Me parece que el Gobierno padece de dos déficits gemelos: la falta de cuadros experimentados para cubrir los puestos importantes de la administración central (en este campo, la eyección de Osvaldo Giordano de la ANSES fue un gruesísimo error imputable sólo a un irracional rencor) y la demora en activar los procesos por corrupción y la paralela propuesta de modificar el Código de Procedimientos para hacer más veloces los trámites de las causas.
Tenemos que recordar que, como tantas otras cosas que suceden en nuestro excepcional país, aquí se exageran los beneficios a los imputados. Me refiero a que, en el resto del mundo occidental, basta con el “doble conforme” de instancias judiciales para transformar un fallo en “firme” y, así, en inmediatamente aplicable.
Nosotros, sin basamento procesal, también hemos conseguido distorsionar esa norma al convertir a la Corte Suprema en una tercera instancia real, por mucho que los ministros hayan logrado, en tiempos recientes, evitar pronunciarse cuando no se trata de sentencias definitivas que pongan fin al proceso.
Para que quienes no son abogados basta una simple explicación. Cuando de un hecho puede presumirse que se trató de un delito contra la administración pública central, la denuncia correspondiente -sea formulada por un particular o un funcionario, sea por un fiscal- es sorteada y se asigna su investigación a uno de los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, se encuentren en Comodoro Py o en las provincias, y el interés público es representado por un fiscal, a quien muchas veces se delega la investigación.
El proceso comienza, y las resoluciones de ese Juez individual son revisadas por una sala de la Cámara Federal de Apelaciones, compuesta por tres jueces, y allí la representación del Estado es ejercida por otro fiscal.
Al concluir la investigación, el Juez de Primera Instancia resuelve entre sobreseer al acusado, mantenerlo en un limbo jurídico (falta de mérito) o elevar la causa a juicio oral. Quien se sienta perjudicado, se trate del procesado o del fiscal, esa resolución será apelada a la misma Cámara.
En el último caso, se realiza otro sorteo, del cual surgirá el Tribunal Oral Federal (otros tres jueces y otro fiscal) que realizará el juicio propiamente dicho. Las resoluciones que adopte serán revisadas por una Sala de la Cámara Federal de Casación Penal (otros tres jueces y otro fiscal) y, nuevamente, la sentencia que recaiga será apelada a la misma Sala, que dictará la sentencia final.
O sea, para entonces habrán intervenido en el proceso nada menos que diez jueces y cuatro fiscales distintos y, si las dos instancias (Tribunal Oral y Casación) han sido igualmente condenatorias, se contaría con el “doble conforme” que exigen los tratados internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor, y que debiera habilitar el inmediato cumplimiento de la pena impuesta.
Todos esos trámites procesales tienen sus plazos establecidos en el Código de Procedimientos, aunque en general los tribunales son laxos al respeto.
Sin embargo, y como dije antes, los abogados defensores recurren permanentemente y durante todas las instancias previas, a la Corte Suprema, aduciendo que se violan las garantías constitucionales de sus clientes, y el máximo Tribunal no tiene plazos fijados para resolver cada cuestión.
La imprescindible reforma debiera prohibir el acceso a la Corte de todo incidente previo a la sentencia de Casación, y sólo autorizarlo cuando ésta se hubiera apartado de la ley.
Para sintetizar lo expresado, basta con decir que la Suprema Corte de los Estados Unidos sólo trata unos treinta o cuarenta expedientes por año, en cuestiones sumamente trascendentales y de fondo, mientras que su homóloga argentina está abarrotada de procesos, sobre todo de infinidad de causas previsionales, que lógicamente impide que esta resuelva en tiempo razonable.
Este tema es sumamente urgente, puesto que si las más reputadas causas por corrupción que afectan a los jerarcas kirchneristas, sus testaferros, sus cómplices privados, etc., no avanzan con celeridad a la vista de la sociedad, ésta estará menos dispuesta a soportar, con confianza y esperanza, la tan extremadamente difícil situación socio-económica por la que atravesamos y el apoyo que hoy registra Javier Milei, aunque no tenga responsabilidad alguna en el tema, se verá afectado.
