La población civil ha sido la más afectada por el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en dos hechos recientes en el Cauca, los pobladores han repelido la acción de las Fuerzas Militares en las zonas donde operan bloques de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que abre interrogantes sobre las razones de esa respuesta. Los medios colombianos y las redes reportaron el pasado sábado que los habitantes del municipio caucano de Timba corrieron a la Policía y al Ejército, entre gritos e insultos. Previamente, había ocurrido un enfrentamiento entre un grupo de las disidencias de la extinta guerrilla y la Fuerza Pública, que dejó a un excombatiente muerto. Pero este no es el primer evento de este tipo que ocurre en este mes. El pasado 5 de noviembre, 200 soldados fueron retenidos por la comunidad campesina en el corregimiento de El Plateado, situado en el cañón de Micay, en el Cauca, supuestamente por coacción del grupo armado. Esta situación de orden público, que culminó con la liberación de los uniformados, causó la primera gran crisis del diálogo que apenas se había iniciado el 16 de octubre entre el Estado Mayor Central (EMC) del extinto grupo guerrillero y el Gobierno, y que ocurre cuando se cumplen ocho años del Acuerdo de paz entre una facción mayoritaria de las FARC y el Gobierno.
En el casco urbano de ese municipio del Cauca, una veintena de miembros del frente ‘Jaime Martínez’, que pertenece al EMC, atacaron con disparos de largo alcance a miembros del Batallón de Operaciones Terrestres N° 13, que realizan labores de seguridad con la Policía en el casco urbano del corregimiento. Mientras ocurría el intercambio de balas, la población de Timba expulsó a los uniformados del sitio entre insultos, según se evidencia en los videos que circulan en las redes sociales. Tras el enfrentamiento, Argemiro Fajardo Perdomo, firmante del Acuerdo de paz de 2016, resultó muerto por una bala perdida mientras se desplazaba en su motocicleta, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En la zona donde ocurrió el combate fue incautada una camioneta donde iban tres miembros del frente armado y en la que se hallaron armas, una granada y material de guerra. Si bien el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha tenido como política el diálogo con los grupos armados –entre los que se encuentran principalmente las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)–, siempre ha mantenido la determinación de militarizar el cañón del Micay, que es una región caucana estratégica con salida al Pacífico. El mandatario ha dicho que allí se produce más del 70 % de la hoja de coca del Cauca, por lo que su estrategia militar, que se desarrolla desde junio pasado, apunta bloquear las salidas para las economías ilícitas y acabar con el asedio a la población, que está atrapada en medio de los enfrentamientos de los grupos armados por el control territorial.
Gustavo Petro ha hablado de las supuestas alianzas, basadas en pagos, que tendrían miembros de las FF.MM. con las organizaciones armadas irregulares, para permitirles ocupar ocupar el Cañón del Micay. El hecho de que más recientemente los habitantes hayan retenido o expulsado a la Fuerza Pública de sus comunidades pareciera apuntar a una manifestación del síndrome de Estocolmo, al preferir la presencia de una facción de las disidencias de las FARC. No obstante, aunque sería la respuesta más obvia, el Ejecutivo se ha referido a una posible “instrumentalización” de la población por parte de los grupos armados, bajo coacción y amenazas. Frente a la acusación del uso de civiles, ese grupo de las disidencias alega que el Ministerio de Defensa “viola el cese al fuego”, establecido el 16 de octubre, y que “el asedio contra las FARC-EP y población civil, dificulta avanzar en mesa, responsabilidad de los atacantes”. “No es instrumentalización es indignación”, se defendieron en una publicación en la plataforma X.
Sin embargo, la opinión de las autoridades va por el rumbo contrario. El jefe del Comando Específico del Cauca, Federico Mejía, sostiene que las disidencias ordenaron a la comunidad salir con banderas para sacar a los militares. Bajo su punto de vista, los habitantes de esa localidad son instrumentalizados “de manera periódica y permanente” por la estructura Jaime Martínez, por lo que se ven obligados a repeler a la Fuerza Pública para que los grupos armados sigan con sus actividades ilícitas. Por su parte, el director de la Policía, William Salamanca, pidió en un video institucional que la comunidad rodee a la autoridad. “Yo entiendo que están bajo la presión de estos grupos criminales, pero aquí seguiremos haciendo presencia porque estamos cumpliendo con la constitución”, aseveró. Debido a estos hechos, se hará un consejo de seguridad en ese municipio, que fue convocado por el Ejército, para determinar cuáles serán las acciones inmediatas. Aunque el Gobierno anunció que retomará las conversaciones con el EMC, tras la crisis que representó la toma del cañón del Micay, este nuevo hecho en Timba vuelve a poner sobre la mesa la participación de civiles en un conflicto que mantiene el grupo armado con el Estado y las garantías de seguridad que tiene la población, atrapada en medio de distintos tipos de violencia.
