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Argentina pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los 765 millones de dólares de vencimiento de deuda por “cargos y sobrecargos” que debe cumplir este viernes, a través de un préstamo de Catar con Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda que emplea el organismo financiero. 

Los recursos prestados por Catar forman parte de un “acuerdo de facilidad” que negoció el ministro de Economía, Sergio Massa, “directamente con el equipo económico de Catar”, de acuerdo con fuentes gubernamentales.

“La Argentina paga sin usar reservas por un acuerdo de Massa con Catar. Por primera vez en la historia, Catar realiza una operación de crédito con la Argentina”, resumieron.

El préstamo consiste en que Catar le entrega a Argentina 580 millones de DEG, equivalentes a 775millones de dólares, a la tasa interés variable del FMI aplicable, que se ubica en 4,033 % anual, sin sobretasa adicional ni comisión de ningún tipo para los cataríes. 

Los DEG son un activo de reserva internacional que se asigna a los miembros del FMI y que basa su valor en cinco monedas: el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi o yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina.

Argentina deberá devolver el préstamo con el próximo desembolso del FMI, previsto para finales de agosto, y que deberá ser aprobado por el Directorio de ese organismo.

Télam detalló que el decreto que aprueba el “modelo de acuerdo de facilidad” con Catar ya fue emitido y será publicado “en las próximas horas”. Además explica que Argentina realizó las gestiones del préstamo con Catar para “poder cumplir con las obligaciones asumidas” con el FMI.

En el referido decreto también se menciona el pacto sobre el “Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés)”, firmado entre Argentina y el FMI, donde se detalla que las partes acordaron “la quinta y sexta revisión” que, al ser completadas, le permitirán al país suramericano recibir 7.500 millones de dólares.  

El documento explica que las partes acordaron “un paquete de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura crítica y el gasto social, sin dejar de observar el compromiso por parte del Estado de mantenerse al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, en línea con sus objetivos de sostenibilidad externa”.