Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.
En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.
Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.
El CELS impugnó la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez a fiscal federal de Bahía Blanca
Ante la postulación presentada por el Gobierno, el CELS destacó la “falta de cuidado y respeto por la función judicial” mostrada por Martínez y su “incapacidad absoluta” para ejercer como fiscal. Le pidió al Senado que no avance en el acuerdo solicitado por el Ejecutivo.
Cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca para hacerse cargo del juzgado que durante tres años había subrogado el secretario Santiago Ulpiano Martínez se encontró con un arsenal disperso sobre escritorios y estantes, 138 kilos de marihuana, 297 cigarrillos armados con esa droga y siete kilos de cocaína. Cuando analizó los expedientes heredados se topó con detenidos que llevaban meses sin ser indagados, otros con la prisión preventiva vencida y un tercer grupo que por falta de registros ni siquiera se sabía dónde estaba. Martínez había sido noticia por garantizar la impunidad de represores y partícipes civiles del terrorismo de Estado, por incumplir las resoluciones de la Cámara Federal que una y otra vez revocaban las suyas, decisiones que llevaron al Consejo de la Magistratura a no ratificarlo, pero poco se sabía sobre el estado calamitoso del resto de las causas. Con esos antecedentes, el secretario es el hombre propuesto por el gobierno de la meritocracia para asumir como fiscal federal de Bahía Blanca. El CELS impugnó la candidatura de Martínez, destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial”, su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad y le pidió a la Comisión de Acuerdos del Senado que preside Rodolfo Urtubey que no avance en el acuerdo que le reclama el presidente Mauricio Macri.
PáginaI12 informó entre 2012 y 2015 sobre el trabajo sistemático de Martínez y su asistente Mario Fernández Moreno para obstaculizar la instrucción de causas a represores del Cuerpo V de Ejército y la base naval de Puerto Belgrano, y rechazar los pedidos de indagatorias de ex funcionarios judiciales como Hugo Sierra, ex capellanes como Aldo Vara o empresarios como Vicente Massot, entonces dueño del diario La Nueva Provincia y tío del jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot. El último gran aporte de la dupla a favor de la impunidad de los civiles que participaron del terrorismo de Estado fue una maniobra para apartar de la investigación al juez Alvaro Coleffi, quien se animó a pedir la captura internacional de Vara, ordenó allanar el diario local e indagó a Massot. A partir de una denuncia de Martínez y un sumario instruido por el agente de inteligencia y ex juez Néstor Montezanti, la Cámara Federal dejó cesante a quien no titubeó ante el poder local.
La impugnación del CELS se explaya sobre “el estado calamitoso” del juzgado cuando Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca. En un placard de un pasillo encontró un proyectil antiaéreo con la leyenda “ojo, está activado”, que debió neutralizar una brigada de explosivos. Sin ningún tipo de resguardo ni cadena de custodia, había armas y explosivos a la vista, sobre escritorios y estantes. También había estupefacientes, hasta en la terraza: 138 kilos de marihuana, 7 de cocaína, 9 ampollas, poco más de 2 kilos de hojas de coca, 297 cigarrillos de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas, entre otros atípicos insumos de oficina.
Cuando logró ubicar los expedientes acumulados, Ramos Padilla descubrió que había gran cantidad de detenidos sin indagar, otros indagados pero con su situación procesal sin resolver y otros con paradero desconocido. No existía un solo listado de detenidos actualizado y confiable.
“El cuadro generalizado de desorden, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia”, explicó el CELS en la impugnación que firman su director Gastón Chillier y el director del Area de Litigio y Defensa Legal, Diego Morales. “La falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas”.
En las causas por delitos de lesa humanidad “se manejó con coherencia: sus intervenciones obstaculizaron los avances en la investigación de distintas causas”, recordó el CELS. “Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército. Intervino en la causa contra Vicente Massot y rechazó el pedido de instrucción que hizo el Ministerio Público sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Durante las tareas de normalización del juzgado, la secretaria informó que no podía acceder al disco donde se hallaban los archivos necesarios para el desarrollo de la causa “Triple A”, de los que no tenían copia”, enumeró.
