Se debe ser tratado de manera justa y con respeto cuando se va a la corte. Si se tiene una audiencia en la corte y el juez de la ciudad, pueblo o ciudad no demstró actuar con justicia y cortesía, se tiene derecho a presentar una queja. La mala conducta judicial rompe la fibra misma de lo que es necesario para un poder judicial funcional: ciudadanos que creen que sus jueces son justos e imparciales. El poder judicial no puede existir sin la confianza del pueblo. Los jueces deben, por lo tanto, ser responsables de las normas legales y éticas. Al responsabilizarlos por su comportamiento, la revisión de la conducta judicial debe realizarse sin invadir la independencia de la toma de decisiones judiciales. Esta tarea puede ser desalentadora.
Más que cualquier otra rama del gobierno, el poder judicial se basa en la fe pública: los jueces no están al mando de ejércitos o fuerzas policiales, no tienen poder económico para financiar iniciativas y no aprueban leyes. En su lugar, dictan sentencias sobre la base de la ley. Sentencias que la gente debe creer provienen de funcionarios judiciales competentes, legítimos e independientes.
La mala conducta judicial se presenta de muchas formas y los estándares éticos abordan las acciones problemáticas, las omisiones y las relaciones que agotan la confianza del público. Las quejas comunes de mala conducta ética incluyen comportamiento inadecuado; falta de recusación adecuada cuando el juez tiene un conflicto de interés; participar en comunicación ex parte y no cumplir con sus deberes judiciales de manera oportuna. El comportamiento fuera de la sala del tribunal también puede ser un problema. La supervisión de la conducta judicial no debe intentar regular aspectos puramente personales de la vida de un juez. Sin embargo, un juez puede cometer una conducta indebida al tener un comportamiento personal que ponga en duda su integridad judicial. Esto es cierto incluso si el mismo comportamiento simplemente se consideraría imprudente para el ciudadano medio. Como dice el refrán, la túnica magnifica la conducta. Ejemplos obvios son las violaciones de la ley penal, conducta sexual inapropiada con el personal/abogados/partes, unirse a organizaciones discriminatorias y usar la posición judicial para mejorar un interés privado.
“Ningún hombre está por encima de la ley y ningún hombre está por debajo de ella; ni le pedimos permiso a nadie cuando le pedimos que la obedezca. La obediencia a la ley se exige como un derecho, no se le pide como un favor”.
Theodore Roosevelt
Muchos códigos de conducta judicial también incluyen un lenguaje general que insta a los jueces a preservar la integridad del poder judicial y evitar incluso la apariencia de incorrección. Por ejemplo, el preámbulo del Código de Conducta Judicial de Arkansas establece que “los jueces deben mantener la dignidad de su cargo en todo momento y evitar tanto la incorrección como la apariencia de incorrección en su vida profesional y personal”.
¿En qué momento el fallo de un juez está tan alejado del precedente y del código legal o es una violación tan flagrante de los derechos fundamentales que parece que el juez está actuando con impunidad frente a la ley? Generalmente, las decisiones de un juez se deben dejar para la revisión judicial, no para la crítica de una comisión de conducta. Sin embargo, los incidentes en los que las personas son encarceladas sin el debido proceso, los jueces inventan remedios inadecuados para los casos o la ruptura del estado de derecho pueden alcanzar el nivel de mala conducta judicial. Regular ese tipo de conductas sin violar la separación de poderes o la independencia en la toma de decisiones se convierte en un paseo por el filo de la navaja.
Es vital implementar una manera significativa para que el público esté protegido contra la mala conducta judicial; tiene que haber una revisión. Además, debe hacerse con un riesgo mínimo de intervención ilegal por parte de las fuerzas que intentan evitar fallos impopulares, pero correctos, sobre la ley. Por supuesto, debe existir un sistema adecuado para proteger los derechos de los jueces a impugnar cargos éticos. Si se determina que un juez violó las normas de ética judicial, el siguiente paso sería determinar una sanción o un remedio. Una comisión de conducta bien equipada debe disponer de los recursos apropiados. La disciplina pública tiene el doble propósito de corregir al juez en cuestión, así como educar a otros en el poder judicial. Las comisiones de conducta suelen tener la autoridad para publicar advertencias o reprimendas por comportamiento poco ético. Se pueden ordenar medidas correctivas que requieran, por ejemplo, tutoría, monitoreo o educación adicional. Las raras y graves sanciones de suspensión o destitución del cargo se reservan solo para los casos más atroces de mala conducta.
Corresponde al poder judicial apoyar medidas que lo hagan responsable. Si bien la mayoría de los jueces ejercen sus funciones con honor, se deben corregir los errores éticos y se deben reconocer las principales violaciones de la confianza. El poder judicial debe estar dispuesto a ayudar a desarrollar estándares éticos y ser una parte activa de cualquier mecanismo de cumplimiento. Los jueces que imparten justicia deben ser vistos como éticos y sujetos a corrección significativa cuando sea necesario. Lo que está en juego es nada menos que el estado de derecho.
