José Daniel Ortega Saavedra, nació el 11 de noviembre de 1945, y apareció en la escena política nicaragüense hace más de cuatro décadas, como uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y se convirtió en una figura permanente en la historia de Nicaragua. Desde 1979, cuando asumió la coordinación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) después del triunfo de la revolución contra la dictadura somocista, Ortega ha sido un rostro constante para los nicaragüenses, entre ellos los 4.5 millones menores de 43 años de edad (casi un 70% de la población nacional) que no había nacido para entonces.
Durante estos más de cuarenta años, el eterno caudillo del FSLN acumula 28 años en el poder, en dos etapas diferentes. La primera durante la década de los ochenta, y la segunda a partir de enero de 2007, cuando regresó a la Presidencia, y se ha mantenido en ella anulando candados constitucionales contra la reelección y cualquier rastro de competencia política. Tras la masacre y represión contra la Rebelión de Abril de 2018, que dejó más de 400 muertos, Ortega impuso un estado policial de facto, hay cientos de presos políticos y cientos de miles de exiliados por la persecución política de sus operadores y simpatizantes.
Daniel Ortega es así el mandatario con más tiempo en el poder en Nicaragua, incluso superando a los dictadores Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle juntos. También es el principal aniquilador de los derechos humanos y las libertades públicas de los nicaragüenses.
El regimen de Ortega, cuya dictadura autoaislada de la comunidad democrática no es reconocida internacionalmente, excepto por otros regímenes como el suyo en Cuba y Venezuela, y aliados igualmente condenados en el mundo como Rusia y China.
Tras 28 años en el poder, de los cuales los últimos dieciséis han sido consecutivos –ahora junto a su esposa, vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo– Ortega viola al menos 29 de una treinta de derechos y libertades reconocidas en el título de “Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense” de la Constitución Política del país, que también tienen el respaldo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un ciudadano tiene un pasaporte caducado y eso es lo único que lo acredita como nicaragüense en Estados Unidos. Si Intenta renovar el documento en Nicaragua, pero tras varias trabas le llegan como una alerta: A ese ciudadano lo podrían encarcelar si tuvo vinculación con las protestas ciudadanas de 2018, y decidió salir del país. En Nicaragua niegan el pasaporte.
¿Qué pasó en 2018 en Nicaragua?
Las protestas nicaragüenses de 2018 comenzaron el 18 de abril de 2018 tras una medida del gobierno de Daniel Ortega para reformar la seguridad social. Tras la muerte de los manifestantes, las manifestaciones se intensificaron y se convirtieron en un gran movimiento anti-Ortega que buscaba su destitución de su cargo.
El 30 de mayo de 2018, 16 jóvenes fueron asesinados por la Policía en Managua y otras ciudades, durante manifestaciones contra Ortega para exigir libertad y justicia.
A aquellos que le niegan documentación, esa historia se repite con las solicitudes de cédula de identidad, salvoconducto de salida para menores y otros documentos personales, que son derechos convertidos por la dictadura orteguista en instrumentos de castigo y control contra excarcelados políticos, familiares de opositores, religiosos, estudiantes o cualquier ciudadano a quien el orteguismo coloque en su “lista roja”, incluidos sus simpatizantes, servidores públicos y familiares.
Este es el último de los derechos conculcados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una situación que sigue agravándose desde 2018.
La violación sistemática de los derechos humanos es propia de un régimen tiránico que oprime cuanto derecho considere como un peligro para sus pretensiones “absolutistas y de partido único”, valora el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y exiliado en Costa Rica. Al echar un vistazo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en la Constitución Política, Carrión estima que es “raro” que algún artículo quede “ileso”.
Murillo y Ortega
Daniel Ortega se mantiene en el poder a sangre y fuego, tras el grito de libertad, justicia y democracia elevado en 2018.
Hay cientos de miles de nicaragüenses cuya situación ha cambiado desde aquel año.