El excomandante de las extintas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), Pablo Catatumbo, fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional establecido tras el Acuerdo de Paz, en 2016.
El actual senador del partido Comunes, por segundo periodo consecutivo, es exintegrante del secretariado de ese grupo guerrillero y excomandante del Frente 29 del Bloque Occidental ‘Alfonso Cano’, antiguo Comando Conjunto de Occidente de esa organización armada.
Catatumbo fue imputado por la Sala de Reconocimiento de la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como abusos sexuales y abortos forzados, cometidos en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Asimismo, Edgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’, fue declarado “máximo responsable” de estos hechos y fue llamado a reconocer lo que se le imputa en el macrocaso 02 de la JEP.
Además fueron imputados otros 13 excomandantes de las FARC-EP que estaban al frente de las columnas móviles ‘Mariscal Sucre’ y ‘Daniel Aldana’ y del Frente 29: Luis Eduardo Carvajal, conocido como ‘Gustavo o Rambo’; Hedier Espinosa Feria (Cachorro); Groelfi Rodríguez Moreno (Ramiro Cortés); Wilfrido Ávila Fuente (Mondanga); y Rubiel Torres Mondragón (Tachuela).
La lista la completan; Arlez Porras Gómez (Yesid Guevara); Fabio Murcia Camacho (Vitamina); Jair Enrique Acosta (Javier Guzmán); Ricardo Palomino (Jario Perdomo); Alberto López Palomino (William Santamaría); José Geidin Castro (El doctor); Diego González (El pollo); y Juan Carlos Caicedo (El gordo).
Belkis Izquierdo Torres, magistrada de la sala de reconocimiento de la verdad de la JEP, fue la encargada de dar a conocer la decisión judicial por el macrocaso 02. La jurista detalló, desde Tumaco, que los 15 imputados deberán responder de manera diferenciada por los crímenes no amnistiables y deberán detallar su rol de liderazgo y participación en la comisión de los delitos.
“En las siguientes etapas procesales los comparecientes podrán reconocer su responsabilidad fáctica, jurídica y restaurativa, para satisfacer de manera integral los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que demandan las víctimas”, señaló Izquierdo.
La funcionaria comentó que los 15 exintegrantes de la extinta guerrilla fueron imputados por estar involucrados en múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre los delitos cometidos por estos excombatientes están: masacres, exterminio, asesinatos selectivos, homicidios, desapariciones forzadas, confinamientos obligatorios, desplazamientos forzados, colocación de minas antipersonal, esclavitud sexual, violaciones sexuales, tratos inhumanos, destrucción de la naturaleza y el territorio, entre otros.
Izquierdo resaltó que los crímenes ejecutados por los máximos responsables de las FARC-EP generaron “daños graves, diferenciados y desproporcionados” contra mujeres, niñas y personas con orientación sexual diversa, comunidades campesinas, poblaciones urbanas, rurales, pueblos negros e indígenas, a quienes les irrumpieron su proyecto de vida personal, familiar y colectivo.
Entre tanto, la magistrada recordó que es importante resaltar que el macrocaso 02 avanza en dos líneas: por una parte se investigan las graves violaciones a los derechos humanos y las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por los exintegrantes de las FARC-EP; y por otro lado, los delitos no amnistiables perpetrados por la Fuerza Pública, que aún continúan bajo investigación.
La magistrada Izquierdo detalló que la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó la existencia de seis patrones macrocriminales cometidos por las FARC-EP durante el conflicto armado en los territorios de mencionados.
Masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas contra pueblos étnicos, población campesina y rural y otros civiles.
Confinamientos y desplazamientos forzados contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y otros civiles.
Reclutamiento y utilización de niñas y niños indígenas y afrocolombianos.
Violencia sexual y de género contra mujeres y niñas y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas o no normativas.
Uso ilícito y afectaciones por minas antipersonal y restos explosivos de guerra.
Destrucción de la naturaleza y el territorio.
