El caso del menor “Lucio”, quizás el caso más revulsivo de la historia judicial argentina, ha puesto en evidencia el adoctrinamiento que hemos venido sufriendo desde hace algunos años, en torno a la imposición de la ideología de género.
Nadie cuestiona la lucha que están llevando a cabo las mujeres en búsqueda de más derechos y de la igualdad que merecen como tales, pero llevar esa lucha al extremismo de pretender la “muerte del macho” o “justificar horrendas conductas por el solo hecho de ser mujeres”, es un disparate que la sociedad no puede permitir. Máxime cuando tales cuestiones son fomentadas por el gobierno, con la sola finalidad de sumar algunos votos más a sus alicaídas arcas electorales.
Los verdaderos reclamos de las mujeres fueron pronto ensuciados con espurias consignas como “Libertad a Jones Hualas” o “No al FMI” o con acciones como “defecar en una Iglesia” o simplemente “vandalizarla”.
El caso “Lucio” puso en evidencia, como desde el Estado se parcializa la visión de la protección de los derechos de sus ciudadanos, sobre todo si estos son menores. Se llenan la boca hablando de los derechos humanos y los tratados internacionales pero abandonan a los chicos maltratados a su suerte, limitándose solo a fomentar y defender los derechos de las mujeres. En otras palabras, que los niños se jodan, sino votan.
Tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y un Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, todos organismos políticos, llenos de militantes acomodados y con un presupuesto privilegiado, que no solo se mostraron inútiles ante el caso “Lucio” sino también desinteresados del tema, al punto de no haberle ofrecido ni siquiera una mísera ayuda a los abuelos y al padre. Es más, la misma Ministra de las Mujeres y Genero solo se limitó a decir que “se aprovechó el asesinato de un niño para atacar al feminismo…”.
Se gastan fortunas en campañas publicitarias fomentando las denuncias contra las mujeres maltratadas. Se habilitó una línea telefónica para ello y se montó todo un sistema de ayuda para esos casos. Está muy bien eso. Aplausos. Ahora, porque no hacen lo mismo para el caso de los menores maltratados. ¿Acaso los menores no tienen derecho también? Si escuchamos a un hombre gritar y una mujer llorar tenemos a donde denunciar. ¿Si escuchamos a un menor gritar y a hombre o una mujer gritar… a donde recurrimos?
Solo se ocupan del lenguaje inclusivo y de cómo los relatores del Mundial de Futbol debían “acomodar” su relato a este lenguaje.
Adoctrinan y promueven jueces que solo se limitan a defender a ultranza los derechos de las mujeres en desmedro siempre del hombre y obvio de los menores. No importa la Justicia sino la perspectiva de género. Al respecto, imaginemos que el padre y los abuelos de Lucio hubiesen radicado, en su momento, la denuncia por abuso sexual contra la madre y su novia; ¿El Fiscal o el Juez intervinientes, hubiesen investigado? ¿Cuando hubiese tardado en salir los colectivos de genero a “bancar” a la madre, denunciando una maniobra machista?
El asqueante abuso sexual a que fue sometido el menor salió a la luz solamente porque se investigó su homicidio. Es decir, tuvo que ser asesinado el menor para que esos aberrantes hechos se investigaran y se condenaran. Y no porque los Fiscales actuantes así lo buscaron, sino porque se “toparon” con pruebas que así lo acreditaban y no tuvieron otra alternativa que acusarlas por ese delito. Ni siquiera se animaron a calificar el homicidio por “odio de género”, al darle muerte por el solo hecho de ser un varón (un macho), a pesar de la “catarata de pruebas” que así lo acreditaban.
Ni hablar de la Jueza actuante que lo entregó a su madre y su novia, casi en un trámite exprés, sin realizar mayores averiguaciones, pensando que seguramente sería ascendida a Camarista por haberle dado la tenencia de un menor a una pareja de mujeres gays.
Han transformado a la Justicia en una “Justicia matriarcal”, donde la mujer nunca miente y siempre es la víctima, nunca el hombre y menos el menor. A la par que vale más la condena social que la condena judicial. Clichés que fueron tomados de los juicios llamados de lesa humanidad y que se extienden como una metástasis a toda la Justicia argentina.
Asi está nuestro país hoy, derruido en sus instituciones por donde se las mira. Instituciones minadas con ideologías que son llevadas al extremo y alejadas de las verdaderas necesidades de la gente.
La ley “Lucio” sigue sin sancionarse. Y si se lograra eso, de seguro no se implementará ni se asignarán las debidas partidas presupuestarias para ello. Nuestra clase dirigente sigue “en la suya”, avanzando en su propia agenda y sumergidos en su propio mundo, todo lo cual está de espaldas a la gente.
El caso “Lucio” pronto se olvidará, desaparecerá de los medios de comunicación, seguiremos hablando del dólar, del juicio a la Suprema Corte, de las candidaturas presidenciales, de la sentencia en la causa de los rugbiers o algún nuevo caso mediático que lo sepultará definitivamente.
Mientras tanto los menores en Argentina siguen y seguirán indefensos. ¿Cuantos “Lucios” más debemos llorar?….
Basta de adoctrinarnos, no lo queremos. Pretendemos que los políticos se pongan a gobernar y se dejen de pelotudear, que tengamos Justicia en serio y no Justicia de género.
GONZALO PABLO MIÑO es abogado (recibido UNR) Mediador (Colegio de Abogados de Rosario) Vocal Titular del Directorio del Colegio de Abogados de Rosario (Año 2007. 2009) Docente Adscripto a la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Año 1997.2016 Docente de la materia. Derecho Procesal Penal. Centro de Instrucción en Destino. Unidad Regional. Policía de la Provincia de Santa Fé. Año 1999. Docente de las Materias. Derecho Procesal Penal y Derecho Penal II. Facultad de Derecho, Universidad Abierta Interamericana, Rosario. Año 2001.2002. El Doctor Miño es Presidente de la Unión de Promociones. Delegación Rosario.