La represión migratoria, la negación de documentos, la extorsión fiscal, represalias administrativas contra empresas, con beneficios sociales y servicios públicos es parte de la violencia política y las violaciones de derechos humanos de la dictadura orteguista en Nicaragua.
Olga Valle, investigadora del organismo ciudadano de observación electoral y política, Urnas Abiertas, señala que Nicaragua vive una “escalada totalitaria”, debido a la perpetuación de Daniel Ortega en el poder, como resultado del fraude electoral de 2021, cuando se reeligió junto a su esposa Rosario Murillo, tras encarcelar a siete precandidatos presidenciales y anular a los partidos políticos de oposición. “No están dejando ningún tipo de dimensión para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos o gozar de las libertades fundamentales”, denuncia Valle.
Con la negación de documentos de identidad y viaje, la dictadura violenta el artículo 31 de los derechos individuales contemplados en la Constitución Política, que garantiza a los nicaragüenses circular, entrar y salir del país libremente. Desde 2020, aprovechándose de los requerimientos sanitarios, como parte del protocolo covid-19, autoridades de Migración ha impedido a decenas de nicaragüenses ingresar o salir del país, e incluso a confiscado sus pasaportes.
La dictadura orteguista viola otros quince derechos individuales, que incluyen el derecho a la vida, tras el asesinato de más de 325 nicaragüenses entre abril y septiembre de 2018; los derechos a la libertad e inviolabilidad del domicilio con detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de más mil presos políticos, de los cuales cerca de 200 siguen en prisión o bajo régimen de “casa por cárcel”. Además, los derechos de igualdad ante la ley, al debido proceso penal, la tutela judicial y el respeto a la integridad física, psíquica y moral.
Después del destierro de los 234 prisioneros de conciencia, en febrero y octubre, la dictadura ha vuelto a llenar las cárceles con 80 reos de conciencia. Otros 60 están “casa por cárcel”
Participar en una marcha o afiliarse a un partido político en Nicaragua significa exponerse a detenciones arbitrarias, asedio y persecución. En septiembre de 2018, el régimen orteguista prohibió cualquier expresión ciudadana –que cuatro años más tarde incluye hasta las procesiones religiosas– y facultó a la Policía para decidir quién podía utilizar la calle. El oficialismo tiene luz verde, y cualquier otro nicaragüense recibe garrote y cárcel.
En el último cuatrimestre de 2020, la dictadura de Daniel Ortega aprobó nuevas leyes para fabricar casos contra líderes opositores, periodistas y activistas, confinándolos a cárceles con penas de siete a trece años de prisión. También ha desmantelado a la sociedad civil organizada, a través de la cancelación de personerías jurídicas a más de 3000 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) desde finales de 2018 a la fecha, invalidando el derecho político de constituir organizaciones, establecido en el artículo 49 de la Constitución Política.
Entre septiembre de 2020 y enero de 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó una decena de leyes represivas en contra de la ciudadanía.
El agravamiento de la violación de los derechos de los nicaragüenses ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otras instancias internacionales. Los derechos sociales también están en la lista de violaciones.
En 2018, las víctimas de la represión estatal no fueron atendidas en hospitales públicos. Dos años más tarde, con la pandemia de covid-19, epidemiólogos y personal de Salud cuestionaron el manejo de la emergencia sanitaria que dejó decenas de miles de fallecidos, aunque el régimen solo reconoce a 245.
Excarcelados políticos y sus familiares también han denunciado que en los servicios de salud pública los discriminan por razones políticas, y en algunos casos les han negado la atención sanitaria, pese a que el artículo 59 de los derechos sociales en la Constitución Política indica que “los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud”.
Ortega tampoco ha respetado el derecho del pueblo a la información, la libertad de prensa y expresión. Desde el regreso al poder de Daniel Ortega, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados en Nicaragua.
El artículo 86 de la Constitución indica que todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio sin más requisitos que el título académico, pero la dictadura de Daniel Ortega ha impuesto la afiliación política, acreditada con carnet del Frente Sandinista, sobre la preparación académica para que una persona acceda a un puesto en cualquier entidad del Estado.
