Uno de los indicadores de la decadencia moral de una sociedad debería ser el grado de aversión a la mentira que acreditan funcionarios públicos, periodistas, autoridades eclesiásticas y ciudadanos en general. Falsificar los hechos históricos y promover su difusión desde el Estado y/o los medios masivos de comunicación constituye lisa y llanamente un delito aberrante; tolerarlo, un acto de cobardía o de idiotez política. En vigencia del Estado de derecho, el gobierno tiene la obligación de decir la verdad y los ciudadanos el deber cívico de exigirla. Pues bien, en la Argentina, en términos generales, luego de 35 años de democracia no sucede ni lo uno ni lo otro. El hecho evidente que lo refrenda es la circunstancia de que la legislatura la provincia de Buenos Aires aprobó la ley que obliga a los tres poderes del Estado a adoptar como verdadera, en todas sus manifestaciones oficiales en que el tema lo amerite, la mentira palmaria según la cual durante el gobierno militar que comenzara con el golpe de Estado de 1976, se cometió un genocidio que hizo desaparecer a 30.000 civiles. En la Cámara de Diputados, dicha ley-mentira obtuvo 91 votos a favor y sólo uno en contra (el del diputado Guillermo Castello).
El engendro en cuestión, sin embargo, no ha merecido de legislador nacional o gobernador alguno siquiera un monosílabo que la resista. El ignominioso silencio se extiende también a la prensa, la iglesia, sindicatos y demás asociaciones civiles.
La verdad al respecto o, si se quiere, lo más aproximado a ella es el número oficial que obra en la Secretaría de DD.HH. de la Nación, el cual confirma que la cifra de desaparecidos durante el gobierno militar asciende de 6.348. Número que surge de las denuncias presentadas por los deudos en los últimos 35 años. Verdad es también que no hubo ningún genocidio y que la represión “genocida” a las bandas subversivas que asolaban el país fue ordenada por el gobierno peronista. En el colmo del cinismo el senador Norberto Amilcar García alegó que “los militares” desaparecieron a 30.000 civiles porque “pensaban distinto”. Pero ni la represión comenzó el 24 de marzo de 1976 ni fue por pensar diferente. Fue Juan Perón (del que nadie puede negar su filiación peronista) y no el general Jorge Rafael Videla el que, en discurso por Cadena Oficial del 20 de enero de 1974, los definió: “El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana…” (Otra que “pensaban distinto”).
Ahora bien, si este fuera un país medianamente decente, los legisladores nacionales (Carrió, Pinedo, Massa, Tonelli, Stolbizer, Wolf, Negri y algún otro de los que todavía se puede esperar algún gesto de dignidad) estarían haciendo cola para pedir la intervención federal del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires; también y por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal hubiera vetado in limine la ley mamarracho. Mas, no somos Dinamarca, ni Perú, ni Uruguay; pero ni en Venezuela una ley semejante hubiera sido aprobada por unanimidad. La triste circunstancia de que los políticos locales, por acción u omisión, hayan traicionado con descaro los más elementales principios republicanos revela que la inhabilidad moral no es un fenómeno aislado que afecta solo a una provincia sino un tsunami que encharca casi sin excepción a todo el arco dirigencial argentino y que estamos, como dice el tango, “en un mismo lodo todos manoseaos…”
De la Pluma de Voltaire salía aquella olvidada frase “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”.Más cercano a nosotros, el presidente Illia aconsejaba: “Jamás acepten los jóvenes que les cercenen el más importante de los derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar”. Es aquí, cuando nos enfrentamos con ideas totalitarias como la que votaron la mayoría de los legisladores de la provincia de Buenos Aires, tenemos el derecho de descalificarlas, y más aún con simbolismos se disfraza una mentira que sigue perjudicando a ciudadanos.