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El caso del menor “Lucio”, quizás el caso más revulsivo de la historia judicial argentina, ha puesto en evidencia el adoctrinamiento que hemos venido sufriendo desde hace algunos años, en torno a la imposición de la ideología de género.
Los verdaderos reclamos de las mujeres fueron pronto ensuciados con espurias consignas como “Libertad a Jones Hualas” o “No al FMI” o con acciones como “defecar en una Iglesia” o simplemente “vandalizarla”.
El caso “Lucio” puso en evidencia, como desde el Estado se parcializa la visión de la protección de los derechos de sus ciudadanos, sobre todo si estos son menores. Se llenan la boca hablando de los derechos humanos y los tratados internacionales pero abandonan a los chicos maltratados a su suerte, limitándose solo a fomentar y defender los derechos de las mujeres. En otras palabras, que los niños se jodan, sino votan.
Tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y un Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, todos organismos políticos, llenos de militantes acomodados y con un presupuesto privilegiado, que no solo se mostraron inútiles ante el caso “Lucio” sino también desinteresados del tema, al punto de no haberle ofrecido ni siquiera una mísera ayuda a los abuelos y al padre. Es más, la misma Ministra de las Mujeres y Genero solo se limitó a decir que “se aprovechó el asesinato de un niño para atacar al feminismo…”.
Se gastan fortunas en campañas publicitarias fomentando las denuncias contra las mujeres maltratadas. Se habilitó una línea telefónica para ello y se montó todo un sistema de ayuda para esos casos. Está muy bien eso. Aplausos. Ahora, porque no hacen lo mismo para el caso de los menores maltratados. ¿Acaso los menores no tienen derecho también? Si escuchamos a un hombre gritar y una mujer llorar tenemos a donde denunciar. ¿Si escuchamos a un menor gritar y a hombre o una mujer gritar… a donde recurrimos?
Solo se ocupan del lenguaje inclusivo y de cómo los relatores del Mundial de Futbol debían “acomodar” su relato a este lenguaje.
Adoctrinan y promueven jueces que solo se limitan a defender a ultranza los derechos de las mujeres en desmedro siempre del hombre y obvio de los menores. No importa la Justicia sino la perspectiva de género. Al respecto, imaginemos que el padre y los abuelos de Lucio hubiesen radicado, en su momento, la denuncia por
abuso sexual contra la madre y su novia; ¿El Fiscal o el Juez intervinientes, hubiesen investigado? ¿Cuando hubiese tardado en salir los colectivos de genero a “bancar” a la madre, denunciando una maniobra machista?
El asqueante abuso sexual a que fue sometido el menor salió a la luz solamente porque se investigó su homicidio. Es decir, tuvo que ser asesinado el menor para que esos aberrantes hechos se investigaran y se condenaran. Y no porque los Fiscales actuantes así lo buscaron, sino porque se “toparon” con pruebas que así lo acreditaban y no tuvieron otra alternativa que acusarlas por ese delito. Ni siquiera se animaron a calificar el homicidio por “odio de género”, al darle muerte por el solo hecho de ser un varón (un macho), a pesar de la “catarata de pruebas” que así lo acreditaban.
Ni hablar de la Jueza actuante que lo entregó a su madre y su novia, casi en un trámite exprés, sin realizar mayores averiguaciones, pensando que seguramente sería ascendida a Camarista por haberle dado la tenencia de un menor a una pareja de mujeres gays.
Han transformado a la Justicia en una “Justicia matriarcal”, donde la mujer nunca miente y siempre es la víctima, nunca el hombre y menos el menor. A la par que vale más la condena social que la condena judicial. Clichés que fueron tomados de los juicios llamados de lesa humanidad y que se extienden como una metástasis a toda la Justicia argentina.
Asi está nuestro país hoy, derruido en sus instituciones por donde se las mira. Instituciones minadas con ideologías que son llevadas al extremo y alejadas de las verdaderas necesidades de la gente.
La ley “Lucio” sigue sin sancionarse. Y si se lograra eso, de seguro no se implementará ni se asignarán las debidas partidas presupuestarias para ello. Nuestra clase dirigente sigue “en la suya”, avanzando en su propia agenda y sumergidos en su propio mundo, todo lo cual está de espaldas a la gente.
El caso “Lucio” pronto se olvidará, desaparecerá de los medios de comunicación, seguiremos hablando del dólar, del juicio a la Suprema Corte, de las candidaturas presidenciales, de la sentencia en la causa de los rugbiers o algún nuevo caso mediático que lo sepultará definitivamente.
Mientras tanto los menores en Argentina siguen y seguirán indefensos. ¿Cuantos “Lucios” más debemos llorar?….
Basta de adoctrinarnos, no lo queremos. Pretendemos que los políticos se pongan a gobernar y se dejen de pelotudear, que tengamos Justicia en serio y no Justicia de género.
GONZALO PABLO MIÑO es abogado (recibido UNR) Mediador (Colegio de Abogados de Rosario) Vocal Titular del Directorio del Colegio de Abogados de Rosario (Año 2007. 2009) Docente Adscripto a la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Año 1997.2016 Docente de la materia. Derecho Procesal Penal. Centro de Instrucción en Destino. Unidad Regional. Policía de la Provincia de Santa Fé. Año 1999. Docente de las Materias. Derecho Procesal Penal y Derecho Penal II. Facultad de Derecho, Universidad Abierta Interamericana, Rosario. Año 2001.2002. El Doctor Miño es Presidente de la Unión de Promociones. Delegación Rosario.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 6, 2023