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El traslado de parte de las reservas en lingotes de oro del Banco Central (BCRA) de Argentina al exterior, proceso iniciado a mediados de este año, derivó en una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei, debido a la negativa a informar sobre el destino de esos valores. La presentación fue realizada por el diputado de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Pulti, contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

“Es insólito que la República Argentina tenga que contemplar, como si estuviéramos en un régimen absolutista del siglo XVII o del siglo XVIII, que se disponen de las reservas y que no se nos revela ni a dónde fueron, ni qué medios se usaron, ni qué resultados va a tener la Argentina”, declaró el legislador, quien agregó que tampoco fueron informados “con qué actos administrativos se dispuso”.

Además, insistió en que es “inadmisible” que “el oro de los argentinos se haya sacado del país” sin que se sepa dónde está. “Lo único que sabemos es que Caputo reconoció la operación, pero todo lo demás es un oscuro misterio”, continuó. Por eso, consideró que el Gobierno nacional “toma decisiones reñidas con la Constitución, fuera del marco legal que es exigible para el normal funcionamiento de una república y de muy cuestionable transparencia”.

Por lo tanto, ante la falta de respuesta al pedido de acceso a la información pública, elevó la denuncia ante la Procuración de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal. “Dijeron que no nos van a contestar y además nos retaron, porque nos dijeron que revelar esa información puede implicar algún tipo de cuestión para la estabilidad de las reservas, para la seguridad financiera de la Argentina”, manifestó.

A la espera de la decisión judicial, Pulti consideró que, si Argentina sigue siendo “una democracia y no un régimen absolutista al estilo de las monarquías previas a la Revolución Francesa, la Justicia deberá proporcionar, a través de una investigación, la información que los funcionarios se negaron a dar”.

El primero en confirmar el envío de las reservas del BCRA a Londres, Reino Unido, fue el ministro Caputo, quien a mediados de julio calificó a la operación como “una movida muy positiva”. “Es una movida muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera le podés sacar un retorno”, explicó.

Mientras que el 2 de septiembre, el BCRA anunció en un comunicado que había completado el envío de parte de sus reservas de oro al exterior y aseguró que “estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente 4.981 millones de dólares, según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024”.

Además, manifestó su “preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”. “La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad”, continuó.

A comienzos de septiembre pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la restricción del derecho de acceso a la información pública, ya que dijo que esas peticiones consumen “muchos recursos públicos” y reveló que las solicitudes se habían “multiplicado por diez”.

Días antes, el Gobierno había emitido un decreto para limitar el alcance de la definición de información pública. Además, cambió los parámetros de lo que se entiende como “documento” de carácter público, excluyendo “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto”; y amplió de forma difusa y discrecional aquello que puede ser considerado como “secreto”.