Por ahora, y pese a que no lo voté en la primera vuelta electoral, me saco el sombrero ante él, porque ha conseguido expresar tan bien los deseos y las ansias de la mayoría ciudadana de invertir el rumbo de infinita degradación y decadencia que emprendimos, por acción u omisión, hace ya casi ocho décadas.
Espero haber sido claro en este comentario. Hasta el sábado.
Dentro de sólo 13 días, se producirá la apertura de las sesiones ordinarias del H° Aguantadero, y el Presidente deberá dar su discurso anual; la incógnita es si lo hará, como corresponde, en la Cámara de Diputados ante la Asamblea Legislativa o si, por el contrario, insistirá en hacerlo en las escalinatas, ante el “pueblo” y de espaldas al Congreso. Es decir, si acentuará su distanciamiento del Poder Legislativo o intenta reconciliarse con él, asumiendo el claro riesgo de ser abucheado desde las bancas y las galerías.
La pieza oratoria marcará el rumbo de un gobierno todavía errático, que se ve enfrentado a la necesidad de ocupar lugares en la administración central sin contar con cuadros propios preparados para hacerlo. De allí se deriva la curiosa incorporación de personajes altamente cuestionados por su pasado reciente, muchos sospechados de ser verdaderos quinta-columnistas del massismo y el kirchnerismo.
En esa medida, llamaron poderosamente la atención los fulminantes despidos de la Secretaria de Minería, Flavia Royón, y del Director de la ANSES, Osvaldo Giordano. Ambos, pese a que no integraban La Libertad Avanza, eran reconocidos en el mundo político y empresarial por su profesionalismo y capacidad, y sus salidas fueron atribuidas a la venganza de Milei contra los gobernadores que, a través de los diputados que les responden, condenaron a muerte a la “ley ómnibus”. Si esto fuera verdad, y aparenta serlo a falta de explicaciones, denotaría un triste pero peligroso infantilismo en el carácter del Presidente.
Esta vez el discurso inaugural debiera ser más preciso en el inventario de la herencia recibida que aquél que dio Milei cuando asumió la Presidencia. Si no lo fuera, reiteraría el gravísimo error que cometió, por omisión, Mauricio Macri el 1° de marzo de 2017; cuando quiso enmendarlo con la publicación de “El estado del Estado”, fue demasiado tarde y quizás, la causa eficiente del fracaso de su gestión.
Y el 20 de marzo, un largo plazo en esta Argentina tan convulsionada y urgente, se cumplirán 100 días de gobierno de Javier Milei. Terminará entonces el período de esperanzada tolerancia al que se denomina, tradicionalmente, la luna de miel de un mandatario con su electorado.
Si, para entonces, las clases medias y bajas no percibieran algún alivio en sus famélicos bolsillos, el riesgo de severas protestas se incrementará sensiblemente.
Como siempre digo, estoy convencido que contribuiría a la tranquilidad social una generalizada percepción de recortes de gastos a la “casta” y de una seria persecución penal contra todos los responsables, por su corrupción, del desastre que nos toca vivir, un nuevo pero repetido rulo de nuestra historia económica, tan llena de ajustes, devaluaciones, gasto infinito, emisión descontrolada, cambio de signo monetario, congelamiento de salarios y jubilaciones, etc.
Continúo esperanzado en la gestión de Milei y su gabinete, pero, no por ello, dejo de preocuparme por algunas políticas y actitudes que me llaman la atención en ella.
Hasta el sábado próximo, cuando intentaré expresar nuevamente mi pensamiento.
