“Un hombre común se maravilla ante las cosas poco corrientes;
un hombre sabio se maravilla ante las cosas corrientes”.
Confucio
Si el pensador chino, que murió quinientos años antes de la era cristiana, hubiera llegado a conocer la Argentina, habría estado permanentemente maravillado porque aquí compartimos, desde siempre, una realidad virtual, en la cual nada de lo que vemos o hacemos es cierto, mientras ignoramos las normas elementales que permiten a los hombres vivir en comunidad. No me refiero a las leyes, de por sí bastante extrañas y contradictorias, sino al modo en que las aplicamos, según nuestro personal punto de vista, en general reñido con el de la sociedad en su conjunto; y, en la duda, optamos siempre por el que más conviene a nuestro relato, individual o colectivo.
Para ejemplificar a qué me refiero, basta con pensar que las normas establecen que quienes son procesados por delitos pueden permanecer en libertad mientas se sustancia el juicio y se llega a una sentencia firme, pero se niega dicho privilegio a aquéllos que, estando libres, pueden poner en riesgo la investigación, adulterar las pruebas o, simplemente, fugarse. Y los mismos criterios se aplican a los mayores de setenta años, aún con condena firme, respecto a la prisión domiciliaria; esto último se justifica especialmente porque ninguna sociedad civilizada combate a los supuestos caníbales comiéndoselos.
En estos días, los argentinos observamos con enorme perplejidad que dos jueces federales, los Dres. Ercolini y Bonadío, con el consentimiento de los respectivos fiscales que actúan ante sus juzgados, han concedido a Cristina E. Fernández y a su hija, Florencia Kirchner, autorización para realizar un paseo pseudo cultural por la vieja Europa, con el obvio propósito de exponer su inventada persecución política ante audiencias amenas y receptivas, como son los famosos izquierdistas “revolucionarios de escritorio”; si bien el segundo la otorgó bajo una caución real, el monto fijado resulta una nimiedad al comparárselo con las incalculables fortunas que la familia ha robado de las arcas públicas.
Creo que el asombro llega a Brasil, donde el proceso de limpieza contra la corrupción ha alcanzado cotas impensables en América Latina hasta hace muy poco, ya que muchísimos dirigentes políticos, gobernadores, senadores, diputados, empresarios, etc., se encuentran en la cárcel y a nadie se le ocurriría siquiera pedir algo así.
La viuda patagónica, recordemos, se encuentra procesada, entre otras cosas, por organizar y encabezar una asociación ilícita (un delito no excarcelable), fundada con el propósito de cometer una enorme multiplicidad de estropicios, de los cuales hemos sido víctimas todos y cada uno de los habitantes de este país, expoliado hasta la extenuación durante las sucesivas gestiones que compartió desde hace veinticinco años con su marido muerto; si como muestra basta un botón, allí tenemos a la Provincia de Santa Cruz, aunque ésta tenga una superficie comparable a la de varios países sumados y tenga bajo su suelo una riqueza saudí.
El choque entre este suceso y la realidad de las prisiones superpobladas de individuos detenidos sin sentencia firme por la comisión de delitos menores, como hurtos o arrebatos, ha producido una generalizada indignación, reflejada en las redes sociales y en las plataformas de peticiones públicas; y es razonable que así sea, toda vez que Cristina Kirchner y su entorno han demostrado hasta el hartazgo que están dispuestos a alterar las pruebas –como hicieron con los libros de las sociedades hoteleras involucradas- y entorpecer así cualquier investigación.
Esos hechos, ya probados, bastarían con enviar a la cárcel a cualquier pequeño comerciante, pero nuestros particulares jueces, que cuentan con narices más caras que las de los mejores perfumistas, son inmensamente tolerantes y permisivos ante quienes han ejercido, durante tantos años y con enorme fiereza, un poder omnímodo; no vaya a ser que, en una súbita recaída social, vuelvan al poder y quieran cobrarse las penas ahora aplicadas.
