Detenido durante 14 años como presunto integrante de la banda que secuestró a Mauricio Macri. La justicia lo absolvió y la Corte Interamericana ordenó a la Argentina a pagarle a Juan Carlos Bayarri más de 290.000 dólares en reparaciones.
En noviembre del año 1991, este Sub Oficial retirado de la Policía Federal fue arrestado acusado de haber formado parte de la Banda de los Comisarios, quienes secuestraron a al hoy presidente de la Argentina. La sentencia judicial fue contundente porque detalla las peripecias vividas por Bayarri bajo un clima adverso mientras prestó su declaración. Allí se refleja el estado lamentable en que se encontraba debido a que se hallaba golpeado y sangraba ostensiblemente. También presentaba una visible lesión en el tímpano. Fue golpeado en presencia de un juez y trasladado a la prisión de Caseros.
Bayarri salió de prisión 2005, momento que se le quitaron todos sus antecedentes penales. En su esfuerzo, desfiló por despachos de abogados y pasillos de tribunales hasta que su caso arribó a las oficinas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace nueve años emplazó al gobierno argentino a pagar un resarcimiento económico.
El 5 de abril de 1994 el señor Juan Carlos Bayarri presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 19 de enero de 2001 la CIDH aprobó el Informe, mediante el cual declaró admisible la petición. El 8 de marzo de 2007 la Comisión aprobó el Informe de fondo, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 16 de abril de 2007. Tras madurar la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe de fondo, y en razón de que consideró que el Estado no había adoptado sus recomendaciones de manera satisfactoria, la CIDH decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, designando entre otros como delegados y asesores a Santiago Cantón, hoy Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La base del caso eran el maltrato recibido, prisión preventiva excesiva y subsiguiente denegación de justicia, en el marco de un proceso penal seguido en su contra.
La CIDH reveló que Juan Carlos Bayarri estuvo privado de su libertad por casi 13 años mediante una confesión que fue obtenida bajo tortura. No obstante que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina consideró probada la tortura a la que fue sometido, luego de transcurridos casi 16 años desde que ocurrieran los hechos.
La CIDH notificó al Estado Argentino en agosto del año 2007 y este último replicó sosteniendo una excepción a la demanda ya que no se habían agotado los recursos internos -requisito recurrente por ejemplo en los casos los encarcelados por lesa humanidad-. Este año, en contrapartida y en tiempo record, la OEA concluyó que se habían agotado esos recursos en el caso de Milagro Sala.
El Estado adujo que a la fecha en que la CIDH resolvió presentar la demanda, Bayarri disponía en el país recursos idóneos que, de haber sido interpuestos en tiempo y forma, le hubieran permitido obtener la reparación económica que pretendía mediante la entidad internacional. El Estado Argentino agregó que no era necesario invocar la competencia del Tribunal Internacional para determinar la existencia o no de responsabilidad del Estado en los hechos denunciados y cuestionó la decisión de la CIDH de elevar este caso a la Corte Interamericana. En tanto que el Estado Argentino se escondía detrás de estos tecnicismos, la CIDH se escudaba a su vez que en el momento de declarar la admisibilidad del caso Bayarri, Argentina no había comunicado nada sobre los famosos recursos idóneos internos que el damnificado podría haber utilizado.
En medio de esta batalla de Grandes Maestros del Arte de la Burocracia, el tiempo pasa de prisa para los que buscan justicia. De hecho, la CIDH despertó y descubrió que los fundamentos de hecho del caso referidos a la detención ilegal y arbitraria del señor Juan Carlos Bayarri, su tortura y los procesos penales relacionados, no se encontraban en controversia en atención a lo indicado por el Estado en su contestación de la demanda. Es decir, era reconocida la injusticia, pero de todas maneras el gobierno argentino intentaba poner trabas y demoras. Lo importante no es la verdad, sino como salir airosos del problema.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. ¿Le suena familiar? Pues no al Estado Argentino. No en el caso Bayarri, ni en el caso de tantos Prisioneros Ilegalmente arrestados en Argentina cuando a imputaciones de Lesa Humanidad se refiere. La CIDH a través de sus representantes incluyó una serie de testigos y documentos como evidencia que resultaron valorados por la Corte Internacional. Entre otras cosas el Tribunal Internacional concluyó que la Prisión Preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su suministro debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática, pues es una medida cautelar, no punitiva.
