El Poder Ejecutivo nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70’s y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.
Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!
Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.
Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el “club del helicóptero” para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.
Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la “desaparición forzada” en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.
El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.
En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.
Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.
Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados “jóvenes idealistas”, que asolaron el país hace cuarenta años.
El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con “fines políticos”. ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.
Inocencia Perdida
Por Enrique Guillermo Avogadro.
“Yo os envío, como ovejas en medio de los lobos”.
Mateo 10:16
El Poder Ejecutivo nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70’s y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.
Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!
Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.
Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el “club del helicóptero” para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.
Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la “desaparición forzada” en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.
El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.
En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.
Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.
Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados “jóvenes idealistas”, que asolaron el país hace cuarenta años.
El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con “fines políticos”. ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 1, 2017