Los trabajadores del Estado, sometidos a participar en las actividades partidarias, incluso fuera del horario laboral, han denunciado la vigilancia política en las instituciones, extendida a sus familiares.
La represión sistematizada de la dictadura Ortega-Murillo ha provocado un “éxodo” de nicaragüenses nunca antes visto, ni siquiera en tiempos de guerra, advierte Gonzalo Carrión. En una Nicaragua con “el peor escenario de derechos humanos inimaginable” la familia, que el régimen pregona cuidar en la propaganda oficial, es la más perjudicada.
El defensor señala que prevalece un desplazamiento forzado con “connotaciones desgarradoras de una tragedia humana”. Son decenas de familias las que padecen la incertidumbre de perder a su esposo, esposa, hijo, hija, hermano, durante el trayecto hacia Estados Unidos. Se exponen a secuestros, violaciones, extorsiones y la muerte, en busca de seguridad o mejores oportunidades.
Entre 2018 y 2022, han salido del país 604 485 nicaragüenses, y de ellos 328 443 lo hicieron durante 2022, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica, según cálculos del politólogo e investigador Manuel Orozco. Un éxodo nunca antes visto en Nicaragua.
La ola de arrestos de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua no deja de crecer. Los detenidoshan sido acusados de distintos delitos -como “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país o incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”- en lo que muchos ven como una cruzada de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para eliminar cualquier posible competidor de cara a las elecciones de noviembre.
La comunidad internacional aumentó en los últimos días la presión sobre el gobierno nicaragüense para que libere a los detenidos y a decenas de “presoso políticos” encarcelados en las protestas que estallaron en 2018.
Al lado del presidente Daniel Ortega, siempre hay una mujer delgada, de exuberante cabello rizado y ropa de colores fuertes. En sus discursos, en sus visitas oficiales, incluso a la hora de votar en las elecciones, no se separa de ella. No sería incorrecto decir que es su asesora, aunque es mucho más que eso.
Es Rosario María Murillo Zambrana, “la Chayo”, esposa de Ortega.
En 2017, el presidente nicaragüense fue investido para su cuarto mandato, de cinco años, y tercero consecutivo, junto a su esposa como vicepresidenta. Polémica y poderosa, Rosario Murillo ha sido la incondicional compañera de Daniel Ortega y un elemento fundamental en la toma de decisiones en Nicaragua. Se conocieron afines de los años 70, cuando Ortega se había autoexiliado en Costa Rica por su participación en el movimiento sandinista que en julio de 1979 sacó a la dinastía de los Somoza del poder, tras una guerra civil de dos años.
Ya luego, como líder de la junta de lo que se denominó como “Gobierno de reconstrucción nacional”, Ortega comenzó una serie de giras internacionales en búsqueda de apoyo externo a la joven revolución nicaragüense. Y Murillo siempre estaba a su lado.
“Rosario es muy inteligente, es una mujer con mucha formación, con dominio de varios idiomas. Eso favorecía muchísimo el acompañamiento que hacía de Daniel (Ortega) en muchas delegaciones internacionales”, explicaba, hace algunos años, Mónica Baltodano, excomandante guerrilera y diputada nicaragüense en entrevista con Canal 2 de Nicaragua.
Murillo era su compañera. Y muchos años después, en 2005, se casaron por la iglesia.
Pero “la Chayo” era, y es, mucho más que una primera dama. De hecho, nunca le gustó el apelativo. Tenía a su favor ser hija de Zoilamérica Zambrana Sandino, sobrinanieta de Augusto Sandino, el héroe nacional de Nicaragua e inspirador del movimiento revolucionario sandinista. Por esa época se perfilaba como poeta y una de las principales representantes femeninas de las letras nicaragüenses. Según ella misma contó, comenzó a escribir como una necesidad de expresión, tras la muerte de su primer hijo en un terremoto en 1973. PrisioneroEnArgentina.com
En 1981 comenzó a coordinar el Consejo de Dirección de Ventana, suplemento cultural de Barricada, el diario oficial del FSLN. Y durante la primera presidencia de Ortega, entre 1985 y 1990, Murillo utilizó su influencia para que la cultura tuviera un espacio trascendental en el plan de gobierno de Ortega. La cultura, eso sí le interesaba.
