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El Gobierno de Argentina anunció este martes que impulsará un sistema de aranceles para extranjeros que deseen acceder a los servicios públicos de salud y educación superior, en el marco de una serie de modificaciones a las leyes migratorias. 

Durante una rueda de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que a partir de ahora los organismos nacionales, provinciales o municipales podrán “determinar las condiciones de acceso al sistema de salud”, lo que incluye “la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”. 

Desde que se tomó esta medida en la provincia de Salta, por decisión del Gobierno local, bajó el 95 % la atención a extranjeros y se generó “un ahorro de 60 millones de pesos [unos 59.300 dólares]”, dijo Adorni y apuntó que esto no solo libera las cuentas fiscales sino que también permite mejorar el servicio para los habitantes de Argentina.  

Las provincias de Mendoza, Salta, Jujuy y Santa Cruz ya han establecido el cobro en centros de salud de la provincia por los servicios que requiera un ciudadano no residente en Argentina. “Nos despedimos de los famosos ‘tours’ sanitarios que son tan conocidos en nuestro país, por desgracia”, manifestó el funcionario. 

No obstante, la decisión de aplicar o no la propuesta del Gobierno nacional quedará en manos de la gestión de cada provincia. Por caso, Nicolás Kreplak, ministro de salud de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, señaló que los servicios de salud pública seguirán estando disponibles para los extranjeros. 

“Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”, manifestó Kreplak desde su cuenta de X.

Lo mismo ocurrirá con las universidades nacionales, que a partir de ahora podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Hoy, uno de cada tres estudiantes de medicina es, precisamente, extranjero”, dijo el portavoz del presidente Javier Milei. 

Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias del gobierno de Milei, afirmó en agosto pasado, durante el conflicto por salarios docentes, que, en promedio, asisten un 8 % de estudiantes extranjeros a las universidades argentinas, aunque en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el porcentaje asciende a un 20 %.

Por otra parte, Adorni anunció una serie de modificaciones legales, particularmente en lo que respecta a las autorizaciones migratorias. “Vamos a incorporar mas delitos como causa para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. Si a un delincuente se lo atrapa en flagranciao si se lo detiene por violentar el sistema democrático o atacando las instituciones, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, afirmó. 

En este sentido, el funcionario también explicó que “se quedarán del otro lado de la frontera a quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que su motivo de ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando hacen el trámite migratorio”.

Por último, Adorni se quejó de los “desastres” de la “doctrina garantista” que han aplicado gobiernos anteriores en cuestiones migratorias.