Doce cheques de una desconocida fábrica de pastas de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires, sirvieron para solventar la compra de un Mercedes Benz. El dueño de la empresa alimenticia resultó beneficiado en una millonaria investigación sobre narcolavado en la que intervino el juez Eduardo Freiler, orgulloso propietario del vehículo mencionado. Sospechado de enriquecerse de manera ilícita e investigado por el Consejo de la Magistratura, Freiler compró una cupé Mercedes Benz C 250 Blue Efficiency, color negro, en enero de 2013. La adquirió en Automotores Juan Manuel Fangio SA, que aceptó el pago de su valor en parte al contado y el resto con doce cheques mensuales de unos $ 7,000 cada uno.
La fábrica de pastas Establecimiento DF SA y no Freiler, libró los documentos. Raúl Alberto Mingini, un empresario oriundo de Mar del Plata y radicado en La Plata que acumuló varios tropiezos con la Justicia, pero que salió beneficiado de un expediente en el que había intervenido Freiler, fue el firmante.
Consultado por varios medios de prensa Freiler confirmó la operatoria, pero primero evitó identificar al emisor de esos cheques. “Es un amigo de bastantes años; un amigo de La Plata, pero no lo quiero mandar al frente”, dijo. Cuando se le preguntó si el “amigo” era Mingini, el magistrado lo confirmó. “Sí, es él”, replicó
La respuesta contradijo, sin embargo, las que Mingini expresó al matutino LA NACION. Dijo que había visto al camarista una vez, en un hotel -“el Hyatt o el Hilton”-, cuando se lo presentó su abogado, el fallecido ex ministro de Justicia bonaerense Jorge Casanovas. Cuando se le dijo que Freiler dio otra versión, aseguró: “Será cosa de él; que a mí me cite el Consejo (de la Magistratura) a declarar”.
Los doce documentos de pago ingresaron a la concesionaria hasta principios de 2014, pero no fueron fáciles de cobrar. Rebotaron por falta de fondos, mientras que Establecimiento DF y otra firma del Grupo DF, de Mingini, Elaborados DF, afrontaban serios problemas financieros con cheques impagos por millones de pesos. Mingini logró sacar adelante sus empresas y pagar esos 12 cheques, como lo hizo cada vez que la Justicia sospechó de él. Como en 1981, cuando tenía 19 años y su novia hasta 5 días antes, Silvia Angélica Cicconi, de 17 años, apareció muerta en su cama, asesinada a puñaladas. “Me torturaron, me rompieron la nariz y usaron picana para que confesara, así que obvio que les dije que había sido yo quien la había matado, con tal que pararan de pegarme. ¿Qué querés que hiciera?”, recordó al periódico LA NACION. “A los dos días me largaron porque era obvio que no había sido yo, pero por eso me fui de Mar del Plata”, concluyó. Con el tiempo, Mingini volvió a su ciudad, donde lo detuvieron otra vez, pero por tráfico de cocaína. “Estábamos en un asado, cayó la policía y yo no sabía que mi amigo vendía. Tenía todo escondido, hasta la balanza, en un parlante. Así que me comí 9 meses detenido, allá por 1991, pero salí libre de culpa y cargo”, rememoró.
Ya en La Plata, y con la ayuda de unos parientes de su mujer, comenzó a desarrollar una fábrica de pastas sobre la avenida 32. Y llegó a venderles a cadenas medianas y grandes de supermercados. Pero afrontó su tercero y su cuarto pasos por Tribunales con más muertes misteriosas de por medio, aunque ya no como detenido. Por un lado, debió lidiar con un concurso de acreedores por deudas millonarias. “La cadena Eki tuvo problemas y me dejó colgado con cuatro millones de pesos que tuve que ir devolviendo como pude, mayormente a mis proveedores.” Y, por el otro, debió acudir a Comodoro Py para pelear por un campo del narco mexicano Amado Carrillo, más conocido como “el Señor de los Cielos”, sobre el que Mingini afirmó tener una hipoteca. En la Argentina, Carillo había recurrido a un empresario, Ángel Salvia, para lavar a través de departamentos y campos. Pero Salvia intentó quedarse con lo ajeno. Apareció muerto a balazos, arriba de una camioneta del Grupo DF. “Salvia no era amigo mío; él era el capo de la mafia”, aclaró Mingini, que inició un largo recorrido judicial para quedarse con la estancia Rincón Grande, en Balcarce. Para eso, presentó pedidos ante el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral -se lo negó-, y recurrió a la cámara, donde Freiler y otro camarista, Eduardo Farah, también le dijeron que no. Llegó hasta Casación, donde admitieron su pedido, aun cuando luego el Tribunal Oral Federal N° 6, al dictar condenas a los narcolavadores, lamentó y criticó esa decisión por el millonario perjuicio al Estado. Para entonces, Canicoba Corral había sido apartado de la causa y el juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid tomó el expediente, que pasó reiteradas veces por las manos de Freiler.