En otro orden de cosas, lo mismo parece suceder con aquellas personas que, como Hebe de Bonafini, son aún capaces de generar conflictos en la calle; aún tenemos fresco el recuerdo de cuando se negó a comparecer en Comodoro Py y el Juez aceptó interrogarla en la cocina de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Dr. Eduardo San Emeterio y quien esto escribe la denunciamos –y, con ella, a la locutora del acto y a los organismos de pseudo derechos humanos firmantes del documento allí leído- por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo pasado; a más de un mes de haberlas radicado, no hemos sido llamados todavía a ratificar las denuncias, primer paso de la causa penal.
En el otro extremo de ese espectro se encuentran los casi dos mil presos militares, ancianos (el promedio de edad es 76 años), la mayoría sin condena firme y cumpliendo prisiones preventivas que exceden en lustros el máximo legal permitido (dos años, más uno debidamente justificado), que se siguen muriendo en las mazmorras estatales por falta de atención médica adecuada. Acusados por testigos que, cuarenta años después, dicen haber construido colectivamente la memoria y reconocerlos por la voz o por el olor, privados de todo derecho a un juicio justo y víctimas de procesos judiciales amañados, cuatrocientos ya fallecieron (cincuenta lo han hecho desde el 15 de diciembre de 2015) y, naturalmente, el ritmo se incrementará con el mero transcurso del tiempo.
Cuando, muy esporádicamente por cierto, algún tribunal federal les concede el beneficio de la prisión domiciliaria –ayer fue el caso de un preso de 87 años, gravemente enfermo- la mayor parte de las veces no se hace efectivo porque otro tribunal la niega, y la saga continúa. Es que, rápidamente, se alzan los infames pasquines y las radios y canales de televisión que multiplican la vocinglera gritería de esos mismos organismos de pseudo derechos humanos que rechazan la democracia como sistema de vida y piden, a voz en cuello, el derrocamiento del Gobierno.
Nadie se pregunta, tratándose de los “genocidas”, por qué se los mantiene en la cárcel, cuando no pueden alterar las pruebas del proceso ni corren riesgo de fuga. Es que a éstos, la sociedad los ha elegido como únicos receptores de la culpa general de haber llamado a las puertas de los cuarteles para parar el desmadre en que se había convertido el régimen peronista en 1974 y 1975, que amenazaba con despedazar el país.
Ya nadie recuerda –ni quiere hacerlo- cuántos civiles, en especial radicales, actuaron como funcionarios, ministros e intendentes del proceso militar, ni cuántos empresarios, obreros, comerciantes y estudiantes aplaudieron a rabiar a los generales golpistas. Es más cómodo transferir esa responsabilidad a unos pocos y lavar así los pecados colectivos, por más que, cuando la tragedia se produjo, esos pocos fueran extremadamente jóvenes y estuvieran en los grados más bajos del escalafón jerárquico; hasta el lamentable Gral. Milani entra en esta categoría, aunque deba permanecer en la cárcel hasta que sea condenado por ladrón.
Hace un año y medio, Mauricio Macri prometió terminar con lo que él mismo llamó el “curro” de los derechos humanos. Los argentinos, tan golpeados por la gigantesca crisis económica que nos dejó el kirchnerismo, necesitamos saber quién se llevó los más de US$ 2.500 millones en extrañísimas indemnizaciones, cuyos destinatarios el Gobierno aún se niega a revelar.
Argentina se está reinsertando en el mundo, y una prueba de ello será su próxima integración a las grandes mesas de discusión del comercio mundial, en especial en el área del Pacífico, así como la importancia que nuestro país está recuperando en la región, reconocida a través de los viajes presidenciales a China y la visita de grandes personalidades mundiales, como Angela Merkel. Evidentemente, mucho ha cambiado ya y, después de octubre, ese cambio se acelerará, cuando la esperable victoria electoral del Gobierno derrumbe la falsa prudencia de los inversores, sobre todo de nosotros mismos.
