José Daniel Ortega Saavedra, nació el 11 de noviembre de 1945, y apareció en la escena política nicaragüense hace más de cuatro décadas, como uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y se convirtió en una figura permanente en la historia de Nicaragua. Desde 1979, cuando asumió la coordinación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) después del triunfo de la revolución contra la dictadura somocista, Ortega ha sido un rostro constante para los nicaragüenses, entre ellos los 4.5 millones menores de 43 años de edad (casi un 70% de la población nacional) que no había nacido para entonces.
Durante estos más de cuarenta años, el eterno caudillo del FSLN acumula 28 años en el poder, en dos etapas diferentes. La primera durante la década de los ochenta, y la segunda a partir de enero de 2007, cuando regresó a la Presidencia, y se ha mantenido en ella anulando candados constitucionales contra la reelección y cualquier rastro de competencia política. Tras la masacre y represión contra la Rebelión de Abril de 2018, que dejó más de 400 muertos, Ortega impuso un estado policial de facto, hay cientos de presos políticos y cientos de miles de exiliados por la persecución política de sus operadores y simpatizantes.
Daniel Ortega es así el mandatario con más tiempo en el poder en Nicaragua, incluso superando a los dictadores Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle juntos. También es el principal aniquilador de los derechos humanos y las libertades públicas de los nicaragüenses.
El regimen de Ortega, cuya dictadura autoaislada de la comunidad democrática no es reconocida internacionalmente, excepto por otros regímenes como el suyo en Cuba y Venezuela, y aliados igualmente condenados en el mundo como Rusia y China.
Tras 28 años en el poder, de los cuales los últimos dieciséis han sido consecutivos –ahora junto a su esposa, vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo– Ortega viola al menos 29 de una treinta de derechos y libertades reconocidas en el título de “Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense” de la Constitución Política del país, que también tienen el respaldo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un ciudadano tiene un pasaporte caducado y eso es lo único que lo acredita como nicaragüense en Estados Unidos. Si Intenta renovar el documento en Nicaragua, pero tras varias trabas le llegan como una alerta: A ese ciudadano lo podrían encarcelar si tuvo vinculación con las protestas ciudadanas de 2018, y decidió salir del país. En Nicaragua niegan el pasaporte.
¿Qué pasó en 2018 en Nicaragua?
Las protestas nicaragüenses de 2018 comenzaron el 18 de abril de 2018 tras una medida del gobierno de Daniel Ortega para reformar la seguridad social. Tras la muerte de los manifestantes, las manifestaciones se intensificaron y se convirtieron en un gran movimiento anti-Ortega que buscaba su destitución de su cargo.
El 30 de mayo de 2018, 16 jóvenes fueron asesinados por la Policía en Managua y otras ciudades, durante manifestaciones contra Ortega para exigir libertad y justicia.
A aquellos que le niegan documentación, esa historia se repite con las solicitudes de cédula de identidad, salvoconducto de salida para menores y otros documentos personales, que son derechos convertidos por la dictadura orteguista en instrumentos de castigo y control contra excarcelados políticos, familiares de opositores, religiosos, estudiantes o cualquier ciudadano a quien el orteguismo coloque en su “lista roja”, incluidos sus simpatizantes, servidores públicos y familiares.
Este es el último de los derechos conculcados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una situación que sigue agravándose desde 2018.
La violación sistemática de los derechos humanos es propia de un régimen tiránico que oprime cuanto derecho considere como un peligro para sus pretensiones “absolutistas y de partido único”, valora el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y exiliado en Costa Rica. Al echar un vistazo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en la Constitución Política, Carrión estima que es “raro” que algún artículo quede “ileso”.
Murillo y Ortega
Daniel Ortega se mantiene en el poder a sangre y fuego, tras el grito de libertad, justicia y democracia elevado en 2018.
Hay cientos de miles de nicaragüenses cuya situación ha cambiado desde aquel año.
La represión migratoria, la negación de documentos, la extorsión fiscal, represalias administrativas contra empresas, con beneficios sociales y servicios públicos es parte de la violencia política y las violaciones de derechos humanos de la dictadura orteguista en Nicaragua.