Abandonemos por unos instantes las penurias del señor Bayarri y observemos el grado de hipocresía con que se manejan los gobiernos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los primeros admitiendo el delito, pero obstruyendo a la justicia. Los segundos declarando los derechos del hombre, pero no reconociendo esto cuando se trata de quienes participaron o no en la lucha armada de los años setentas y hoy van muriendo en prisiones argentinas. Gracias a Juan Bautista Alberdi sabemos que no todo lo legal es justo y un juez se puede convertir en un asesino (Ya entonces el mundo era una porquería, antes que Discépolo lo gritara a viva voz).
La CIDH resalta que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, es por ello que la Corte Internacional dispuso que el pago de las indemnizaciones establecidas en favor del señor Juan Carlos Bayarri debía ser hecho directamente a este, de igual manera que al reembolso de costas y gastos. También determinó que el Estado debía cumplir estas obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda argentina, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago. Este pago ordenado al Estado Argentino fue de 295.000 dólares de la moneda norteamericana por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del fallo. Además, debía hacerse cargo en forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento médico requerido por el señor Juan Carlos Bayarri.
Este argentino damnificado tenía 42 años de edad en el comienzo de su serie de desventuras. No es un consuelo, pero si le permitió poseer un tiempo que, por ejemplo, los Prisioneros Ilegales de hoy en Argentina no dominan. También esa mediana juventud le habilitó para convertirse en un modelo de perseverancia y valentía para denunciar y conseguir que la verdad sea finalmente detectada. Estableciendo un paralelismo, es de suma importancia que nuestros presos ilegales continúen acopiando elementos de prueba -que, es cierto, por ahora se almacenan en lugares recónditos de brumosos despachos de jueces- para que la historia real se imponga. En la instancia casi segura que un damnificado no resista por cuestiones etarias el proceso que se debe atravesar, quienes los sucedan cobrarán acorde la ley lo determine.
El proceso y la resolución del Caso Bayarri podrían abrir un debate de los derechos humanos en el marco del procedimiento penal y los juicios a los que son sometidos los ex uniformados en Argentina, además de presentar un complejo y peligroso panorama por el oscuro desempeño del Poder Judicial y los derechos del Hombre. Más allá de estos principios, hay que posicionarse en el plano monetario que indicaría que si unos dos mil hombres, Presos Políticos, Prisioneros Ilegales, Prisioneros de Guerra -su elección- fueran admitidos como admisibles (Sus casos) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno argentino estaría enfrentando un desembolso de -al menos, en principio, solo contando con las obligaciones de uno de los tres poderes, el Ejecutivo- unos seiscientos millones de dólares, más costes de juicio y atención médica de los que sobrevivan.
Veo las fotos y en ellas al olvidado al José Luis Manzano, aquel de “robo para la corona” y me digo que memoria frágil tenemos. Hoy es un gran empresario con mas de 49 medios de difusión, compañías petroleras en Argentina y Brasil etc. Que país generoso, por Dios.
Estimado Kussman. Este es un muy buen informe de lo careta que son todos los politicos(No solo los argentinos) Esta fue una lucha entre el gobierno y la Comision de derechos humanos que muestra que para alguinos si hay derechos humanos y para otros se los esconden.
Como siempre , le mando un gran saludo desde “nuestro sur”
Estiamado Sr. Burzaco,
Lamentablemente tengo que coincidir con su exposición. Es el famoso ‘doble estándar’ que habita en la Argentina.
Un gran saludo.
Estimado “Pibe” Kussman (Te llamo asi porque ando por la edad de tu padre) Te mandaste una notaza que esperemos que abra los ojos de muchos, empezando por el presidente que cuida nuestros dinerillos, no es cireto?
