“A pesar de los avances en el conocimiento en el mundo contemporáneo, se siguieron fraguando personajes y acontecimientos que conmovieron a multitudes, porque sigue predominando la creencia en los mitos más que en los hechos reales”.
Juan José Sebreli
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El martes, al llegar al Congreso para asumir como Presidente, Alberto Fernández tuvo un gesto conmovedor al empujar la silla de ruedas de la Vicepresidente saliente, Graciela Micchetti; y el abrazo con Mauricio Macri fue la frutilla que coronó esa actitud tan civilizada y democrática. Su discurso inicial, en general, no pudo ser más contemporizador y reunificador para una sociedad tan enfrentada como la nuestra, un remedo del mismo mal que afecta a tantas otras, desde los Estados Unidos, el Reino Unido, España e Italia hasta Chile, Bolivia y Colombia.
En particular, aplaudo su declarada intención de privilegiar los derechos humanos. Pero, mientras celebraba el coincidente día internacional de éstos, en el palco de los representantes extranjeros destacaban Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba, Jorge Rodríguez, poderoso Ministro de Comunicación venezolano, y Rafael Correa, el prófugo ex Presidente del Ecuador, todos ellos violadores seriales de esos mismos derechos. Y el jueves se sumó el arribo -pidió asilo político- del narco Evo Morales, quien renunció a la Presidencia de Bolivia cuando su fraude fue descubierto.
Además, tuve agradables sorpresas cuando dijo que fortalecería la integración inteligente al mundo globalizado, y su vocación por trasparentar la obra pública para evitar “irregularidades”.
También lo acompaño en la necesidad de limitar las prisiones preventivas y de garantizar los derechos constitucionales, siempre y cuando se apliquen a todos, sean quienes fueran. Porque, si aplica esos encomiables propósitos, deberá cesar la persecución estatal a los ancianos militares presos, y muchos de ellos deberán recuperar inmediatamente su libertad.
Comparto con el Presidente la preocupación por el estado de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y creo indispensable su reforma, en especial para excluir de ella las operaciones políticas, provengan de donde sea. Por ser sólo doce los jueces de Primera Instancia, verdaderos zares de las causas federales, ya que son los dueños del “pasa o no pasa” de las denuncias, se convierten en blancos fáciles de las presiones del poder de turno y de las tentaciones “crematísticas”, tal como se viera en los casos de Norberto Oyarbide, Eduardo Farah y varios otros, o como razonablemente se sospecha de tantos otros de los actuales.
La mejor solución o, al menos, la más simple, parece ser “federalizar” a los numerosos jueces de primera instancia en materias penal tributaria y criminal común y un Congreso tan permeable a los deseos presidenciales podría transformarla en ley rápidamente. Pero temo, conociendo el paño, que escondida detrás venga su “democratización”, tan propulsada por Cristina durante su gobierno y milagrosamente abortada por la Corte Suprema.
LLama la atención que haya tantos procesados por corrupción entre los nuevos funcionarios a nivel nacional y bonaerense y lamentablemente, la insistencia de Alberto Fernández en la supuesta persecución judicial y mediática -replicada por Axel Kiciloff para justificar el nombramiento de dos de ellos- que afectaría a la dueña del peronismo multiforme y pegoteado -¿cómo negar las múltiples pruebas y declaraciones coincidentes de sus cómplices arrepentidos?- me hace dudar de las buenas intenciones del primer mandatario, que está obligado por el siniestro pacto que lo llevó a ese lugar a garantizar la impunidad de su jefa y de la familia de ésta.
En especial, cuando se la suma a los estratégicos nombramientos en los más altos escalones de la pirámide estatal en materia de Justicia: a Carlos Zannini, Procurador del Tesoro y, como tal, jefe de todos los abogados del Estado, se agregaron Juan Martín Mena (ex número dos de la SIDE kirchnerista), como Viceministro, y Gerónimo Ustarroz (hermano de Wado de Pedro), como miembro del Consejo de la Magistratura.
Todos ellos responden a Cristina, y serán quienes tendrán la misión de garantizarle tranquilidad por muchos años. Pero Alberto Fernández, más allá de las razonables muestras de agradecimiento y sumisión a quien lo eligiera, necesitará tenerla controlada, para evitar los desbordes institucionales a los que es tan afecta y que tanto daño produjeron a la sociedad. Para ello, sólo tiene un arma: precisamente, mantenerla atada a las causas por corrupción que tramitan en Comodoro Py. Creo que será allí donde se librará la principal batalla por el verdadero poder.
El Presidente ha dado suficientes muestras, durante la campaña electoral, de su muy baja tolerancia a las preguntas de los periodistas y, por eso, otra luz amarilla se encendió cuando expuso su decisión de modificar la publicidad oficial para que ésta se convierta en vehículo para “mejorar la calidad educativa” y “el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes”. Tendremos todos que estar muy atentos cuando se pruebe en hechos, tanto para controlar que no vuelva a ser un modo de sojuzgar a la prensa libre cuanto para evitar que se utilice, como tantas veces ha sucedido, para adoctrinar y degradar a la República y la democracia.