La libertad de expresión debe incluir el derecho a ofender. Por supuesto, existen fronteras que sirven a valiosas funciones como apología del delito, propaganda en favor de la guerra, incitación a la violencia, racismo o persecución religiosa. Es decir, la existencia de limitaciones de sentido común es en sí, un avance. Los sentimientos nunca deben situarse por encima de los derechos humanos fundamentales, sobre todo cuando el derecho humano en cuestión es el principal mecanismo por el cual las sociedades y las culturas progresan. Ahora bien, siempre flotan en el aire las ideas de la intolerancia -que grita, que perdura- y los cobardes bajamos la cabeza. Pero -citando las palabras del presidente Macri- María Eugenia Vidal es digna de admirar. Y ella tiene en sus manos hoy la posibilidad de hacer lo correcto, o bajar la cabeza. En la provincia de Buenos Aires, la Ley de “anti-negacionismo” cobró vida. Es, curiosamente, una ley de símbolos. Tristemente, símbolos falsos que pertenecen a una conveniencia política. Será difícil explicar a nuevas generaciones el error matemático y aún más difícil hacerles comprender que hubo en la Argentina 22.000 madres que no denunciaron la ausencia de su hijo. 44.000 padres y madres que no tuvieron coraje. 66.000 padres, madres y hermanos que se desinteresaron sobre el paradero de un desafortunado. 88.000 padres, madres, hermanos y amigos que hicieron lo propio. Tal vez, como señaló el escritor Martin Kohan, soy -junto a Graciela Fernández Meijide- un canalla por desafiar la cifra que -robando las palabras de Luis Labraña- “La inventé yo”; examinando documentos oficiales, no la alcanzo; utilizando el sentido común, tampoco.
Para añadir más desencanto, el defensor de esta ley, el senador peronista Norberto Amilcar García declamó sin escucharse: “Cómo alguien -en un gobierno democrático- puede poner en duda esto?” y continuó con la sorna de la mesa de fútbol en el café: “Supongamos que haya alguien que por ahí tiene las ideas confusas: ¡Llámese a silencio!”, pero este triste representante del pueblo no siguió su propio consejo autoritario.
“Todas las grandes verdades comienzan como blasfemias”. La validez de este noble e ilustrado sentimiento de George Bernard Shaw ha sido documentada a lo largo de los siglos, desde el avance ofensivo pero útil y correcto de Galileo Galilei del sistema solar heliocéntrico, pasando por el fuego de Giordano Bruno. Esta nueva ley que prohíbe pensar, permite mentir, permitirá conocer el buen o mal juicio de la gobernadora Vidal, y el juicio moral al que será sometida por el pueblo. Vidal se va de vacaciones y se olvida de su policía. Vidal se encuentra con el Papa Francisco y se desentiende de graves problemas que tiene entre sus manos. Hoy, en los momentos más cruciales, es donde encontrará su carácter y se plegará a los que exigen la verdad, o se tomará un descanso temporal de su agitada agenda, como -pareciera- lo indica en manual no escrito de Cambiemos. Si esto continúa, su provincia seguirá legislando y aprobando El Día del Cebollín Verde, el cambio de nombre de una calle, o el Día de la Mentira. No, perdón, esto sucedió el 23 de marzo de este año, en el 145avo. Período Legislativo, con treinta y ocho legisladores provinciales y ocho ausentes -quienes, en su mayoría- volvieron a hacer propaganda, dejando de lado sus funciones. El más importante y tal vez el único principio de la ética pública debiese ser el evitar el abuso de poder en beneficio propio. “Entiendo que ahora, como dice el senador García, este intento de rediscutir símbolos, de rediscutir una mirada política de lo que nos aconteció, es parte de lo que trae el Macrismo, como una novedad, como algo que también pensábamos que en ese sentido ya había un piso de discusión y no íbamos a retroceder, pero hoy estamos viendo que sí”, declara la senadora Mónica Macha, del Frente Para la Victoria, en esa misma sesión extraordinaria. “…porque tenemos menos juicios, porque la lentitud es la marca de esta época en relación a los juicios de lesa humanidad, porque se vuelven a discutir las reparaciones, se intenta también la cuestión de publicar los nombres de aquellos compañeros y compañeras que han sobrevivido a los campos de concentración y por eso hay una reparación por parte del Estado, y todo esto es, en una fecha muy especial como decía el senador García, un símbolo político para nosotros”. Si, su primera reacción fue como la mía: Tanta oratoria para decir tres cosas:
El Macrismo trae la novedad. Por supuesto, para la senadora, los que no somos Macristas no somos merecedores de dar a conocer nuestro parecer o pertenecemos a la clase de esclavos de decisiones de funcionarios “brillantes”. Ante una discrepancia, somos golpistas, viejo discurso de los totalitarios. La lentitud de los juicios de lesa humanidad es una marca del kirchnerismo, con imputados “dignos” de aguardar diez o doce años para enfrentar a un tribunal parcial, aunque es cierto, el Macrismo honra ese mismo acto ilegal de sus predecesores. Si se vuelven a discutir reparaciones a desaparecidos o desaparecidos que no son tal, se debe a que es un pleno derecho del pueblo de saber que hacen -dirigentes como García o Macha, que viven de nuestro dinero- con nuestro dinero.