Además, la JEP identificó la existencia e implementación de una política de control territorial y social ejercida por las FARC-EP, que tenía como objetivo imponerse como “única autoridad por la vía de las armas”.
En el desarrollo de esta estrategia guerrillera se ejecutaron múltiples crímenes no amnistiables contra la población civil, como regular el comportamiento de las personas “e imponer roles de género desde una visión patriarcal, heteronormativa y cisnormativa a través de distintas formas de violencia”, incluyendo la sexual, agregó Izquierdo.
La magistrada Izquierdo también informó que entre los años 1997 y 2016, se documentaron en los territorios investigados al menos 314 hechos de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas contra la población civil y que inciden aproximadamente en 468 víctimas directas.
Con respecto a los desplazamientos forzados, se cometieron al menos 334 eventos con 27.087 víctimas; y 44 confinamientos obligatorios con 20.124 personas afectadas en situaciones asociadas a la presencia y actividades de las FARC-EP en la zona.
También se registraron 102 reclutamientos forzados de menores indígenas entre los años 2001 y 2005. Del total, 13 eran niñas y 89 niños. Además, 36 de los infantes tenían edades entre 6 y 14 años; mientras que otros 49 estaban entre los 15 y 17 años.
Sobre las violencias sexuales, de género y de prejuicios contra niñas, mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas, la JEP identificó que, entre 1990 y 2016, las unidades investigadas de la extinta guerrilla cometieron al menos 168 hechos de este tipo que dejaron unas 254 víctimas directas.
En el caso de la colocación de minas antipersonal y uso de otros explosivos de guerra, la JEP señaló que los guerrilleros generaron consecuencias graves y permanentes contra la población. En total, registraron 153 hechos con más de 279 víctimas entre los años 2002 y 2015.
Con respecto a la destrucción de la naturaleza y el territorio, la JEP conoció al menos 71 eventos de destrucción contra distintas zonas, sitios sagrados, ancestrales indígenas, afros, campesinas, urbanas e infraestructuras del Estado como oleoducto transandino, así como actividades criminales por la minería ilegal de oro.
Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, resaltó que el macrocaso 02 se ha convertido en “la investigación más grande” que ha realizado esa instancia hasta la fecha, y es “la más amplia por la cantidad del territorio cubierto”.
Además, señaló que este expediente se ha convertido en “el caso que cubre la mayor cantidad de víctimas que se ha presentado en la JEP”, con un total de 100.000 personas que han sido víctimas de guerra.
De igual forma, destacó que esta investigación incluye “más de una centena de comparecientes que han establecido la verdad plena” y de quienes la justicia transicional espera que asuman su responsabilidad ante los hechos.
Este caso, abierto en julio de 2018, investiga las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en los territorios priorizados por miembros del grupo guerrillero y de la Fuerza Pública entre 1990 y 2016.
Las principales víctimas son pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres, niños y personas LGBTI en los municipios Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.
La JEP explicó que luego de recibir la respuesta de los comparecientes y las observaciones de las víctimas, si hay reconocimiento y aporte a la verdad plena y detallada, se fijarán las fechas para la realización de las Audiencias de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
Si algún imputado niega su responsabilidad, sus procesos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, para que de inicio al proceso adversarial. Si en esa etapa son hallados culpables, se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
Si hay reconocimiento, después de realizadas las audiencias públicas, la Sala de Reconocimiento de la JEP dará unas conclusiones que enviará al Tribunal de Paz para que imponga una sanción, si es el caso.
Las sanciones serán impuestas a los “comparecientes que fueron partícipes determinantes en la comisión de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, siempre y cuando aporten verdad plena y acepten la responsabilidad”.
Estas medidas tendrán una duración de cinco a ocho años y consisten en la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) y restricción efectiva de libertades y derechos, como la libertad de residencia y movimiento.
Se eleva a 21 , incluido el presunto autor, el número de personas que han muerto este jueves en un atentado con coche bomba contra una academia de la Policía en Bogotá. Hay además 70 heridos.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha asegurado que el vehículo era conducido por un hombre identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, pero aún no se han establecido vínculos con ningún grupo armado, ni el atentado ha sido reivindicado.
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Cristian Camilo Maquilón comenzó su entrenamiento en lanzamiento de disco hace aproximadamente 4 años. Fue campeón nacional infantil, con récord nacional y campeón nacional Juvenil. Aunque su sueño era representar a su país en las olimpíadas, otro en realidad era su objetivo: Quería ser policía.
