Con el « nuevo » Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023) publicado en el Decreto258/2019 del 10 abril 2019 y su Anexo I, el gobierno del ingeniero Macri trata de mostrar una supuesta seriedad a la comunidad internacional para llamar a las esperadas inversiones extranjeras, brindar la imagen de transparencia en los asuntos públicos a nivel nacional e internacional y sobretodo responder a las condiciones óptimas para ingresar a la OCDE. Pero, la actualidad muestra los innumerables casos de corrupción en sectores públicos y privados que la justicia instruye según un calendario político.

El primer pilar donde se debe aplicar un real y severo plan de anticorrupción es precisamente en los sectores que deben juzgar la corrupcion, es decir la justicia, en particular la justicia federal. Los magistrados de ese fuero, representan ante la sociedad la corrupcion judicial, política, personal, exhiben poder e inmunidades sin limites. Perdieron la legitimidad y la confianza (discurso del Presidente de la CSJN,del 19 mars 2019)

Recordando que los jueces federales en Argentina :

– No pagan impuestos a las ganancias,

– Declaran un patrimonio incompatible con los salarios de magistrados a nivel nacional e internacional, ninguna agencia del Estado los controla seriamente.

– El Estado pone a disposición recursos humanos y logísticos excesivos : custodia personal, domiciliaria, vehículo de función, inmatriculación oficial del poder judicial.

– Tienen una ilegal inmunidad penal (que viola el principio de igualdad ante la ley) por actos realizados fuera de sus funciones, por ejemplo el Fiscal Carlos Stornelli decide no presentarse a una citación realizada por un juez federal que investiga hechos ajenos a la función del fiscal Stornelli.

– Las denuncias ante el Consejo de la Magistratura son abandonadas.

-En caso de inevitable proceso judicial, el Poder Ejecutivo les otorga como último beneficio una jubilación de priveligio.

Reconociendo que la corrupción afecta el Estado de derecho, los sectores públicos y privados, la justicia, el universo político, empresarial, las instituciones y los agentes del Estado, facilita la criminalidad y la violencia social. Todo ello, a nivel nacional, provincial y municipal. Pero lo más grave es que con la corrupción no hay Derechos Humanos para todos los ciudadanos por igual. La Argentina es el modelo vivo de esa situación porque los jueces y las autoridades del Estado (con la alianza coyuntural de las llamadas ONG de derechos humanos) eligen a quienes beneficiar de esos derechos subjetivos según el oportunismo o interés político, ideológico y hasta económico. El clientelismo es la norma y el gobierno lo utiliza sin limites. Se constata así, que a un sector representativo de las instituciones y la sociedad de los 70 se les violan públicamente, jurídicamente y políticamente los derechos humanos ante la pasividad de los defensores de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción.

El presente « nuevo » Plan anticorrupcion, hace parcial referencia a las 195 recomendaciones del estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina, https://read.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-argentina_g2g98f15-es#page4 presentadas a Buenos Aires, el 27 marzo pasado, entre las cuales varias de ellas están destinadas a la Oficina Anticorrupción, al Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial de la Nación, la UIF…, o en Estudios Económicos de la OCDE, Argentina, marzo 2019 https://read.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-ocde-argentina-2019_ff5bc522-es#page1 recomendando en página 14 « Eliminar por completo la exención del impuesto sobre las ganancias de los funcionarios del poder judicial » http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-afirma-que-argentina-necesita-mas-reformas-para-conseguir-una-economia-mas-fuerte-e-inclusiva.htm

Ese Plan anticorrupcion que dice ser innovador no contiene precisiones legales para la protección de denunciante (protection of whistleblower, protection des lanceurs d’alerte) figura prevista en normas nacionales e internacionales, como por ejemplo:

– Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes.   Oficina de la ONU contra la droga y el delito. Viena, 2016.https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf

– La Recomendación CM/Rec(2014)7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la Protección de los Denunciantes (ciudadano alertador)(30 abril de 2014)¹ entre sus 29 principios, señala que dentro de la infor­mación que podrá ser objeto de protección deberán estar comprendidas las infracciones de la ley y la vulneración de los derechos humanos, el abuso de autoridad o de cargo público lo mismo que los riesgos para la salud y la seguridad pública y para el medio ambiente

– Las Convenciones regionales e internacionales, OCDE….

– Solo en el anexo I del Decreto 258/2019, se hace referencia en el Punto 148 : Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección integral de quienes denuncien de buena fe o sean testigos de actos de corrupción. Entre los objetivos a alcanzar se encuentra: Adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial; fortalecer los mecanismos de denuncia que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción. Para ello se planea la elaboración de UNA (1) norma de protección de denunciantes que incluya UN (1) procedimiento claro para efectuar denuncias y solicitar protección, garantías adecuadas de protección de la identidad del denunciante y remedios adecuados ante actos de represalias.

Finalmente, el enemigo de la corrupción en la Argentina es la justicia (en particular la del fuero federal) junto a los profesionales de la política (en el poder o no) y sectores empresariales de circunstancias. Los primeros garantizan la impunidad de los segundos los que a su vez no se interesan como los jueces ejercen la administración de justicia, buscan tenerlos como protectores, los asocian en sus negocios, otorgándoles sorprendentes beneficios. Este nuevo Plan Nacional Anticorrupción es de la comunicación política para la campaña electoral de las próximas elecciones. Paris, 11 abril 2019. Casppa.France