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La Policía de Brasil desmanteló la organización criminal con entrenamiento de fuerzas especiales que pretendía ejecutar un golpe de Estado y asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de que se posesionara del cargo, entre noviembre y diciembre de 2022.

En la llamada ‘Operación Contragolpe’, las autoridades detuvieron de manera preventiva a cuatro militares retirados y a un policía,. Ese grupo era integrante de los llamados ‘Kids pretos’ (Niños negros), como son apodados en el Ejército a los militares activos o de reserva que participan en operaciones militares especiales y que usan un gorro negro.

Esta organización poseía un “alto nivel de conocimientos técnicos y militares para planificar, coordinar y ejecutar acciones ilícitas” y pretendía materializar el plan llamado ‘Puñal verde y amarillo’, el 15 de diciembre de 2022, dos semanas antes de que Lula fuera juramentado como mandatario por tercera vez.

La operación contemplaba los magnicidios de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF), según informó la Policía.

Los ‘Kids pretos’ pretendían cometer los magnicidios luego de que el entonces presidente Jair Bolsonaro perdiera las elecciones de octubre de 2022, de acuerdo con el citado medio.

Tras los ataques del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes en Brasilia, las autoridades pusieron el foco en la primera línea de los manifestantes.

A los investigadores les llamó la atención su detallada organización de la ofensiva para romper los bloqueos policiales, las precisas instrucciones que dieron para que el resto entrara por el techo y sus técnicas para mitigar el efecto de las bombas lacrimógenas.

Estas personas son investigadas por los presuntos delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.

El operativo policial se llevó a cabo en los estados de Río de Janeiro, Goiás, Amazonas y el Distrito Federal.

En total, se dictaron tres órdenes de allanamiento e incautación y se impusieron quince medidas cautelares distintas a la prisión, que incluyen prohibición de mantener contacto con los demás investigados, prohibición de salida del país, entrega de pasaportes en un lapso de 24 horas y suspensión del ejercicio de las funciones públicas.