Las resoluciones de Martínez “fueron sistemáticamente revocadas” por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca “y fueron incumplidas igualmente por él”, recordó el CELS. “No sólo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”, destacó. Concluyó que el candidato “carece de idoneidad para el cargo al que aspira” y que “su actuación en el Poder Judicial no puede ser premiada con un nombramiento como fiscal federal”.
Investigan a Ramos Padilla por abuso de autoridad y amenazas en un juzgado de Bahía Blanca
Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.
En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita
fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.
Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.
Envío y colaboración: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 17, 2019
Página12 sobre el Juez Santiago Ulpiano Martínez: “Un auténtico garante de la impunidad”
El CELS impugnó la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez a fiscal federal de Bahía Blanca
Ante la postulación presentada por el Gobierno, el CELS destacó la “falta de cuidado y respeto por la función judicial” mostrada por Martínez y su “incapacidad absoluta” para ejercer como fiscal. Le pidió al Senado que no avance en el acuerdo solicitado por el Ejecutivo.
Cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca para hacerse cargo del juzgado que durante tres años había subrogado el secretario Santiago Ulpiano Martínez se encontró con un arsenal disperso sobre escritorios y estantes, 138 kilos de marihuana, 297 cigarrillos armados con esa droga y siete kilos de cocaína. Cuando analizó los expedientes heredados se topó con detenidos que llevaban meses sin ser indagados, otros con la prisión preventiva vencida y un tercer grupo que por falta de registros ni siquiera se sabía dónde estaba. Martínez había
sido noticia por garantizar la impunidad de represores y partícipes civiles del terrorismo de Estado, por incumplir las resoluciones de la Cámara Federal que una y otra vez revocaban las suyas, decisiones que llevaron al Consejo de la Magistratura a no ratificarlo, pero poco se sabía sobre el estado calamitoso del resto de las causas. Con esos antecedentes, el secretario es el hombre propuesto por el gobierno de la meritocracia para asumir como fiscal federal de Bahía Blanca. El CELS impugnó la candidatura de Martínez, destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial”, su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad y le pidió a la Comisión de Acuerdos del Senado que preside Rodolfo Urtubey que no avance en el acuerdo que le reclama el presidente Mauricio Macri.
PáginaI12 informó entre 2012 y 2015 sobre el trabajo sistemático de Martínez y su asistente Mario Fernández Moreno para obstaculizar la instrucción de causas a represores del Cuerpo V de Ejército y la base naval de Puerto Belgrano, y rechazar los pedidos de indagatorias de ex funcionarios judiciales como Hugo Sierra, ex capellanes como Aldo Vara o empresarios como Vicente Massot, entonces dueño del diario La Nueva Provincia y tío del jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot. El último gran aporte de la dupla a favor de la impunidad de los civiles que participaron del terrorismo de Estado fue una maniobra para apartar de la investigación al juez Alvaro Coleffi, quien se animó a pedir la captura internacional de Vara, ordenó allanar el diario local e indagó a Massot. A partir de una denuncia de Martínez y un sumario instruido por el agente de inteligencia y ex juez Néstor Montezanti, la Cámara Federal dejó cesante a quien no titubeó ante el poder local.
Cuando logró ubicar los expedientes acumulados, Ramos Padilla descubrió que había gran cantidad de detenidos sin indagar, otros indagados pero con su situación procesal sin resolver y otros con paradero desconocido. No existía un solo listado de detenidos actualizado y confiable.
“El cuadro generalizado de desorden, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial se tradujo en una grave crisis en la prestación del servicio de justicia”, explicó el CELS en la impugnación que firman su director Gastón Chillier y el director del Area de Litigio y Defensa Legal, Diego Morales. “La falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas”.
Las resoluciones de Martínez “fueron sistemáticamente revocadas” por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca “y fueron incumplidas igualmente por él”, recordó el CELS. “No sólo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”, destacó. Concluyó que el candidato “carece de idoneidad para el cargo al que aspira” y que “su actuación en el Poder Judicial no puede ser premiada con un nombramiento como fiscal federal”.
https://www.pagina12.com.ar/111662-un-autentico-garante-de-la-impunidad
PrisioneroEnArgentina.com
Abril30, 2018