Hoy, Mingini sigue sin inscribir la propiedad de Rincón Grande, pero sí tiene su explotación, aunque debe rendir cuentas a la Justicia. Es decir, a Eduardo Freiler, al que jura y perjura que sólo vio una vez y que ignora cómo tuvo los cheques de su empresa con los que compró el automóvil. Mientras el juez Eduardo Freiler lo define como un amigo de muchos años, el empresario Raúl Alberto Mingini asegura que no tiene idea y solo se encontró con él (Freiler) en una oportunidad.
Otros Problemas
El juez Eduardo Freiler, integrante de la Cámara Federal, fuero donde se sustancian las causas contra los funcionarios acusados de corrupción, fue acusado formalmente en marzo por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. En un extenso dictamen de más de 100 páginas, el presidente de la Comisión de Acusación, Pablo Tonelli, detalló los motivos por los cuales el magistrado incurrió en “mal desempeño” de sus funciones. Según trascendió -el informe es confidencial-, el dirigente de Cambiemos ahondó en los gastos excesivos que se le comprobaron al magistrado en los últimos años, lo que le permitió mantener un holgado nivel de vida inusual para un funcionario con su jerarquía y su salario. Tal como lo esperaba, el oficialismo cosechó siete votos para avanzar con el trámite que podría derivar en el juicio político. Además de Tonelli, apoyaron la moción los consejeros Miguel Piedecasas, Ángel Rozas, Juan Mahiques, Luis María Cabral y Leónidas Moldes. Se opusieron Juan Daniel Candis y Ruperto Godoy. El procedimiento continuará ahora de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del reglamento. Freiler será citado a realizar un descargo en un plazo de diez días hábiles, que deberá ser evaluado para determinar finalmente si se avanza o no con el pedido de juicio político. Freiler descartó de plano la posibilidad de renunciar al cargo y apuntó contra Tonelli por supuestas irregularidades en la investigación. La dimisión es una de las salidas que muchos magistrados utilizan cuando saben que están cerca del juicio político. El último caso fue el del juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, quien renunció en octubre pasado, cuando estaba bajo investigación por maltrato a los empleados del tribunal y por presuntas irregularidades en la contratación de un teatro donde se realizaron juicios por delitos de lesa humanidad. Esa salida le permite al juez no pasar por el juicio y también mantener su jubilación, que pierde si es destituido. Freiler declaró ser dueño de una casa de 1.200 metros cuadrados frente a la quinta presidencial de Olivos, de dos vehículos, dos autos antiguos, de caballos de carrera, de un velero y de propiedades y hectáreas en distintas localidades, entre otros bienes. Para los denunciantes, eso no se adquiere con el sueldo de camarista federal que, según la antigüedad, puede estar entre los 90 y 100 mil pesos por mes. Freiler, el camarista, que rechazó dos veces abrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento de los iraníes, enfrenta paralelamente una denuncia penal por enriquecimiento ilícito.
El juez Freiler, cheques, autos y lavado de dinero
Doce cheques de una desconocida fábrica de pastas de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires, sirvieron para solventar la compra de un Mercedes Benz. El dueño de la empresa alimenticia resultó beneficiado en una millonaria investigación sobre narcolavado en la que intervino el juez Eduardo Freiler, orgulloso propietario del vehículo mencionado. Sospechado de enriquecerse de manera ilícita e investigado por el Consejo de la Magistratura, Freiler compró una cupé Mercedes Benz C 250 Blue Efficiency, color negro, en enero de 2013. La adquirió en Automotores
Juan Manuel Fangio SA, que aceptó el pago de su valor en parte al contado y el resto con doce cheques mensuales de unos $ 7,000 cada uno.
La fábrica de pastas Establecimiento DF SA y no Freiler, libró los documentos. Raúl Alberto Mingini, un empresario oriundo de Mar del Plata y radicado en La Plata que acumuló varios tropiezos con la Justicia, pero que salió beneficiado de un expediente en el que había intervenido Freiler, fue el firmante.
Consultado por varios medios de prensa Freiler confirmó la operatoria, pero primero evitó identificar al emisor de esos cheques. “Es un amigo de bastantes años; un amigo de La Plata, pero no lo quiero mandar al frente”, dijo. Cuando se le preguntó si el “amigo” era Mingini, el magistrado lo confirmó. “Sí, es él”, replicó
La respuesta contradijo, sin embargo, las que Mingini expresó al matutino LA NACION. Dijo que había visto al camarista una vez, en un hotel -“el Hyatt o el Hilton”-, cuando se lo presentó su abogado, el fallecido ex ministro de Justicia bonaerense Jorge Casanovas. Cuando se le dijo que Freiler dio otra versión, aseguró: “Será cosa de él; que a mí me cite el Consejo (de la Magistratura) a declarar”.