Un gran saludo a tu npadre, un profesional de ley y mejor persona.
Encuentro por casualidd la página y debo decir que me parece muy buena, en cuanto informa los casos que muchos conocemos pero no tienen difusión. Siiempre tuve una duda respecto al “secuestro” de Macri ¿como hizo para entrar a la casa sin que lo vieran? luego, sale a la puerta bien vestido de joggins, muy sonriente, para las fotos de rigor, insisto ¿como entró, cuando la vivienda estaba sitiada por los periodistas? Otro si digo, no son jueces, son trabajadores del poder judicial, esa es la diferencia, no tienen ejercicio de la profesión como debe requerirse para ser juez (25 años), nada para comparar con los que conocí, hoy salen de la Facultad y ya son Fiscales o Jueces. Hay que exigir ejercicio de la profesión como en los paises serios (y a veces también se equivocan) se imaginan sin experiencia de caminar pasillos, redactar oficios, leer causas, escuchar testigos, imputados, rebatir peritos, en otras palabrass “buscarle el pelo a leche” de ahí se aprende, de ahí se adquiere experiencia, claridad para el juzgamiento y por último, deberemos insistir en sacar los del Códigos LAS LIBRES CONVICCIONES, que hacen que los fallos se basen no en pruebas directas, sino en “puede ser inocente, pero tengo la convicción” ¿le suena Sr. Claudio?
Estimado Patricio, todavía nos falta mucho camino para dejar de ser un territorio con diferentes patrones temporarios y convertirnos en país con ciudadanos. Así hoy los miembros de la justicia “infieren” a mas y mejor y acorde a quien tiene el poder en ese momento. Lamentablemente esta es la herencia que dejaremos a quienes nos sucedan, aparte de una profunda grieta que nos divide. Con mi familia le agradecemos su participación. Muy cordialmente.
BAYARRI, según tengo entendido ya cobró una indemnización y ahora le tienen que pagar otra similar. Defendió y luchó por su inocencia mas de 25 años. ESO ES LO QUE HAY QUE HACER. Hoy hay que acopiar pruebas. En lo personal hice prometer a FABIÁN que no acepte ese dinero en razón a que rechazo todo lo que provenga de este territorio llamado Argentina. Lo ideal sería que paguen los funcionarios con sus bienes personales. Me llama poderosamente la atención el silencio que siempre guardó MACRI sobre este hecho tan trascendental en su vida. Lamentable la hipocresía de los funcionarios de este país y de los internacionales de DDHH, cuyas demoras hace que nosotros por ser adultos mayores como nos catalogan no llegaremos a ver lo que si vio y hoy experimente este bravo y persistente Sub.Oficial de la Policía Federal JUAN CARLOS BAYARRI.
Lo felicito por este diario y por su actitud. En lo personal opino que toda corrupción se va a apagar cuando se pueda analizar via ADN quien lleva genes de ladron en su sangre. Vamos a tener que contratar diputados en otros paises.
Todos saben quienes eran los Macri en el reinado de Menem. La historia, al igual que todos los hechos de corrupción que envuelven a cualquiera de nuestros politicos, nunca ha sido difundida en los medios masivos, y es desconocida para la mayoría de la gente.
Estimada MEME, hoy es así y podrán ignorarnos, mentir, prevaricar y matar impunemente. Pero nunca cuando se actúa mal, puede ser para siempre. Lamentablemente lleva tiempo el cual nosotros no lo tenemos. Siempre la gota orada la piedra. Gracias por participar. Muy cordialmente.
Detenido durante 14 años como presunto integrante de la banda que secuestró a Mauricio Macri. La justicia lo absolvió y la Corte Interamericana ordenó a la Argentina a pagarle a Juan Carlos Bayarri más de 290.000 dólares en reparaciones.
Bayarri salió de prisión 2005, momento que se le quitaron todos sus antecedentes penales. En su esfuerzo, desfiló por despachos de abogados y pasillos de tribunales hasta que su caso arribó a las oficinas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace nueve años emplazó al gobierno argentino a pagar un resarcimiento económico.
