El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande Marcelo Alejandro Rapoport requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los supuestos crímenes “contra la humanidad” que se habrían cometido en contra de conscriptos argentinos durante la Guerra de Malvinas. En todos los países civilizados del mundo existe un código de justicia militar que rige exclusivamente para los miembros de las Fuerza Armadas, dada la situación especial en que se desarrolla esta profesión. La Argentina es una de las pocas excepciones a esta regla gracias a que en el año 2008 el Senado de la Nación sancionó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la ley que derogó dicho código. Especialmente en la guerra, pero también en la paz, la institución militar se rige por una disciplina de hierro cuya base es la obediencia al superior en ausencia de la cual un ejército deja de ser tal, es decir, totalmente inutilizado para su fin específico.
Dado que en los últimos 15 años los tres poderes de la república han hecho todo lo que estuvo a su alcance para destruir, material y moralmente a las FF.AA., a nadie sorprende el pedido del fiscal Rapoport para la detención de oficiales y suboficiales que pelearon en Malvinas,. El hecho de que durante la Guerra de Malvinas rigiera el Código de Justicia Militar para los que estaban en el frente es anecdótico porque, como se ha visto hasta el hartazgo en los juicios de lesa humanidad, cuando las leyes lesionan al reo se pueden aplicar de manera retroactiva. En este caso el Código Penal y no el Código Militar (derogado en 2008 pero vigente en esa época de la Guerra de Malvinas) se convierte en el nuevo marco legal que tamizará las posibles conductas delictuales de hace 36 años. Pero no sólo las que el fiscal imputa a los soldados aludidos sino otras todavía mucho más graves y hartamente probadas como el asesinato de soldados ingleses, el ataque confeso y premeditado con misil Exocet al HMS Sheffield (que provocó su hundimiento) o el derribo de aviones Sea Harrier.
El Código Penal argentino no hace distinciones de nacionalidad cuando se trata de asesinatos. Y en virtud de la aplicación retroactiva de uno y la anulación de los efectos del otro (el militar) lo lógico sería marchar en busca de todos los “delitos” que se cometieron a los conscriptos de todas las clases desde que existe el Ejército Argentino. El fiscal Rapoport bien podría avanzar, usando la figura de “privación ilegítima de la libertad” contra los oficiales y suboficiales que, por ejemplo, privaban de franco a soldados castigados; y éste último, además, en concurso con el de “aplicación de tormentos”; porque “el salto de rana y el cuerpo a tierra y carrera mar” encaja perfectamente en esa figura penal. Dice Rapoport: “Una de las pruebas importantes son las actas que les hacían firmar [a los conscriptos], una vez que regresaron al continente, donde indicaban que no habían sufrido ningún tipo de perjuicio en su contra”. En las actuales circunstancias, dicha “prueba” alcanza y sobra para que cualquier tribunal federal condene a prisión perpetua.
El dato de la realidad de que ningún diputado, gobernador, cura o periodista haya siquiera murmurado la menor crítica al fiscal Rapoport y al Ministerio Público Fiscal, en la persona de Jorge Auat, por tamaña violación de los derechos humanos de los 26 acusados demuestra el grado de decadencia y/o cobardía de la sociedad argentina. No hace mucho, cuando la desaparición del submarino ARA San Juan, la vicepresidenta Graciela Michetti declaró sobre la necesidad de diseñar una “política para las FF.AA.” Es decir, ¡nunca la tuvieron! Peor aún, siguen la inercia kirchnerista, que sí tenía una: la destrucción de las FF.AA.
Si este fuera un país medianamente decente y no la comparsa en la que se ha convertido, los diputados, senadores, gobernadores, ministros, magistrados y punteros políticos estarían haciendo cola exigiéndole la renuncia a los impresentables de Rapoport y Auat.