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Según la Fiscalía, en el ataque fue utilizada una camioneta Nissan Patrol cargada con 80 kilos de explosivo pentolita. El presunto autor accedió con el vehículo a la Escuela General Francisco de Paula Santander, situada en el sur de Bogotá, y segundos después voló por los aires tras estrellarse contra un edificio de alojamientos para mujeres.
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Entre los fallecidos hay una cadete ecuatoriana y el atleta colombiano Cristian Maquilón, que realizaba un curso en la academia.
El presidente de Colombia califica lo ocurrido de “acto terrorista”
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha calificado lo ocurrido como “acto terrorista” que busca “intimidar” a Colombia y “amedrentar al Estado colombiano”.
“Colombia les demostrará que esta es una nación fuerte, unida y que no se quiebra ante la demencia de estas agresiones”, ha aseverado.
El mandatario ha subrayado que desde que se produjo el ataque, poco después de las 9.30 hora local de este jueves, las autoridades están trabajando “para poder capturar a los responsables de esta infamia y llevarlos a la justicia”.
En un último reporte se conoció que al menos once personas murieron como consecuencia de la explosión de un carro bomba en las instalaciones de la Escuela de Policía en Bogotá, según informaron autoridades colombianas.
La explosión, que se produjo a las 9:30 hora local de hoy jueves, dejó también 87 heridos.
Iván Duque
En una conferencia de prensa realizada cuatro horas después de la explosión, el presidente Iván Duque y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunciaronque se identificó “con plenitud” al presunto autor material de la explosión.
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Señalaron que se trata de José Aldemar Rojas, quien falleció dentro del carro bomba.
Las autoridades indicaron, además, que en su vehículo se encontraban alrededor de 80 kilos de un explosivo conocido como pentolita.
Rojas Rodríguez no poseía antecedentes penales. Se conoce que es oriundó de la zona de Boyacá.
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El fiscal Néstor Martínez indicó que José Aldemar Rojas Rodríguez es considerado responsable de la “autoría material” del ataque que calificó como “acto terrorista”.
“Él fue quien ingresó a la escuela a las 9:30 de la mañana en una camioneta gris Nissan Patrol”, explicó Martínez en una conferencia de prensa en Bogotá.
“Nuestros explosivistas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado con 80 kilos de pentolita”, añadió.
En la misma comparecencia ante los medios, el presidente Iván Duque repudió el atentado ocurrido la mañana de este jueves en la Escuela de Policía Francisco de Paula de Santander.
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Duque aseguró que el incidente “no quedará impune” y calificó lo sucedido como “demencial ataque terrorista”.
Por la noche, en su mensaje final del día, el mandatario declaró tres días de duelo en todo el país.
Los relatos recabados por medios colombianos señalan que el auto estalló al chocar contra el edificio de la escuela.
“Fue un carro bomba que desafortunadamente superó los puestos de control de seguridad”, dijo la vicepresidenta del gobierno, Marta Lucía Ramírez.
La Escuela de Policía Francisco de Paula de Santander, ubicada en el sur de Bogotá, es una institución dedicada a la formación de oficiales.
Pocos minutos antes de la explosión, se había celebrado un acto de graduación de brigadieres generales en el lugar.
Las calles que rodean la zona de la escuela de la policía fueron cerradas inmediatamente después de la explosión.
A través de canales de televisión colombianos, los vecinos de la zona relataron el fuerte ruido ocasionado por el carro bomba y cómo se rompieron vidrios de sus casas.
Imágen del coche-bomba guíado por Rojas Rodríguez
Inmediatamente después de conocido el hecho, los familiares de los cadetes acudieron a la zona en busca de información sobre las posibles víctimas.
Minutos después las máximas autoridades de la policía del país se trasladaron al lugar para comenzar a buscar una versión definitiva del incidente.
¿Síndrome de Estocolmo o coacción armada en Colombia?