El 5 de abril de 1994 el señor Juan Carlos Bayarri presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 19 de enero de 2001 la CIDH aprobó el Informe, mediante el cual declaró admisible la petición. El 8 de marzo de 2007 la Comisión aprobó el Informe de fondo, en los términos del artículo 50 de la
Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 16 de abril de 2007. Tras madurar la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe de fondo, y en razón de que consideró que el Estado no había adoptado sus recomendaciones de manera satisfactoria, la CIDH decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, designando entre otros como delegados y asesores a Santiago Cantón, hoy Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La base del caso eran el maltrato recibido, prisión preventiva excesiva y subsiguiente denegación de justicia, en el marco de un proceso penal seguido en su contra.
La CIDH reveló que Juan Carlos Bayarri estuvo privado de su libertad por casi 13 años mediante una confesión que fue obtenida bajo tortura. No obstante que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina consideró probada la tortura a la que fue sometido, luego de transcurridos casi 16 años desde que ocurrieran los hechos.
La CIDH notificó al Estado Argentino en agosto del año 2007 y este último replicó sosteniendo una excepción a la demanda ya que no se habían agotado los recursos internos -requisito recurrente por ejemplo en los casos los encarcelados por lesa humanidad-. Este año, en contrapartida y en tiempo record, la OEA concluyó que se
habían agotado esos recursos en el caso de Milagro Sala.
El Estado adujo que a la fecha en que la CIDH resolvió presentar la demanda, Bayarri disponía en el país recursos idóneos que, de haber sido interpuestos en tiempo y forma, le hubieran permitido obtener la reparación económica que pretendía mediante la entidad internacional. El Estado Argentino agregó que no era necesario invocar la competencia del Tribunal Internacional para determinar la existencia o no de responsabilidad del Estado en los hechos denunciados y cuestionó la decisión de la CIDH de elevar este caso a la Corte Interamericana. En tanto que el Estado Argentino se escondía detrás de estos tecnicismos, la CIDH se escudaba a su vez que en el momento de declarar la admisibilidad del caso Bayarri, Argentina no había comunicado nada sobre los famosos recursos idóneos internos que el damnificado podría haber utilizado.
En medio de esta batalla de Grandes Maestros del Arte de la Burocracia, el tiempo pasa de prisa para los que buscan justicia. De hecho, la CIDH despertó y descubrió que los fundamentos de hecho del caso referidos a la detención ilegal y arbitraria del señor Juan Carlos Bayarri, su tortura y los procesos penales relacionados, no se encontraban en controversia en atención a lo indicado por el Estado en su contestación de la demanda. Es decir, era reconocida la injusticia, pero de todas maneras el gobierno argentino intentaba poner trabas y demoras. Lo importante no es la verdad, sino como salir airosos del problema.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. ¿Le suena familiar? Pues no al Estado Argentino. No en el caso Bayarri, ni en el caso de tantos Prisioneros Ilegalmente arrestados en Argentina cuando a imputaciones de Lesa Humanidad se refiere. La CIDH a través de sus representantes incluyó una serie de testigos y documentos como evidencia que resultaron valorados por la Corte Internacional. Entre otras cosas el Tribunal Internacional concluyó que la Prisión Preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su suministro debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática, pues es una medida cautelar, no punitiva.
Abandonemos por unos instantes las penurias del señor Bayarri y observemos el grado de hipocresía con que se manejan los gobiernos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los primeros admitiendo el delito, pero obstruyendo a la justicia. Los segundos declarando los derechos del hombre, pero no reconociendo esto cuando se trata de quienes participaron o no en la lucha armada de los años setentas y hoy van muriendo en prisiones argentinas. Gracias a Juan Bautista Alberdi sabemos que no todo lo legal es justo y un juez se puede convertir en un asesino (Ya entonces el mundo era una porquería, antes que Discépolo lo gritara a viva voz).
