolera estatal de Brasil.
Da Silva, de 71 años, se declaró inocente y dijo que la fiscalía estaba motivada políticamente. Da Silva podría apelar la decisión.
Todavía enfrenta causas de corrupción, obstrucción a la justicia y cargos de lavado de dinero en otros cuatro casos judiciales.
Nacido en una familia obrera, da Silva abandonó la escuela y comenzó a trabajar a los 12 años. Insatisfecho con la falta de representación política de la clase trabajadora en Brasil, decidió involucrarse en la política.
Universalmente conocido como Lula, es miembro fundador del único partido socialista brasileño, Partido dos Trabalhadores, (el Partido de los Trabajadores).
Ganó dos mandatos como presidente, sirviendo desde octubre de 2002 hasta enero de 2011. Fue amigo del último líder cubano Fidel Castro, quien apoyó su carrera política.
Dejó el cargo con un 90% de aprobación, pero fue interrogado por la policía sobre las acusaciones de corrupción en marzo de 2016.
La esposa de Da Silva, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue acusada. Ella murió en febrero.
Fuente y colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 12, 2017
Te cambio figuritas, Cambiemos
“El más terrible de los sentimientos es el de la esperanza perdida”.
Federico García Lorca
Hoy, el mundo está mejor, ya que un canalla, Fidel Castro, finalmente, se fue al infierno anoche. Fue el responsable, con el Che Guevara, de la ola de sangre y fuego que arrasó nuestro continente, y hundió a su país en la miseria durante casi seis décadas. Que Lucifer lo acoja en su seno.
A un año de la asunción de Mauricio Macri, estamos en un momento muy complicado de la economía, a pesar de la merma en la inflación y a conservar el Gobierno elevados índices de aprobación de su gestión, ya que el gasto público continúa en alza, la actividad no arranca, el consumo cae, crece el endeudamiento en pesos y en dólares, el plan de obra pública no avanza y hay una perceptible parálisis en la gestión de la administración pública, producto de la inexperiencia burocrática de los nuevos funcionarios. La presión impositiva bate records históricos y mundiales, y el voraz Estado recaudador y pseudo benefactor frustra la posibilidad de recibir inversiones (en realidad, las ahuyenta) y asfixia las iniciativas, sin ofrecer los servicios y beneficios a los que la población accede en otros países, lo cual la obliga a contratarlos privadamente, duplicando sus costos.
Claro que todos esos males tienen su raíz en décadas de prácticas populistas, que hacen que hoy la Argentina, uno de los territorios del globo más favorecidos -no dije ricos- con recursos naturales, haya construido un núcleo duro de pobreza, por cierto difícilmente erradicable en el corto plazo. Pero no veo aún un plan para terminar con esa situación estableciendo metas más lejanas mediante políticas de estado que incluyan la aplicación de correctivos inmediatos, acompañados por la planificación del futuro a diez, veinte y treinta años.
Una porción importante del gasto público hoy está destinado, como es natural, a atender a las necesidades más urgentes y a paliar la conflictividad social, derivadas de la crisis heredada a la cual no se le encuentra una solución, mediante la masiva distribución de planes sociales; esta misma semana, fue incrementado en $ 30.000 millones. Entre esos planes hay muchas variantes, como la asignación universal por hijo, el trabajo en cooperativas, etc., pero todos tienen defectos remarcables, amén de permitir, por la falta de controles eficientes y por la tercerización de la distribución, la persistencia de nichos de corrupción.
Esos verdaderos subsidios tienen, en verdad, enormes falencias e inconvenientes, ya que no sólo tienden a consolidar la pobreza, manteniendo bajo esa línea a generaciones enteras (los montos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas) sino que, además y ante el riesgo de perder esos “derechos”, aún quienes tienen vocación de trabajar lo hacen “en negro”, incrementando la informalidad de nuestra economía, que ya alcanza al 40%, que no paga impuestos ni cargas sociales. Por otra parte, pensemos en cuántos de esos subsidios -“Argentina Trabaja”, por ejemplo- impiden a quienes acceden a ellos perfeccionarse, en un momento caracterizado, mundialmente, como “el siglo del conocimiento”.