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Gustavo Petro ha hablado de las supuestas alianzas, basadas en pagos, que tendrían miembros de las FF.MM. con las organizaciones armadas irregulares, para permitirles ocupar ocupar el Cañón del Micay. El hecho de que más recientemente los
habitantes hayan retenido o expulsado a la Fuerza Pública de sus comunidades pareciera apuntar a una manifestación del síndrome de Estocolmo, al preferir la presencia de una facción de las disidencias de las FARC. No obstante, aunque sería la respuesta más obvia, el Ejecutivo se ha referido a una posible “instrumentalización” de la población por parte de los grupos armados, bajo coacción y amenazas. Frente a la acusación del uso de civiles, ese grupo de las disidencias alega que el Ministerio de Defensa “viola el cese al fuego”, establecido el 16 de octubre, y que “el asedio contra las FARC-EP y población civil, dificulta avanzar en mesa, responsabilidad de los atacantes”. “No es instrumentalización es indignación”, se defendieron en una publicación en la plataforma X.
Sin embargo, la opinión de las autoridades va por el rumbo contrario. El jefe del Comando Específico del Cauca, Federico Mejía, sostiene que las disidencias ordenaron a la comunidad salir con banderas para sacar a los militares. Bajo su punto de vista, los habitantes de esa localidad son instrumentalizados “de manera periódica y permanente” por la estructura Jaime Martínez, por lo que se ven obligados a repeler a la Fuerza Pública para que los grupos armados sigan con sus actividades ilícitas. Por su parte, el director de la Policía, William Salamanca, pidió en un video institucional que la comunidad rodee a la autoridad. “Yo entiendo que están bajo la presión de estos grupos criminales, pero aquí seguiremos haciendo presencia porque estamos cumpliendo con la constitución”, aseveró. Debido a estos hechos, se hará un consejo de seguridad en ese municipio, que fue convocado por el Ejército, para determinar cuáles serán las acciones inmediatas. Aunque el Gobierno anunció que retomará las conversaciones con el EMC, tras la crisis que representó la toma del cañón del Micay, este nuevo hecho en Timba vuelve a poner sobre la mesa la participación de civiles en un conflicto que mantiene el grupo armado con el Estado y las garantías de seguridad que tiene la población, atrapada en medio de distintos tipos de violencia.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 28, 2023
Imputan a senador colombiano por crímenes de guerra cometidos por las FARC
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El excomandante de las extintas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), Pablo Catatumbo, fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional establecido tras el Acuerdo de Paz, en 2016.
Catatumbo fue imputado por la Sala de Reconocimiento de la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como abusos sexuales y abortos forzados, cometidos en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Asimismo, Edgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’, fue declarado “máximo responsable” de estos hechos y fue llamado a reconocer lo que se le imputa en el macrocaso 02 de la JEP.
Además fueron imputados otros 13 excomandantes de las FARC-EP que estaban al frente de las columnas móviles ‘Mariscal Sucre’ y ‘Daniel Aldana’ y del Frente 29: Luis Eduardo Carvajal, conocido como ‘Gustavo o Rambo’; Hedier Espinosa Feria (Cachorro); Groelfi Rodríguez Moreno (Ramiro Cortés); Wilfrido Ávila Fuente (Mondanga); y Rubiel Torres Mondragón (Tachuela).
La lista la completan; Arlez Porras Gómez (Yesid Guevara); Fabio Murcia Camacho (Vitamina); Jair Enrique Acosta (Javier Guzmán); Ricardo Palomino (Jario Perdomo); Alberto López Palomino (William Santamaría); José Geidin Castro (El doctor); Diego González (El pollo); y Juan Carlos Caicedo (El gordo).
Belkis Izquierdo Torres, magistrada de la sala de reconocimiento de la verdad de la JEP, fue la encargada de dar a conocer la decisión judicial por el macrocaso 02. La jurista detalló, desde Tumaco, que los 15 imputados deberán responder de manera diferenciada por los crímenes no amnistiables y deberán detallar su rol de liderazgo y participación en la comisión de los delitos.
“En las siguientes etapas procesales los comparecientes podrán reconocer su responsabilidad fáctica, jurídica y restaurativa, para satisfacer de manera integral los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que demandan las víctimas”, señaló Izquierdo.
La funcionaria comentó que los 15 exintegrantes de la extinta guerrilla fueron imputados por estar involucrados en múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre los delitos cometidos por estos excombatientes están: masacres, exterminio, asesinatos selectivos, homicidios, desapariciones forzadas, confinamientos obligatorios, desplazamientos forzados, colocación de minas antipersonal, esclavitud sexual, violaciones sexuales, tratos inhumanos, destrucción de la naturaleza y el territorio, entre otros.