POST DATA DE… “PERDIDOS EN MARTE”
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Me parece que el Gobierno padece de dos déficits gemelos: la falta de cuadros experimentados para cubrir los puestos importantes de la administración central (en este campo, la eyección de Osvaldo Giordano de la ANSES fue un gruesísimo error imputable sólo a un irracional rencor) y la demora en activar los procesos por corrupción y la paralela propuesta de modificar el Código de Procedimientos para hacer más veloces los trámites de las causas.
Tenemos que recordar que, como tantas otras cosas que suceden en nuestro excepcional país, aquí se exageran los beneficios a los imputados. Me refiero a que, en el resto del mundo occidental, basta con el “doble conforme” de instancias judiciales para transformar un fallo en “firme” y, así, en inmediatamente aplicable.
Nosotros, sin basamento procesal, también hemos conseguido distorsionar esa norma al convertir a la Corte Suprema en una tercera instancia real, por mucho que los ministros hayan logrado, en tiempos recientes, evitar pronunciarse cuando no se trata de sentencias definitivas que pongan fin al proceso.
Para que quienes no son abogados basta una simple explicación. Cuando de un hecho puede presumirse que se trató de un delito contra la administración pública central, la denuncia correspondiente -sea formulada por un particular o un funcionario, sea por un fiscal- es sorteada y se asigna su investigación a uno de los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, se encuentren en Comodoro Py o en las provincias, y el interés público es representado por un fiscal, a quien muchas veces se delega la investigación.
El proceso comienza, y las resoluciones de ese Juez individual son revisadas por una sala de la Cámara Federal de Apelaciones, compuesta por tres jueces, y allí la representación del Estado es ejercida por otro fiscal.
Al concluir la investigación, el Juez de Primera Instancia resuelve entre sobreseer al acusado, mantenerlo en un limbo jurídico (falta de mérito) o elevar la causa a juicio oral. Quien se sienta perjudicado, se trate del procesado o del fiscal, esa resolución
será apelada a la misma Cámara.
En el último caso, se realiza otro sorteo, del cual surgirá el Tribunal Oral Federal (otros tres jueces y otro fiscal) que realizará el juicio propiamente dicho. Las resoluciones que adopte serán revisadas por una Sala de la Cámara Federal de Casación Penal (otros tres jueces y otro fiscal) y, nuevamente, la sentencia que recaiga será apelada a la misma Sala, que dictará la sentencia final.
O sea, para entonces habrán intervenido en el proceso nada menos que diez jueces y cuatro fiscales distintos y, si las dos instancias (Tribunal Oral y Casación) han sido igualmente condenatorias, se contaría con el “doble conforme” que exigen los tratados internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor, y que debiera habilitar el inmediato cumplimiento de la pena impuesta.
Todos esos trámites procesales tienen sus plazos establecidos en el Código de Procedimientos, aunque en general los tribunales son laxos al respeto.
Sin embargo, y como dije antes, los abogados defensores recurren permanentemente y durante todas las instancias previas, a la Corte Suprema, aduciendo que se violan las garantías constitucionales de sus clientes, y el máximo Tribunal no tiene plazos fijados para resolver cada cuestión.
La imprescindible reforma debiera prohibir el acceso a la Corte de todo incidente previo a la sentencia de Casación, y sólo autorizarlo cuando ésta se hubiera apartado de la ley.
Para sintetizar lo expresado, basta con decir que la Suprema Corte de los Estados Unidos sólo trata unos treinta o cuarenta expedientes por año, en cuestiones sumamente trascendentales y de fondo, mientras que su homóloga argentina está abarrotada de procesos, sobre todo de infinidad de causas previsionales, que lógicamente impide que esta resuelva en tiempo razonable.
Este tema es sumamente urgente, puesto que si las más reputadas causas por corrupción que afectan a los jerarcas kirchneristas, sus testaferros, sus cómplices privados, etc., no avanzan con celeridad a la vista de la sociedad, ésta estará menos dispuesta a soportar, con confianza y esperanza, la tan extremadamente difícil situación socio-económica por la que atravesamos y el apoyo que hoy registra Javier Milei, aunque no tenga responsabilidad alguna en el tema, se verá afectado.