Olga Valle, investigadora del organismo ciudadano de observación electoral y política, Urnas Abiertas, señala que Nicaragua vive una “escalada totalitaria”, debido a la perpetuación de Daniel Ortega en el poder, como resultado del fraude electoral de 2021, cuando se reeligió junto a su esposa Rosario Murillo, tras encarcelar a siete precandidatos presidenciales y anular a los partidos políticos de oposición. “No están dejando ningún tipo de dimensión para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos o gozar de las libertades fundamentales”, denuncia Valle.
Con la negación de documentos de identidad y viaje, la dictadura violenta el artículo 31 de los derechos individuales contemplados en la Constitución Política, que garantiza a los nicaragüenses circular, entrar y salir del país libremente. Desde 2020, aprovechándose de los requerimientos sanitarios, como parte del protocolo covid-19, autoridades de Migración ha impedido a decenas de nicaragüenses ingresar o salir del país, e incluso a confiscado sus pasaportes.
La dictadura orteguista viola otros quince derechos individuales, que incluyen el derecho a la vida, tras el asesinato de más de 325 nicaragüenses entre abril y septiembre de 2018; los derechos a la libertad e inviolabilidad del domicilio con detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de más mil presos políticos, de los cuales cerca de 200 siguen en prisión o bajo régimen de “casa por cárcel”. Además, los derechos de igualdad ante la ley, al debido proceso penal, la tutela judicial y el respeto a la integridad física, psíquica y moral.
Después del destierro de los 234 prisioneros de conciencia, en febrero y octubre, la dictadura ha vuelto a llenar las cárceles con 80 reos de conciencia. Otros 60 están “casa por cárcel”
Participar en una marcha o afiliarse a un partido político en Nicaragua significa exponerse a detenciones arbitrarias, asedio y persecución. En septiembre de 2018, el régimen orteguista prohibió cualquier expresión ciudadana –que cuatro años más tarde incluye hasta las procesiones religiosas– y facultó a la Policía para decidir quién podía utilizar la calle. El oficialismo tiene luz verde, y cualquier otro nicaragüense recibe garrote y cárcel.
En el último cuatrimestre de 2020, la dictadura de Daniel Ortega aprobó nuevas leyes para fabricar casos contra líderes opositores, periodistas y activistas, confinándolos a cárceles con penas de siete a trece años de prisión. También ha desmantelado a la sociedad civil organizada, a través de la cancelación de personerías jurídicas a más de 3000 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) desde finales de 2018 a la fecha, invalidando el derecho político de constituir organizaciones, establecido en el artículo 49 de la Constitución Política.
Entre septiembre de 2020 y enero de 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó una decena de leyes represivas en contra de la ciudadanía.
El agravamiento de la violación de los derechos de los nicaragüenses ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otras instancias internacionales. Los derechos sociales también están en la lista de violaciones.
En 2018, las víctimas de la represión estatal no fueron atendidas en hospitales públicos. Dos años más tarde, con la pandemia de covid-19, epidemiólogos y personal de Salud cuestionaron el manejo de la emergencia sanitaria que dejó decenas de miles de fallecidos, aunque el régimen solo reconoce a 245.
Excarcelados políticos y sus familiares también han denunciado que en los servicios de salud pública los discriminan por razones políticas, y en algunos casos les han negado la atención sanitaria, pese a que el artículo 59 de los derechos sociales en la Constitución Política indica que “los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud”.
Ortega tampoco ha respetado el derecho del pueblo a la información, la libertad de prensa y expresión. Desde el regreso al poder de Daniel Ortega, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados en Nicaragua.
El artículo 86 de la Constitución indica que todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio sin más requisitos que el título académico, pero la dictadura de Daniel Ortega ha impuesto la afiliación política, acreditada con carnet del Frente Sandinista, sobre la preparación académica para que una persona acceda a un puesto en cualquier entidad del Estado.
Los trabajadores del Estado, sometidos a participar en las actividades partidarias, incluso fuera del horario laboral, han denunciado la vigilancia política en las instituciones, extendida a sus familiares.