Izquierdo resaltó que los crímenes ejecutados por los máximos responsables de las FARC-EP generaron “daños graves, diferenciados y desproporcionados” contra mujeres, niñas y personas con orientación sexual diversa, comunidades campesinas, poblaciones urbanas, rurales, pueblos negros e indígenas, a quienes les irrumpieron su proyecto de vida personal, familiar y colectivo.
Entre tanto, la magistrada recordó que es importante resaltar que el macrocaso 02 avanza en dos líneas: por una parte se investigan las graves violaciones a los derechos humanos y las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por los exintegrantes de las FARC-EP; y por otro lado, los delitos no amnistiables perpetrados por la Fuerza Pública, que aún continúan bajo investigación.
La magistrada Izquierdo detalló que la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó la existencia de seis patrones macrocriminales cometidos por las FARC-EP durante el conflicto armado en los territorios de mencionados.
Además, la JEP identificó la existencia e implementación de una política de control territorial y social ejercida por las FARC-EP, que tenía como objetivo imponerse como “única autoridad por la vía de las armas”.
En el desarrollo de esta estrategia guerrillera se ejecutaron múltiples crímenes no amnistiables contra la población civil, como regular el comportamiento de las personas “e imponer roles de género desde una visión patriarcal, heteronormativa y cisnormativa a través de distintas formas de violencia”, incluyendo la sexual, agregó Izquierdo.
La magistrada Izquierdo también informó que entre los años 1997 y 2016, se documentaron en los territorios investigados al menos 314 hechos de asesinatos
selectivos, masacres y desapariciones forzadas contra la población civil y que inciden aproximadamente en 468 víctimas directas.
Con respecto a los desplazamientos forzados, se cometieron al menos 334 eventos con 27.087 víctimas; y 44 confinamientos obligatorios con 20.124 personas afectadas en situaciones asociadas a la presencia y actividades de las FARC-EP en la zona.
También se registraron 102 reclutamientos forzados de menores indígenas entre los años 2001 y 2005. Del total, 13 eran niñas y 89 niños. Además, 36 de los infantes tenían edades entre 6 y 14 años; mientras que otros 49 estaban entre los 15 y 17 años.
Sobre las violencias sexuales, de género y de prejuicios contra niñas, mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas, la JEP identificó que, entre 1990 y 2016, las unidades investigadas de la extinta guerrilla cometieron al menos 168 hechos de este tipo que dejaron unas 254 víctimas directas.
En el caso de la colocación de minas antipersonal y uso de otros explosivos de guerra, la JEP señaló que los guerrilleros generaron consecuencias graves y permanentes contra la población. En total, registraron 153 hechos con más de 279 víctimas entre los años 2002 y 2015.
Con respecto a la destrucción de la naturaleza y el territorio, la JEP conoció al menos 71 eventos de destrucción contra distintas zonas, sitios sagrados, ancestrales indígenas, afros, campesinas, urbanas e infraestructuras del Estado como oleoducto transandino, así como actividades criminales por la minería ilegal de oro.
Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, resaltó que el macrocaso 02 se ha convertido en “la investigación más grande” que ha realizado esa instancia hasta la fecha, y es “la más amplia por la cantidad del territorio cubierto”.
Además, señaló que este expediente se ha convertido en “el caso que cubre la mayor cantidad de víctimas que se ha presentado en la JEP”, con un total de 100.000 personas que han sido víctimas de guerra.
De igual forma, destacó que esta investigación incluye “más de una centena de comparecientes que han establecido la verdad plena” y de quienes la justicia transicional espera que asuman su responsabilidad ante los hechos.
Este caso, abierto en julio de 2018, investiga las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en los territorios priorizados por miembros del grupo guerrillero y de la Fuerza Pública entre 1990 y 2016.
Las principales víctimas son pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres, niños y personas LGBTI en los municipios Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.
La JEP explicó que luego de recibir la respuesta de los comparecientes y las observaciones de las víctimas, si hay reconocimiento y aporte a la verdad plena y detallada, se fijarán las fechas para la realización de las Audiencias de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
Si algún imputado niega su responsabilidad, sus procesos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, para que de inicio al proceso adversarial. Si en esa etapa son hallados culpables, se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
Si hay reconocimiento, después de realizadas las audiencias públicas, la Sala de Reconocimiento de la JEP dará unas conclusiones que enviará al Tribunal de Paz para que imponga una sanción, si es el caso.
Las sanciones serán impuestas a los “comparecientes que fueron partícipes determinantes en la comisión de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, siempre y cuando aporten verdad plena y acepten la responsabilidad”.