Pero debemos recordar que, para que esas esperanzas se transformen en realidades concretas, debemos tener una Justicia independiente, seria, confiable y rápida; con ella, todo será posible pero, sin ella, nada lo será.
Si el pensador chino, que murió quinientos años antes de la era cristiana, hubiera llegado a conocer la Argentina, habría estado permanentemente maravillado porque aquí compartimos, desde siempre, una realidad virtual, en la cual nada de lo que vemos o hacemos es cierto, mientras ignoramos las normas elementales que permiten a los hombres vivir en comunidad. No me refiero a las leyes, de por sí bastante extrañas y contradictorias, sino al modo en que las aplicamos, según nuestro personal punto de vista, en general reñido con el de la sociedad en su conjunto; y, en la duda, optamos siempre por el que más conviene a nuestro relato, individual o colectivo.
Para ejemplificar a qué me refiero, basta con pensar que las normas establecen que quienes son procesados por delitos pueden permanecer en libertad mientas se sustancia el juicio y se llega a una sentencia firme, pero se niega dicho privilegio a aquéllos que, estando libres, pueden poner en riesgo la investigación, adulterar las pruebas o, simplemente, fugarse. Y los mismos criterios se aplican a los mayores de setenta años, aún con condena firme, respecto a la prisión domiciliaria; esto último se justifica especialmente porque ninguna sociedad civilizada combate a los supuestos caníbales comiéndoselos.
Creo que el asombro llega a Brasil, donde el proceso de limpieza contra la corrupción ha alcanzado cotas impensables en América Latina hasta hace muy poco, ya que muchísimos dirigentes políticos, gobernadores, senadores, diputados, empresarios, etc., se encuentran en la cárcel y a nadie se le ocurriría siquiera pedir algo así.
La viuda patagónica, recordemos, se encuentra procesada, entre otras cosas, por organizar y encabezar una asociación ilícita (un delito no
excarcelable), fundada con el propósito de cometer una enorme multiplicidad de estropicios, de los cuales hemos sido víctimas todos y cada uno de los habitantes de este país, expoliado hasta la extenuación durante las sucesivas gestiones que compartió desde hace veinticinco años con su marido muerto; si como muestra basta un botón, allí tenemos a la Provincia de Santa Cruz, aunque ésta tenga una superficie comparable a la de varios países sumados y tenga bajo su suelo una riqueza saudí.
El choque entre este suceso y la realidad de las prisiones superpobladas de individuos detenidos sin sentencia firme por la comisión de delitos menores, como hurtos o arrebatos, ha producido una generalizada indignación, reflejada en las redes sociales y en las plataformas de peticiones públicas; y es razonable que así sea, toda vez que Cristina Kirchner y su entorno han demostrado hasta el hartazgo que están dispuestos a alterar las pruebas –como hicieron con los libros de las sociedades hoteleras involucradas- y entorpecer así cualquier investigación.
Esos hechos, ya probados, bastarían con enviar a la cárcel a cualquier pequeño comerciante, pero nuestros particulares jueces, que cuentan con narices más caras que las de los mejores perfumistas, son inmensamente tolerantes y permisivos ante quienes han ejercido, durante tantos años y con enorme fiereza, un poder omnímodo; no vaya a ser que, en una súbita recaída social, vuelvan al poder y quieran cobrarse las penas ahora aplicadas.
En otro orden de cosas, lo mismo parece suceder con aquellas personas que, como Hebe de Bonafini, son aún capaces de generar conflictos en la calle; aún tenemos fresco el recuerdo de cuando se negó a comparecer en Comodoro Py y el Juez aceptó interrogarla en la cocina de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Dr. Eduardo San Emeterio y quien esto escribe la denunciamos –y, con ella, a la locutora del acto y a los organismos de pseudo derechos humanos firmantes del documento allí leído- por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo pasado; a más de un mes de haberlas radicado, no hemos sido llamados todavía a ratificar las denuncias, primer paso de la causa penal.