La represión sistematizada de la dictadura Ortega-Murillo ha provocado un “éxodo” de nicaragüenses nunca antes visto, ni siquiera en tiempos de guerra, advierte Gonzalo Carrión. En una Nicaragua con “el peor escenario de derechos humanos inimaginable” la familia, que el régimen pregona cuidar en la propaganda oficial, es la más perjudicada.
El defensor señala que prevalece un desplazamiento forzado con “connotaciones desgarradoras de una tragedia humana”. Son decenas de familias las que padecen la incertidumbre de perder a su esposo, esposa, hijo, hija, hermano, durante el trayecto hacia Estados Unidos. Se exponen a secuestros, violaciones, extorsiones y la muerte, en busca de seguridad o mejores oportunidades.
Entre 2018 y 2022, han salido del país 604 485 nicaragüenses, y de ellos 328 443 lo hicieron durante 2022, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica, según cálculos del politólogo e investigador Manuel Orozco. Un éxodo nunca antes visto en Nicaragua.
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Daniel Ortega es así el mandatario con más tiempo en el poder en Nicaragua, incluso superando a los dictadores Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle juntos. También es el principal aniquilador de los derechos humanos y las libertades públicas de los nicaragüenses.
El regimen de Ortega, cuya dictadura autoaislada de la comunidad democrática no es reconocida internacionalmente, excepto por otros regímenes como el suyo en Cuba y Venezuela, y aliados igualmente condenados en el mundo como Rusia y China.
Tras 28 años en el poder, de los cuales los últimos dieciséis han sido consecutivos –ahora junto a su esposa, vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo– Ortega viola al menos 29 de una treinta de derechos y libertades reconocidas en el título de “Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense” de la Constitución Política del país, que también tienen el respaldo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un ciudadano tiene un pasaporte caducado y eso es lo único que lo acredita como nicaragüense en Estados Unidos. Si Intenta renovar el documento en Nicaragua, pero tras varias trabas le llegan como una alerta: A ese ciudadano lo podrían encarcelar si tuvo vinculación con las protestas ciudadanas de 2018, y decidió salir del país. En Nicaragua niegan el pasaporte.
¿Qué pasó en 2018 en Nicaragua?
Las protestas nicaragüenses de 2018 comenzaron el 18 de abril de 2018 tras una medida del gobierno de Daniel Ortega para reformar la seguridad social. Tras la muerte de los manifestantes, las manifestaciones se intensificaron y se convirtieron en un gran movimiento anti-Ortega que buscaba su destitución de su cargo.
El 30 de mayo de 2018, 16 jóvenes fueron asesinados por la Policía en Managua y otras ciudades, durante manifestaciones contra Ortega para exigir libertad y justicia.
A aquellos que le niegan documentación, esa historia se repite con las solicitudes de cédula de identidad, salvoconducto de salida para menores y otros documentos personales, que son derechos convertidos por la dictadura orteguista en instrumentos de castigo y control contra excarcelados políticos, familiares de opositores, religiosos, estudiantes o cualquier ciudadano a quien el orteguismo coloque en su “lista roja”, incluidos sus simpatizantes, servidores públicos y familiares.
Este es el último de los derechos conculcados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una situación que sigue agravándose desde 2018.
La violación sistemática de los derechos humanos es propia de un régimen tiránico que oprime cuanto derecho considere como un peligro para sus pretensiones “absolutistas y de partido único”, valora el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y exiliado en Costa Rica. Al echar un vistazo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en la Constitución Política, Carrión estima que es “raro” que algún artículo quede “ileso”.
Daniel Ortega se mantiene en el poder a sangre y fuego, tras el grito de libertad, justicia y democracia elevado en 2018.
Hay cientos de miles de nicaragüenses cuya situación ha cambiado desde aquel año.
Olga Valle, investigadora del organismo ciudadano de observación electoral y política, Urnas Abiertas, señala que Nicaragua vive una “escalada totalitaria”, debido a la perpetuación de Daniel Ortega en el poder, como resultado del fraude electoral de 2021, cuando se reeligió junto a su esposa Rosario Murillo, tras encarcelar a siete precandidatos presidenciales y anular a los partidos políticos de oposición. “No están dejando ningún tipo de dimensión para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos o gozar de las libertades fundamentales”, denuncia Valle.
