A comienzos de este año, las autoridades iraníes ejecutaron nuevamente a dos disidentes políticos, Farhad Salimi y Mohammed Ghobadlou, tras juicios injustos. Estas últimas tragedias arrojan luz sobre la tendencia actual en el uso de la pena de muerte por parte de Irán para perseguir tanto a los opositores del régimen como a las minorías étnicas. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo de manera arbitraria y envueltas en un profundo secreto, plantean una necesidad urgente de atención internacional y condena del régimen islámico en Irán.
Mohammad Ghobadlou, un iraní de 23 años con un problema de salud mental (trastorno bipolar), fue ejecutado sin previo aviso, lo que dejó a su abogado y a sus seres queridos en un dolor repentino. A pesar de una orden de la Corte Suprema para un nuevo juicio, el Presidente del Poder Judicial intervino, bloqueando el proceso y allanando el camino para una ejecución clandestina.
Salimi
Las figuras de la oposición creen que fue acusado falsamente de atropellar a las fuerzas gubernamentales durante las protestas de Mahsa Amini de 2022, ya que las autoridades no pudieron encontrar a los verdaderos culpables. Su vulnerabilidad lo convirtió en un objetivo ideal para que el régimen lo presionara y torturara con el fin de extraerle una falsa admisión de culpabilidad.
Incluso el propio sistema legal tiránico y teocrático del régimen fue subvertido para matar a Mohammad Ghobadlou por el delito de disidencia, lo que pone de relieve su cínico desprecio por los derechos humanos básicos.
Debido a su participación en las protestas de Mahsa Amini, también fue acusado de un delito conocido en Irán como moharebeh, que se traduce como “hacer la guerra contra Dios”, lo que subraya una vez más la naturaleza tiránica de la teocracia islámica que ejerce la violencia contra el pueblo iraní.
Moharebeh es un término islámico-árabe que designa un concepto vago que el régimen iraní emplea como arma esencial contra los disidentes. Su significado también puede extenderse a “luchar contra Dios” o “la corrupción en la tierra”, lo que permite que los clérigos de la línea dura del poder judicial utilicen una interpretación amplia para condenar a personas a muerte sin un juicio real, sin abogados defensores y completamente a puerta cerrada.
El teólogo chií Morteza Moghtadaei incluso sostiene, como muchos eruditos islámicos en el ámbito chií, que alguien que comete moharebeh, conocido como “moharebs”, no debería ser asesinado incluso si es condenado, a menos que haya matado a alguien en el acto.
Otros eruditos chiítas, como Mohammad-Ali Ayazi, afirman que todos tienen derecho a defenderse, incluso en una protesta, algo que en sí mismo debería ser permisible, por lo tanto, los actos cometidos por muchos moharebs condenados ni siquiera son moharebeh como afirman los tribunales islámicos.
Incluso en la teocracia chií, las pruebas y el razonamiento teológico que sustentan estas ejecuciones puramente políticas son débiles, por lo que no se debe dar legitimidad al sistema legal del régimen iraní, ya que no sirve a fines justos.
Ghobadi
Otro caso igualmente preocupante es el de Farhad Salimi, miembro de la minoría sunita kurda de Irán, que se enfrentó a la ejecución a pesar de haber pedido durante una década un nuevo juicio justo. Sus pedidos de justicia en Irán y en todo el mundo fueron ignorados, lo que demuestra una vez más el desprecio de Irán tanto por las poblaciones disidentes como por las minorías étnicas.
Farhad es el cuarto hombre desde noviembre de 2023 ejecutado arbitrariamente de un grupo de siete hombres sunitas kurdos condenados a muerte hace más de una década. Los juicios duraron apenas unos minutos, lo suficiente para que los hombres torturados ofrecieran “confesiones” dolorosamente contaminadas.
Todo esto forma parte de una tendencia letal que ha convertido al régimen islámico de Irán en el ejecutor más frecuente de disidentes y minorías del mundo, con una media de tres ejecuciones diarias.
El contexto más amplio, que incluye la ejecución arbitraria de cientos de personas tras el levantamiento de la “Mujer, Vida, Libertad”, exige la atención inmediata de la comunidad internacional.
Estas ejecuciones ponen de relieve un patrón de violencia profundamente preocupante, que pone de relieve la necesidad de intensificar las sanciones y un boicot internacional contra la República Islámica y sus aliados. Estas entidades contribuyen al alcance económico y político global del régimen iraní, por lo que se requiere una acción concertada para contrarrestar su influencia nociva.