ZoilaméricaDaniel OrtegaRosario Murillo
Entre 1988 y 1990 fue nombrada directora del Instituto de Cultura. “Toda una intensa promoción de artistas y escritores que todavía se recuerda con nostalgia”, aseguró en una columna reciente el cronista e historiador Jorge Eduardo Arellano. Pero su visión y estilo la pusieron varias veces en curso de colisión con otras figuras literarias.
“Tuvimos choques con Rosario porque no pocas veces sentimos autoritarismo en su estilo. (…) Yo nunca terminé de entender cuál era la concepción de cultura de ella”, aseguraba hace tiempo la fallecida poeta Vida Luz Meneses en una entrevista con el Canal 2 de la televisión nicaragüense. Y durante la campaña por la reelección de Ortega en 1990, sus asesores le recomendaron mantener a su mujer con un bajo perfil, por su imagen extravagante.
Finalmente el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no salió reelegido ni Murillo logró un puesto en la Asamblea Nacional. Se avecinaba una década desde la vereda de la oposición. Entonces Murillo salió del ojo público y mientras su compañero se perfilaba como líder de la oposición ella se dedicó a construir una familia que sería también la herencia política de la pareja, formada por nueve hijos, siete de ambos y dos de una relación previa de Murillo.
En 1998 y mientras Daniel Ortega se mantenía como el principal líder de la oposición al entonces gobierno de Arnoldo Alemán, una bomba sacudió tanto su vida privada como su carrera política. Zoilamérica Narváez, hija de Murillo de otra relación anterior a Ortega, acusó a su padrastro de haberla violado en repetidas ocasiones.
En términos de imagen, las palabras de Ortega para defenderse no serían suficientes. Fue entonces cuando Rosario se jugó la carta quizá más trascendente de su relación, pero además de su carrera.
SandinoAlemanSomoza
“Les digo con toda franqueza, me ha avergonzado terriblemente que a una persona con un currículo intachable se le pretendiera destruir; y (que) fuese mi propia hija la que por esa obsesión y ese enamoramiento enfermizo con el poder quisiera destruirla cuando no vio satisfecha su ambición”, aseguró Murillo tras el escándalo, desestimando completamente la acusación de su propia hija.
A pesar de que el tema se judicializó, no prosperó ya que la jueza a cargo lo desestimó porque el delito estaba prescrito y Ortega gozaba de inmunidad como expresidente.
“Con la denuncia por violación de Zoilamérica, Rosario interviene respaldando a Ortega, lo que le da un enorme poder frente a Daniel, además de una gran cuenta por cobrar. Es una factura carísima para Ortega”, aseguraba hace unos años Dora María Téllez, conocida comandante de la revolución sandinista y compañera de lucha de Ortega que después se convertiría en su opositora.
A partir del segundo periodo de Daniel Ortega, comenzado en 2006, su mujer se renovó políticamente.
En los últimos diez años ha ocupado diversos cargos oficiales, transformándose en la voz y el rostro del gobierno de su marido.
“En la presidencia, la Rosario es 50% y Daniel, 50%”, aseguró el propio Ortega en una conferencia pública.
Como líder del Consejo de Comunicación y Poder Ciudadano, quiso darle otra cara a la imagen de Nicaragua y rediseñó las imágenes oficiales, desde los colores de las flores de los actos públicos hasta el escudo nacional, con colores vivos, tras su acercamiento a una filosofía “New Age”. PrisioneroEnArgentina.com
“La Rosario ha entrado en un campo complejo, un tanto esotérico, entonces en los escritos no se logra distinguir cuándo hace un documento de Estado y cuándo está sacando sus propios sueños o su propia forma de ver la vida”, dijo Meneses.