Con la negación de documentos de identidad y viaje, la dictadura violenta el artículo 31 de los derechos individuales contemplados en la Constitución Política, que garantiza a los nicaragüenses circular, entrar y salir del país libremente. Desde 2020, aprovechándose de los requerimientos sanitarios, como parte del protocolo covid-19, autoridades de Migración ha impedido a decenas de nicaragüenses ingresar o salir del país, e incluso a confiscado sus pasaportes.
Después del destierro de los 234 prisioneros de conciencia, en febrero y octubre, la dictadura ha vuelto a llenar las cárceles con 80 reos de conciencia. Otros 60 están “casa por cárcel”
Participar en una marcha o afiliarse a un partido político en Nicaragua significa exponerse a detenciones arbitrarias, asedio y persecución. En septiembre de 2018, el régimen orteguista prohibió cualquier expresión ciudadana –que cuatro años más tarde incluye hasta las procesiones religiosas– y facultó a la Policía para decidir quién podía utilizar la calle. El oficialismo tiene luz verde, y cualquier otro nicaragüense recibe garrote y cárcel.
En el último cuatrimestre de 2020, la dictadura de Daniel Ortega aprobó nuevas leyes para fabricar casos contra líderes opositores, periodistas y activistas, confinándolos a cárceles con penas de siete a trece años de prisión. También ha desmantelado a la sociedad civil organizada, a través de la cancelación de personerías jurídicas a más de 3000 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) desde finales de 2018 a la fecha, invalidando el derecho político de constituir organizaciones, establecido en el artículo 49 de la Constitución Política.
Entre septiembre de 2020 y enero de 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó una decena de leyes represivas en contra de la ciudadanía.
El agravamiento de la violación de los derechos de los nicaragüenses ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otras instancias internacionales. Los derechos sociales también están en la lista de violaciones.
En 2018, las víctimas de la represión estatal no fueron atendidas en hospitales públicos. Dos años más tarde, con la pandemia de covid-19, epidemiólogos y personal de Salud cuestionaron el manejo de la emergencia sanitaria que dejó decenas de miles de fallecidos, aunque el régimen solo reconoce a 245.
Ortega tampoco ha respetado el derecho del pueblo a la información, la libertad de prensa y expresión. Desde el regreso al poder de Daniel Ortega, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados en Nicaragua.
El artículo 86 de la Constitución indica que todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio sin más requisitos que el título académico, pero la dictadura de Daniel Ortega ha impuesto la afiliación política, acreditada con carnet del Frente Sandinista, sobre la preparación académica para que una persona acceda a un puesto en cualquier entidad del Estado.
Los trabajadores del Estado, sometidos a participar en las actividades partidarias, incluso fuera del horario laboral, han denunciado la vigilancia política en las instituciones, extendida a sus familiares.
La represión sistematizada de la dictadura Ortega-Murillo ha provocado un “éxodo” de nicaragüenses nunca antes visto, ni siquiera en tiempos de guerra, advierte Gonzalo Carrión. En una Nicaragua con “el peor escenario de derechos humanos inimaginable” la familia, que el régimen pregona cuidar en la propaganda oficial, es la más perjudicada.
El defensor señala que prevalece un desplazamiento forzado con “connotaciones desgarradoras de una tragedia humana”. Son decenas de familias las que padecen la incertidumbre de perder a su esposo, esposa, hijo, hija, hermano, durante el trayecto hacia Estados Unidos. Se exponen a secuestros, violaciones, extorsiones y la muerte, en busca de seguridad o mejores oportunidades.
Entre 2018 y 2022, han salido del país 604 485 nicaragüenses, y de ellos 328 443 lo hicieron durante 2022, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica, según cálculos del politólogo e investigador Manuel Orozco. Un éxodo nunca antes visto en Nicaragua.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 22, 2024
Tags: Anastasio Somoza, Daniel Ortega, Rosario MurilloRelated Posts
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