El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
MACRI, GOLPE DE ESTADO A LA CORTE Y DURAN BARBA
El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 10, 2017