Sus intervenciones diarias son bastante eclécticas y pueden ir desde informes sobre el clima hasta llamados de atención a autoridades públicas.
Incluso instaló en la principal avenida de Managua una serie de “árboles de la vida” para la buena energía.
En su círculo no le molesta ser comparada con Elena Ceaușescu, la esposa del exlíder rumano Nicolae Ceaușescu, que en la práctica funcionaba como primera ministra del entonces país comunista.
En lo que coinciden de un lado y del otro es en que hoy, en la práctica, Murillo es el rostro y la voz del gobierno de su marido.
De hecho, quienes conocen desde dentro el funcionamiento del gobierno nicaragüense, aseguran que había muy pocas decisiones importantes que se tomaran sin la aprobación de la mujer del presidente.
Por lo mismo, no causó mucha sorpresa dentro de las filas del sandinismo su nominación como compañera de lista de Ortega y que en 2017 asumiera como vicepresidenta del país.
28 años de tiranía
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Daniel Ortega es así el mandatario con más tiempo en el poder en Nicaragua, incluso superando a los dictadores Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle juntos. También es el principal aniquilador de los derechos humanos y las libertades públicas de los nicaragüenses.
El regimen de Ortega, cuya dictadura autoaislada de la comunidad democrática no es reconocida internacionalmente, excepto por otros regímenes como el suyo en Cuba y Venezuela, y aliados igualmente condenados en el mundo como Rusia y China.
Tras 28 años en el poder, de los cuales los últimos dieciséis han sido consecutivos –ahora junto a su esposa, vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo– Ortega viola al menos 29 de una treinta de derechos y libertades reconocidas en el título de “Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense” de la Constitución Política del país, que también tienen el respaldo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un ciudadano tiene un pasaporte caducado y eso es lo único que lo acredita como nicaragüense en Estados Unidos. Si Intenta renovar el documento en Nicaragua, pero tras varias trabas le llegan como una alerta: A ese ciudadano lo podrían encarcelar si tuvo vinculación con las protestas ciudadanas de 2018, y decidió salir del país. En Nicaragua niegan el pasaporte.
¿Qué pasó en 2018 en Nicaragua?
Las protestas nicaragüenses de 2018 comenzaron el 18 de abril de 2018 tras una medida del gobierno de Daniel Ortega para reformar la seguridad social. Tras la muerte de los manifestantes, las manifestaciones se intensificaron y se convirtieron en un gran movimiento anti-Ortega que buscaba su destitución de su cargo.
El 30 de mayo de 2018, 16 jóvenes fueron asesinados por la Policía en Managua y otras ciudades, durante manifestaciones contra Ortega para exigir libertad y justicia.
A aquellos que le niegan documentación, esa historia se repite con las solicitudes de cédula de identidad, salvoconducto de salida para menores y otros documentos personales, que son derechos convertidos por la dictadura orteguista en instrumentos de castigo y control contra excarcelados políticos, familiares de opositores, religiosos, estudiantes o cualquier ciudadano a quien el orteguismo coloque en su “lista roja”, incluidos sus simpatizantes, servidores públicos y familiares.
Este es el último de los derechos conculcados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una situación que sigue agravándose desde 2018.
La violación sistemática de los derechos humanos es propia de un régimen tiránico que oprime cuanto derecho considere como un peligro para sus pretensiones “absolutistas y de partido único”, valora el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y exiliado en Costa Rica. Al echar un vistazo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en la Constitución Política, Carrión estima que es “raro” que algún artículo quede “ileso”.
Daniel Ortega se mantiene en el poder a sangre y fuego, tras el grito de libertad, justicia y democracia elevado en 2018.
Hay cientos de miles de nicaragüenses cuya situación ha cambiado desde aquel año.