Me pareció espléndida y esencial la futura creación de una gran Escuela de Gobierno, a imitación de la que existe en Francia; en ésta, todos los miembros permanentes de la administración pública se han graduado y la meritocracia es el principio rector para el ingreso y la permanencia.
Para terminar, en cambio, disiento con la gratuidad de la educación universitaria, tan ponderada por el Presidente en su discurso. He escrito muchas veces sobre el tema (por ejemplo, en https://tinyurl.com/sp6jbk9) y sigo pensando que es, simplemente, un injustificable disparate.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
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Por ENRIQUE GUILLERMO AVOGADRO
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Juan José Sebreli
El martes, al llegar al Congreso para asumir como Presidente, Alberto Fernández tuvo un gesto conmovedor al empujar la silla de ruedas de la Vicepresidente saliente, Graciela Micchetti; y el abrazo con Mauricio Macri fue la frutilla que coronó esa actitud tan civilizada y democrática. Su discurso inicial, en general, no pudo ser más contemporizador y reunificador para una sociedad tan enfrentada como la nuestra, un remedo del mismo mal que afecta a tantas otras, desde los Estados Unidos, el Reino Unido, España e Italia hasta Chile, Bolivia y Colombia.
En particular, aplaudo su declarada intención de privilegiar los derechos humanos. Pero, mientras celebraba el coincidente día internacional de éstos, en el palco de los representantes extranjeros destacaban Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba, Jorge Rodríguez, poderoso Ministro de Comunicación venezolano, y Rafael Correa, el prófugo ex Presidente del Ecuador, todos ellos violadores seriales de esos mismos derechos. Y el jueves se sumó el arribo -pidió asilo político- del narco Evo Morales, quien renunció a la Presidencia de Bolivia cuando su fraude fue descubierto.
Además, tuve agradables sorpresas cuando dijo que fortalecería la integración inteligente al mundo globalizado, y su vocación por trasparentar la obra pública para evitar “irregularidades”.
Comparto con el Presidente la preocupación por el estado de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y creo indispensable su reforma, en especial para excluir de ella las operaciones políticas, provengan de donde sea. Por ser sólo doce los jueces de Primera Instancia, verdaderos zares de las causas federales, ya que son los dueños del “pasa o no pasa” de las denuncias, se convierten en blancos fáciles de las presiones del poder de turno y de las tentaciones “crematísticas”, tal como se viera en los casos de Norberto Oyarbide, Eduardo Farah y varios otros, o como razonablemente se sospecha de tantos otros de los actuales.
La mejor solución o, al menos, la más simple, parece ser “federalizar” a los numerosos jueces de primera instancia en materias penal tributaria y criminal común y un Congreso tan permeable a los deseos presidenciales podría transformarla en ley rápidamente. Pero temo, conociendo el paño, que escondida detrás venga su “democratización”, tan propulsada por Cristina durante su gobierno y milagrosamente abortada por la Corte Suprema.
LLama la atención que haya tantos procesados por corrupción entre los nuevos funcionarios a nivel nacional y bonaerense y lamentablemente, la insistencia de Alberto Fernández en la supuesta persecución judicial y mediática -replicada por Axel Kiciloff para justificar el nombramiento de dos de ellos- que afectaría a la dueña del peronismo multiforme y pegoteado -¿cómo negar las múltiples pruebas y declaraciones coincidentes de sus cómplices arrepentidos?- me hace dudar de las buenas intenciones del primer mandatario, que está obligado por el siniestro pacto que lo llevó a ese lugar a garantizar la impunidad de su jefa y de la familia de ésta.
Todos ellos responden a Cristina, y serán quienes tendrán la misión de garantizarle tranquilidad por muchos años. Pero Alberto Fernández, más allá de las razonables muestras de agradecimiento y sumisión a quien lo eligiera, necesitará tenerla controlada, para evitar los desbordes institucionales a los que es tan afecta y que tanto daño produjeron a la sociedad. Para ello, sólo tiene un arma: precisamente, mantenerla atada a las causas por corrupción que tramitan en Comodoro Py. Creo que será allí donde se librará la principal batalla por el verdadero poder.
El Presidente ha dado suficientes muestras, durante la campaña electoral, de su muy baja tolerancia a las preguntas de los periodistas y, por eso, otra luz amarilla se encendió cuando expuso su decisión de modificar la publicidad oficial para que ésta se convierta en vehículo para “mejorar la calidad educativa” y “el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes”. Tendremos todos que estar muy atentos cuando se pruebe en hechos, tanto para controlar que no vuelva a ser un modo de sojuzgar a la prensa libre cuanto para evitar que se utilice, como tantas veces ha sucedido, para adoctrinar y degradar a la República y la democracia.
Me pareció espléndida y esencial la futura creación de una gran Escuela de Gobierno, a imitación de la que existe en Francia; en ésta, todos los miembros permanentes de la administración pública se han graduado y la meritocracia es el principio rector para el ingreso y la permanencia.
Para terminar, en cambio, disiento con la gratuidad de la educación universitaria, tan ponderada por el Presidente en su discurso. He escrito muchas veces sobre el tema (por ejemplo, en https://tinyurl.com/sp6jbk9) y sigo pensando que es, simplemente, un injustificable disparate.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896
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Diciembre 14, 2019