Coincidimos todos en que el Proceso de Reconstrucción Nacional cometió múltiples errores y abusos. Cuando llegaba a su declinación, próximo a desaparecer, salieron a luz también sus crímenes. No hay ninguna fuerza política, actualmente, que pretenda hacer la defensa, in totum, del proceso, ni que niegue que sus múltiples excesos debieran haberse evitado en la medida de lo posible. Pero condenar los excesos de la represión no exige adherir a los excesos de la revolución que la hizo necesaria, indispensable. Era necesario reprimir la subversión; se justificaba y debió hacerse; ¿debió hacerse mejor? claro que sí, pero, sobre todo, agradecemos que se la hiciera, pues las circunstancias lo exigían. De los representantes de ese proceso la mayoría murieron y otros están en la cárcel sin que se respeten las más mínimas garantías constitucionales ni su derecho de defensa. No se puede seguir callando y aceptando una exaltación de la subversión porque sus integrantes quedaron en el simpático papel de víctimas. Los que emplearon la violencia no lo hicieron contra su voluntad, por una imperiosa y ciega obediencia, sino pensando que así cumplían con su deber. El militar tiene la obligación de emplear hasta la máxima violencia para vencer al enemigo. ¿Se quiere algo más espantoso y aterrante que matar a un prójimo de sangre y hueso? Y el militar debe hacerlo porque esa es su función. Por eso es que se considera tan digna y honorable la carrera militar, por tratarse de hombres que superan sus humanas limitaciones en busca del bien general, del bien de la patria. De modo que el militar que ha hecho lo que más espantoso nos resulta, matar a otro hombre, no lo ha hecho por una ciega obligación mecánica de acatar lo que un superior le ordena, por una obediencia debida, sino por una vocación de franquear sus propias barreras humanas, de imponerse sobre sus melindres, de superar los dictados de su fuero interno en aras de la patria. No obstante las promesas del gobierno actual muchísimos presos militares, sin condenas firmes, se encuentran en prisión preventiva desde -algunos- hace más de diez años, cuando el máximo que establece la ley es dos, prorrogable sólo por uno más en casos fundados. Soy un abogado enamorado de mi quehacer. Creo que uno de los grandes logros históricos del derecho ha sido la abolición de la tortura. Antes se torturaba por orden de los jueces y bajo su supervisión, para obtener confesiones abreviando el trámite de la investigación. El primer país que rechazó las confesiones logradas bajo tormento fue el reino de Aragón. De ahí viene el refrán: niega que negarás, que en Aragón estás, pues no podía torturarse al reo. Aunque, después de siglos de abolida, se sabe que a veces se la aplica. Y en mi País Jueces federales la están aplicando. ¿O no es tortura lo que ha cometido la Cámara Federal en contra de Miguel Etchecolatz? Condenado en varios juicios amañados por delitos de lesa humanidad. Un anciano 88 años de edad y en estado de salud terminal, con un dictamen puntual del Cuerpo Médico que da cuenta de la patología que padece. El Tribunal Federal con una perversidad manifiesta y de manera arbitraria lo llevan a morir a la cárcel. Temerosos de la izquierda y de los falsos organismos de derechos humanos, se niegan a aplicar lo que la Corte Suprema de Justicia tenía como doctrina y principio rector justicia. Que los acusados por cualquier delito tienen derecho a que se les aplique la ley más benigna. Con la derogación de la ley que establecía que, por cada dos días en prisión preventiva, se descontaba uno de la condena, se sanciono la venganza. Si es que la tortura que consiste en causar en forma intencional un grave dolor físico o Psicológico, se concreta y se repite. Ese beneficio no es aplicable a los presos militares. Los subversivos de ayer y los que realizaron la mayor estafa que conoce la historia de nuestro pueblo en la etapa Kirchnerista están en libertad.