Olga Valle, investigadora del organismo ciudadano de observación electoral y política, Urnas Abiertas, señala que Nicaragua vive una “escalada totalitaria”, debido a la perpetuación de Daniel Ortega en el poder, como resultado del fraude electoral de 2021, cuando se reeligió junto a su esposa Rosario Murillo, tras encarcelar a siete precandidatos presidenciales y anular a los partidos políticos de oposición. “No están dejando ningún tipo de dimensión para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos o gozar de las libertades fundamentales”, denuncia Valle.
Con la negación de documentos de identidad y viaje, la dictadura violenta el artículo 31 de los derechos individuales contemplados en la Constitución Política, que garantiza a los nicaragüenses circular, entrar y salir del país libremente. Desde 2020, aprovechándose de los requerimientos sanitarios, como parte del protocolo covid-19, autoridades de Migración ha impedido a decenas de nicaragüenses ingresar o salir del país, e incluso a confiscado sus pasaportes.
Después del destierro de los 234 prisioneros de conciencia, en febrero y octubre, la dictadura ha vuelto a llenar las cárceles con 80 reos de conciencia. Otros 60 están “casa por cárcel”
Participar en una marcha o afiliarse a un partido político en Nicaragua significa exponerse a detenciones arbitrarias, asedio y persecución. En septiembre de 2018, el régimen orteguista prohibió cualquier expresión ciudadana –que cuatro años más tarde incluye hasta las procesiones religiosas– y facultó a la Policía para decidir quién podía utilizar la calle. El oficialismo tiene luz verde, y cualquier otro nicaragüense recibe garrote y cárcel.
En el último cuatrimestre de 2020, la dictadura de Daniel Ortega aprobó nuevas leyes para fabricar casos contra líderes opositores, periodistas y activistas, confinándolos a cárceles con penas de siete a trece años de prisión. También ha desmantelado a la sociedad civil organizada, a través de la cancelación de personerías jurídicas a más de 3000 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) desde finales de 2018 a la fecha, invalidando el derecho político de constituir organizaciones, establecido en el artículo 49 de la Constitución Política.
Entre septiembre de 2020 y enero de 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó una decena de leyes represivas en contra de la ciudadanía.
El agravamiento de la violación de los derechos de los nicaragüenses ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otras instancias internacionales. Los derechos sociales también están en la lista de violaciones.
En 2018, las víctimas de la represión estatal no fueron atendidas en hospitales públicos. Dos años más tarde, con la pandemia de covid-19, epidemiólogos y personal de Salud cuestionaron el manejo de la emergencia sanitaria que dejó decenas de miles de fallecidos, aunque el régimen solo reconoce a 245.
Ortega tampoco ha respetado el derecho del pueblo a la información, la libertad de prensa y expresión. Desde el regreso al poder de Daniel Ortega, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados en Nicaragua.
El artículo 86 de la Constitución indica que todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio sin más requisitos que el título académico, pero la dictadura de Daniel Ortega ha impuesto la afiliación política, acreditada con carnet del Frente Sandinista, sobre la preparación académica para que una persona acceda a un puesto en cualquier entidad del Estado.
Los trabajadores del Estado, sometidos a participar en las actividades partidarias, incluso fuera del horario laboral, han denunciado la vigilancia política en las instituciones, extendida a sus familiares.
La represión sistematizada de la dictadura Ortega-Murillo ha provocado un “éxodo” de nicaragüenses nunca antes visto, ni siquiera en tiempos de guerra, advierte Gonzalo Carrión. En una Nicaragua con “el peor escenario de derechos humanos inimaginable” la familia, que el régimen pregona cuidar en la propaganda oficial, es la más perjudicada.
El defensor señala que prevalece un desplazamiento forzado con “connotaciones desgarradoras de una tragedia humana”. Son decenas de familias las que padecen la incertidumbre de perder a su esposo, esposa, hijo, hija, hermano, durante el trayecto hacia Estados Unidos. Se exponen a secuestros, violaciones, extorsiones y la muerte, en busca de seguridad o mejores oportunidades.
