Una nueva categoría de delito se agregará próximamente al código penal argentino: el genocidio virtual.
País bizarro el nuestro, con una justicia que no deja de sorprendernos. Casi al mismo tiempo que en el “Honorable Congreso de la Nación” juraban dos nuevos senadores investigados y hasta condenados por múltiples causas judiciales relacionadas con alta corrupción, el Tribunal Oral Federal 5 me dictaba sentencia a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad que no cometí y de cuya autoría no hay prueba alguna.
De las 800 presuntas víctimas y testigos que pasaron por el Tribunal durante los siete (¡!) años de audiencias y testimonios que se llevaron a cabo durante mi juicio, ninguna persona declaró conocerme.
A través de documentación fehaciente que fue oportunamente presentada al Tribunal, quedó debidamente aclarado y demostrado 1) que nunca estuve en la ESMA ni destinado, ni en comisión (en el período en el que se me acusa estuve en el extranjero), 2) que no me desempeñé en ningún grupo de tareas ni participé en ninguna acción de combate, 3) que por mi jerarquía y función no tenía ningún poder de decisión y 4) que no figuraba en ningún organigrama que demostrara mi actuación en actividades de combate antisubversivo.
A pesar de las numerosas pruebas presentadas en mi defensa, después de once años de prisión preventiva, fui condenado a prisión perpetua por asesinar y torturar a cientos de personas con las que jamás tuve contacto, y por apropiarme de niños de cuya existencia jamás tuve conocimiento.
He aquí pues la flamante figura del genocida virtual, una nueva especie de supervillano que puede secuestrar, torturar, asesinar, apropiarse de niños sin contacto humano ni poder de decisión, mediante algún superpoder extrasensorial o gestión telepática, o mediante el uso de magia negra, quién sabe, o algún rito de transposición de cuerpos que me resulta imposible conjeturar.
Lo más curioso de esta nueva figura es que desde su nacimiento es culpable AÚN CUANDO (ya ni siquiera “hasta que”) se demuestre su inocencia.
Así es como en el interregno hasta mi condena (12 años de prisión preventiva, de los cuales seis transcurrieron sin juicio ni sentencia) me fueron negadas todas las garantías constitucionales en todas las instancias: desde la excarcelación hasta la posibilidad, en un momento dado, de ser atendido por mi propia obra social.
El doble estándar con el que actúa la justicia argentina en el tratamiento de los encausados y en la aplicación de sus sentencias me remite al concepto de “modernidad líquida” desarrollado por Zygmund Bauman, en el que individuos, acciones e instituciones son “flexibles” y pueden adaptarse al molde político o social que los contiene. Los valores sólidos (justicia, constitución, etc.) pueden ser ignorados y reemplazados por valores “líquidos” que se adaptan a la conveniencia de las autoridades o juristas de turno.
En esta justicia “líquida”, los jueces y fiscales fascioderechohumanistas imponen argumentos postmodernistas para torcer conceptos judiciales básicos del derecho penal argentino y el internacional, declarar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (que no estaba contemplado en nuestros códigos)y poder llevar adelante una justicia paralela para satisfacer la sed de venganza de los peores actores que desquiciaron nuestra República.
Esta mezcla berreta de conceptos posmodernistas da como resultado lo que yo denominaría GROUCHOMARXISMO JUDICIAL; “si esta sentencia no te gusta, no te preocupes, tengo otras mejores”.
Así las cosas, la ” líquida justicia argentina”, instrumentó una perversa, aviesa y retorcida “PENA DE MUERTE” o mejor dicho un “PLAN DE EXTERMINIO”, lento y doloroso para la mayoría de los uniformados que fuimos seleccionados para montar el patético circo judicial al que estamos sometidos. Un verdadero bochorno que algún día saldrá a la luz, cuando alguien con convicción y valentía se anime a auditar la vergüenza que fueron los juicios de lesa humanidad, avalados por “políticas de estado” que no hacen sino cortar el hilo moral que establece la constitución. Hoy cumplo 81 años y doce de genocida virtual, privado injustamente de mi libertad por un poder judicial acomodaticio y servil, que eterniza recursos y procesos para prolongar la tortura y satisfacer el miserable deseo de venganza de un grupo.
He demostrado fehacientemente mi inocencia. He cumplido con cada uno de los pasos que requirió la justicia. A lo largo de todos estos años no se me ha otorgado ninguna garantía, ni siquiera la presunción de inocencia. Se prolongan indefinidamente los plazos de apelación y el tiempo se agota…
Es por eso que hoy, desde este cadalso de encarnizamiento jurídico al que me condenan, lanzo un desesperado grito de auxilio a los ciudadanos de la patria y denuncio un sistema judicial aberrante, maligno y vengativo que me condena a la muerte en vida.
