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La jueza estadounidense Loretta Preska habría rechazado este jueves la solicitud que había realizado el Gobierno argentino para extender el plazo que habilita los embargos de bienes del país sudamericano en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) realizada en 2012.

Argentina pretendía que el plazo para presentarles garantías a los acreedores, que venció la víspera, se ampliara para darle tiempo al Gobierno de Javier Milei, que apenas lleva un mes de gestión, de estar en condiciones de enfrentar el proceso.

Sin embargo,  la jueza mantuvo la fecha límite, lo que implica que los demandantes podrían iniciar los embargos desde hoy mismo para cobrar una deuda multimillonaria.

Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, condenó el año pasado a Argentina a pagar una indemnización récord de 16.099 millones de dólares al considerar que la reestatización de 2012 violó el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios.

Los beneficiarios fueron el bufete inglés Burford Capital y Eton Capital, dos bien o mal llamados ‘fondos buitre’ que compraron los derechos de litigio de exaccionistas minoritarios de YPF, que demandaron a Argentina y que, según la jueza, deben recibir una compensación de 14.385 y 1.714 millones de dólares, respectivamente.

De esta forma, ambas firmas pueden iniciar el embargo y la ejecución de bienes que el país sudamericano tenga en el extranjero, a pesar de que está en marcha un proceso de apelación de la sentencia.

El 3 de mayo de 2012, el Congreso argentino convirtió en ley el proyecto de nacionalización del 51 % de Repsol YPF, que había enviado la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A partir de ese momento empezó un pleito legal con la multinacional Repsol, propietaria de YPF desde su privatización, en 1999. Para entonces, Argentina ya le había pagado a Repsol 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la “renacionalización” de la compañía de hidrocarburos y energías renovables.

Los ‘fondos buitre’ denunciaron que el Gobierno tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa, como lo fijaba el estatuto, y no solo por el 51% de la compañía, que fue lo que estatizó.

Preska les dio la razón en un fallo que perjudica a un país que está sumido en una grave crisis económica, con cifras récord de inflación, pobreza y devaluación y sin reservas suficientes para pagar la multimillonaria deuda.