Entre 2018 y 2022, han salido del país 604 485 nicaragüenses, y de ellos 328 443 lo hicieron durante 2022, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica, según cálculos del politólogo e investigador Manuel Orozco. Un éxodo nunca antes visto en Nicaragua.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 22, 2024
Rosario Murillo
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La ola de arrestos de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua no deja de crecer. Los detenidos han sido acusados de distintos delitos -como “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país o incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”- en lo que muchos ven como una cruzada de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para eliminar cualquier posible competidor de cara a las elecciones de noviembre.
La comunidad internacional aumentó en los últimos días la presión sobre el gobierno nicaragüense para que libere a los detenidos y a decenas de “presoso políticos” encarcelados en las protestas que estallaron en 2018.
Al lado del presidente Daniel Ortega, siempre hay una mujer delgada, de exuberante cabello rizado y ropa de colores fuertes. En sus discursos, en sus visitas
oficiales, incluso a la hora de votar en las elecciones, no se separa de ella. No sería incorrecto decir que es su asesora, aunque es mucho más que eso.
Es Rosario María Murillo Zambrana, “la Chayo”, esposa de Ortega.
En 2017, el presidente nicaragüense fue investido para su cuarto mandato, de cinco años, y tercero consecutivo, junto a su esposa como vicepresidenta. Polémica y poderosa, Rosario Murillo ha sido la incondicional compañera de Daniel Ortega y un elemento fundamental en la toma de decisiones en Nicaragua. Se conocieron afines de los años 70, cuando Ortega se había autoexiliado en Costa Rica por su participación en el movimiento sandinista que en julio de 1979 sacó a la dinastía de los Somoza del poder, tras una guerra civil de dos años.
Ya luego, como líder de la junta de lo que se denominó como “Gobierno de reconstrucción nacional”, Ortega comenzó una serie de giras internacionales en búsqueda de apoyo externo a la joven revolución nicaragüense. Y Murillo siempre estaba a su lado.
“Rosario es muy inteligente, es una mujer con mucha formación, con dominio de varios idiomas. Eso favorecía muchísimo el acompañamiento que hacía de Daniel (Ortega) en muchas delegaciones internacionales”, explicaba, hace algunos años, Mónica Baltodano, excomandante guerrilera y diputada nicaragüense en entrevista con Canal 2 de Nicaragua.
Murillo era su compañera. Y muchos años después, en 2005, se casaron por la iglesia.
Pero “la Chayo” era, y es, mucho más que una primera dama. De hecho, nunca le gustó el apelativo. Tenía a su favor ser hija de Zoilamérica Zambrana Sandino, sobrinanieta de Augusto Sandino, el héroe nacional de Nicaragua e inspirador del movimiento revolucionario sandinista. Por esa época se perfilaba como poeta y una de las principales representantes femeninas de las letras nicaragüenses. Según ella misma contó, comenzó a escribir como una necesidad de expresión, tras la muerte de su primer hijo en un terremoto en 1973. PrisioneroEnArgentina.com
En 1981 comenzó a coordinar el Consejo de Dirección de Ventana, suplemento cultural de Barricada, el diario oficial del FSLN. Y durante la primera presidencia de Ortega, entre 1985 y 1990, Murillo utilizó su influencia para que la cultura tuviera un espacio trascendental en el plan de gobierno de Ortega. La cultura, eso sí le interesaba.
Entre 1988 y 1990 fue nombrada directora del Instituto de Cultura. “Toda una intensa promoción de artistas y escritores que todavía se recuerda con nostalgia”, aseguró en una columna reciente el cronista e historiador Jorge Eduardo Arellano. Pero su visión y estilo la pusieron varias veces en curso de colisión con otras figuras literarias.
“Tuvimos choques con Rosario porque no pocas veces sentimos autoritarismo en su estilo. (…) Yo nunca terminé de entender cuál era la concepción de cultura de ella”, aseguraba hace tiempo la fallecida poeta Vida Luz Meneses en una entrevista con el Canal 2 de la televisión nicaragüense. Y durante la campaña por la reelección de Ortega en 1990, sus asesores le recomendaron mantener a su mujer con un bajo perfil, por su imagen extravagante.