La hipocresía de estos pequeños charlatanes, lleva a señalar como culpables a quienes disentimos en plena democracia. La pena es despertar a la realidad y observar que somos conducidos por gente con tan poca altura intelectual. También debemos entender que esto no es lo preocupante. Son personas que han sido arrastradas por el poder del ‘relato’ kirchnerista y deben religiosa obediencia a esa farsa endeblemente orquestada. La alarma se debe prender cuando una persona -específicamente una gobernadora como Vidal- no enfrenta los problemas por incapacidad, desidia, miedo o, finalmente, indiferencia. Ella hará su conforme juicio de valores. Los ciudadanos también, lo que, al fin, será -tristemente- otro símbolo.
“REVOLCAOS EN UN MERENGUE…”
Uno de los indicadores de la decadencia moral de una sociedad debería ser el grado de aversión a la mentira que acreditan funcionarios públicos, periodistas, autoridades eclesiásticas y ciudadanos en general. Falsificar los hechos históricos y promover su difusión desde el Estado y/o los medios masivos de comunicación constituye lisa y llanamente un delito aberrante; tolerarlo, un acto de cobardía o de idiotez política. En vigencia del Estado de derecho, el gobierno tiene la obligación de decir la verdad y los ciudadanos el deber cívico de exigirla. Pues bien, en la Argentina, en términos generales, luego de 35 años de democracia no sucede ni lo uno ni lo otro. El hecho evidente que lo refrenda es la circunstancia de que la legislatura la provincia de Buenos Aires aprobó la ley que obliga a los tres poderes del Estado a adoptar como verdadera, en todas sus manifestaciones oficiales en que el tema lo amerite, la mentira palmaria según la cual durante el gobierno militar que comenzara con el golpe de Estado de 1976, se cometió un genocidio que hizo desaparecer a 30.000 civiles. En la Cámara de Diputados, dicha ley-mentira obtuvo 91 votos a favor y sólo uno en contra (el del diputado Guillermo Castello).
El engendro en cuestión, sin embargo, no ha merecido de legislador nacional o gobernador alguno siquiera un monosílabo que la resista. El ignominioso silencio se extiende también a la prensa, la iglesia, sindicatos y demás asociaciones civiles.
La verdad al respecto o, si se quiere, lo más aproximado a ella es el número oficial que obra en la Secretaría de DD.HH. de la Nación, el cual confirma que la cifra de desaparecidos durante el gobierno militar asciende de 6.348. Número que surge de las denuncias presentadas por los deudos en los últimos 35 años. Verdad es también que no hubo ningún genocidio y que la represión “genocida” a las bandas subversivas que asolaban el país fue ordenada por el gobierno peronista. En el colmo del cinismo el senador Norberto Amilcar García alegó que “los militares” desaparecieron a 30.000 civiles porque “pensaban distinto”. Pero ni la represión comenzó el 24 de marzo de 1976 ni fue por pensar diferente. Fue Juan Perón (del que nadie puede negar su filiación peronista) y no el general Jorge Rafael Videla el que, en discurso por Cadena Oficial del 20 de enero de 1974, los definió: “El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana…” (Otra que “pensaban distinto”).