Los doce documentos de pago ingresaron a la concesionaria hasta principios de 2014, pero no fueron fáciles de cobrar. Rebotaron por falta de fondos, mientras que Establecimiento DF y otra firma del Grupo DF, de Mingini, Elaborados DF, afrontaban serios problemas financieros con cheques impagos por millones de pesos. Mingini logró sacar adelante sus empresas y pagar esos 12 cheques, como lo hizo cada vez que la Justicia sospechó de él. Como en 1981, cuando tenía 19 años y su novia hasta 5 días antes, Silvia Angélica Cicconi, de 17 años, apareció muerta en su cama, asesinada a puñaladas. “Me torturaron, me rompieron la nariz y usaron picana para que confesara, así que obvio que les dije que había sido yo quien la había matado, con tal que pararan de pegarme. ¿Qué querés que hiciera?”, recordó al periódico LA NACION. “A los dos días me largaron porque era obvio que no había sido yo, pero por eso me fui de Mar del Plata”, concluyó. Con el tiempo, Mingini volvió a su ciudad, donde lo detuvieron otra vez, pero por tráfico de cocaína. “Estábamos en un asado, cayó la policía y yo no sabía que mi amigo vendía. Tenía todo escondido, hasta la balanza, en un parlante. Así que me comí 9 meses detenido, allá por 1991, pero salí libre de culpa y cargo”, rememoró.
Hoy, Mingini sigue sin inscribir la propiedad de Rincón Grande, pero sí tiene su explotación, aunque debe rendir cuentas a la Justicia. Es decir, a Eduardo Freiler, al que jura y perjura que sólo vio una vez y que ignora cómo tuvo los cheques de su empresa con los que compró el automóvil. Mientras el juez Eduardo Freiler lo define como un amigo de muchos años, el empresario Raúl Alberto Mingini asegura que no tiene idea y solo se encontró con él (Freiler) en una oportunidad.
Otros Problemas
El juez Eduardo Freiler, integrante de la Cámara Federal, fuero donde se sustancian las causas contra los funcionarios acusados de corrupción, fue acusado formalmente en marzo por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. En un extenso dictamen de más de 100 páginas, el presidente de la Comisión de Acusación, Pablo Tonelli, detalló los motivos por los cuales el magistrado incurrió en “mal desempeño” de sus funciones. Según trascendió -el informe es confidencial-, el dirigente de Cambiemos ahondó en los gastos excesivos que se le comprobaron al magistrado en los últimos años, lo que le permitió mantener un holgado nivel de vida inusual para un funcionario con su jerarquía y su salario. Tal como lo esperaba, el oficialismo cosechó siete votos para avanzar con el trámite que podría derivar en el juicio político. Además de Tonelli, apoyaron la moción los consejeros Miguel Piedecasas, Ángel Rozas, Juan Mahiques, Luis María Cabral y Leónidas Moldes. Se opusieron Juan Daniel Candis y Ruperto Godoy. El procedimiento continuará ahora de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del reglamento. Freiler será citado a realizar un descargo en un plazo de diez días hábiles, que deberá ser evaluado para determinar finalmente si se avanza o no con el pedido de juicio político. Freiler descartó de plano la posibilidad de renunciar al cargo y apuntó contra Tonelli por supuestas irregularidades en la investigación. La dimisión es una de las salidas que muchos magistrados utilizan cuando saben que están cerca del juicio político. El último caso fue el del juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, quien renunció en octubre pasado, cuando estaba bajo investigación por maltrato a los empleados del tribunal y por presuntas irregularidades en la contratación de un teatro donde se realizaron juicios por delitos de lesa humanidad. Esa salida le permite al juez no pasar por el juicio y también mantener su jubilación, que pierde si es destituido. Freiler declaró ser dueño de una casa de 1.200 metros cuadrados frente a la quinta presidencial de Olivos, de dos vehículos, dos autos antiguos, de caballos de carrera, de un velero y de propiedades y hectáreas en distintas localidades, entre otros bienes. Para los denunciantes, eso no se adquiere con el sueldo de camarista federal que, según la antigüedad, puede estar entre los 90 y 100 mil pesos por mes. Freiler, el camarista, que rechazó dos veces abrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento de los iraníes, enfrenta paralelamente una denuncia penal por enriquecimiento ilícito.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 2, 2017