UPMAC – Prisionero en Argentina

En el marco del 162 Período de Sesiones de la CIDH, realizado este año en Buenos Aires entre el 22 y el 26 de Mayo, UPMAC se hizo eco de una invitación a toda la sociedad civil para participar de la audiencia del día 24 de Mayo, en el Hotel Sheraton, siendo representada por el Dr. Santiago Mario Sinópoli, quien debió preparar una exposición pautada en torno a los 3 minutos de duración, dada la amplia cantidad de participantes sobre variados temas en el ámbito internacional.

Representaban a la CIDH los Comisionados: Francisco José Eguiguren Praeli, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vanuchi y James L. Cavallaro. También estaban presentes Paulo Abrao (Secretario Ejecutivo CIDH) y Elizabeth Abi-Mershed (Secretaria Ejecutiva Adjunta CIDH).

Una vez iniciada la Audiencia por parte del Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, el Secretario Ejecutivo de la CIDH le pidió al Dr. Sinópoli que diera inicio a la ronda de oradores.

El representante de la UPMAC, que fue así el primer disertante, además de entregar por escrito la ponencia, se refirió en el tiempo concedido, a la violación de los derechos humanos en perjuicio de Militares, integrantes de Fuerzas de Seguridad, Policiales y Civiles –a las cuales denominó en lo sucesivo como: LAS VICTIMAS-, que se encuentran imputados por los llamados delitos de lesa humanidad, perpetrados en la Argentina de 1970 a 1980, con motivo de lo que judicialmente fue catalogado como una “guerra revolucionaria”.

El Dr. Sinopoli denunció que la justicia federal es selectiva en su forma de actuar. Que es la misma justicia que todavía no ha podido imputar y juzgar a los responsables de los actos terroristas que causaron en relación a la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992: 22 muertos y 242 heridos; respecto a la AMIA, el 18 de julio de 1994: 85 muertos y mas de 300 heridos; la misma justicia que aún no ha esclarecido la muerte violenta del Fiscal Federal Natalio Alberto Nissman -que llevaba adelante las investigaciones del caso AMIA- sucedida el 19 de Enero del 2015, y que por el contrario ha logrado imputar con una sorprendente facilidad, por hechos sucedidos hace más de cuarenta años, a 2.771 personas Agentes del Estado, de las cuales fueron condenadas 733. La mayoría no tiene condena firme, y 806 se encuentran en prisión preventiva y 462 murieron, mientras eran sometidas a tratos denigrantes. También la UPMAC, a través de su representante, ha pedido la pronta intervención de la CIDH, porque en relación a LAS VICTIMAS:

Aún cuando la libertad durante el proceso es la regla y siendo la prisión preventiva la excepción, el Estado mantiene en prisión a LAS VÍCTIMAS por plazos superiores a los establecidos por la propia legislación y convenciones internacionales y bajo condiciones ultrajantes por su edad y estado de salud. Actualmente son más de 700 los casos en que hay exceso de prisión preventiva.
La prisión arbitraria produce en LAS VICTIMAS que las padecen, sufrimientos psíquicos y físicos que afectan no solo a la víctima, sino también al grupo familiar. Esto es una forma de tortura por parte del Estado Argentino.
En enero de 2009 hubo un intento de reparar la situación generada por excesos de prisión preventiva. Entonces los jueces de Casación Luis García, Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Ángela Ledesma, dispusieron la libertad de un grupo de militares que habían excedido los términos legales establecidos por la ley 25.430 sobre prisión preventiva. La entonces presidente de la Nación al conocer la resolución de la Casación dijo públicamente en esa oportunidad: “Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial”, más adelante, acerca de los jueces que resolvieron en el caso agregó “avergüenzan a los argentinos y a la humanidad”,consecuentemente la Secretaría de Derechos Humanos denunció ante el Consejo de la Magistratura a la mitad de la Cámara de Casación.
Esta política de “populismo penal” llevada a su máxima ferocidad en el Gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner (2007-2016), en donde se montó una justicia “retaliativa” y no “resocializadora” o “readaptativa”, aun persiste, y prueba de ello es el ataque a Jueces de Corte Suprema por el reciente fallo, que aplica a LAS VICTIMAS el principio de ley penal mas benigna y considera que es un derecho en los llamados juicios de lesa humanidad, contar a los fines del cómputo de la pena cada día de prisión preventiva excedida en el termino legal, como si fueran dos días de la prisión.
Los delitos que se imputan a LAS VÍCTIMAS no estaban tipificados como tales al momento de cometerse los hechos que se les imputan. La justicia argentina jugando con “pestilentes ficciones legales” ha tirado por la borda el principio de “irretroactividad de la ley penal” amparado por el derecho Convencional y la Constitución Nacional.
Una justicia que actúa en forma parcial, con ánimo persecutorio, como una manera de “tapar” los excesos de prisión preventiva subdividen la responsabilidad de los inculpados en varios juicios. Así LAS VÍCTIMAS se encuentran en procesos que nunca terminan, y por la modalidad no pueden acceder al derecho a no ser sometidos a la prisión preventiva prevista en la legislación interna. LAS VICTIMAS están en una eterna prisión preventiva.

Las presentaciones fueron de lo más variadas. Se trató desde los temas de minería en Perú y Bolivia, hasta otros relacionados con los derechos de la mujer. La problemática expuesta por el orador de UPMAC, por ser el iniciador de la ronda, sorprendió al auditorio. Los miembros de la CIDH solo escucharon y aclararon que no iban a emitir opinión sobre temas de Argentina mientras estuvieran aquí.

Ponemos de manifiesto el notable y sostenido esfuerzo que viene realizando nuestro Letrado Patrocinante, el Dr. Santiago Sinópoli y su equipo de colaboradores, en distintas demandas hechas ante organismos internacionales, desde hace ya varios meses, siendo esta representación presencial ante la CIDH, al igual que la efectuada días pasados ante un organismo de la ONU, de singular importancia para que nuestra voz llegue en términos firmes y precisos a quienes tienen por mandato la obligación de hacer cumplir los pactos internacionales como corresponde.

Quiera Dios que así sea.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2016.-