Por supuesto, y como dije en la nota, celebro el fallo que revocó la sentencia de prescripción en la causa por el feroz atentado de 1976, pero ello no obsta a que también me parezca lamentable que la Justicia argentina siga violando el principio, universalmente reconocido, de “ley anterior al hecho del proceso”.
Lo hizo, y lo sigue haciendo, con los miles de militares, policías, gendarmes, prefectos, sacerdotes y civiles encausados por los hechos de los 70’s, y ahora lo ha vuelto a hacer con estos criminales terroristas.
Para que quienes no son abogados lo entiendan, este principio significa, lisa y llanamente, que si alguien usa una corbata roja un día y, tiempo después, se considera delito usarla, no podría ser detenido por haberlo hecho antes.
La imprescriptibilidad de los presuntos delitos contra los derechos humanos recién fue incorporada a la Constitución en la reforma de 1994, en su artículo 36.
Y el concepto de “lesa humanidad”, con el cual se han calificado tanto a las fuerzas legales vencedoras cuanto a los subversivos derrotados en la guerra civil que desataron (¡lo reconoció así el Tribunal especial – también por ello ilegal – que juzgó a los miembros de la Junta en la época de Raúl Alfonsín), fue introducido por el Tratado de Roma, al cual la Argentina sólo adhirió el 8 de diciembre de 2000; o sea, su aplicación a todos ellos fue retroactiva y, como tal, repugnante para todo el derecho penal de Occidente.
Por ello, y como debo ser coherente conmigo mismo, rechazo en ambos casos la aplicación retroactiva de una ley penal posterior a los hechos.
Dicho esto, y como soy un republicano liberal, me preocupa mucho no sólo la distinta vara que aplica el Gobierno a los hechos de corrupción cuanto se trata de aliados o personajes útiles a sus designios que, si se habla de opositores o, simplemente, gente que le molesta.
También me preocupa una cierta deriva autoritaria que noto que está adquiriendo Javier Milei, en especial con las limitaciones al acceso a la información pública o con sus ataques a la prensa libre, cuando ésta no se arrodilla ante la versión oficial de los hechos y, muchísimo menos aún, cuando critica actos de gobierno o denuncia, previa investigación, la corrupción de algunos funcionarios.
El “Triángulo de Hierro” olvida que esa es, precisamente, la función de la prensa, y debería estarle agradecido por cumplir ese rol fundamental en toda democracia republicana.
En fin; ante la proximidad de la Navidad, prefiero no seguir describiendo situaciones enojosas y dejar para dentro de unos días mis preocupaciones y quejas. Espero que nuestro Señor, que renacerá en Nochebuena, nos hermane en nuestros deseos de paz y tranquilidad, que tanta falta nos hacen.
Así lo han decidido los jueces que intervienen en las causas seguidas por los llamados delitos de lesa humanidad, cuando mantienen en encierro cautelar a los imputados, en abierta violación al principio de inocencia del que debiera gozar toda persona hasta que una condena firme la declare culpable
Invocan la gravedad de los hechos ocurridos hace medio siglo para denegarles el derecho a permanecer en libertad durante el proceso, manteniéndolos recluidos con prisión preventiva, en la mayoría de los casos superando los 10 años, a la espera de una sentencia que defina su situación procesal, excediendo groseramente y sin pudor alguno los plazos máximos previstos por la ley.
Sin pudor destacan que están imputados por delitos de lesa humanidad y no dudan en colocarse por encima de las disposiciones del Tratado de Roma, que reconoce este derecho a la libertad a quienes precisamente son acusados por los delitos más graves, incluidos los de lesa humanidad.
Frente a este panorama contemplamos con asombro cómo aquellas bases fundamentales de las que se prescinde en estos casos, son declamadas ahora como principios inquebrantables, para otorgar las excarcelaciones a los acusados de hechos gravísimos de corrupción, con pruebas irrefutables en su contra y fundadas presunciones de que entorpecerán el procedimiento, atento a las actuales circunstancias políticas.
Es muy penoso que en nuestra patria se haya llegado al extremo de tener que exigir de los jueces que cumplan con el deber de administrar justicia, restableciendo el principio de igualdad ante la ley y poniendo fin a las escandalosas detenciones cautelares que vienen padeciendo quienes, ya ancianos, continúan tras las rejas, esperando la muerte a la que han sido condenados de antemano, una muerte lenta, por haber sido acusados de participar en los llamados delitos de lesa humanidad.
Escribe Francisco García Santillán para cartas de lectores del diario La Nación.
Milani debe estar libre
Sin tenerle ninguna simpatía al general Milani, debo decir que debe estar en libertad. Se le están imputando hechos de una época en la que contaba con apenas veinte años o algo más, cuando tan sólo recibía órdenes de sus superiores, sin ninguna posibilidad de decidir, dado su bajo rango. Además, como ha sido dicho en muchas ocasiones, se está violando el principio de legalidad, pues se le están aplicando normas que no regían al momento en que se llevaron a cabo las conductas investigadas. Como ya sabemos, el Tratado de Roma, que describe los delitos de lesa humanidad, recién comenzó a regir en nuestro país con su ratificación, muchísimos años después. Milani y todos los que se encuentran en sus mismas condiciones y están privados de su libertad muriéndose en las cárceles, deben ya salir de ellas. Más aún cuando estamos presenciando hoy muchos debates televisivos sobre los tristes sucesos de la década del 70, y de ellos se desprende el sufrimiento de ambos lados, quedando claro que las heridas aún supuran, lo que impide ver con claridad lo sucedido. Las dos orillas de este desastroso torrente de violencia en que vivimos los argentinos deben deponer de corazón sus armas y a partir de allí intentar pacificar nuestro suelo para que nuestros hijos y los hijos de ellos no sigan pagando las consecuencias de nuestros errores. No se puede luchar contra la verdad, pues tarde o temprano ella aparece.