En el otro extremo de ese espectro se encuentran los casi dos mil presos militares, ancianos (el promedio de edad es 76 años), la mayoría sin condena firme y cumpliendo prisiones preventivas que exceden en lustros el máximo legal permitido (dos años, más uno debidamente justificado), que se siguen muriendo en las mazmorras estatales por falta de atención médica adecuada. Acusados por testigos que, cuarenta años después, dicen haber construido colectivamente la memoria y reconocerlos por la voz o por el olor, privados de todo derecho a un juicio justo y víctimas de procesos judiciales amañados, cuatrocientos ya fallecieron (cincuenta lo han hecho desde el 15 de diciembre de 2015) y, naturalmente, el ritmo se incrementará con el mero transcurso del tiempo.
Cuando, muy esporádicamente por cierto, algún tribunal federal les concede el beneficio de la prisión domiciliaria –ayer fue el caso de un preso de 87 años, gravemente enfermo- la mayor parte de las veces no se hace efectivo porque otro tribunal la niega, y la saga continúa. Es que, rápidamente, se alzan los infames pasquines y las radios y canales de televisión que multiplican la vocinglera gritería de esos mismos organismos de pseudo derechos humanos que rechazan la democracia como sistema de vida y piden, a voz en cuello, el derrocamiento del Gobierno.
Nadie se pregunta, tratándose de los “genocidas”, por qué se los mantiene en la cárcel, cuando no pueden alterar las pruebas del proceso ni corren riesgo de fuga. Es que a éstos, la sociedad los ha elegido como únicos receptores de la culpa general de haber llamado a las puertas de los cuarteles para parar el desmadre en que se había convertido el régimen peronista en 1974 y 1975, que amenazaba con despedazar el país.
Ya nadie recuerda –ni quiere hacerlo- cuántos civiles, en especial radicales, actuaron como funcionarios, ministros e intendentes del proceso militar, ni cuántos empresarios, obreros, comerciantes y estudiantes aplaudieron a rabiar a los generales golpistas. Es más cómodo transferir esa responsabilidad a unos pocos y lavar así los pecados colectivos, por más que, cuando la tragedia se produjo, esos pocos fueran extremadamente jóvenes y estuvieran en los grados más bajos del escalafón jerárquico; hasta el lamentable Gral. Milani entra en esta categoría, aunque deba permanecer en la cárcel hasta que sea condenado por ladrón.
Hace un año y medio, Mauricio Macri prometió terminar con lo que él mismo llamó el “curro” de los derechos humanos. Los argentinos, tan golpeados por la gigantesca crisis económica que nos dejó el kirchnerismo, necesitamos saber quién se llevó los más de US$ 2.500 millones en extrañísimas indemnizaciones, cuyos destinatarios el Gobierno aún se niega a revelar.
Argentina se está reinsertando en el mundo, y una prueba de ello será su próxima integración a las grandes mesas de discusión del comercio mundial, en especial en el área del Pacífico, así como la importancia que nuestro país está recuperando en la región, reconocida a través de los viajes presidenciales a China y la visita de grandes personalidades mundiales, como Angela Merkel. Evidentemente, mucho ha cambiado ya y, después de octubre, ese cambio se acelerará, cuando la esperable victoria electoral del Gobierno derrumbe la falsa prudencia de los inversores, sobre todo de nosotros mismos.
Pero debemos recordar que, para que esas esperanzas se transformen en realidades concretas, debemos tener una Justicia independiente, seria, confiable y rápida; con ella, todo será posible pero, sin ella, nada lo será.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 28, 2017
Tags: Aberraciones jurídicas en Argentina, Claudio Bonadío, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Enrique Guillermo Avogadro, Mauricio MacriRelated Posts
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