⚖️
Se debe ser tratado de manera justa y con respeto cuando se va a la corte. Si se tiene una audiencia en la corte y el juez de la ciudad, pueblo o ciudad no demstró actuar con justicia y cortesía, se tiene derecho a presentar una queja. La mala conducta judicial rompe la fibra misma de lo que es necesario para un poder judicial funcional: ciudadanos que creen que sus jueces son justos e imparciales. El poder judicial no puede existir sin la confianza del pueblo. Los jueces deben, por lo tanto, ser responsables de las normas legales y éticas. Al responsabilizarlos por su comportamiento, la revisión de la conducta judicial debe realizarse sin invadir la independencia de la toma de decisiones judiciales. Esta tarea puede ser desalentadora.
Más que cualquier otra rama del gobierno, el poder judicial se basa en la fe pública: los jueces no están al mando de ejércitos o fuerzas policiales, no tienen poder económico para financiar iniciativas y no aprueban leyes. En su lugar, dictan sentencias sobre la base de la ley. Sentencias que la gente debe creer provienen de funcionarios judiciales competentes, legítimos e independientes.
La mala conducta judicial se presenta de muchas formas y los estándares éticos abordan las acciones problemáticas, las omisiones y las relaciones que agotan la confianza del público. Las quejas comunes de mala conducta ética incluyen comportamiento inadecuado; falta de recusación adecuada cuando el juez tiene un conflicto de interés; participar en comunicación ex parte y no cumplir con sus deberes judiciales de manera oportuna. El comportamiento fuera de la sala del tribunal también puede ser un problema. La supervisión de la conducta judicial no debe intentar regular aspectos puramente personales de la vida de un juez. Sin embargo, un juez puede cometer una conducta indebida al tener un comportamiento personal que ponga en duda su integridad judicial. Esto es cierto incluso si el mismo comportamiento simplemente se consideraría imprudente para el ciudadano medio. Como dice el refrán, la túnica magnifica la conducta. Ejemplos obvios son las violaciones de la ley penal, conducta sexual inapropiada con el personal/abogados/partes, unirse a organizaciones discriminatorias y usar la posición judicial para mejorar un interés privado.
“Ningún hombre está por encima de la ley y ningún hombre está por debajo de ella; ni le pedimos permiso a nadie cuando le pedimos que la obedezca. La obediencia a la ley se exige como un derecho, no se le pide como un favor”.
Theodore Roosevelt
Muchos códigos de conducta judicial también incluyen un lenguaje general que insta a los jueces a preservar la integridad del poder judicial y evitar incluso la apariencia de incorrección. Por ejemplo, el preámbulo del Código de Conducta Judicial de Arkansas establece que “los jueces deben mantener la dignidad de su cargo en todo momento y evitar tanto la incorrección como la apariencia de incorrección en su vida profesional y personal”.
¿En qué momento el fallo de un juez está tan alejado del precedente y del código legal o es una violación tan flagrante de los derechos fundamentales que parece que el juez está actuando con impunidad frente a la ley? Generalmente, las decisiones de un juez se deben dejar para la revisión judicial, no para la crítica de una comisión de conducta. Sin embargo, los incidentes en los que las personas son encarceladas sin el debido proceso, los jueces inventan remedios inadecuados para los
casos o la ruptura del estado de derecho pueden alcanzar el nivel de mala conducta judicial. Regular ese tipo de conductas sin violar la separación de poderes o la independencia en la toma de decisiones se convierte en un paseo por el filo de la navaja.
Es vital implementar una manera significativa para que el público esté protegido contra la mala conducta judicial; tiene que haber una revisión. Además, debe hacerse con un riesgo mínimo de intervención ilegal por parte de las fuerzas que intentan evitar fallos impopulares, pero correctos, sobre la ley. Por supuesto, debe existir un sistema adecuado para proteger los derechos de los jueces a impugnar cargos éticos. Si se determina que un juez violó las normas de ética judicial, el siguiente paso sería determinar una sanción o un remedio. Una comisión de conducta bien equipada debe disponer de los recursos apropiados. La disciplina pública tiene el doble propósito de corregir al juez en cuestión, así como educar a otros en el poder judicial. Las comisiones de conducta suelen tener la autoridad para publicar advertencias o reprimendas por comportamiento poco ético. Se pueden ordenar medidas correctivas que requieran, por ejemplo, tutoría, monitoreo o educación adicional. Las raras y graves sanciones de suspensión o destitución del cargo se reservan solo para los casos más atroces de mala conducta.
Corresponde al poder judicial apoyar medidas que lo hagan responsable. Si bien la mayoría de los jueces ejercen sus funciones con honor, se deben corregir los errores éticos y se deben reconocer las principales violaciones de la confianza. El poder judicial debe estar dispuesto a ayudar a desarrollar estándares éticos y ser una parte activa de cualquier mecanismo de cumplimiento. Los jueces que imparten justicia deben ser vistos como éticos y sujetos a corrección significativa cuando sea necesario. Lo que está en juego es nada menos que el estado de derecho.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 27, 2023