La CIDH resalta que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, es por ello que la Corte Internacional dispuso que el pago de las indemnizaciones establecidas en favor del señor Juan Carlos Bayarri debía ser hecho directamente a este, de igual manera que al reembolso de costas y gastos. También determinó que el Estado debía cumplir estas obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda argentina, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago. Este pago ordenado al Estado Argentino fue de 295.000 dólares de la moneda norteamericana por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del fallo. Además, debía hacerse cargo en forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento médico requerido por el señor Juan Carlos Bayarri.
Este argentino damnificado tenía 42 años de edad en el comienzo de su serie de desventuras. No es un consuelo, pero si le permitió poseer un tiempo que, por ejemplo, los Prisioneros Ilegales de hoy en Argentina no dominan. También esa mediana juventud le habilitó para convertirse en un modelo de perseverancia y valentía para denunciar y conseguir que la verdad sea finalmente detectada. Estableciendo un paralelismo, es de suma importancia que nuestros presos ilegales continúen acopiando elementos de prueba -que, es cierto, por ahora se almacenan en lugares recónditos de brumosos despachos de jueces- para que la historia real se imponga. En la instancia casi segura que un damnificado no resista por cuestiones etarias el proceso que se debe atravesar, quienes los sucedan cobrarán acorde la ley lo determine.
El proceso y la resolución del Caso Bayarri podrían abrir un debate de los derechos humanos en el marco del procedimiento penal y los juicios a los que son sometidos los ex uniformados en Argentina, además de presentar un complejo y peligroso panorama por el oscuro desempeño del Poder Judicial y los derechos del Hombre. Más allá de estos principios, hay que posicionarse en el plano monetario que indicaría que si unos dos mil hombres, Presos Políticos, Prisioneros Ilegales, Prisioneros de Guerra -su elección- fueran admitidos como admisibles (Sus casos) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno argentino estaría enfrentando un desembolso de -al menos, en principio, solo contando con las obligaciones de uno de los tres poderes, el Ejecutivo- unos seiscientos millones de dólares, más costes de juicio y atención médica de los que sobrevivan.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 7, 2017
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- Claudio Kussman
- posted on January 7, 2017
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CommentPingback: exchange online hosting
Si bien “el secuestro” tiene muy mal olor, es bueno que se sepa sobre los tyramites y documentacion ya que son casos similares al de los PP.
Todo armado por Carlos Saúl. Macri debería decir unas palabritas.
Que les duela la reacción
La plata no sirve
“Mendez” y Manzano armaron esta.
Buena motivacion para que los PP no se caigan y empiecen con las denuncias.
Este sargento puso lo que hay que poner. ahora, la CIDH es mas lenta que un caracolito.
Tambien tuvieron que pelearla contra los K, los reyes de los DDHH, no?
Veo las fotos y en ellas al olvidado al José Luis Manzano, aquel de “robo para la corona” y me digo que memoria frágil tenemos. Hoy es un gran empresario con mas de 49 medios de difusión, compañías petroleras en Argentina y Brasil etc. Que país generoso, por Dios.
Tres grandes valores, Ruben. Manzano y los dos Macri. No creamos que por que los K eran criminales, estos son santitos.
Y los que quedaron afuera de la :foto: ! !
El tema es que te pasa esto a los 70 años y estas cocinado al spiedo.
Estimado Kussman. Este es un muy buen informe de lo careta que son todos los politicos(No solo los argentinos) Esta fue una lucha entre el gobierno y la Comision de derechos humanos que muestra que para alguinos si hay derechos humanos y para otros se los esconden.
Como siempre , le mando un gran saludo desde “nuestro sur”
Estiamado Sr. Burzaco,
Lamentablemente tengo que coincidir con su exposición. Es el famoso ‘doble estándar’ que habita en la Argentina.
Un gran saludo.
Estimado “Pibe” Kussman (Te llamo asi porque ando por la edad de tu padre) Te mandaste una notaza que esperemos que abra los ojos de muchos, empezando por el presidente que cuida nuestros dinerillos, no es cireto?
Un gran saludo a tu npadre, un profesional de ley y mejor persona.