Dado el crítico escenario actual, no resulta lógico pretender que esa asignación de recursos públicos se detenga, ya que quedarían en la más absoluta intemperie los sectores más vulnerables, que generarían comprensibles dificultades a toda la sociedad. Pero sí podemos realizar algunos cambios beneficiosos, ya que algunos de los planes sociales funcionan como verdaderos empleos públicos encubiertos y, en general, resultan innecesarias e inútiles las tareas que se encomiendan: pintadas, cortes de pasto, reparaciones de construcciones, etc..
El progreso tecnológico y la globalización está haciendo que las personas que realizan funciones repetitivas sean reemplazadas por robots, y el mercado laboral impone cada vez mayor perfeccionamiento y especialización a los trabajadores. En la Argentina, hemos visto recientemente insensatas reacciones frente a un futuro que ya está aquí y, nos guste o no, es imparable: el rechazo de los camioneros de Moyano a la distribución electrónica de documentación bancaria, o el de los taxistas de Viviani a aplicaciones como Uber, Easy o Cabify, son algunos ejemplos.
Entonces, al revés de tantos políticos y economistas, propongo al Gobierno que cambiemos algunas figuritas. Sin disminuir en lo inmediato la cantidad de pesos destinados a paliar esta recurrente emergencia, reemplacemos para siempre, en lo social, gasto por inversión. Es decir, sigamos pagando planes, pero que éstos sirvan para transformar no sólo a quienes los reciben sino a la sociedad toda. Me refiero a que el pago de las asignaciones mensuales tenga su correlato en educación pero, en especial, en escuelas técnicas, cualquiera sea el nivel al que cada beneficiario acceda, y se verifique su cumplimiento mediante la permanente evaluación de su rendimiento y su evolución. A pesar de que son obvios los beneficios que este cambio -¿Cambiemos?- traería aparejados, en especial para los llamados “ni-ni”, es decir, para aquéllos que no trabajan ni estudian y que en el Conurbano son legión, tal vez convenga recordarlos.
Facilitaría a los beneficiarios, a través del esfuerzo personal, acceder a trabajos formales y más calificados, con mejores salarios y con protección en materia de salud y de seguros y, sobre todo, recuperar las esperanzas al lograr salir de los asentamientos y villas en los cuales transcurren sus tristísimas vidas. La extensión de un programa como el que propongo servirá, sin duda, también para combatir el flagelo de la drogadicción, que se ha constituido en un trágico refugio para quienes carecen de expectativas, y en ampliar la base de los contribuyentes, lo cual permitiría disminuir la presión impositiva sobre el sector económico registrado.
Para concluir, una breve reflexión ante la desobediencia de la viuda de Kirchner a la citación del Juez Claudio Bonadío para cumplir un trámite obligatorio para todos los procesados. Aquí también me pregunto si no ha llegado la hora de cambiar figuritas porque algo similar ocurrió con Lula quien, intimado a presentarse ante un magistrado, se negó a hacerlo; el Juez Moro ordenó a la Policía su inmediata presentación. Pese a que, sin lugar a dudas, el ex Presidente tiene una popularidad mucho mayor que la viuda de Kirchner, el hecho no produjo incidente alguno en Brasil.
Aquí, jueces y funcionarios se aterran ante la posibilidad de incidentes que, ante una detención de Cristina, podrían generar sus seguidores. En el fondo, ocurre lo mismo con la famosa represión de la “protesta social”, nombre que hemos dado a las constantes interrupciones del tránsito, a los más desaforados agravios a la investidura presidencial y, en general, hasta a las huelgas salvajes de los servicios públicos. Parecen no comprender que esas minorías revoltosas están minando, todos los días, la imagen de un Presidente y de un Poder Judicial que se muestran débiles y temerosos y que, si la impunidad continúa, desaparecerán la gobernabilidad y la paz; en cambio, si ambos cumplen y aplican la ley a rajatabla, sus prestigios subirán como la espuma, impidiendo toda ensoñación golpista.
¡Ojalá Cambiemos acepte cambiar figuritas!
Bs.As., 26 Nov 16
Enrique Guillermo Avogadro