Ahora bien, si este fuera un país medianamente decente, los legisladores nacionales (Carrió, Pinedo, Massa, Tonelli, Stolbizer, Wolf, Negri y algún otro de los que todavía se puede esperar algún gesto de dignidad) estarían haciendo cola para pedir la intervención federal del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires; también y por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal hubiera vetado in limine la ley mamarracho. Mas, no somos Dinamarca, ni Perú, ni Uruguay; pero ni en Venezuela una ley semejante hubiera sido aprobada por unanimidad. La triste circunstancia de que los políticos locales, por acción u omisión, hayan traicionado con descaro los más elementales principios republicanos revela que la inhabilidad moral no es un fenómeno aislado que afecta solo a una provincia sino un tsunami que encharca casi sin excepción a todo el arco dirigencial argentino y que estamos, como dice el tango, “en un mismo lodo todos manoseaos…”
Mauricio Ortín
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 16, 2017
EL JUICIO DE VIDAL Y EL JUICIO A VIDAL
De la Pluma de Voltaire salía aquella olvidada frase “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”.Más cercano a nosotros, el presidente Illia aconsejaba: “Jamás acepten los jóvenes que les cercenen el más importante de los derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar”. Es aquí, cuando nos enfrentamos con ideas totalitarias como la que votaron la mayoría de los legisladores de la provincia de Buenos Aires, tenemos el derecho de descalificarlas, y más aún con simbolismos se disfraza una mentira que sigue perjudicando a ciudadanos.
La libertad de expresión debe incluir el derecho a ofender. Por supuesto, existen fronteras que sirven a valiosas funciones como apología del delito, propaganda en favor de la guerra, incitación a la violencia, racismo o persecución religiosa. Es decir, la existencia de limitaciones de sentido común es en sí, un avance. Los sentimientos nunca deben situarse por encima de los derechos humanos fundamentales, sobre todo cuando el derecho humano en cuestión es el principal mecanismo por el cual las sociedades y las culturas progresan. Ahora bien, siempre flotan en el aire las ideas de la intolerancia -que grita, que perdura- y los cobardes bajamos la cabeza. Pero -citando las palabras del presidente Macri- María Eugenia Vidal es digna de admirar. Y ella tiene en sus manos hoy la posibilidad de hacer lo correcto, o bajar la cabeza. En la provincia de Buenos Aires, la Ley de “anti-negacionismo” cobró vida. Es, curiosamente, una ley de símbolos. Tristemente, símbolos falsos que pertenecen a una conveniencia política. Será difícil explicar a nuevas generaciones el error matemático y aún más difícil hacerles comprender que hubo en la Argentina 22.000 madres que no denunciaron la ausencia de su hijo. 44.000 padres y madres que no tuvieron coraje. 66.000 padres, madres y hermanos que se desinteresaron sobre el paradero de un desafortunado. 88.000 padres, madres, hermanos y amigos que hicieron lo propio. Tal vez, como señaló el escritor Martin Kohan, soy -junto a Graciela Fernández Meijide- un canalla por desafiar la cifra que -robando las palabras de Luis Labraña- “La inventé yo”; examinando documentos oficiales, no la alcanzo; utilizando el sentido común, tampoco.
Para añadir más desencanto, el defensor de esta ley, el senador peronista Norberto Amilcar García declamó sin escucharse: “Cómo alguien -en un gobierno democrático- puede poner en duda esto?” y continuó con la sorna de la mesa de fútbol en el café: “Supongamos que haya alguien que por ahí tiene las ideas confusas: ¡Llámese a silencio!”, pero este triste representante del pueblo no siguió su propio consejo autoritario.
