Días pasados el Ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, expresó en una entrevista televisiva que había personas que cobraron sumas millonarias, conforme a lo establecido por las leyes de reparación sancionadas por el kirchnerismo, en razón de supuestos crímenes cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
La entrevista expuso dos situaciones “Tabú” para la sociedad argentina, las que por cierto, son muy interesantes. La primera es que 7.996 personas o sus herederos, cobraron una indemnización por el daño sufrido, lo cual hace caer como una bola de plomo la mentira de los 30.000 desaparecidos. La segunda, muy comentada también, es que esos cobros y otros que aún están pendientes, fueron o pudieron haber sido producto de un fraude contra el Estado Nacional.
Las palabras del ministro incluyen las denuncias a estudios jurídicos que facilitaban los cobros indebidos y que fueron denunciados en la justicia argentina, aunque a fuerza de decir verdad, aún no tenemos noticias de las detenciones ni procesamientos de los responsables. Parecería ser que los “buenísimos jueces” del ministro Libarona, están un poquito reluctantes y perezosos.
Conforme a nuestras investigaciones, inventar testigos, entrenarlos y ofrecerles sumas dinerarias a cambio de una declaración sobre situaciones que nunca vivieron, son moneda corriente en los bien o mal llamados juicios de Lesa Humanidad. Lo peor del caso, es que los testigos declarantes, ni siquiera ocultan que hay estudios jurídicos los contactan para que declaren en juicio y así cobrar sumas dinerarias.
En el video puede observarse al testigo Víctor Hugo Iglesias, quien declaró en la Mega Causa Zona 5, el día 17 de noviembre de 2022 y se escucha claramente cuando dice que un abogado de un estudio jurídico le dijo que tenía que declarar para tener una indemnización.
El modus operandi consistiría en ubicar personas necesitadas o inescrupulosas, adiestrarlas debidamente conforme al encuadramiento del objeto procesal de un determinado debate oral por lesa humanidad, ofrecerlos como testigos, lograr la declaración testimonial en el debate y pedir un certificado por haber declarado, para luego efectuar el cobro de la mano de un estudio jurídico a cargo de un abogado “diligente” que ofrece rapidez de cobro a un costo no menor que el 30 % de lo percibido.
Iguales o similares son todos los certificados tipo constancia, que entregan todos los Tribunales Orales Federales donde se desarrollan los bien o mal llamados juicios de lesa humanidad.
Todos pagamos impuestos y la plata se la llevan ellos. ¿pero quienes son ellos? No lo sabemos con certeza en cuanto al porcentaje, pero lo que sí es seguro, es que el testigo “rentado” cobra la mayor parte, el estudio jurídico que gestiona el cobro y la fiscalía del tribunal del juicio oral y público por lesa humanidad también recibe su cuota y en algunos casos puntuales también, están los otros, cuyos detalles dependen de la honorabilidad de los magistrados.
Parecería ser que la dignidad y la buena fe, son letra muerta en la páginas de los libros de historia. Pero para peor, los políticos nos siguen engañando, los “buenísimos” jueces del ministro Libarona resultaron no ser tan buenos, no imputan ni condenan a nadie y nosotros seguimos participando.
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Días pasados el Ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, expresó en una entrevista televisiva que había personas que cobraron sumas millonarias, conforme a lo establecido por las leyes de reparación sancionadas por el kirchnerismo, en razón de supuestos crímenes cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
La entrevista expuso dos situaciones “Tabú” para la sociedad argentina, las que por cierto, son muy interesantes. La primera es que 7.996 personas o sus herederos, cobraron una indemnización por el daño sufrido, lo cual hace caer como una bola de plomo la mentira de los 30.000 desaparecidos. La segunda, muy comentada también, es que esos cobros y otros que aún están pendientes, fueron o pudieron haber sido producto de un fraude contra el Estado Nacional.
Las palabras del ministro incluyen las denuncias a estudios jurídicos que facilitaban los cobros indebidos y que fueron denunciados en la justicia argentina, aunque a fuerza de decir verdad, aún no tenemos noticias de las detenciones ni procesamientos de los responsables. Parecería ser que los “buenísimos jueces” del ministro Libarona, están un poquito reluctantes y perezosos.
Conforme a nuestras investigaciones, inventar testigos, entrenarlos y ofrecerles sumas dinerarias a cambio de una declaración sobre situaciones que nunca vivieron, son moneda corriente en los bien o mal llamados juicios de Lesa Humanidad. Lo peor del caso, es que los testigos declarantes, ni siquiera ocultan que hay estudios jurídicos los contactan para que declaren en juicio y así cobrar sumas dinerarias.
En el video puede observarse al testigo Víctor Hugo Iglesias, quien declaró en la Mega Causa Zona 5, el día 17 de noviembre de 2022 y se escucha claramente cuando dice que un abogado de un estudio jurídico le dijo que tenía que declarar para tener una indemnización.
El modus operandi consistiría en ubicar personas necesitadas o inescrupulosas, adiestrarlas debidamente conforme al encuadramiento del objeto procesal de un determinado debate oral por lesa humanidad, ofrecerlos como testigos, lograr la declaración testimonial en el debate y pedir un certificado por haber declarado, para luego efectuar el cobro de la mano de un estudio jurídico a cargo de un abogado “diligente” que ofrece rapidez de cobro a un costo no menor que el 30 % de lo percibido.
Iguales o similares son todos los certificados tipo constancia, que entregan todos los Tribunales Orales Federales donde se desarrollan los bien o mal llamados juicios de lesa humanidad.
Todos pagamos impuestos y la plata se la llevan ellos. ¿pero quienes son ellos? No lo sabemos con certeza en cuanto al porcentaje, pero lo que sí es seguro, es que el testigo “rentado” cobra la mayor parte, el estudio jurídico que gestiona el cobro y la fiscalía del tribunal del juicio oral y público por lesa humanidad también recibe su cuota y en algunos casos puntuales también, están los otros, cuyos detalles dependen de la honorabilidad de los magistrados.
Parecería ser que la dignidad y la buena fe, son letra muerta en la páginas de los libros de historia. Pero para peor, los políticos nos siguen engañando, los “buenísimos” jueces del ministro Libarona resultaron no ser tan buenos, no imputan ni condenan a nadie y nosotros seguimos participando.
PrisioneroEnArgentina.com
Setiembre 7, 2024