Post Data de… ¿Puro y casto?
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Por supuesto, y como dije en la nota, celebro el fallo que revocó la sentencia de prescripción en la causa por el feroz atentado de 1976, pero ello no obsta a que también me parezca lamentable que la Justicia argentina siga violando el principio, universalmente reconocido, de “ley anterior al hecho del proceso”.
Lo hizo, y lo sigue haciendo, con los miles de militares, policías, gendarmes, prefectos, sacerdotes y civiles encausados por los hechos de los 70’s, y ahora lo ha vuelto a hacer con estos criminales terroristas.
Para que quienes no son abogados lo entiendan, este principio significa, lisa y llanamente, que si alguien usa una corbata roja un día y, tiempo después, se considera delito usarla, no podría ser detenido por haberlo hecho antes.
La imprescriptibilidad de los presuntos delitos contra los derechos humanos recién fue incorporada a la Constitución en la reforma de 1994, en su artículo 36.
Por ello, y como debo ser coherente conmigo mismo, rechazo en ambos casos la aplicación retroactiva de una ley penal posterior a los hechos.
Dicho esto, y como soy un republicano liberal, me preocupa mucho no sólo la distinta vara que aplica el Gobierno a los hechos de corrupción cuanto se trata de aliados o personajes útiles a sus designios que, si se habla de opositores o, simplemente, gente que le molesta.
También me preocupa una cierta deriva autoritaria que noto que está adquiriendo Javier Milei, en especial con las limitaciones al acceso a la información pública o con sus ataques a la prensa libre, cuando ésta no se arrodilla ante la versión oficial de los hechos y, muchísimo menos aún, cuando critica actos de gobierno o denuncia, previa investigación, la corrupción de algunos funcionarios.
El “Triángulo de Hierro” olvida que esa es, precisamente, la función de la prensa, y debería estarle agradecido por cumplir ese rol fundamental en toda democracia republicana.
En fin; ante la proximidad de la Navidad, prefiero no seguir describiendo situaciones enojosas y dejar para dentro de unos días mis preocupaciones y quejas. Espero que nuestro Señor, que renacerá en Nochebuena, nos hermane en nuestros deseos de paz y tranquilidad, que tanta falta nos hacen.
Un abrazo fuerte.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
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PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 23, 2024
No todos somos iguales ante la ley
Invocan la gravedad de los hechos ocurridos hace medio siglo para denegarles el derecho a permanecer en libertad durante el proceso, manteniéndolos recluidos con prisión preventiva, en la mayoría de los casos superando los 10 años, a la espera de una sentencia que defina su situación procesal, excediendo groseramente y sin pudor alguno los plazos máximos previstos por la ley.
Sin pudor destacan que están imputados por delitos de lesa humanidad y no dudan en colocarse por encima de las disposiciones del Tratado de Roma, que reconoce este derecho a la libertad a quienes precisamente son acusados por los delitos más graves, incluidos los de lesa humanidad.
Frente a este panorama contemplamos con asombro cómo aquellas bases fundamentales de las que se prescinde en estos casos, son declamadas ahora como principios inquebrantables, para otorgar las excarcelaciones a los acusados de hechos gravísimos de corrupción, con pruebas irrefutables en su contra y fundadas presunciones de que entorpecerán el procedimiento, atento a las actuales circunstancias políticas.
Es muy penoso que en nuestra patria se haya llegado al extremo de tener que exigir de los jueces que cumplan con el deber de administrar justicia, restableciendo el principio de igualdad ante la ley y poniendo fin a las escandalosas detenciones cautelares que vienen padeciendo quienes, ya ancianos, continúan tras las rejas, esperando la muerte a la que han sido condenados de antemano, una muerte lenta, por haber sido acusados de participar en los llamados delitos de lesa humanidad.
Alberto Solanet. Presidente
Carlos Bosch. Secretario
Colaboración: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 8, 2019
Milani debe estar Libre
Escribe Francisco García Santillán para cartas de lectores del diario La Nación.
Milani debe estar libre
Sin tenerle ninguna simpatía al general Milani, debo decir que debe estar en libertad. Se le están imputando hechos de una época en la que contaba
con apenas veinte años o algo más, cuando tan sólo recibía órdenes de sus superiores, sin ninguna posibilidad de decidir, dado su bajo rango. Además, como ha sido dicho en muchas ocasiones, se está violando el principio de legalidad, pues se le están aplicando normas que no regían al momento en que se llevaron a cabo las conductas investigadas. Como ya sabemos, el Tratado de Roma, que describe los delitos de lesa humanidad, recién comenzó a regir en nuestro país con su ratificación, muchísimos años después. Milani y todos los que se encuentran en sus mismas condiciones y están privados de su libertad muriéndose en las cárceles, deben ya salir de ellas. Más aún cuando estamos presenciando hoy muchos debates televisivos sobre los tristes sucesos de la década del 70, y de ellos se desprende el sufrimiento de ambos lados, quedando claro que las heridas aún supuran, lo que impide ver con claridad lo sucedido. Las dos orillas de este desastroso torrente de violencia en que vivimos los argentinos deben deponer de corazón sus armas y a partir de allí intentar pacificar nuestro suelo para que nuestros hijos y los hijos de ellos no sigan pagando las consecuencias de nuestros errores. No se puede luchar contra la verdad, pues tarde o temprano ella aparece.
Francisco García Santillán
DNI 10.661.522
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 23, 2017