Por ahora, y pese a que no lo voté en la primera vuelta electoral, me saco el sombrero ante él, porque ha conseguido expresar tan bien los deseos y las ansias de la mayoría ciudadana de invertir el rumbo de infinita degradación y decadencia que emprendimos, por acción u omisión, hace ya casi ocho décadas.
Espero haber sido claro en este comentario. Hasta el sábado.
Un gran abrazo.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 98128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Facebook: Enrique Guillermo Avogadro
Twitter: @egavogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 13, 2024
POST DATA DE… DESVERGÜENZA
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Dentro de sólo 13 días, se producirá la apertura de las sesiones ordinarias del H° Aguantadero, y el Presidente deberá dar su discurso anual; la incógnita es si lo hará, como corresponde, en la Cámara de Diputados ante la Asamblea Legislativa o si, por el contrario, insistirá en hacerlo en las escalinatas, ante el “pueblo” y de espaldas al Congreso. Es decir, si acentuará su distanciamiento del Poder Legislativo o intenta reconciliarse con él, asumiendo el claro riesgo de ser abucheado desde las bancas y las galerías.
La pieza oratoria marcará el rumbo de un gobierno todavía errático, que se ve enfrentado a la necesidad de ocupar lugares en la administración central sin contar con cuadros propios preparados para hacerlo. De allí se deriva la curiosa incorporación de personajes altamente cuestionados por su pasado reciente, muchos sospechados de ser verdaderos quinta-columnistas del massismo y el kirchnerismo.
En esa medida, llamaron poderosamente la atención los fulminantes despidos de la Secretaria de Minería, Flavia Royón, y del Director de la ANSES, Osvaldo Giordano. Ambos, pese a que no integraban La Libertad Avanza, eran reconocidos en el mundo
político y empresarial por su profesionalismo y capacidad, y sus salidas fueron atribuidas a la venganza de Milei contra los gobernadores que, a través de los diputados que les responden, condenaron a muerte a la “ley ómnibus”. Si esto fuera verdad, y aparenta serlo a falta de explicaciones, denotaría un triste pero peligroso infantilismo en el carácter del Presidente.
Esta vez el discurso inaugural debiera ser más preciso en el inventario de la herencia recibida que aquél que dio Milei cuando asumió la Presidencia. Si no lo fuera, reiteraría el gravísimo error que cometió, por omisión, Mauricio Macri el 1° de marzo de 2017; cuando quiso enmendarlo con la publicación de “El estado del Estado”, fue demasiado tarde y quizás, la causa eficiente del fracaso de su gestión.
Y el 20 de marzo, un largo plazo en esta Argentina tan convulsionada y urgente, se cumplirán 100 días de gobierno de Javier Milei. Terminará entonces el período de esperanzada tolerancia al que se denomina, tradicionalmente, la luna de miel de un mandatario con su electorado.
Si, para entonces, las clases medias y bajas no percibieran algún alivio en sus famélicos bolsillos, el riesgo de severas protestas se incrementará sensiblemente.
Como siempre digo, estoy convencido que contribuiría a la tranquilidad social una generalizada percepción de recortes de gastos a la “casta” y de una seria persecución penal contra todos los responsables, por su corrupción, del desastre que nos toca vivir, un nuevo pero repetido rulo de nuestra historia económica, tan llena de ajustes, devaluaciones, gasto infinito, emisión descontrolada, cambio de signo monetario, congelamiento de salarios y jubilaciones, etc.
Continúo esperanzado en la gestión de Milei y su gabinete, pero, no por ello, dejo de preocuparme por algunas políticas y actitudes que me llaman la atención en ella.
Hasta el sábado próximo, cuando intentaré expresar nuevamente mi pensamiento.
Un fuerte abrazo.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 98128 7896
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Febrero 19, 2024