“Todas las grandes verdades comienzan como blasfemias”. La validez de este noble e ilustrado sentimiento de George Bernard Shaw ha sido documentada a lo largo de los siglos, desde el avance ofensivo pero útil y correcto de Galileo Galilei del sistema solar heliocéntrico, pasando por el fuego de Giordano Bruno. Esta nueva ley que prohíbe pensar, permite mentir, permitirá conocer el buen o mal juicio de la gobernadora Vidal, y el juicio moral al que será sometida por el pueblo. Vidal se va de vacaciones y se olvida de su policía. Vidal se encuentra con el Papa Francisco y se desentiende de graves problemas que tiene entre sus manos. Hoy, en los momentos más cruciales, es donde encontrará su carácter y se plegará a los que exigen la verdad, o se tomará un descanso temporal de su agitada agenda, como -pareciera- lo indica en manual no escrito de Cambiemos. Si esto continúa, su provincia seguirá legislando y aprobando El Día del Cebollín Verde, el cambio de nombre de una calle, o el Día de la Mentira. No, perdón, esto sucedió el 23 de marzo de este año, en el 145avo. Período Legislativo, con treinta y ocho legisladores provinciales y ocho ausentes -quienes, en su mayoría- volvieron a hacer propaganda, dejando de lado sus funciones. El más importante y tal vez el único principio de la ética pública debiese ser el evitar el abuso de poder en beneficio propio. “Entiendo que ahora, como dice el senador García, este intento de rediscutir símbolos, de rediscutir una mirada política de lo que nos aconteció, es parte de lo que trae el Macrismo, como una novedad, como algo que también pensábamos que en ese sentido ya había un piso de discusión y no íbamos a retroceder, pero hoy estamos viendo que sí”, declara la senadora Mónica Macha, del Frente Para la Victoria, en esa misma sesión extraordinaria. “…porque tenemos menos juicios, porque la lentitud es la marca de esta época en relación a los juicios de lesa humanidad, porque se vuelven a discutir las reparaciones, se intenta también la cuestión de publicar los nombres de aquellos compañeros y compañeras que han sobrevivido a los campos de concentración y por eso hay una reparación por parte del Estado, y todo esto es, en una fecha muy especial como decía el senador García, un símbolo político para nosotros”. Si, su primera reacción fue como la mía: Tanta oratoria para decir tres cosas:
El Macrismo trae la novedad. Por supuesto, para la senadora, los que no somos Macristas no somos merecedores de dar a conocer nuestro parecer o pertenecemos a la clase de esclavos de decisiones de funcionarios “brillantes”. Ante una discrepancia, somos golpistas, viejo discurso de los totalitarios. La lentitud de los juicios de lesa humanidad es una marca del kirchnerismo, con imputados “dignos” de aguardar diez o doce años para enfrentar a un tribunal parcial, aunque es cierto, el Macrismo honra ese mismo acto ilegal de sus predecesores. Si se vuelven a discutir reparaciones a desaparecidos o desaparecidos que no son tal, se debe a que es un pleno derecho del pueblo de saber que hacen -dirigentes como García o Macha, que viven de nuestro dinero- con nuestro dinero.
La hipocresía de estos pequeños charlatanes, lleva a señalar como culpables a quienes disentimos en plena democracia. La pena es despertar a la realidad y observar que somos conducidos por gente con tan poca altura intelectual. También debemos entender que esto no es lo preocupante. Son personas que han sido arrastradas por el poder del ‘relato’ kirchnerista y deben religiosa obediencia a esa farsa endeblemente orquestada. La alarma se debe prender cuando una persona -específicamente una gobernadora como Vidal- no enfrenta los problemas por incapacidad, desidia, miedo o, finalmente, indiferencia. Ella hará su conforme juicio de valores. Los ciudadanos también, lo que, al fin, será -tristemente- otro símbolo.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 8, 2017