Las penurias de los disidentes ejecutados en Irán
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A comienzos de este año, las autoridades iraníes ejecutaron nuevamente a dos disidentes políticos, Farhad Salimi y Mohammed Ghobadlou, tras juicios injustos. Estas últimas tragedias arrojan luz sobre la tendencia actual en el uso de la pena de muerte por parte de Irán para perseguir tanto a los opositores del régimen como a las minorías étnicas. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo de manera arbitraria y envueltas en un profundo secreto, plantean una necesidad urgente de atención internacional y condena del régimen islámico en Irán.
Mohammad Ghobadlou, un iraní de 23 años con un problema de salud mental (trastorno bipolar), fue ejecutado sin previo aviso, lo que dejó a su abogado y a sus seres queridos en un dolor repentino. A pesar de una orden de la Corte Suprema para un nuevo juicio, el Presidente del Poder Judicial intervino, bloqueando el proceso y allanando el camino para una ejecución clandestina.
Las figuras de la oposición creen que fue acusado falsamente de atropellar a las fuerzas gubernamentales durante las protestas de Mahsa Amini de 2022, ya que las autoridades no pudieron encontrar a los verdaderos culpables. Su vulnerabilidad lo convirtió en un objetivo ideal para que el régimen lo presionara y torturara con el fin de extraerle una falsa admisión de culpabilidad.
Incluso el propio sistema legal tiránico y teocrático del régimen fue subvertido para matar a Mohammad Ghobadlou por el delito de disidencia, lo que pone de relieve su cínico desprecio por los derechos humanos básicos.
Debido a su participación en las protestas de Mahsa Amini, también fue acusado de un delito conocido en Irán como moharebeh, que se traduce como “hacer la guerra contra Dios”, lo que subraya una vez más la naturaleza tiránica de la teocracia islámica que ejerce la violencia contra el pueblo iraní.
Moharebeh es un término islámico-árabe que designa un concepto vago que el régimen iraní emplea como arma esencial contra los disidentes. Su significado también puede extenderse a “luchar contra Dios” o “la corrupción en la tierra”, lo que permite que los clérigos de la línea dura del poder judicial utilicen una interpretación amplia para condenar a personas a muerte sin un juicio real, sin abogados defensores y completamente a puerta cerrada.
El teólogo chií Morteza Moghtadaei incluso sostiene, como muchos eruditos islámicos en el ámbito chií, que alguien que comete moharebeh, conocido como “moharebs”, no debería ser asesinado incluso si es condenado, a menos que haya matado a alguien en el acto.
Otros eruditos chiítas, como Mohammad-Ali Ayazi, afirman que todos tienen derecho a defenderse, incluso en una protesta, algo que en sí mismo debería ser permisible, por lo tanto, los actos cometidos por muchos moharebs condenados ni siquiera son moharebeh como afirman los tribunales islámicos.
Incluso en la teocracia chií, las pruebas y el razonamiento teológico que sustentan estas ejecuciones puramente políticas son débiles, por lo que no se debe dar legitimidad al sistema legal del régimen iraní, ya que no sirve a fines justos.
Otro caso igualmente preocupante es el de Farhad Salimi, miembro de la minoría sunita kurda de Irán, que se enfrentó a la ejecución a pesar de haber pedido durante una década un nuevo juicio justo. Sus pedidos de justicia en Irán y en todo el mundo fueron ignorados, lo que demuestra una vez más el desprecio de Irán tanto por las poblaciones disidentes como por las minorías étnicas.
Farhad es el cuarto hombre desde noviembre de 2023 ejecutado arbitrariamente de un grupo de siete hombres sunitas kurdos condenados a muerte hace más de una década. Los juicios duraron apenas unos minutos, lo suficiente para que los hombres torturados ofrecieran “confesiones” dolorosamente contaminadas.
Todo esto forma parte de una tendencia letal que ha convertido al régimen islámico de Irán en el ejecutor más frecuente de disidentes y minorías del mundo, con una media de tres ejecuciones diarias.
El contexto más amplio, que incluye la ejecución arbitraria de cientos de personas tras el levantamiento de la “Mujer, Vida, Libertad”, exige la atención inmediata de la comunidad internacional.
Estas ejecuciones ponen de relieve un patrón de violencia profundamente preocupante, que pone de relieve la necesidad de intensificar las sanciones y un boicot internacional contra la República Islámica y sus aliados. Estas entidades contribuyen al alcance económico y político global del régimen iraní, por lo que se requiere una acción concertada para contrarrestar su influencia nociva.
PrisioneroEnArgentina.com
Setiembre 6, 2024