Como siempre muchas gracias Juan, un gran abrazo a la distancia, con el recuerdo de tiempos mejores.
Encuentro por casualidd la página y debo decir que me parece muy buena, en cuanto informa los casos que muchos conocemos pero no tienen difusión. Siiempre tuve una duda respecto al “secuestro” de Macri ¿como hizo para entrar a la casa sin que lo vieran? luego, sale a la puerta bien vestido de joggins, muy sonriente, para las fotos de rigor, insisto ¿como entró, cuando la vivienda estaba sitiada por los periodistas? Otro si digo, no son jueces, son trabajadores del poder judicial, esa es la diferencia, no tienen ejercicio de la profesión como debe requerirse para ser juez (25 años), nada para comparar con los que conocí, hoy salen de la Facultad y ya son Fiscales o Jueces. Hay que exigir ejercicio de la profesión como en los paises serios (y a veces también se equivocan) se imaginan sin experiencia de caminar pasillos, redactar oficios, leer causas, escuchar testigos, imputados, rebatir peritos, en otras palabrass “buscarle el pelo a leche” de ahí se aprende, de ahí se adquiere experiencia, claridad para el juzgamiento y por último, deberemos insistir en sacar los del Códigos LAS LIBRES CONVICCIONES, que hacen que los fallos se basen no en pruebas directas, sino en “puede ser inocente, pero tengo la convicción” ¿le suena Sr. Claudio?
Estimado Patricio, todavía nos falta mucho camino para dejar de ser un territorio con diferentes patrones temporarios y convertirnos en país con ciudadanos. Así hoy los miembros de la justicia “infieren” a mas y mejor y acorde a quien tiene el poder en ese momento. Lamentablemente esta es la herencia que dejaremos a quienes nos sucedan, aparte de una profunda grieta que nos divide. Con mi familia le agradecemos su participación. Muy cordialmente.
BAYARRI, según tengo entendido ya cobró una indemnización y ahora le tienen que pagar otra similar. Defendió y luchó por su inocencia mas de 25 años. ESO ES LO QUE HAY QUE HACER. Hoy hay que acopiar pruebas. En lo personal hice prometer a FABIÁN que no acepte ese dinero en razón a que rechazo todo lo que provenga de este territorio llamado Argentina. Lo ideal sería que paguen los funcionarios con sus bienes personales. Me llama poderosamente la atención el silencio que siempre guardó MACRI sobre este hecho tan trascendental en su vida. Lamentable la hipocresía de los funcionarios de este país y de los internacionales de DDHH, cuyas demoras hace que nosotros por ser adultos mayores como nos catalogan no llegaremos a ver lo que si vio y hoy experimente este bravo y persistente Sub.Oficial de la Policía Federal JUAN CARLOS BAYARRI.
Lo felicito por este diario y por su actitud. En lo personal opino que toda corrupción se va a apagar cuando se pueda analizar via ADN quien lleva genes de ladron en su sangre. Vamos a tener que contratar diputados en otros paises.
Ademas de la banda (AHI Cayeron Gutierrez y Sobich) cayo tambien un secretario judicial que lo encubrió. La peste en la justicia viene de lejos.
Hay que seguir denunciando. Hay que meterle hacha y tiza.
Hay que despertarse y pelearla mas que niunca.
Esto es practico: O se hace o no se hace. Y si se hace , no hay que parar. a medias la cosa no resulta
Yo no veo mucha union
Todos saben quienes eran los Macri en el reinado de Menem. La historia, al igual que todos los hechos de corrupción que envuelven a cualquiera de nuestros politicos, nunca ha sido difundida en los medios masivos, y es desconocida para la mayoría de la gente.
Si, pero los PP estan juzgados por una vara diferente…
Estimada MEME, hoy es así y podrán ignorarnos, mentir, prevaricar y matar impunemente. Pero nunca cuando se actúa mal, puede ser para siempre. Lamentablemente lleva tiempo el cual nosotros no lo tenemos. Siempre la gota orada la piedra. Gracias por participar. Muy cordialmente.