Pero, no hay que perder las esperanzas en la justicia federal. Debe haber en la Argentina actual, yo no la conozco, pero estoy casi seguro que debe haber una persona a la cual, sin profanar el idioma, resulte posible decirle: Buen día, Sr. Juez…
El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande Marcelo Alejandro Rapoport requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los supuestos crímenes “contra la humanidad” que se habrían cometido en contra de conscriptos argentinos durante la Guerra de Malvinas. En todos los países civilizados del mundo existe un código de justicia militar que rige exclusivamente para los miembros de las Fuerza Armadas, dada la situación especial en que se desarrolla esta profesión. La Argentina es una de las pocas excepciones a esta regla gracias a que en el año 2008 el Senado de la Nación sancionó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la ley que derogó dicho código. Especialmente en la guerra, pero también en la paz, la institución militar se rige por una disciplina de hierro cuya base es la obediencia al superior en ausencia de la cual un ejército deja de ser tal, es decir, totalmente inutilizado para su fin específico.
Dado que en los últimos 15 años los tres poderes de la república han hecho todo lo que estuvo a su alcance para destruir, material y moralmente a las FF.AA., a nadie sorprende el pedido del fiscal Rapoport para la detención de oficiales y suboficiales que pelearon en Malvinas,. El hecho de que durante la Guerra de Malvinas rigiera el Código de Justicia Militar para los que estaban en el frente es anecdótico porque, como se ha visto hasta el hartazgo en los juicios de lesa humanidad, cuando las leyes lesionan al reo se pueden aplicar de manera retroactiva. En este caso el Código Penal y no el Código Militar (derogado en 2008 pero vigente en esa época de la Guerra de Malvinas) se convierte en el nuevo marco legal que tamizará las posibles conductas delictuales de hace 36 años. Pero no sólo las que el fiscal imputa a los soldados aludidos sino otras todavía mucho más graves y hartamente probadas como el asesinato de soldados ingleses, el ataque confeso y premeditado con misil Exocet al HMS Sheffield (que provocó su hundimiento) o el derribo de aviones Sea Harrier.
El Código Penal argentino no hace distinciones de nacionalidad cuando se trata de asesinatos. Y en virtud de la aplicación retroactiva de uno y la anulación de los efectos del otro (el militar) lo lógico sería marchar en busca de todos los “delitos” que se cometieron a los conscriptos de todas las clases desde que existe el Ejército Argentino. El fiscal Rapoport bien podría avanzar, usando la figura de “privación ilegítima de la libertad” contra los oficiales y suboficiales que, por ejemplo, privaban de franco a soldados castigados; y éste último, además, en concurso con el de “aplicación de tormentos”; porque “el salto de rana y el cuerpo a tierra y carrera mar” encaja perfectamente en esa figura penal. Dice Rapoport: “Una de las pruebas importantes son las actas que les hacían firmar [a los conscriptos], una vez que regresaron al continente, donde indicaban que no habían sufrido ningún tipo de perjuicio en su contra”. En las actuales circunstancias, dicha “prueba” alcanza y sobra para que cualquier tribunal federal condene a prisión perpetua.
El dato de la realidad de que ningún diputado, gobernador, cura o periodista haya siquiera murmurado la menor crítica al fiscal Rapoport y al Ministerio Público Fiscal, en la persona de Jorge Auat, por tamaña violación de los derechos humanos de los 26 acusados demuestra el grado de decadencia y/o cobardía de la sociedad argentina. No hace mucho, cuando la desaparición del submarino ARA San Juan, la vicepresidenta Graciela Michetti declaró sobre la necesidad de diseñar una “política para las FF.AA.” Es decir, ¡nunca la tuvieron! Peor aún, siguen la inercia kirchnerista, que sí tenía una: la destrucción de las FF.AA.
Si este fuera un país medianamente decente y no la comparsa en la que se ha convertido, los diputados, senadores, gobernadores, ministros, magistrados y punteros políticos estarían haciendo cola exigiéndole la renuncia a los impresentables de Rapoport y Auat.
Pero, no hay que perder las esperanzas en la justicia federal. Debe haber en la Argentina actual, yo no la conozco, pero estoy casi seguro que debe haber una persona a la cual, sin profanar el idioma, resulte posible decirle: Buen día, Sr. Juez…
Mauricio Ortín
Centro de Estudios Salta
PRISIONEROenARGENTINA.com
Mayo 19, 2018
Tags: Islas Malvinas, Mauricio OrtínRelated Posts
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