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Los municipios argentinos ya no podrán cobrar tasas, impuestos y otros recargos en las facturas de servicios básicos, como la electricidad o el gas, lo que supondrá un duro golpe a las arcas de las entidades locales. La medida fue anunciada el martes por el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, a través de una publicación en su perfil oficial de la red social X, argumentando “reiteradas denuncias públicas” sobre esta situación. Así, la Secretaría de Industria y Comercio del departamento que dirige dispone que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor”, a lo que se añade la prohibición de “incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”.

El ministro de Economía ya había criticado reiteradamente esa imposición de tasas. La semana pasada, Caputo aseguró que los municipios estaban “aumentando de forma descontrolada sus tasas” y denunció que era con fines “recaudatorios” y “políticos”.

“Obstaculizan el programa económico que lleva adelante este Gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”, dijo entonces.

Las tasas municipales son aportaciones que abonan los ciudadanos y empresas por servicios prestados por los municipios, tales como el alumbrado públicos, la limpieza vial o la seguridad. La medida anunciada por Caputo ha sido acogida de forma ambivalente. Por un lado se encuentran quienes la aplauden, como el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que reaccionó con un escueto pero elocuente “¡¡Brillante!!”. Por otro lado, se han empezado a producir quejas desde el ámbito municipal. La intendenta de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza, denunció que “el Gobierno de Javier Milei tiene decidido ahogar a los municipios”. En el mismo mensaje, Mendoza aseveró que las tasas están establecidas “por convenio hace años y no han variado sustancialmente en el último tiempo”, y que el alza de las facturas se debe a la elevada inflación, así como que la política energética del Gobierno “está hundiendo la economía de los argentinos”.