Finalmente el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no salió reelegido ni Murillo logró un puesto en la Asamblea Nacional. Se avecinaba una década desde la vereda de la oposición. Entonces Murillo salió del ojo público y mientras su compañero se perfilaba como líder de la oposición ella se dedicó a construir una familia que sería también la herencia política de la pareja, formada por nueve hijos, siete de ambos y dos de una relación previa de Murillo.
En 1998 y mientras Daniel Ortega se mantenía como el principal líder de la oposición al entonces gobierno de Arnoldo Alemán, una bomba sacudió tanto su vida privada como su carrera política. Zoilamérica Narváez, hija de Murillo de otra relación anterior a Ortega, acusó a su padrastro de haberla violado en repetidas ocasiones.
En términos de imagen, las palabras de Ortega para defenderse no serían suficientes. Fue entonces cuando Rosario se jugó la carta quizá más trascendente de su relación, pero además de su carrera.
“Les digo con toda franqueza, me ha avergonzado terriblemente que a una persona con un currículo intachable se le pretendiera destruir; y (que) fuese mi propia hija la que por esa obsesión y ese enamoramiento enfermizo con el poder quisiera destruirla cuando no vio satisfecha su ambición”, aseguró Murillo tras el escándalo, desestimando completamente la acusación de su propia hija.
A pesar de que el tema se judicializó, no prosperó ya que la jueza a cargo lo desestimó porque el delito estaba prescrito y Ortega gozaba de inmunidad como expresidente.
“Con la denuncia por violación de Zoilamérica, Rosario interviene respaldando a Ortega, lo que le da un enorme poder frente a Daniel, además de una gran cuenta por cobrar. Es una factura carísima para Ortega”, aseguraba hace unos años Dora María Téllez, conocida comandante de la revolución sandinista y compañera de lucha de Ortega que después se convertiría en su opositora.
A partir del segundo periodo de Daniel Ortega, comenzado en 2006, su mujer se renovó políticamente.
En los últimos diez años ha ocupado diversos cargos oficiales, transformándose en la voz y el rostro del gobierno de su marido.
“En la presidencia, la Rosario es 50% y Daniel, 50%”, aseguró el propio Ortega en una conferencia pública.
Como líder del Consejo de Comunicación y Poder Ciudadano, quiso darle otra cara a la imagen de Nicaragua y rediseñó las imágenes oficiales, desde los colores
de las flores de los actos públicos hasta el escudo nacional, con colores vivos, tras su acercamiento a una filosofía “New Age”. PrisioneroEnArgentina.com
“La Rosario ha entrado en un campo complejo, un tanto esotérico, entonces en los escritos no se logra distinguir cuándo hace un documento de Estado y cuándo está sacando sus propios sueños o su propia forma de ver la vida”, dijo Meneses.
Sus intervenciones diarias son bastante eclécticas y pueden ir desde informes sobre el clima hasta llamados de atención a autoridades públicas.
Incluso instaló en la principal avenida de Managua una serie de “árboles de la vida” para la buena energía.
En su círculo no le molesta ser comparada con Elena Ceaușescu, la esposa del exlíder rumano Nicolae Ceaușescu, que en la práctica funcionaba como primera ministra del entonces país comunista.
En lo que coinciden de un lado y del otro es en que hoy, en la práctica, Murillo es el rostro y la voz del gobierno de su marido.
De hecho, quienes conocen desde dentro el funcionamiento del gobierno nicaragüense, aseguran que había muy pocas decisiones importantes que se tomaran sin la aprobación de la mujer del presidente.
Por lo mismo, no causó mucha sorpresa dentro de las filas del sandinismo su nominación como compañera de lista de Ortega y que en 2017 asumiera como vicepresidenta del país.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 21, 2021