La revisión de las sentencias por su contenido crea una inseguridad jurídica enorme https://www.infobae.com/politica/2019/07/08/marcelo-gallo-tagle-la-revision-de-las-sentencias-por-su-contenido-crea-una-inseguridad-juridica-enorme/ afirma el Sr. Marcelo Gallo Tagle, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, quien reconoce “la mala imagen de la justicia… Toda actuación de un juez que sea considerada inadecuada, que la revisen en el Consejo de la Magistratura. Ahora la revisión de las sentencias por su contenido crea una inseguridad jurídica enorme. Solo corresponde a las instancias superiores, siempre que está en plazo…”
Lamentablemente la preocupación del Sr. Gallo Tagle no fue la misma cuando la justicia federal realizó no solo la revisión de sentencias en los ilegales casos de lesa humanidad, sino que violó los principios de legalidad, de constitucionalidad y de legalidad, lo cual creó una inseguridad jurídica permanente, violándose el Estado de derecho.
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Tampoco el Sr Gallo Table se sorprende que actualmente los jueces federales violen impunemente los derechos humanos de más de 3000 personas a quienes se les aplica la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No se les reconoce la prescripción, ni las leyes de amnistías ni los derechos procesales que si benefician los acusados de delitos comunes. La excepcionalidad es la regla.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional no pude protegerse detrás de la afirmación: “Que si los funcionarios -o quien sea- quieren hacer una denuncia, la hagan por el Consejo de la Magistratura o por los canales que correspondan, pero no por los medios de difusión”, para liberar de responsabilidad penal las decisiones de los magistrados o justificarlas. Los jueces no pueden ignorar si con sus decisiones cometen o no delitos, violan o no principios constitucionales y convencionales. No respetar el legal ejercicio de sus funciones es actuar impunemente sabiendo que no serán acusados por haber cometidos delitos y violar los derechos humanos de terceros. Las numerosas denuncias contra los jueces que cometen delitos por ejemplo de prevaricación (que el Sr. Gallo Table no puede ignorar), ante la justicia, el Consejo de la Magistratura, la CIDH, quienes responden (o guardan silencio) con argumentos que en realidad no responden a la demanda.
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Emergencia carcelaria para los prisioneros politicos
Alerta oficial por la emergencia penitenciaria y el cierre de cárceles https://www.ambito.com/alerta-oficial-la-emergencia-peniten… ¿Porque el gobierno del ingeniero Macri y la justicia se obstinan en mantener en prisión a las personas acusadas ilegalmente de lesa humanidad, mayores de 70, enfermas cuando deberían estar en libertad? Esa población carcelería está además protegida por la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, se les violan principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, y se le niegan los mismos derechos que benefician los acusados de delitos comunes en nombre de una excepcionalidad ilegal.Paris, 08 julio2019, CasppaFrance.
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El problema no es el procedimiento para realizar la denuncia ante el Consejo de la Magistratura sino que son las conductas corruptas de los jueces que con la protección política y de una justicia politizada, se siente intocables sabiendo que como máxima sanción recibirán una jubilación de privilegio. Paris, 08 julio 2019, CasppaFrance
La inseguridad jurídica existe ahora en Argentina
Lamentablemente la preocupación del Sr. Gallo Tagle no fue la misma cuando la justicia federal realizó no solo la revisión de sentencias en los ilegales casos de lesa humanidad, sino que violó los principios de legalidad, de constitucionalidad y de legalidad, lo cual creó una inseguridad jurídica permanente, violándose el Estado de derecho.
[ezcol_3fifth]Tampoco el Sr Gallo Table se sorprende que actualmente los jueces federales violen impunemente los derechos humanos de más de 3000 personas a quienes se les aplica la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, prisiones preventivas ilimitadas. No se les reconoce la prescripción, ni las leyes de amnistías ni los derechos procesales que si benefician los acusados de delitos comunes. La excepcionalidad es la regla.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional no pude protegerse detrás de la afirmación: “Que si los funcionarios -o quien sea- quieren hacer una denuncia, la hagan por el Consejo de la Magistratura o por los canales que correspondan, pero no por los medios de difusión”, para liberar de responsabilidad penal las decisiones de los magistrados o justificarlas. Los jueces no pueden ignorar si con sus decisiones cometen o no delitos, violan o no principios constitucionales y convencionales. No respetar el legal ejercicio de sus funciones es actuar impunemente sabiendo que no serán acusados por haber cometidos delitos y violar los derechos humanos de terceros. Las numerosas denuncias contra los jueces que cometen delitos por ejemplo de prevaricación (que el Sr. Gallo Table no puede ignorar), ante la justicia, el Consejo de la Magistratura, la CIDH, quienes responden (o guardan silencio) con argumentos que en realidad no responden a la demanda.
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El problema no es el procedimiento para realizar la denuncia ante el Consejo de la Magistratura sino que son las conductas corruptas de los jueces que con la protección política y de una justicia politizada, se siente intocables sabiendo que como máxima sanción recibirán una jubilación de privilegio. Paris, 08 julio 2019, CasppaFrance
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