Estas medidas tendrán una duración de cinco a ocho años y consisten en la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) y restricción efectiva de libertades y derechos, como la libertad de residencia y movimiento.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 14, 2023
Se incrementa a 21 el número de muertos en el atentado en Colombia
Se eleva a 21 , incluido el presunto autor, el número de personas que han muerto este jueves en un atentado con coche bomba contra una academia de la Policía en Bogotá. Hay además 70 heridos.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha asegurado que el vehículo era conducido por un hombre identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, pero aún no se han establecido vínculos con ningún grupo armado, ni el atentado ha sido reivindicado.
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Según la Fiscalía, en el ataque fue utilizada una camioneta Nissan Patrol cargada con 80 kilos de explosivo pentolita. El presunto autor accedió con el vehículo a la Escuela General Francisco de Paula Santander, situada en el sur de Bogotá, y segundos después voló por los aires tras estrellarse contra un edificio de alojamientos para mujeres.
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Entre los fallecidos hay una cadete ecuatoriana y el atleta colombiano Cristian Maquilón, que realizaba un curso en la academia.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha calificado lo ocurrido como “acto terrorista” que busca “intimidar” a Colombia y “amedrentar al Estado colombiano”.
“Colombia les demostrará que esta es una nación fuerte, unida y que no se quiebra ante la demencia de estas agresiones”, ha aseverado.
El mandatario ha subrayado que desde que se produjo el ataque, poco después de las 9.30 hora local de este jueves, las autoridades están trabajando “para poder capturar a los responsables de esta infamia y llevarlos a la justicia”.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 18, 2019
11 muertos y 87 heridos por un coche-bomba en la Academia de Policía de Bogotá, Colombia
En un último reporte se conoció que al menos once personas murieron como consecuencia de la explosión de un carro bomba en las instalaciones de la Escuela de Policía en Bogotá, según informaron autoridades colombianas.
La explosión, que se produjo a las 9:30 hora local de hoy jueves, dejó también 87 heridos.
Iván Duque
En una conferencia de prensa realizada cuatro horas después de la explosión, el presidente Iván Duque y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunciaronque se identificó “con plenitud” al presunto autor material de la explosión.
[ezcol_1half]Las autoridades indicaron, además, que en su vehículo se encontraban alrededor de 80 kilos de un explosivo conocido como pentolita.
Rojas Rodríguez no poseía antecedentes penales. Se conoce que es oriundó de la zona de Boyacá.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]El fiscal Néstor Martínez indicó que José Aldemar Rojas Rodríguez es considerado responsable de la “autoría material” del ataque que calificó como “acto terrorista”.
“Él fue quien ingresó a la escuela a las 9:30 de la mañana en una camioneta gris Nissan Patrol”, explicó Martínez en una conferencia de prensa en Bogotá.
“Nuestros explosivistas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado con 80 kilos de pentolita”, añadió.
En la misma comparecencia ante los medios, el presidente Iván Duque repudió el atentado ocurrido la mañana de este jueves en la Escuela de Policía Francisco de Paula de Santander.
[/ezcol_1half_end]Duque aseguró que el incidente “no quedará impune” y calificó lo sucedido como “demencial ataque terrorista”.
Por la noche, en su mensaje final del día, el mandatario declaró tres días de duelo en todo el país.
“Fue un carro bomba que desafortunadamente superó los puestos de control de seguridad”, dijo la vicepresidenta del gobierno, Marta Lucía Ramírez.
La Escuela de Policía Francisco de Paula de Santander, ubicada en el sur de Bogotá, es una institución dedicada a la formación de oficiales.
Pocos minutos antes de la explosión, se había celebrado un acto de graduación de brigadieres generales en el lugar.
Las calles que rodean la zona de la escuela de la policía fueron cerradas inmediatamente después de la explosión.
A través de canales de televisión colombianos, los vecinos de la zona relataron el fuerte ruido ocasionado por el carro bomba y cómo se rompieron vidrios de sus casas.
Imágen del coche-bomba guíado por Rojas Rodríguez
Inmediatamente después de conocido el hecho, los familiares de los cadetes acudieron a la zona en busca de información sobre las posibles víctimas.
Minutos después las máximas autoridades de la policía del país se trasladaron al lugar para comenzar a buscar una versión definitiva del incidente.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 17, 2019