EL GENOCIDA VIRTUAL
Por el Capitán de Navío EUGENIO BAUTISTA VILARDO
Una nueva categoría de delito se agregará próximamente al código penal argentino: el genocidio virtual.
País bizarro el nuestro, con una justicia que no deja de sorprendernos. Casi al mismo tiempo que en el “Honorable Congreso de la Nación” juraban dos nuevos senadores investigados y hasta condenados por múltiples causas judiciales relacionadas con alta corrupción, el Tribunal Oral Federal 5 me dictaba sentencia a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad que no cometí y de cuya autoría no hay prueba alguna.
De las 800 presuntas víctimas y testigos que pasaron por el Tribunal durante los siete (¡!) años de audiencias y testimonios que se llevaron a cabo durante mi juicio, ninguna persona declaró conocerme.
A través de documentación fehaciente que fue oportunamente presentada al Tribunal, quedó debidamente aclarado y demostrado 1) que nunca estuve en la ESMA ni destinado, ni en comisión (en el período en el que se me acusa estuve en el extranjero), 2) que no me desempeñé en ningún grupo de tareas ni participé en ninguna acción de combate, 3) que por mi jerarquía y función no tenía ningún poder de decisión y 4) que no figuraba en ningún organigrama que demostrara mi actuación en actividades de combate antisubversivo.
He aquí pues la flamante figura del genocida virtual, una nueva especie de supervillano que puede secuestrar, torturar, asesinar, apropiarse de niños sin contacto humano ni poder de decisión, mediante algún superpoder extrasensorial o gestión telepática, o mediante el uso de magia negra, quién sabe, o algún rito de transposición de cuerpos que me resulta imposible conjeturar.
Lo más curioso de esta nueva figura es que desde su nacimiento es culpable AÚN CUANDO (ya ni siquiera “hasta que”) se demuestre su inocencia.
Así es como en el interregno hasta mi condena (12 años de prisión preventiva, de los cuales seis transcurrieron sin juicio ni sentencia) me fueron negadas todas las garantías constitucionales en todas las instancias: desde la excarcelación hasta la posibilidad, en un momento dado, de ser atendido por mi propia obra social.
El doble estándar con el que actúa la justicia argentina en el tratamiento de los encausados y en la aplicación de sus sentencias me remite al concepto de “modernidad líquida” desarrollado por Zygmund Bauman, en el que individuos, acciones e instituciones son “flexibles” y pueden adaptarse al molde político o social que los contiene. Los valores sólidos (justicia, constitución, etc.) pueden ser ignorados y reemplazados por valores “líquidos” que se adaptan a la conveniencia de las autoridades o juristas de turno.
En esta justicia “líquida”, los jueces y fiscales fascioderechohumanistas imponen argumentos postmodernistas para torcer conceptos judiciales básicos del derecho penal argentino y el internacional, declarar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (que no estaba contemplado en nuestros códigos) y poder llevar adelante una justicia paralela para satisfacer la sed de venganza de los peores actores que desquiciaron nuestra República.
Esta mezcla berreta de conceptos posmodernistas da como resultado lo que yo denominaría GROUCHOMARXISMO JUDICIAL; “si esta sentencia no te gusta, no te preocupes, tengo otras mejores”.
Así las cosas, la ” líquida justicia argentina”, instrumentó una perversa, aviesa y retorcida “PENA DE MUERTE” o mejor dicho un “PLAN DE EXTERMINIO”, lento y doloroso para la mayoría de los uniformados que fuimos seleccionados para montar el patético circo judicial al que estamos sometidos. Un verdadero bochorno que algún día saldrá a la luz, cuando alguien con convicción y valentía se anime a auditar la vergüenza que fueron los juicios de lesa humanidad, avalados por “políticas de estado” que no hacen sino cortar el hilo moral que establece la constitución.
Hoy cumplo 81 años y doce de genocida virtual, privado injustamente de mi libertad por un poder judicial acomodaticio y servil, que eterniza recursos y procesos para prolongar la tortura y satisfacer el miserable deseo de venganza de un grupo.
He demostrado fehacientemente mi inocencia. He cumplido con cada uno de los pasos que requirió la justicia. A lo largo de todos estos años no se me ha otorgado ninguna garantía, ni siquiera la presunción de inocencia. Se prolongan indefinidamente los plazos de apelación y el tiempo se agota…
Es por eso que hoy, desde este cadalso de encarnizamiento jurídico al que me condenan, lanzo un desesperado grito de auxilio a los ciudadanos de la patria y denuncio un sistema judicial aberrante, maligno y vengativo que me condena a la muerte en vida.
EUGENIO BAUTISTA VILARDO
Preso político de Argentina
Envío y colaboración: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 18, 2018